Este miércoles inicia la etapa de alegatos en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el último paso del debate oral antes de la esperada sentencia y la instancia en la que se definirán las penas requeridas al Tribunal Oral en lo Criminal n°1 de Dolores tanto por la querella como por los fiscales a cargo de la acusación. De acuerdo a los abogados consultados por este medio, la imputación inicial es la más agravada para casos de este tipo, sobre todo porque se enmarca en una pluralidad de participaciones con premeditación y alevosía: se sostiene que los ocho habrían actuado de forma acordada y con intención de matar, por lo que deberían recibir una condena ejemplar.
La decisión que tomen los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila respecto a los agravantes será determinante para que se defina si los ocho acusados pueden recibir prisión perpetua o si habrá condenas diferenciadas. Los abogados que representan a los familiares de Fernando están confiados en que ellos acompañarán su pedido por lo que esgrimieron previamente. Según adelantaron a El Destape, el particular damificado reclamará prisión perpetua para todos, y no reclusión, porque consideran que las evidencias contra los imputados se potenciaron durante el debate oral. Se espera, por otro lado, que los abogados de la defensa insistan en la idea del "homicidio en riña" para conseguir penas más bajas. Pero eso será el jueves, el segundo día de alegatos.
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Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron al juicio acusados en calidad de coautores por el “homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado”. La fiscal Verónica Zamboni, en su elevación a juicio, determinó que ese 18 de enero de 2020 existió entre ellos un plan criminal mediante el cual se dividieron funciones para garantizar que Fernando muriera fuera del boliche Le Brique. Este es para los abogados de la querella el principal indicio sobre la presentación que harán los fiscales García y Dávila en sus alegatos. La “teoría del caso” a la que hacen referencia es, de acuerdo al derecho penal, el guión de lo que luego se demuestra a través de las pruebas, es decir, el primer planteo de la Fiscalía sobre los hechos, la evidencia y su connotación jurídica. Allí se determina cuáles son los hechos relevantes para la acusación.
En ningún momento se hace allí referencia a que la muerte se dio en un contexto de riña, se plantea más bien una emboscada. Tal como contó previamente este medio, durante todo el debate oral el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, quiso demostrar que sus defendidos no tuvieron intención de asesinar para despegarse de cualquier lectura judicial de premeditación o dolo de matar y lograr que sus acusados sean juzgados por el artículo 95 del Código Penal. Este regula la situación de una agresión en la que intervienen "más de dos personas", en la que una persona "resulta" muerta por lesiones pero sin que conste quiénes las causaron. En este caso, "se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido", indica nuestro Código Penal.
Las pruebas que pueden determinar la alevosía y la premeditación: hacia la condena perpetua
En su reconstrucción de los hechos, Zamboni menciona que entre las 4.41 y las 5.00 horas los ocho acusados "se aprovecharon del estado de indefensión de la víctima con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado". De acuerdo a la fiscal, mientras Fernando estaba "de espaldas e indefenso, actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo, tanto a él como a los amigos". La frase "actuar sobre seguro" es importante porque está relacionada con el agravante de la "alevosía" , en tanto que la referencia al "plan acordado", con la premeditación.
En ese sentido, los abogados penalistas consultados por este medio remarcaron que "la jurisprudencia suele interpretar que la ley no requiere una premeditación de muchos meses o días y que puede darse el agravante cuando existe una planificación del hecho incluso pocos minutos antes del mismo". En este caso habrá que demostrar que salieron todos del boliche con la idea de matar a Fernando.
Esto se podrá hacer por la misma prueba presentada o por los indicios, es decir, por el análisis del comportamiento de los autores que permitan concluir que estaban ejecutando una acción conjunta acordada. Serán importantes las cámaras de seguridad, que registraron no solamente el momento de la golpiza sino también los instantes previos, cuando los acusados esperaron a que no haya personal policial alrededor. También será relevante el video dentro del boliche Le Brique que lo muestra a Thomsen haciendo un gesto amenazante. El estudio de las conversaciones podría ser significativo en tanto demuestren que lo sucedido respondía a un acuerdo previo. Para que no se caiga el agravante, se tiene que probar además el "concurso", es decir, que actuaron más de dos o tres personas en el hecho.
En lo que respecta a la alevosía, lo que se analiza es la modalidad de ejecución del hecho. "La superioridad numérica del grupo agresor podría ser un indicio de este componente, también si se advierte que algunos de los posibles coautores tuvieron el rol de impedir cualquier posible auxilio, y podría tomarse en cuenta si se advierte que algunos de los posibles coautores tuvieron el rold e impedir cualquier posible auxilio y podría tomarse en cuenta si la mecánica del hecho suponía dejarlo indefenso para perpetrar el homicidio". explicó a este medio César Albarracín, abogado especialista en Derecho Penal. En este punto serán clave los testimonios de los amigos de Fernando que narraron los golpes que sufrieron cuando Fernando estaba tirado en el piso.
Las presentaciones de la fiscalía y la querella
García y Dávila serán quienes darán comienzo formalmente a la etapa de alegatos. Por fuera de la presentación de Zamboni, durante la primera parte del debate oral dejaron algunas pistas sobre el rumbo que podrían tomar. En su apreciación sobre los primeros testimonios, Dávila convalidó las declaraciones que los médicos brindaron respecto a la autopsia que se realizó al cuerpo del adolescente asesinado y los detalles que se expusieron sobre la atención médica que recibió tras la golpiza. Justamente, este fue uno de los aspectos más cuestionados por la defensa durante el debate oral, junto a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le hicieron a la víctima. "Lo que los médicos explicaron es lo que ocurrió", enfatizó el fiscal.
Los fiscales reaccionaron también a las declaraciones de Thomsen, el principal implicado por los testigos y señalado como uno de los agresores directos a la víctima. Dávila y García aseguraron que "no hay ninguna duda" de que se acreditó "la materialidad del hecho" y que "la explicación que intentaron dar los acusados no es suficiente". Según los letrados, las declaraciones en el juicio de los rugbiers acusados fueron "parcializadas", ya que "no explican todo lo que pasó y todo lo que vieron".
Fernando Burlando y Fabián Améndola, los abogados que representan a los familiares de la víctima, están convencidos de que "se potenciaron" las pruebas que se presentaron para sostener la hipótesis de la acusación en las dos semanas de audiencias que transcurrieron, de las que participaron más de 87 personas, entre familiares de la víctima y de los imputados, amigos de Fernando, testigos del ataque, policías, médicos, bomberos y profesionales de la salud.
En su argumentación para persuadir al tribunal no solamente utilizarán estas evidencias sino también los testimonios de los cinco acusados que decidieron tomar la palabra y romper el pacto de silencio, porque creen que Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ciro Pertossi y Blas Cinalli brindaron declaraciones "desastrosas", que "no conmovieron por la emoción" ni "aportaron alguna circunstancia emparentada con la realidad. "Al final es contra ellos y vamos a usar sus dichos para acreditar circunstancias de cercanía y de poder de fuego", resaltaron. La búsqueda del atenuante por la supuesta alcoholización de los acusados no prosperará tampoco, según consideraron.
Irán por el pedido de prisión perpetua para todos, no así por el de "reclusión" por la edad de los acusados y otras cuestiones que tienen que ver con la definición judicial de este término. La diferencia entre ambos conceptos es mínima pero tiene que ver con la inconstitucionalidad de esta pena. "En la actualidad, no existe prácticamente diferencia entre prisión y reclusión. La reclusión era una pena infamante que implicaba, entre otras cosas, trabajos forzados. Actualmente, ambas penas se cumplen del mismo modo y la única diferencia legal que se mantuvo es con la compensación de la prisión preventiva, que descuenta un día de prisión y en el caso de la reclusión solo medio día (es decir, dos de preventiva valen en el cómputo como uno de reclusión, conforme al artículo 24 del Código Penal", detalló Albarracín.
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