José Iglesias llevó durante casi 20 años una carpeta que lo documentaba todo: audiencias, declaraciones, pruebas, imágenes y más. Lo hizo como abogado querellante de las familias, pero también como papá. Su hijo de 19 años, Pedro, falleció en la masacre de Cromañón aquella fatídica noche del 30 de diciembre del 2004 a la que él mismo define como “un calvario con distintas estaciones”. Y desde aquel entonces, fue una figura clave para la búsqueda de justicia en una de las mayores tragedias mundiales del rock. “La decisión la tomé esa misma noche, después de haber estado en la morgue reconociendo a Pedro. El 3 de enero siguiente, hice una lista de lo que iba a hacer y ser querellante era una de ellas”, señaló en diálogo con El Destape.
Por el caso, donde se registraron 194 personas fallecidas y más de 1.432 con heridas físicas -y también psicológicas-, hubo un total de 14 condenados con diferentes delitos: algunos -entre los que figuran Omar Chabán y la banda Callejeros- por "incendio culposo seguido de muerte y cohecho", mientras que otros por "omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte". Pasaron por el proceso penal imputados -empresarios, funcionarios del gobierno de la Ciudad, bomberos y policías-, junto a testigos, sobrevivientes y familiares. Fueron estos últimos, justamente, los encargados de formar un gran colectivo de movilización pública para encontrar la justicia que sus familias merecían.
“Yo dije, efectivamente, que la mayor parte de las acciones estaban precedidas por la razón; teniendo todo el dolor del mundo. Esto es lo que hacen todos las madres y los padres de fallecidos. Hay emociones, sí. Hay bronca, sí; pero no se puede perder la razón, sino se pierde el juicio oral. Uno tiene que estructurar la razón”, marcó a este medio.
Mientras que a la hora de hablar de justicia, Iglesias señaló: “Para cualquiera de nosotros sólo hubiese habido justicia si se hubiesen dado las condiciones para que un hecho así no se repita.... A nosotros, el juicio no nos dio ni nos da nada. Nuestros hijos están enterrados; los casi 5.000 sobrevivientes están lesionados -algunos gravemente-, han pasado cosas horribles y terribles. Ni siquiera se los ha reparado dignamente en los juicios civiles”. Pero, a su vez, añadió: “Los juicios son para la sociedad. Yo a Pedro ya no lo tengo, tengo otros hijos y me gustaría que no les pase lo mismo. Si no los tuviera, hubiese hecho lo mismo. Pero los juicios fueron para que no se repita y eso, no funcionó”.
Dicha tragedia no sólo cambió la vida de cientos de familias, por perder a sus hijos, hermanos o primos; también generó grandes modificaciones a nivel político, social y cultural que atravesaron a toda la ciudadanía.
1. La responsabilidad estatal
Luego de la masacre de Cromañón, se llevaron adelante un total de cuatro juicios a lo largo del proceso judicial en los que el Estado siempre fue protagonista. Fueron procesados por el juez de instrucción Julio Lucini, por el delito de "cohecho pasivo", los comisarios Miguel Ángel Belay y Gabriel Sevald y el subcomisario Carlos Díaz; además de los agentes Oscar Sosa y Cristian Villegas por incumplimiento de deberes de funcionario público. A ellos se sumaron una decena de ex integrantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado en ese entonces por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Entre ellos, figuraban: el ex secretario de Seguridad, Juan Carlos López, por "homicidio culposo agravado" y el ex subsecretario Enrique Careli junto al ex director general de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Rizzo, por incumplimiento de deberes.
“Para lo que estamos acostumbrados, Cromañón fue un lujo. Tuvimos un juicio oral, tres juicios orales directos inmediatamente, un sumario administrativo con una resolución de 40 cesantías, después tuvimos el juicio de la emergencia y el de la morgue… No terminaron bien, pero se hicieron. Frente a lo que le pasa a los demás, privilegiados absolutos. AMIA no tuvo eso, el ARA San Juan no tuvo eso, LAPA tuvo un juicio oral porque nosotros lo empezamos… Por vergüenza, lo hicieron”, marcó Iglesias. Y aseguró que “en Cromañón no hubo Justicia, sólo tuvimos mucho más que lo que tuvieron otras víctimas”.
Fue en agosto del 2009, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 condenó al subcomisario Díaz a 18 años de prisión por los delitos de "incendio doloso calificado y cohecho pasivo" y a dos funcionarias del gobierno de CABA por incumplir con deberes (sólo dos años); mientras que el comisario Belay y otros funcionarios fueron absueltos. En octubre del 2012, la Sala IV de Casación Penal confirmó las condenas impuestas por la Sala III: Díaz pasó de 18 a 8 años de prisión e inhabilitación especial por "incendio culposo seguido de muerte y cohecho", mientras que diversos funcionarios como la ex subsecretaria de Control Comunal (Fabiana Fiszbin) y el ex director general de Fiscalización y Control (Gustavo Torres) fueron condenados a cuatro años por "omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte".
“Resulta indiscutible que Fiszbin, Torres y Fernández eran, desde la órbita de la administración pública, los responsables de evitar que, a raíz de las extensas irregularidades e incumplimientos en materia de seguridad, se desencadenara un hecho como el que aquí ocurrió. Y no lo hicieron, ya que en ningún momento se ocuparon de inspeccionar el local ‘Cromañón’, lo que por supuesto podían y debían realizar de oficio ya que sus funciones así lo indicaban”, sostuvo Casación.
“Se condenó a algunos, no a todos los que debían ser, algunos zafaron. Alguno zafó y si bien no tuvo una condena por lo menos es un muerto político, como Aníbal Ibarra. Estamos mejor, pero no por mérito del sistema”, lanzó el padre líder de la querella. En agosto del 2006, la jueza Crotto confirmó el sobreseimiento del entonces jefe de gobierno porteño argumentando que "los hechos que se le imputaban no eran delictivos"; provocando un repudio generalizado. “El corte jurídico exacto en Cromañón era Ibarra. Esto no es la bronca o el desprecio personal con ese sujeto, ni nada por el estilo. Esta fue la tesis del requerimiento del fiscal de primera instancia, construida técnicamente de una manera muy buena”, agregó.
En esa línea, el papá de Pedro señaló a El Destape que se responsabilizó a Ibarra por “haber vaciado la estructura de control y no haberla llenado con algo de reemplazo”, lo que -según su opinión- fue “adrede” con el objetivo de “cambiar las manos que administraban la noche y sacar a todo un segmento que él no manejaba”.
En diciembre del 2007, también fueron condenados tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir coimas para habilitar el boliche, por parte de dos empresarios, en una causa conexa al expediente principal. "Para junio de 2003, alrededor de un 70% de los locales de baile de la Ciudad no poseía instalaciones contra incendios y un 20% nunca había actualizado el certificado que otorgaba la Superintendencia de Bomberos", indican en el fallo. Alberto Corbellini (jefe de la división de Prevención de Incendios de Bomberos de la PFA) y Marcelo Nodar recibieron penas de cuatro años por "cohecho pasivo" y Marcelo Esmok, de dos años y seis meses de prisión; además, a los tres les fijaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
2. El juicio a Callejeros y la repercusión social
Los integrantes de Callejeros fueron procesados, en junio de 2005, por el delito de “homicidio culposo agravado” -al mismo tiempo que diversos ex funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, por incumplimiento de deberes de funcionario público-. Tiempo más tarde, la carátula se modificó y se imputó a la banda por “estrago culposo seguido de muerte”. Y si bien los abogados defensores buscaron recusar el cambio, el movimiento legal no prosperó; por lo que en agosto del año siguiente, la magistrada Crotto elevó a juicio oral a todos sus miembros, su mánager Diego Argañaraz y el escenógrafo, Daniel Cardell. A ello, se sumó la acusación por “cohecho activo” como partícipes secundarios. No fueron los únicos: también figuraba el nombre de Chabán y de diversos funcionarios públicos.
El juicio inició en 2008 y recién en 2009, el TOC N° 24 dio a conocer las condenas y determinó, en un fallo unánime, que todos los músicos fueran absueltos (el vocalista Patricio Fontanet; el baterista Eduardo Vázquez -actualmente cumple prisión perpetua por el crimen de su pareja Wanda Taddei-; los guitarristas Maximiliano Djerfy y Elio Delgado; el bajista Christian Torrejón; el saxofonista Juan Alberto Carbone) y también el escenógrafo. En ese mismo juicio, el mánager Argañaraz fue condenado por los delitos de “incendio doloso calificado y cohecho activo” a 18 años de cárcel; pena que luego fue modificada a cinco años de prisión.
Pero en abril del 2011, se dio la intervención de la Sala III de Casación Penal que tomó diversas medidas: entre ellas, el cambio de figura convirtiéndola en “incendio culposo” -en lugar de doloso-; decisión que lógicamente recayó sobre los integrantes de Callejeros considerando a la tragedia como un acto de negligencia. De esta manera, en octubre de ese mismo año, la Sala IV de Casación Penal confirmó las penas impuestas por su antecesora y los músicos fueron condenados.
El cantante recibió la condena mayor, a 7 años de prisión; mientras que Vázquez fue condenado a 6 (al igual que el escenógrafo) y los restantes, a 5. En diciembre de 2012, a casi una década del hecho, dispusieron el cumplimiento de las condenas. Pero las idas y vueltas se mantuvieron, al menos, por tres años más cuando -en medio de repetidas revisiones- se declararon “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por las defensas. Finalmente, quedaron fijadas las penas impuestas por la Sala IV por los jueces Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Pedro David.
La repercusión social fue diversa, desde la tragedia hasta el momento de la condena. Su público defendió y acompañó a la banda desde un principio, exculpándolos del hecho y de la tragedia fatal. Muchos de ellos, como es el caso de "Pato" Fontanet siguieron en el mundo de la música con otras bandas -como Don Osvaldo- y realizaron nuevos recitales, con estadios repletos. El lema “La música no mata, la corrupción sí” surgió justamente para exigir justicia por los fallecidos y quitarle peso a Callejeros, en un contexto social y cultural donde las bengalas y la pirotecnia tenían un lugar central en todos los recitales sin importar quién se encontraba en el escenario. En otro frente, también se demonizó a la banda y existió la disputa sobre si eran o no responsables.
“A veces, en materia jurídica, uno empieza a desenrollar el carretel de las responsabilidades y tiene que poner un límite... Sino terminamos en Adán y Eva. El corte jurídico exacto en Cromañón era Aníbal Ibarra, ahí terminaba la responsabilidad penal y la civil”, apuntó Iglesias en diálogo con El Destape. Algunos ciudadanos y también familiares, no opinaban lo mismo. Por ejemplo, Ricardo Righi -padre de Emiliano, una de las víctimas fatales- denunció al entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, por presuntas omisiones y errores aquella noche.
3. Omar Chabán y su rol en Cromañón
Omar Chabán nació el 31 de marzo de 1952. Hijo de Ezzedin Chabán -un sirio, dueño de un bazar llamado Nasser- y Angélica Halouma Hadid, de origen mendocino, estudió en el colegio alemán Hölters Schule y, desde la adolescencia, siempre buscó mostrar su rebeldía. Rápidamente se distanció del comercio familiar y se interiorizó en la noche porteña y el arte. En 1982, abrió el Bar Einstein -un espacio donde diversas bandas de rock se desempeñaban-. Mientras que en 1985, inauguró el emblemático Cemento. 19 años después, el artista plástico y actor abrió el más grande de los locales que gerenció: República de Cromañón. Y el resto, es historia conocida.
La gerencia estaba a su cargo al momento de la tragedia, de eso no hay dudas. La propiedad del lugar, en cambio, tenía diversos asteriscos. En primer lugar, perteneció a la empresa panameña National Uranums Corp y luego, pasó a manos de otra empresa offshore radicada en la ciudad de Montevideo llamada Nueva Zarelux S.A. Es decir, un entramado de empresas y accionistas fantasmas. Es en ese tiempo cuando se da la creación y aparición de Lagarto S.A., la compañía que alquilaba el boliche al momento del hecho y que -según su propia descripción- brindaba servicios de “espectáculos artísticos y diversión, contratación de artistas y todo lo relacionado con el arte y la cultura”.
Entre diversos nombres, supuestos socios y dueños, muchos de ellos desconocidos para la causa y con importantes deudas, se destaca el de Rafael “Lito” Levy, señalado como el verdadero dueño del boliche; un empresario del rubro turístico, textil e inmobiliario. Dicho propietario también era dueño del hotel aledaño, su estacionamiento y las famosas canchas de fútbol 5. Chabán y Levy se conocieron a través de un anuncio en un diario, donde convocaban a quienes quisieran hacerse cargo del lugar; tras varias reuniones, acordaron pero nunca hubo un contrato firmado.
Las irregularidades fueron muchas y desde un comienzo. Ausencia de un contrato de locación; familiares de Chabán en la organización; su mano derecha y coordinador, Raúl Villarreal -encargado del presunto pago de sobornos- y un segundo hombre que “oficiaba” de encargado de seguridad salvo cuando las diversas bandas que se presentaban llevaban su propia custodia; vínculos y pago de coimas con el subcomisario Carlos Rubén Díaz y diversos incumplimientos y violaciones de las normas básicas de seguridad edilicia que, quizás, hubiesen evitado el trágico final.
En medio de incógnitas vinculadas a empresas y socios fantasmas, el mayor apuntado fue Chabán; quien se encontraba en Cromañón cuando el fuego comenzó. “Paren porque nos vamos a morir todos, nos vamos a prender fuego, no sean boludos… Déjense de joder con la pirotecnia”, dijo por los parlantes minutos antes. Cuando la bengala impactó sobre la media sombra y el lugar se convirtió en una trampa mortal, el gerenciador buscó un matafuegos y una manguera intentando ayudar a los presentes. “Estuve shockeado y paralizado, tenía una gran opresión en el corazón”, contó tiempo después. Entró y salió del lugar varias veces, sacó a tres chicos y hasta -según dicen testigos- caminó aturdido por Plaza Once. Fue detenido un día después, tras una serie de allanamientos, y no ofreció ninguna resistencia.
En enero del 2005, días después de la tragedia, la jueza Crotto dictó su procesamiento por el delito de “homicidio simple con dolo eventual de 192 muertes” -confirmadas hasta ese momento-. Un mes más tarde, también lo hizo sobre el coordinador Villarreal y el encargado de seguridad del local, Lorenzo Bussi; mientras que en los días siguientes, otros nombres pasaron a ser detenidos y procesados en la causa. En septiembre de 2005, la Sala V de la Cámara del Crimen cambió la carátula a “estrago culposo”; es decir, un delito cometido por descuido o impericia que causa daños de grandes proporciones y un peligro común; mientras que sumó el de “cohecho activo”. Durante agosto del año siguiente, la magistrada elevó a juicio oral a Omar Chabán -entre otros- y en mayo del 2008, se sumó a la catarata de nombres implicados el propio Levy, bajo los mismos cargos que el gerenciador.
El juicio recién comenzó en agosto de 2008 y un año más tarde, por fallo unánime del Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, condenaron a Chabán a 20 años de prisión por los delitos de “incendio doloso calificado y cohecho activo”. Al gerenciador se sumó Villarreal, a un año de prisión en suspenso por ser considerado “partícipe secundario” del delito de cohecho activo; mientras que se señaló sólo a Chabán y al mánager de la banda como las únicas dos personas a cargo de la organización del recital.
Las idas y vueltas también atravesaron la condena del gerenciador. La Sala III de Casación atenuó la calificación del delito impuesto sobre él y también su pena; en octubre del año siguiente, la Sala IV confirmó lo dispuesto por su predecesora, Chabán fue condenado a 10 años y 9 meses de prisión y su mano derecha, Villarreal, a seis años. Ambos por el delito de “incendio culposo seguido de muerte y cohecho”. En diciembre de 2012, a casi 8 años de la tragedia, las condenas quedaron firmes. Y si bien se buscó retomar la hipótesis de “estrago doloso”, se rechazaron todos los recursos.
Por su parte, a lo largo de los años posteriores, la Justicia avanzó sobre las causas conexas en relación a la masacre de Cromañón. Una de ellas, a cargo del TOC N° 24 de la Ciudad, fue la que juzgó y halló culpable a Levy por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “incendio culposo calificado seguido de muerte”, en julio de 2012, imponiéndole una pena de cuatro años y medio de prisión. Dos años más tarde, en noviembre de 2014, Chabán falleció de un cáncer linfático luego de un largo proceso atravesado por una excarcelación, diversos escraches de familiares y el retorno a la cárcel en noviembre de 2005; aunque por su enfermedad, el mismo año de su muerte recibió el beneficio de la domiciliaria para tratarse. “Hubiera preferido morir en Cromañón”, sentenció en una de sus últimas frases.
Cerrar sesión