Los ocho rugbiers imputados por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa el 8 de enero de 2020, solicitaron a la Justicia que se revea su situación en la Alcaldía Melchor Romero de La Plata y los trasladen a otro penal dado que se quejaron por "el olor nauseabundo" en la institución y por la alimentación que reciben. Los detenidos están en prisión preventiva de cara al juicio que tiene fecha de inicio en enero del 2023.
Los homicidas pidieron el traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense, según el escrito presentado por Hugo Tomei, el abogado de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano Pertossi y Lucas Pertossi. El motivo de la solicitud deviene de las quejas de los detenidos sobre las condiciones en que están alojados en la alcaldía, entre otras cosas por la alimentación que reciben. Según fuentes del Servicio Penitenciario Nacional, los detenidos sufren “un calor sofocante en las celdas” y reclaman que “no pueden ingresar sus amigos a visitarlos”.
Cabe señalar que todos ellos están en prisión preventiva de cara al juicio que tiene fecha de inicio en enero del 2023, tal cual lo acaba de resolver el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, y están imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y, de ser condenados, podrían recibir la pena de prisión perpetua. Para la Justicia, dos de los rugbiers tuvieron el rol de apartar a Fernando de sus amigos para que no lo defiendan, mientras que el resto golpeó brutalmente al joven con quien habían tenido una disputa previa en el boliche Le Brique, en Villa Gesell.
El juicio a los asesinos de Fernando Báez Sosa
En octubre, el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores anunció que el juicio contra los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes Fernando Báez Sosa, recién arrancará el 2 de enero de 2023 y se desarrollará a lo largo de 22 jornadas, con la participación de más de 130 testigos.
Si bien los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan como particulares damnificados a los padres de Báez Sosa, como el defensor de los imputados, Hugo Tomei, habían sugerido que el debate se hiciera a razón de dos jornadas por semana a causa de las actividades que los letrados tienen en otras jurisdicciones, los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari optaron por hacer el juicio en enero de 2023, en plena feria judicial, para que no se interpongan problemas de agenda.
Entre los planteos que los jueces rechazaron, hay un pedido de la defensa de los rugbiers para que sean citados como testigos los fiscales de instrucción Verónica Zamboni y Walter Mércuri y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi, a quienes el abogado Tomei quería interrogar por el modo en que fueron llevadas a cabo las indagatorias a los homicidas. De hecho, fue un motivo que el abogado alegó para solicitar la nulidad de la causa.
En cuanto a la querella, el Tribunal rechazó por "impertinente" un planteo de Burlando y Améndola para que el Servicio Penitenciario Bonaerense informe sobre la utilización de teléfonos celulares por parte de los imputados en su lugar de detención y se informen los números de abonados para hacer un análisis de llamadas entrantes y salientes.
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