El fin de la moratoria jubilatoria complica no solo a los trabajadores mayores sin aportes sino también a las empresas

El Gobierno ratificó en los últimos días que avanzará en una reforma previsional más profunda que incluirá la eliminación de la moratoria. Este régimen previsional permite a quienes alcanzan la edad para jubilarse pero no tienen los años de aporte suficientes, acogerse a un plan de moratoria para completarlos y acceder al derecho de una prestación. La administración libertaria impulsa una renta universal, similar a la actual PUAM (Prestación Universal para Adultos Mayores) que contempla el pago de una suma que equivale al 80 por ciento del haber mínimo.

Esta reforma no deteriorará únicamente a los ingresos de este segmento etario sino que también a las empresas que deberán buscar estrategias para que esa transición sea los menos traumática posible, dado que quienes no cuenten con los aportes no tendrán ningún tipo de incentivo para dejar de trabajar incluso luego de ser alcanzada la edad.

El régimen de moratoria previsional, que permite jubilarse sin cumplir con los 30 años de aportes, vencerá el 23 de marzo y la administración Milei anticipó que no se renovará, “lo que representa un desafío significativo tanto para las empresas y sus colaboradores”, advirtió un informe de la firma global de servicios profesionales Mercer. Bajo la legislación actual, un empleador no puede exigir al empleado que se jubile si aún no completó los 30 años de aportes.

Por el lado de los trabajadores, la falta de una moratoria previsional limita las opciones para regularizar aportes faltantes, lo que afecta especialmente a quienes se desempeñaron en la informalidad o tienen períodos sin aportes. Esto se da en un contexto en el que muchos trabajadores podrían no estar recibiendo el apoyo necesario para construir un futuro financiero seguro: la PUAM, el beneficio al que acceden los jubilados sin la totalidad de aportes cubre menos del 31 por ciento de sus necesidades básicas, incluyendo el bono adicional de 70.000 pesos, el cual también informaron que no se actualizará.

“Hay una deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que aportaron 30 o 35 años y que merecen un reconocimiento a ese esfuerzo”, había manifestado a mediados de noviembre el titular de Anses, Mariano de los Heros, antes de emprender sus vacaciones a Cancún, de las cuales regresó en las últimas horas. Se trata de la antesala para profundizar una política de jubilados de “primera” y de “segunda”.

La idea es que esos jubilados cumplidores y que no recurrieron a ninguna moratoria tengan algún beneficio, el cual podría ser un cupón atado al PBI o algún tipo bono adicional, aunque en simultáneo se planee también bajar los aportes patronales de las empresas (principal sostén el de Sistema Integrado Previsional Argentino). Sin embargo, el fin de la moratoria es también un problema en sí mismo para las empresas.

Los regímenes vigentes

Actualmente existen cinco planes y moratorias vigentes para aquellos que no cumplen con los requisitos de jubilación ordinaria:

1. Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado: permite a mujeres en edad de jubilarse obtener años de aportes por cada hijo biológico o adoptivo, con condiciones adicionales si el hijo tiene discapacidad o si la madre recibió la AUH.
2. Excedente de Edad Jubilatoria: para quienes superan la edad de jubilación (60 años para mujeres y 65 para hombres) pero no tienen los 30 años de aportes, se computará un año de aportes por cada dos años de excedente.
3. Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705): permite regularizar aportes desde los 18 años hasta diciembre de 2008 mediante cuotas mensuales. Este plan finaliza el 23 de marzo de 2025 para quienes ya tienen la edad jubilatoria.
4. Moratoria Previsional de la Ley 24.476: permite regularizar períodos de aportes impagos entre 1955 y 1993, sujeta a evaluación socioeconómica.
5. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80 por ciento del haber mínimo (265.907 pesos) y no requiere años de aportes, disponible para mayores de 65 años que no tengan otra jubilación o pensión, que para enero representaría una prestación de apenas 212.725 pesos.

De los 9 millones de jubilados y pensionados que existen actualmente en la Argentina, sólo un tercio (3,2 millones) lo hicieron con aportes y sin moratoria. “Para abordar el desafío que representan estos cambios es fundamental que las empresas adopten un enfoque proactivo y apoyen a sus empleados en la transición hacia la jubilación, garantizando que cuenten con la información y el respaldo necesarios en este proceso”, explica Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader Argentina, Uruguay y Paraguay de Mercer.

Si aportes no hay obligación

Para las empresas plantea también un problema, dado que cuando un trabajador (en relación de dependencia) llega a la edad jubilatoria, pero no tiene los años de aportes, no pueden ser intimados por el empleador a jubilarse. Y si la opción es aceptar una prestación mínima, que no alcanza a cubrir una canasta alimentaria básica, la resistencia de un trabajador a dejar su actividad será altísima.

“La implementación de políticas inclusivas y flexibles no solo beneficiará a los empleados, sino que también contribuirá a la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la organización”, agregó la ejecutiva de Mercer, que presenta una serie de propuestas para ir conduciendo a la jubilación a sus empleados sin caer en el despido directo, el cual también tiene un costo altísimo para las compañías, tal vez más alto que la disminución de aportes que les conceda el Gobierno.

En el caso de los colaboradores con edad de jubilarse (60 años en mujeres y 65 en varones) pero que tienen menos de 30 años de aportes y optan por continuar trabajando hasta los 70 años (buscando en ese periodo completar años de aportes), las empresas pueden ofrecer programas de asesoramiento financiero a través de talleres, seminarios y sesiones individuales, así como un coaching previsional que brinde apoyo continuo, aconseja la consultora a sus empresas cliente. “La jubilación estatal como único instrumento para financiar el retiro es un concepto que está llegando a su fin”, definió Liendo.

Para aquellos trabajadores que han cumplido los 70 o más años y tampoco completaron aportes a ese momento existe la posibilidad de reentrenar o reubicarlos en roles que se adapten a sus capacidades si esto fuera necesario, incluyendo opciones a tiempo parcial y remoto, junto con iniciativas de bienestar que promuevan un estilo de vida activo y proporcionen asesoramiento financiero.

El problema es cuando no es posible reentrenar o reubicar al trabajador y la única opción es “forzar” su salida. En estos casos, el informe reconoce que habrá que “considerar opciones de salida digna”, como programas de Retiro Anticipado, que contemplen condiciones favorables y políticas indemnizatorias que aseguren una compensación justa. “Proporcionar asesoramiento en la transición y campañas de concientización sobre estos programas permitirá a los colaboradores sentirse informados y apoyados, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo la cultura organizacional”, sostuvo el informe de Mercer.

En definitiva, en una economía en la que se incentiva la informalidad y el menor compromiso del sector privado, mientras se castiga a las víctimas del abuso (los trabajadores sin registrar), el acceso a un retiro digno se hace cada vez más complejo. Se estimulan además programas de ahorro paralelo en el sistema financiero, tal como sucedió con las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión en los noventa. El camino en ese sentido ya parece allanado pero este año se buscará conducirlo estructuralmente a destino.