El teletrabajo era una realidad antes de la pandemia y se convirtió en la norma con el coronavirus. La mayoría de los trabajadores desempeñan sus tareas desde el hogar ante la necesidad de mantener el distanciamiento social y cumplir con la cuarentena. Por eso, la Cámara de Diputados avanza con el debate de dos decenas de iniciativas presentadas por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el bloque de Unidad y equidad federal y el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Según pudo saber El Destape, el dictamen de comisión se firmaría el miércoles a las 15 para debatirlo lo antes posible en el recinto, no sólo por la necesidad impuesta por el COVID-19 sino porque es un área a legislar hace muchos años y el Poder Ejecutivo manifestó su voluntad de hacerlo cuanto antes. Avanzan en un texto consensuado.
La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, diputada Vanesa Siley, explicó a El Destape que el trabajo se basa en la búsqueda de consensos, porque cuando se trata de abordar el marco social tripartito, entre Estado, trabajadores y el sector privado, "se puede llegar a acuerdos pero hay intereses contrapuestos, sobre todo en cualquier norma laboral". La legisladora reflexionó que "cuando incrementás un derecho y el lado empresario lo entiende como un costo laboral, cuesta arribar a ese consenso". Sin embargo, analizó que "hay acuerdo" respecto a los presupuestos mínimos abordados. El empeño está puesto en aunar las iniciativas y llegar a un dictamen único de mayoría. Aún no hay fecha sobre un posible tratamiento en el recinto.
En su objetivo, el debate apunta a la regulación de la modalidad de teletrabajo y de los presupuestos legales mínimos que sirvan de pisos de derechos y luego delegar en las convenciones colectivas las particularidades. A grandes rasgos, la iniciativa apunta a establecer la limitación de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento a la hora de comenzar a desarrollar las actividades desde el hogar, la provisión de herramientas de trabajo por parte del empleador así como la compensación de gastos. Dentro de su letra, como ya anticipó El Destape, están la garantización de los derechos sindicales, a la intimidad y protección de datos, la seguridad e higiene, las tareas de cuidado (que los horarios sean compatibles con quienes tienen hijos menores, con discapacidades o mayores dependientes) y el registro ante el Ministerio de Trabajo de las compañías que empleen esta modalidad.
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Siley detalló tres puntos que son centrales en la iniciativa: "Se van a incorporar las tareas de cuidado de manera explícita, no existe ninguna norma laboral que refiera a ellas de materia explícita", aunque sí hay una de licencias. Ésto, resaltó, "es fruto de la lucha del movimiento de mujeres en un aspecto que hace a la igualdad real". Otro aspecto es que se estaría contemplando esta modalidad de ley de teletrabajo en la actual Ley de Contrato del Trabajo con el artículo 102 bis y, finalmente, contempla cuestiones de piso de derechos específicas que después serán abordadas con mayor detalle dentro de cada sector y con cada convenio colectivo de trabajo.
Ante el plenario de la comisión de Legislación del Trabajo, presidida Siley, Viviana Díaz, abogada y quien fuera Coordinadora del Programa de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo entre 2003 y 2016, recordó en su exposición las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entre ellas, se señala el carácter voluntario, reversible, el reconocimiento de condición de asalariado, mismos regímenes de prestaciones sociales y promociones, garantía del ejercicio de actividades sindicales, gastos e inversiones tecnológicas a cargo de la empresa, sistemas de contacto presencial, formación continua, prevención seguridad y salud laboral, comunicaciones entre teletrabajadores y empresa para quienes ejerzan sus tareas desde el hogar.
La especialista resaltó que el trabajo conectado remoto debe tener la misma jornada de trabajo, el derecho a la desconexión, la protección de datos personales y de la empresa, así como diversas modalidades (¿el teletrabajo es sólo trabajar desde la casa?) y la falta de fronteras a la hora de desarrollar las tareas.
Pero éstos no son los únicos ítem a tener en cuenta, sino que se suman los problemas por el mal uso de la tecnología, como puede ser no dormir, sufrir lesiones, tener el síndrome de vibración fantasma, generar estrés o adicción a la tecnología, lo que redunda en la salud física y mental de los empleados.
Este lunes expusieron los representantes del sector empresarial que, con algunas diferencias, manifestaron la necesidad de generar cierta certeza a la hora de aplicar la nueva normativa, permitiendo tener un plazo de tiempo extendido desde su sanción hasta su puesta en marcha. Algunos plantearon 180 días después de convertir la iniciativa en ley, otros sostuvieron que la extensión del teletrabajo podría demorarse hasta un año, sobre todo en las compañías más chicas debido a la fuerte inversión que demanda e incluso la reconversión.
Dentro del punto de la previsibilidad, también se hizo foco en el concepto de “reversibilidad”. Según el texto, el trabajador puede optar por volver a ejercer sus tareas de forma presencial. Sobre ésto, se pidió cierta anticipación para la notificación, en particular de 30 días, tanto si lo decide el empleado como el empleador, tal como planteó Laura Giménez, jefa del Departamento de Política Social de la UIA. Al respecto, Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio, destacó que el ítem “vulnera el poder de organización del empleador” en caso de no dar un contexto que permita la organización. No sólo por ésto, pero en parte por ésto, manifestaron que las particularidades deben dirimirse dentro de cada actividad.
El derecho a la desconexión también estuvo entre los puntos centrales de discusión. Los representantes de las cámaras empresariales señalaron que es muy difícil medir el horario laboral de quienes ejercen sus tareas desde el hogar porque se mezclan con las responsabilidades domésticas y la vida privada. Mancuso, planteó que “no está claro cuáles van a ser los límites” y si los empleadores recibirán una sanción por un mail, un llamado o mensaje fuera del tiempo estipulado. Por eso, también plantearon la posibilidad de cambiar la modalidad y no medir la productividad por franjas horarias sino por objetivos. La diputada del FIT, Romina del Plá, manifestó su desacuerdo con ésto porque ya implica una diferencia con quienes asisten físicamente al espacio laboral.
Siley detalló que estos puntos están contemplados en el borrador del dictamen cuando se hace referencia al trabajo en línea o fuera de línea, "que significa que vas a tener una jornada laboral igual aunque trabajes por objetivo. Estamos tratando de abarcar toda la realidad".
Claudia Ormachea, diputada del FdT e integrante de la comisión, aseguró a El Destape que hay que “hablar de la desconexión, no sólo como un derecho del trabajador sino que el empleador sepa que no puede interrumpir el período de descanso” y aclaró que entre hoy y mañana se terminará de definir si surge alguna diferencia puntual o insalvable que ya no esté charlada".
En el proyecto se plantea que el empleador deberá afrontar los costos de servicios que deriven del trabajo desde el hogar, así como la infraestructura. Desde el sector empresario alertaron la posibilidad de que estas erogaciones puedan desalentar esta modalidad de trabajo. La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, pidió “sacar la mejor ley que tenga certezas y estímulos” y aseguró que el primer ítem está garantizado por la Ley de Contrato de Trabajo, al igual que los derechos sindicales. Por eso, pidió apuntar a la “promoción de la actividad, porque no sirve regular una actividad que luego no vamos a promocionar” y pidió continuar con la discusión.
Uno de los coletazos del teletrabajo, explicó Julián Moreno, vicepresidente de APYME, está la baja en la circulación que “genera una reducción en los distintos sectores que se nutren de esa circulación” como pueden ser los comercios linderos a las estaciones de trenes.
Leo Bilanski, presidente de Empresarios Nacionales Desarrollo Argentino, señaló que el cumplimiento de la normativa no es igual para una empresa de menos de 10 de trabajadores; otras de hasta 200 trabajadores; o de más de 200 trabajadores por lo que pidió excluir a las primeras que necesitan 12 meses para adecuarse una vez terminada la pandemia. También, como muchos de los expositores, hizo foco en que los hogares no están preparados para trabajar, ya sea por la conexión, la falta de materiales, la relación con los vecinos o convivientes, posibilidad de concentración entre otras.
Dentro de los puntos debatidos, se agregó la necesidad de no dar lugar a una discriminación derivada del teletrabajo. Sobre este punto, Ramiro Albrieu, de CIPEC, alertó que “no hay que pensar que porque un sector lo tiene, copiando esas prácticas se puede llevar a otras actividades” porque “sólo tres de cada diez trabajos son teletrabajables”. Incluso, destacó que la normativa aplica, sobre todo, desde la clase media para arriba porque en los ingresos más bajos, sólo el 8% lo puede hacer y en los más altos el índice asciende al 65%.
Finalizada la reunión, Ormachea reflexionó: “No nos negamos ni al avance de la tecnología ni a los cambios pero hay que legislarlo porque uno tiene que acompañar esos cambios con una legislación que proteja y amplíe derechos de los trabajadores sin descuidar que las empresas tienen que crecer, al igual que la producción, y el país tiene que salir adelante”.
La diputada agregó que “es cierto que es algo nuevo y se va a ver más claramente cuando se salga de la pandemia y que hay sectores más afines a realizar este tipo de tareas. Salir de la pandemia con el instrumento ya listo nos va a facilitar algunas cosas teniendo en cuenta las características de cada uno de sus sectores, con los convenios colectivos de trabajo. Esta ley es un piso y es importante porque genera previsibilidad”.
El debate comenzó hace un mes con una reunión de asesores. En ese momento se habían presentado 14 iniciativas, lo que luego se amplió hasta las 20. En ese marco, se convocaron a distintos sectores para enriquecer el proyecto. El 16 de junio expusieron las centrales Sindicales (CGT, CTA de los trabajadores y CTA autónoma) y sindicatos del sector de las telecomunicaciones e informáticos.
Luego fue el turno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y la Directora Nacional de Política de Cuidado del Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad, Lucía Cirmi Obon. En su alocución, el funcionario planteó que “el hecho de prestar las tareas desde su casa no debe significar una perdida patrimonial para el trabajador. La empresa tiene que hacerse cargo de proveerlo o hacerse cargo de la conexión o darle una compensación. Otro de los temas es la protección de los datos personales”.
Además, destacó que “el derecho al descanso también es fundamental y esto está también reflejado en varios de los proyectos. También está el tema del derecho de los cuidados y sobre todo el tema de los derechos colectivos del trabajador”, sostuvo. “Los proyectos deben definir las cuestiones básicas y dejar el resto a los convenios colectivos”.
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