Titulada “Contra el ataque de las grandes empresas tecnológicas a la soberanía digital”, un grupo internacional que reúne a las celebridades del momento en materia de políticas y economía de la ciencia y la digitalización da a conocer hoy una carta en la que expresa su preocupación por los continuos ataques de las Big Tech y sus aliados a la soberanía digital de Brasil.
Los firmantes de la carta son personalidades de la talla de la economista Mariana Mazzucato, directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London (UCL), Yanis Varoufakis, ex ministro de economía de Grecia, Shoshana Zuboff, socióloga y profesora emérita en la Harvard Business School, Thomas Piketty, economista francés especialista en desigualdad económica y distribución de la renta, Daron Acemoglu, economista turco y profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Francesca Bria, experta y asesora en políticas de digitalización y tecnologías de la información, Cédric Durand, profesor de Economía en la École des Hautes Études en Sciences Sociales e investigador del Centre d'Economie de Paris Nord, Jayati Ghosh, economista del desarrollo india y profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts en Amherst, Estados Unidos, Evgeny Morozov, escritor e investigador bielorruso que estudia las implicancias políticas y sociales de la tecnología, Nick Srnicek, escritor canadiense y profesor de Economía Digital en el Departamento de Humanidades Digitales del King's College London, y Gabriel Zucman, economista francés y catedrático en la Universidad de California en Berkeley, entre otros.
“La disputa de Brasil con Elon Musk es sólo el último ejemplo de un esfuerzo más amplio por restringir la capacidad de las naciones soberanas para definir una agenda de desarrollo libre del control de las megacorporaciones con sede en los Estados Unidos”, afirman. Y advierten que estamos en un momento crucial para el mundo en el que es urgente reclamar soberanía digital y “control sobre la esfera digital”.
También reclaman a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se establezcan principios básicos de regulación transnacional para acceder y utilizar los servicios digitales, y que promuevan el desarrollo de ecosistemas digitales que pongan a las personas y al planeta por delante de los beneficios.
“El gobierno de Brasil está sufriendo presiones no solo a través de Elon Musk, sino también de Amazon y Google –explica la promotora de la carta, la argentina Cecilia Rikap, doctorada en la UBA, investigadora del Conicet (de licencia sin goce de sueldo), que en la actualidad es profesora asociada en Economía y jefa de investigación del Institute for Innovation and Public Purpose del UCL–. Es un proceso que me llevó a movilizarme, porque algo hay que hacer. Más allá de las peculiaridades del dueño de la red social X, claramente hay una decisión corporativa de que el rumbo que está tomando el gobierno de Brasil no es el avance que les interesa. Y más allá de que uno pueda tener críticas [al plan de inteligencia artificial que diseñaron], en comparación con lo que está pasando en la Argentina (que es abrirle las puertas a Musk para que se quede con Arsat, por ejemplo, o abrirle las puertas a Google para que le ofrezca al Estado servicios de computación de los cuales después nunca se va a poder deshacer) lo que se está intentando en Brasil es trazar una estrategia propia, desarrollos propios, públicos, sobre los cuales se puedan montar las empresas que surjan allí en otros lugares”.
El presidente Lula da Silva dejó en claro su intención de promover la independencia digital (es decir, reducir la dependencia de los países de entidades extranjeras para el acceso a datos, capacidades de inteligencia artificial e infraestructura digital y promover el desarrollo de ecosistemas digitales de tecnología local) luego de que, a fines de agosto, la Corte Suprema de ese país le prohibiera a X seguir operando en el ciberespacio brasileño por no cumplir con sentencias judiciales que exigen la suspensión de cuentas que instigaron a extremistas de derecha a participar en disturbios y ocupar los palacios de los tres poderes el 8 de enero de 2023.
El Estado brasileño también pretende que estas empresas paguen impuestos justos, cumplan con las leyes locales y que se hagan cargo de las externalidades de sus modelos de negocios, que con frecuencia promueven la violencia y la inequidad.
Según explica Rikap, el país vecino pretende desarrollar un modelo de inteligencia artificial fundacional para nuestra región y de acceso público irrestricto, no como negocio. “[El plan pretende diseñar] algo así como un large language model (al estilo del ChatGPT), pero brasileño –destaca–. Otra de las medidas es sentar las bases de una infraestructura digital pública, una ‘nube’ a la que en principio pueda acceder quien quiera (sin necesidad de pago, como las actuales). Y hace foco en distintas áreas donde se vio que puede haber aplicación beneficiosa de inteligencia artificial. Entre ellas, dos que son prioritarias: una es el ministerio de Gestión e Innovación del Estado, con el objetivo de crear un espacio donde se haga planificación para el desarrollo manteniendo la independencia y no quedando encerrados dentro de contratos con grandes empresas de tecnología, ni de otros países ni de Brasil. Asegurarse que el Estado tenga alternativas. La otra es la salud”.
En contraste con esta visión, después de una gira con su asesor, Demián Reidel, por Silicon Valley, el presidente Javier Milei manifestó repetidamente que quiere que la Argentina se convierta en el “cuarto polo de inteligencia artificial” del mundo, para lo cual propone un esquema de baja regulación y ofrece como ventajas grandes extensiones de tierra, bajas temperaturas y capital humano.
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Pero Rikap disiente. “Está confundido en muchos aspectos –subraya–; por ejemplo, qué lugar ocupan los centros de datos. Allí no se desarrollan los modelos, sino que se entrenan. Son centros de infraestructura que no crean empleo ni son un espacio de investigación y desarrollo. Son más bien un espacio de consumo de energía eléctrica, de agua. Entonces, ya para empezar, cuando les pide por favor que instalen un centro de datos, tiene consecuencias directas sobre la ecología. Y no, no transforma a la Argentina en un polo de Inteligencia Artificial. En segundo lugar, un pibe programando no es lo mismo que un científico, un ingeniero de inteligencia artificial, de ciencias de la computación, que son los que están haciendo los modelos. Lo que está intentando hacer Brasil se parece más a un polo de inteligencia artificial que lo que quiere hacer Milei”.
Y subraya: “Hay que preguntarse para qué y para quién uno quiere la inteligencia artificial. Sobre eso hay mucho para decir. [Es preciso] cambiar las prioridades de investigación, no correr detrás de las empresas de los Estados Unidos o de China, desesperados por tener el último modelo, sino pensar en cuáles son los problemas de la sociedad, qué tipo de aspectos vinculados con la crisis ecológica se podrían destrabar y qué tipo de inteligencia artificial, aunque tecnológicamente alcanzable, no es ni social ni políticamente deseable. Eso es también algo que preocupa de la propuesta de Milei. Incluso si lograra que una de estas megaempresas instalara un instituto de investigación y desarrollo de inteligencia artificial en la Argentina, contratara y generara un polo de de atracción de científicos, ¿qué modelos van a producir? ¿Para quién? ¿Con qué objetivo? No hay que pensar que la tecnología avanza sola”.
Dado que el espacio digital carece de competencias internacionales y acuerdos regulatorios decididos en forma democrática, las grandes tecnológicas operan sin estar sujetas a ninguna ley, y decidiendo qué se moderará y qué se promoverá en sus plataformas –dicen los firmantes en la carta–. Es más, X y otras empresas comenzaron a organizarse dentro y fuera del país para socavar las iniciativas que apuntan a la autonomía tecnológica de Brasil. Más que advertir a Brasil, sus acciones envían un mensaje preocupante al mundo: que los países democráticos que busquen independizarse del dominio de las Big Tech corren el riesgo de sufrir la disrupción de sus democracias”.
“El caso de Brasil se convirtió en el frente central del conflicto mundial entre las grandes empresas tecnológicas y quienes pretenden construir un entorno digital democrático y centrado en las personas, que se concentre en el desarrollo social y económico. Todos aquellos que defienden los valores democráticos deben apoyar a Brasil en su búsqueda de la soberanía digital. (…) También hacemos un llamado al gobierno de Brasil para que se mantenga firme en la aplicación de su agenda digital y denuncie las presiones en su contra. La ONU y los gobiernos de todo el mundo deberían apoyar estos esfuerzos”, concluyen.
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