Alerta en el sistema científico por una resolución que habilita a eliminar programas arbitrariamente

Firmada únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indica que solo continuarán los referidos a tecnologías para agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento y salud

10 de enero, 2025 | 21.17

Una resolución publicada ayer en el Boletín oficial y firmada únicamente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso al sistema científico en alerta máxima. La norma (10/2025) encomienda a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encabezada por Darío Genua, la reevaluación de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia a la luz de la actual declaración de “emergencia económica” y lo faculta a dar de baja, de común acuerdo o en forma unilateral, a aquellos que resuelva discontinuar. Con respecto a los que decida mantener, podrá renegociarlos, extender su plazo de ejecución, adecuar su objetivo o modificar los montos originalmente asignados, siempre que se cuente con partidas presupuestarias disponibles, o rescindirlos de forma unilateral; en cuyo caso, el destinatario de los fondos, si hubiera transferencias sin ejecutar, deberá devolverlos. 

¿Cuáles son los que consideran dignos de preservar? “El desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación, y salud”. Agregan que darán por finalizados “aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el Plan Estratégico 2024-2025”. 

Resolución 10/2025

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No sorprende que la promesa de una revisión de programas ya evaluados sin aclarar siquiera en manos de quiénes estarán las decisiones elevó aún más, si fuera posible, la inquietud e incertidumbre que se viven desde hace un año con retrocesos sin precedente en el área de ciencia y tecnología. 

“La disposición presenta primero una larga fundamentación como para decir que estas cosas en el marco de los problemas económicos que tenemos, no se pueden financiar”, explica el físico Jorge Aliaga, miembro del directorio del Conicet en representación de las universidades

Para el especialista en análisis de datos y estudioso de temas presupuestarios, se trata de una decisión completamente arbitraria. “Lo que van a financiar es lo que ellos definieron como estratégico y tiene que ver con el listado que ponen: agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento y la innovación, y salud –detalla–. Después, habilita a anular los convenios a los que no se hayan transferido fondos, vencidos o vigentes, o los que no tengan principio de ejecución (es decir, que se les mandaron los fondos, pero no se iniciaron), ya sean vencidos o vigentes. También autoriza a rescindir convenios vigentes, pero de los que se ejecutó menos del 30%, y rescindir o readecuar el objetivo sin mandar más fondos siempre que se haya superado el 30%. En el artículo 3, dispone que de aquellas cosas que sí les parezcan pertinentes pueden renegociar los convenios resolviendo la continuidad, extendiendo los plazos, inclusive adecuando el objetivo siempre que esté dentro de lo que decía el programa. Por ejemplo, si se tenía previsto comprar dos microscopios, podrían permitir la compra de uno. Este artículo incluso deja modificar los montos originales siempre que cuenten con la partida presupuestaria disponible. Esto es de una enorme arbitrariedad, porque en este momento si hay un problema que la Secretaría no tenía era justamente falta de fondos, porque contaba con 70 mil millones de pesos que no estaba ejecutando. Son todas herramientas discrecionales que pueden eliminar programas grandes, como el “Construir”, el “Equipar” y los federales. Después hay muchas cosas menores, que tienen que ver con la divulgación de la ciencia y otros que representan gastos irrisorios”. 

Programa Equipar Ciencia, junio 2023

Entre los que se sienten más afectados se encuentran los y las investigadoras en ciencias sociales y humanas, cuyo objeto de estudio se encuentra lejos de las tecnologías mencionadas en la resolución. Inmediatamente después de conocida, las federaciones de Docentes Universitarios (Fedun), de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci) dieron a conocer en las redes sociales una declaración de repudio por esta decisión que, consideran, “compromete directamente la estabilidad laboral y el desarrollo de las carreras profesionales” en ciencia y tecnología. 

Daniel Feierstein, investigador del Conicet y docente de las universidades de Tres de Febrero y UBA, considera que la resolución es muy oscura y “no está claro si la ‘evaluación’ (que busca evaluar lo ya evaluado) solo priorizará la segunda parte de la resolución (dando de baja montones de programas que están paralizados) o si meramente buscaría ‘ordenar’ (…) Así como está escrita se presta a ambas interpretaciones. Lo preocupante es que propongan ir ‘hacia atrás’ (…) sobre todo teniendo en cuenta que en 2024 montones de programas quedaron congelados, transferencias comprometidas no se hicieron, etcétera. No es solo que se establecen nuevos criterios ‘a futuro’, sino que también se autoriza a la secretaría a ‘revisar’ y ‘evaluar’ todos los programas actualmente en ejecución”. 

Repudio de federaciones de investigadores

Todo esto se suma a un cúmulo de otras decisiones que atentan contra la integridad del sistema científico, y entre las cuales la última se produjo en estos días con la venta del paquete accionario de la compañía IMPSA, rescatada por el Estado Nacional y la provincia de Mendoza, que no daba pérdidas y en cuyos hangares se encontraba a medio terminar el recipiente de presión del pequeño reactor nuclear de diseño argentino Carem

“La situación es tremendamente preocupante –dijo Valeria Levi, integrante de la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en el programa de Reynaldo Sietecase–. En ciencia venimos del año más difícil que tuvimos desde el retorno de la democracia. Algunos datos muy concretos. Tuvimos un éxodo masivo de científicos y científicas jóvenes, y creemos que este año se va a profundizar. Hay números muy claros que evidencian esta migración. Hubo un 30% menos de aspirantes a la carrera del investigador, quiere decir que ven en qué condiciones estamos trabajando. Durante 2024 se suspendieron todos los proyectos de ciencia y tecnología y estamos desfinanciados desde enero del año pasado. En este contexto, la resolución de Jefatura de Gabinete quiere ‘normalizar’ decisiones que ya se tomaron, porque el recorte ya existió. Ahora, en vez de suspender estos programas, que todavía no está claro a cuáles se refiere, en los hechos se pretende eliminar lo que se había suspendido. Se habilita al actual secretario de Ciencia y Tecnología, Darío Genua, a que rescinda de manera unilateral convenios puestos en marcha por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, que involucran compra de equipamiento para laboratorios científicos, mejoras edilicias, instalación de nuevos institutos o laboratorios. Una línea presupuestaria que se usaba eran los llamados proyectos “Impactar”, cuyo objetivo era que la comunidad científica ayudara a resolver problemas regionales, locales o nacionales. Todo esto, de acuerdo con la resolución, podría ser eliminado”.

La supercomputadora Clementina XXI, alojada en el Servicio Meteorológico Nacional

Y más adelante subrayó: “Lo que hay que entender es que no se trata de un problema económico, es un problema ciento por ciento ideológico. El área de ciencia fue de las más castigadas.  Los investigadores de Conicet soportaron un recorte salarial del 30%, igual que los becarios. Pero la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología durante todo 2024 fue de solo el 5% de los fondos disponibles. Fondos que venían congelados de 2023. Quiere decir que ideológicamente se decidió dejar de financiar la ciencia argentina, este gobierno quiere terminar con la ciencia local”.

Lo que está en discusión no es la facultad de establecer prioridades políticas, sino cómo se hace. “En este caso, la comunidad científica y el Conicet no participaron –afirma Mario Pecheny, miembro del directorio del Conicet por el área de ciencias sociales–. La resolución que se dio a conocer propone mantener el financiamiento de los programas previa verificación de ‘su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025’. No pude ver que este Plan estuviera exhibido en algún lado, no se sabe bien cómo se elaboró y recién se conoció su existencia a fines de  2024, lo cual muestra al menos improvisación. En ese sentido, la condición de determinar si hay o no correlato de los programas y proyectos con las cuatro o cinco líneas mencionadas suena más bien a una justificación de la subejecución y la inacción en el área de ciencia y tecnología, y de la discrecionalidad de los actuales y futuros recortes. Pero lo que más me preocupa es que se viene reiterando desde el gobierno expresamente la idea de cerrar líneas de investigación e incluso disciplinas. Como en otras épocas. Eso es muy preocupante, pues no hay ecosistema de investigación y de educación superior sin ciencia básica, sin todas las ciencias. La libertad de pensamiento y de expresión, la libertad académica y las condiciones para ejercerlas son derechos fundamentales. Por eso el ataque a la pluralidad de las ciencias, además de atentar al desarrollo del país, plantea una cuestión central de estado de derecho. Nuestros legisladores deberían tomar todo esto en cuenta”.

Otro peligro que se vislumbra es que este modus operandi anticipe futuras medidas que pondrían (aún más) en peligro a la Agencia de Innovación Científica y el Conicet. “Obviamente sienta un precedente –concede Aliaga–. De hecho, hubo presiones en el Conicet para hacer esto con la asignación de becas y fueron rechazadas. Lo que sí deja en claro esta resolución es que lo que nosotros venimos diciendo de que era falso que no se estuvieran rindiendo los fondos (como dijeron Adorni y Franco), que había 12 mil millones de pesos sin rendir, principalmente por parte de las universidades. Todo eso son patrañas. Lo que ocurría era que estaban todos los expedientes parados, porque la Secretaría no resolvía esto. No daba respuesta para avanzar en los procedimientos, estaba todo trabado y lo demás eran excusas. Esto demuestra que teníamos razón. Ahora la excusa se acaba. Van a poder tomar todo lo que venía del ex Ministerio de Ciencia, y decidir con qué se quedan. Ahí, hay un tema legal que a mí se me escapa: que se están anulando contratos que tenían cláusulas de rescisión muy precisas”.

Por último, el químico y bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba, Rodrigo Quiroga, destaca: "Como todo lo que hacen, no está claro a qué se refiere [la resolución] y a qué no. Si aplica sólo a los programas de la Secretaría y de la Agencia, o también a los convenios con universidades. Hay un grado de incertidumbre que después, si hay una gran reacción, permite decir que exageramos, y si no, avanzar todo lo que puedan. Pero lo que para mí sí queda claro es que los [programas] que no coincidan con estos lineamientos estratégicos se darían por finalizados, más allá de si se ejecutó el dinero o no. En ese sentido, me parece que la intención es demonizar a los científicos que no trabajan en los temas que consideran estratégicos. Lo vemos claramente en la reacción que hay en las redes sociales, donde se ataca sobre todo a la sociología, cuando en realidad pueden eliminarse también proyectos que tienen que ver con matemática,  física, astronomía, e incluso con informática e ingeniería. Por otro lado, revela un gran desconocimiento de cómo funciona la ciencia y su vínculo con el sector productivo. Como si fuera predecible cuáles investigaciones van a terminar aportando a la economía del conocimiento o resultando en una patente. Apuntan a que nos sintamos menospreciados y, así como en las universidades deterioraron las condiciones de trabajo y los salarios a tal punto que la gente se va sola, quieren hacer lo mismo con el Conicet. Quienes no consigan financiamiento externo, directamente no van a poder trabajar. Es una invitación a que nos vayamos, ya sea a trabajar al sector privado o fuera del país".