Beraldi continuó con la demolición de la acusación en el juicio de Vialidad y expuso más mentiras de los fiscales

El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, continuó este martes con la demolición de la acusación fiscal en el juicio de Vialidad. El letrado mantuvo la metodología de su ponencia del lunes y confrontó los cargos, la acusación y la prueba para exponer las mentiras de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Así, desarmó el “Plan limpien todo” al mostrar que los fiscales ubicaron a Cristina el 30 de noviembre de 2015 en un reunión con Lázaro Báez en Santa Cruz cuando se encontraba en un acto oficial en Río Negro. “Se les cae la trama. Los deja en una posición vergonzosa. De esto no se vuelve”, afirmó. En las más de 7 horas de exposición, el letrado también desarticuló punto por punto la acusación de defraudación, apuntó contra la parcialidad del perito oficial Eloy Bona, mostró que los peritajes que determinaron que hubo sobreprecios estuvieron groseramente mal confeccionados y fustigó a Luciani por su falta de objetividad. Antes de cerrar la audiencia, adelantó que el viernes Cristina tomará la palabra. Para eso, asumirá como abogada en defensa propia y acompañará a Beraldi en la que será la tercera y última jornada de su alegato.

La desarticulación del “Plan limpien todo”

Este martes Beraldi retomó la metodología con la que expuso el lunes: pedagógico, como si estuviera en una clase de Derecho, confrontó cargo, acusación y prueba, es decir, documentos y testimonios que se cotejaron en el juicio. Así, con simpleza y minuciosidad, el defensor de CFK dejó en ridículo a los fiscales, una vez más.

La segunda jornada del alegato de CFK comenzó con la desarticulación del “Plan limpien todo”, un hecho que la fiscalía metió “por la ventana” del juicio. Fue un capítulo que al abogado de CFK le quedó en el tintero de la última audiencia, en la que se encargó de desarmar la acusación de asociación ilícita.

“Se introdujeron hechos que no se hablaron en los casi 3 años de audiencias”, cuestionó Beraldi, en referencia a lo que los fiscales llamaron “apagón informativo” del Congreso y este “Plan limpien todo”, que se presentaron como hechos nuevos en el alegato fiscal. “Fueron introducidos de una manera incorrecta, en el alegato”, agregó en referencia a que si Luciani y Mola querían discutirlo debían haberlo presentado durante el proceso y no en su etapa final cuando es ilegal. Lo consideró “un intento desesperado para intentar darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio”.

El “Plan limpiar todo” se basó elementos de otro expediente. Como explicó Beraldi, se buscó en una “pericia que se había realizado sobre un aparato telefónico del señor José López, en el expediente donde este señor terminó siendo condenado. Esa pericia se la incorporó al debate a través de una resolución que se dictó al fin de este juicio”, dijo Beraldi, en lo que dijo que fue un “procedimiento que no era correcto”.

En el teléfono del exsecretario de Obras Públicas, que le fue secuestrado cuando fue detenido en 2016 dejando 9 millones de dólares en un convento, había 26.000 mensajes. La fiscalía seleccionó “4 mensajes o 5, a partir de los cuales pretende sostener que hubo en las últimas semanas” del gobierno de CFK una supuesta maniobra para “borrar las pruebas” de lo que la fiscalía está denunciando. Luciani lo definió así: “Esos mensajes permiten dilucidar de cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y de cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados” del empresario patagónico. Beraldi dejó en ridículo al fiscal.

“Cualquiera sabe que si uno busca 4 mensajes y sobre esa base pretende construir una historia de tanta importancia va a fracasar en el intento”, adelantó el abogado de CFK. “Máxime si con esto pretenden imputar a la expresidenta de la Nación cuando ella no aparece directamente en ningún mensaje”, añadió.

“No hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas que se mencionan”, dijo Beraldi. Lo que aparecen son referencias de terceras personas.

A la hora de desarmar la acusación, Beraldi describió cómo se articularon estos elementos: “Si los mensajes no dicen tanto o dicen muy poco o nada como para imputar a la expresidenta entonces construyamos una historia que haga de contexto a esos mensajes para hacerlos creíbles de que hay una asociación ilícita y la jefa es la presidenta”. Así es como “construyeron una historia paralela para darle credibilidad a unos mensajes que en sí mismo no tenían mayor relevancia”, dijo. “Sobre esa base armaron esta operación de acusación que llaman el “Plan limpiar todo”.

La fiscalía “tenía algunos mensajes, lo tenía que contextualizar y a partir de esa contextualización saca conclusiones increíbles como por ejemplo que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner eran Baez. Y que Cristina Fernández de Kirchner se encarga de la suerte de la empresa Austral Construcciones”, indicó Beraldi.

Un episodio central de ese montaje armado por la fiscalía fue un supuesto encuentro entre Báez y CFK que Luciani ubicó el 30 de noviembre de 2015 en Río Gallegos.

“La fiscalía nos quiso hacer creer a partir de esos mensajes que aparecían en el teléfono de José López que desde el día 28 de noviembre de 2015 Cristina Fernández de Kirchner delineó el ‘plan limpiar todo’. Esto sobre la base de un simple mensaje. Entonces, López se iba a reunir con la Presidenta y a partir de aquí se iban a delinear los actos siguientes”, continuó su relato el letrado defensor.

El día clave es el 30 de noviembre de 2015. Aquel día, Luciani dijo que Báez se reunió con CFK en Santa Cruz. Lo dijo porque vio noticias fechadas aquel día que decían que la Presidenta había visitado Santa Cruz en el avión presidencial Tango 01. La noticia se dio porque la aeronave tuvo que hacer un vuelo rasante.  “El problema que tiene la fiscalía acá es que tiene un delay. Esa noticia que nos mostró no corresponde al día 30, el hecho ocurrió el día 29. Y esto surge no porque nosotros hiciéramos ninguna pesquisa. Fue publicada por La Nación”, señaló Beraldi. Aquel 30 de noviembre, Cristina estaba en Bariloche, provincia de Río Negro, en un acto oficial. Donde estuvo toda la tarde. Con esa simple corrección el abogado hizo caer la tesis del fiscal.

“La fiscalía dice que el 30 de noviembre Cristina Fernández de Kirchner iba en el avión presidencial a Santa Cruz. ¿Cómo lo pruebo? Porque voló en el avión. La noticia que mostraron tiene delay de 24 horas. Se le cae la trama. Los deja en una posición vergonzosa. De esto no se vuelve”, añadió Berraldi.

Cristina se hizo eco de este pasaje del alegato y lo tuiteó: “Beraldi -tal cual se los adelanté ayer- demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls”, acotó la vicepresidenta.

El abogado de Cristina también demostró que la fiscalía también dijo que se le pagaron 500 millones de pesos a Báez sobre el final del mandato de CFK: “El de los 500 millones es un hecho falso porque no le pagaron nada. La propia prueba que fue solicitada por la fiscalía y la que fue aportada por la DNV muestra que el 25 de noviembre de 2015 no se realizó ningún pago a las empresas de Báez. ¿De dónde sacó el fiscal que se le pagaron 500 millones?”, afirmó. “No se pagaron nunca. No lo inventamos nosotros ni lo fuimos a buscar a otro proceso. Los sacamos de esta causa y es la prueba que pidieron ellos”, agregó el letrado. Es decir, bastaba con leer bien el expediente.

“La historia contextual quedó fulminada. Todas las cosas que fueron diciéndose eran falsas. Que De Vido le había aumentado las partidas no tiene relación (con las obras en cuestión). Que la AGDP le pagó 500 millones de pesos (a Báez) es falso. Y si existía deuda (para con Báez), la misma prueba que aportaron ellos dice que sí”, concluyó el abogado.

“La verdad tarde o temprano, si uno la busca, sale a la luz”, agregó el abogado de Cristina. “Esta acusación calumniosa fracasó de una manera terminante”, concluyó.

Defraudación (de los fiscales)

Tras terminar de derribar la acusación de asociación ilícita contra CFK, el abogado se dedicó a desmoronar le imputación contra Cristina por defraudación publica.

“La acusación ha intentado construir un puente entre la asociación ilícita y la defraudación a través de lo que podríamos determinar como el móvil del delito”, explicó Beraldi. Como señaló el letrado, “la acusación ha hablado de que existió durante los años 2003 a 2015 una asignación fraudulenta de fondos hacia la provincia de Santa Cruz y que esa designación tuvo lugar en el marco de una asociación ilícita que integraban los expresidentes de la Nación,  varios de sus funcionarios y además el empresario amigo”. “Todo esto se justificaba porque ese empresario tenía relaciones comerciales con los expresidentes. Suena casi a ciencia ficción”, dijo el letrado defensor.

“Es decir, personas que trabajan en la política toda su vida cuando llegan al gobierno nacional construyen una asociación ilícita para robar plata y la quieren robar en Santa Cruz y de la manera más torpe que es enviando plata para hacer obras que no se hacían. Un suicidio político”, razonó Beraldi para demostrar lo absurdo de la acusación.

Todo este entramado delictivo se daba por hecho porque se probaba que Báez y la familia Kirchner habían tenido distintas operaciones comerciales. Beraldi se dedicó a analizar esas operaciones que eran operaciones inmobiliarias, préstamos de dinero y el alquiler de propiedades. En este juicio se agregó el pago de un servicio a CFK en una propiedad que le adjudicaron a su nombre en Puerto Madero, cuando no tiene ninguna propiedad allí.  “La verdad, otra vez, no se entiende como alguien puede construir en una esfera judicial semejante disparate”, señaló Beraldi.

“Decir que las operaciones comerciales son un retorno es realmente demencial”, consideró el letrado defensor. Luego analizó punto por punto cada una de las operaciones cuestionadas.

Por ejemplo, la Operación número 1 es un fideicomiso inmobiliario. “Esta es una operación entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones que significaba la construcción de 10 departamentos”, contó Beraldi. Y dijo que eso ya fue denunciado por dirigentes opositores cuando Néstor estaba vivo. Entonces, Kirchner se presentó a dar explicaciones en la Justicia “como hacemos siempre nosotros”, indicó Beraldi. “Era una operación comercial licita. ¿Qué pasó? La denuncia fue desestimada” y la Justicia “luego dictó el sobreseimiento Néstor y Crisitna Kirchner”. “¿Esto no lo vieron los fiscales? Está en la causa también. Esta sobreseído. ¿Por qué me traen un hecho sobreseído?”, interrogó Beraldi. Se trata de una “opeación regular, instrumentada con escrituras públicas, no es secreta, está en todos los registros y fue sobreseída”, agregó.

La Operación número 2 era “una permuta inmobiliaria que se realizó en 2007 y se da exactamente lo mismo”, dijo el abogado Ya fue analizada por la Justicia y es cosa juzgada.

Y así continuó con más de una decenas de operaciones mencionadas por los fiscales.

• Supuestas irregularidades en Santa Cruz

Luego abordó las supuestas irregularidades advertidas en Santa Cruz, donde en teoría se llevó adelante el delito. “Si hay discusión sobre cómo se desarrollaron los procesos de licitación, ejecución y pago de obras viales (en Santa Cruz), lo que primero salta a la vista es que no existe ninguna posibilidad de vincular eso a la competencia de algún presidente”, indicó Beraldi. Basta ver la estructura del Estado y el nivel de distancia entre la presidenta de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal para llegar a esa conclusión.

Sobre el tema se expresaron diversos testigos a lo largo del juicio. Uno de ellos fue el actual Presdiente y exjefe de Gabinete, Alberto Fernández: “Ni el presidente ni el jefe de gabinete tiene intervención directa en temas licitatorios”. Respecto a la obra pública vial en Santa Cruz dijo que “en la inmensa mayoría de las veces lo licita la provincia.”

Los técnicos de Vialidad explicaron incluso cómo funcionan las obras por convenio con la provincia. Uno de ellos fue Justo Pastor Romero, uno de los ingenieros de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que hizo Javier Iguacel y que dio inicio a esta causa. Romero había demolido la acusación en diciembre pasado. ¿Qué dijo respecto a este tema? Que las obras por convenio “están delegadas a vialidad provincial, que es quien licita, quien proyecta, contrata, quien adjudica y quien controla la ejecución de los trabajos. Esta tarea recae en Validad provincial pero debiendo informar al organismo que es vialidad nacional”, precisó.

Berladi dijo que como esto es contundente, la fiscalía entonces en el alegato cambió los hechos y pasó a decir que con esta metodología se buscaba diluir responsabilidades. Pero “en el juicio (la fiscalía) dice exactamente lo contrario. Por eso hicimos este trabajo de mostrar cuál es la acusación, cómo la dice la fiscalía y mostrar la prueba”, explicó Beraldi.

De vuelta, la defensa volvió a dejar en ridículo a la fiscalía. Mostró pasajes del juicio donde se dice que hubo obras por convenio en todas las provincias. Pastor Romero dijo, por ejemplo, que entre 2003-2015 se contrataron 903 obras por convenio en todo el país. “Algunas provincias como Buenos Aires tenía 223 de esas 903 obras”. Dijo que Córdoba estaban en torno a las 100. Y que Santa Cruz aparecía en un tercer orden junto con Entre Ríos y Bahía Blanca. La fiscalía haía dicho que Buenos Aires solo tenía 8 obras por convenio y Córdoba 25. “Cifras, prácticas e historias refutan de manera terminante lo que dijo la acusación respecto a que hubo un plan para diluir responsabilidades”, sostuvo Beraldi.

A su vez, Beraldi añadió que “consultados en el juicio ninguno de los testigos dijo haber recibido órdenes para hacer algo ilegítimo o dejar de hacer algo legítimo”. Y pasó, una vez más, los videos con los testimonios.

• La concentración de las obras, algo habitual

En otro pasaje derribó la acusación que cuestionaba la concentración de la obra vial en santa cruz en un solo grupo empresario. Demostró que eso era lo común en diversas provincias. En el juicio quedó claro por la declaración de los testigos que esto era por las ventajas comparativas de las firmas locales. Beraldi recordó este martes lo que dijo el empresario de la construcción y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaetrra, en el juicio: “Por supuesto, “las empresas locales) tienen muchas ventajas comparativas. La logística, hay cuestiones de transportes, tener el obrador, los equipos, los mecanismo, los proveedores, muchas cosas que benefician la localía”. También pasó el testimonio de Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

“Pero como quedó descartada en el juicio sumaron más cosas. Y apareció otra vez esa vieja leyenda de que Báez se había apoderado ilegítimamente de otras empresas”, contó Beraldi. Otra vez se desarticuló esa acusación. Prestaron testimonio en el juicio los vendedores de esas empresas. “Nos fueron explicando de una manera muy clara de que todo esto era falso”, dijo Beraldi. Se repasó este martes los testimonios de José Luis Delcurto, Héctor Costilla y Sandra Biancalani

“En el alegato dicen (los fiscales) que fueron obligados a vender por el aparato estatal. ¿De dónde surge que hubiese habido una acción por parte de los poderes públicos para que vendan? En ningún lado. Pero igual se sostiene en la acusación”, criticó Beraldi.

A medida que cada acusación fracasa, se agregaron nuevas. “Ahora ya no era solamente Báez sino que todos los empresarios que participaron de los procesos licitatorios eran cómplices”, mencionó Beraldi. “Si fuese así lo tendrían que haber dicho cuando empezó el juicio. Pero lo ponen”, se quejó el abogado defensor, quien recordó que esa parte había pedido un análisis de toda la obra pública y le fue rechazado el planteo.

El proceso real y el ficticio de los medios

En otro pasaje se mostró lo que dijo Alejandro Nieva de la Auditoría General de la Nación (AGN) en los medios y se contrastó con lo que dijo en el juicio. “No es el hermano, es el mismo Alejandro Nieva”, adelantó Beraldi. Es que en el juicio dijo: “No, no hemos hecho advertencias sobre el presupuesto”. Y  dijo tener “un concepto formado por noticias periodísticas pero no me parece que lo deba decir aquí”. En los medios había hablado de corrupción y sobreprecios.

Por eso, Beraldi enfatizó: “Hay un señor que está en la AGN, va a un programa periodístico y dice corrupción, sobreprecios y Báez”. Viene al juicio y dice que su idea se la formó por noticias periodísticas. Esto es la muestra más patente de lo que es este proceso judicial. Hay un proceso judicial real que llevamos acá y otro ficticio que se lleva afuera de los tribunales”, aseguró. “Es terrible, impactante, ver esto”, consideró.

Un perito parcial

En lo que fue el último bloque temático, se abordó la cuestión de los sobreprecios. Beraldi se quejó de que no se investigó como correspondía, es decir, que la fiscalía no solicitó ningún estudio pericial destinado a determinar uno de los ejes centrales de la acusación. Recordó que quienes lo pidieron fueron las defensas y se lo rechazaron.

“Solo se peritaron 5 casos (de 51). No era una muestra representativa”, cuestionó. “Más grave aún fue la selección del perito oficial”, añadió. La referencia fue a la designación del perito Eloy Bona, a quien se acusó de falta de imparcialidad. Tuiteaba en contra de CFK.

“No nos hacían la pericia, después nos la limitaron con una muestra de lo que pedía la fiscalía y cuando llega el perito, no satisface ni remotamente el criterio de imparcialidad”, añadió.

¿Cómo se desarrolló la pericia? Como era esperable. Ary Llernovoy, el letrado que acompañó a Beraldi en el juicio, precisó que Bona cometió “errores groseros” producto de “su falta de objetividad”. Bona “comparó peras con manzanas. Comparó contratos CREMA con contratos de obra nueva”, así los análisis de los contratos que había obtenido Báez fueron muy errados. Pero a Bona le sirvió para concluir que hubo sobreprecios. Para comprender la diferencia entre ambos contratos, se citó a Calcaterra, quien explicó que unos contratos son “para una obra pública nueva donde se tiene que calificar ingeniería y hacer de cero un proyecto y otro es reparar y mantener sobre una traza ya existente. Son equipos distintos, la ingeniería es distinta”.

Pero eso no es todo. El informe del ingeniero Panizza, que es el perito de la fiscalía, también estuvo repleto de errores, según señaló Llernovoy. ¿Qué hizo Panizza, cuyo trabajao fue catalagoado como “brillante” por la fiscalía? “Comparó la obra materia de pericia con valores de la revista El Constructor, precisó Llernovoy. “En rigor de verdad hizo todo mal. Hizo una comparación arbitraria a ciegas porque la revista El Constructor no detalla los materiales utilizados para la construcción de cada item de obra”, indicó el abogado defensor. El testigo Marcelo Ramirez, técnico de YPF había dicho en el juicio que hacer la comparación esa publicacón “no es técnicamente lógico”.

https://www.eldestapeweb.com/politica/persecucion-judicial/lawfare-recargado-la-corte-suprema-empuja-una-condena-de-cristina-para-la-campana-electoral-202262122260

Así, Bona y Panizza contemplaron valores que diferían mucho entre sí. No obstante, en sus informes sugestivamente llegaron al mismo resultado. “La fiscalía idce que sobre estos informes estableció que hubo sobreprecios”, cuestionó Llernovoy. La perito de parte Adriana Alperovich llegó a un resultado diferente. Para ella no hubo sobreprecios. Fue duramente ataada por la fiscalía.

Por eso Beraldi adelantó que pedirá “un desagravio para la ingeniera Alperovich. Se la ha desconsiderado de una manera que no se merece. Si en este juicio oral y público interviniera el Colegio de Ingeniero no tengo dudas que de oficio debería abrir una investigación para determinar cómo puede ser que dos de sus miembros como Panizza y Bona pudieron efectuar conclusiones de estas características que se alejan de manera absoluta de las reglas que rigen esa profesión”.

El cruce con Luciani y la falta de objetividad del fiscal

Beraldi siguió haciendo docencia a lo largo de su alegato. Y sobre el final, criticó “la falta de objetividad de la fiscalía”, que consideró “alarmante”.

Criticó “cómo se intentó desacreditar a testigos y peritos haciéndole preguntas que no se como se pueden concebir dentro del estado de Derecho”. ¿Qué había preguntado Luciani? “¿Cuál es tu ideología?” cuando intentó desacreditar a Alperovich. A un testigo también lo interrogó si formaba parte alguna agrupación polícita. “Hay límites que no debemos propasarlos”, fustigó.

En ese momento, Luciani encendió el micrófono y contestó: “Ttiene que ver con la credibilidad del testimonio”. Beraldi no lo dejó pasar: “Me genera mucha indignación. Qué importan qué piensan. Cómo se puede introducir a un juicio en que se analizan responsabilidades penales este tipo de cuestionamientos”, dijo, cuando además no se contemplaron cuando declaraban dirigentes de la oposición como Mariana Zuvic.

El viernes cierra CFK

La última jornada del alegato de Cristina será este viernes y la vicepresidenta tomará la palabra. Beraldi adelantó que hará una presentación para que CFK asuma como abogada defensora junto con él en el desarrollo de este juicio.