Caso de la Obra Pública Vial: las falencias del fiscal en su acusación contra CFK

En una gran puesta en escena mediática, el fiscal Diego Luciani activó este lunes la avanzada judicial contra Cristina Fernández de Kirchner de cara a la campaña electoral al abrir la primera de las –al menos- nueve audiencias en que desarrollará su alegato en el juicio de la Obra Pública Vial en Santa Cruz.

“Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, sostuvo Luciani, replicando una vez más la mecánica jurídica con la que se involucra a CFK sin pruebas en causas judiciales. Parece una oración extraída de una acusación sostenida por el difunto juez Claudio Bonadío.

La estructura de la acusación parece una réplica de la que se hizo en la causa de las Fotocopias de los Cuadernos o en alguna de sus derivadas pero aplicada a Santa Cruz: “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, afirmó el fiscal Luciani y dio por sentado que pedirá que se condene a la actual vicepresidenta de la Nación en este caso. Se descuenta que pedirá la inhabilitación para ejercer cargos públicos en lo que podría transformarse en un intento de proscripción de CFK -quien se conectó para escuchar el alegato-. Ya lo dijo CFK: a su entender la sentencia en su contra ya está escrita y hasta firmada por el tribunal que la juzga.

Durante su extensa primera exposición de este lunes, Luciani -con despacho en Comodoro Py- habló para la tribuna mediática. Repitió las acusaciones iniciales de esta causa que se abrió por una denuncia del macrista Javier Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. Se trata de una pesquisa que no tiene pruebas que compliquen a la expresidenta.

La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. ¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. CFK pidió a través de sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que se peritaran las 51 obras cuestionadas pero hasta la Corte rechazó ese planteo. Solo se peritaron 5 por decisión de la Justicia. Este lunes, Luciani dijo que él analizó las 51 obras en cuestión. ¿Por qué no insistió en el pedido de peritaje? El fiscal es parte interesada y no perito. De hecho si no acusa, este caso se cae ya que no tiene querellantes.

Las inconsistencias de la acusación

A continuación, El Destape desarrolla los puntos salientes del inicio del alegato del fiscal Luciani y las falencias de sus afirmaciones:

• El fiscal dijo que analizó las 51 obras que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz cuando solo se peritaron 5. CFK había pedido se peritaran todas las obras y la Corte rechazó ese pedido. ¿Con esa decisión, los supremos le allanaron el camino a Luciani para que haga su propia interpretación de las obras?  ¿Por qué el fiscal no insistió para que se realizara el peritaje de todas las obras?

El fiscal dijo este lunes que analizó las 51 obras que le adjudicaron a Báez y son objeto de este juicio aunque solo se peritaron 5. El fiscal Mola, que acompaña a Luciani y también tomó la palabra este lunes, indicó que en la audiencia de este martes (hay 3 audiencias por semana en este juicio) analizará cada una de las obras. La decisión parece una forma de buscar algún elemento inculpatorio en un juicio donde faltan pruebas que comprometan a los acusados y sobre todo a CFK.

Durante su primera exposición, Luciani sostuvo que las licitaciones de las obras que se le adjudicaron a Báez fueron ficticias y que hubo direccionamiento y cartelización. Mencionó por ejemplo a otras empresas nacionales como Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y Petersen, de la familia Eskenazi. El fiscal dijo que simularon presentar ofertas a sabiendas de que no serían seleccionados, es decir, habrían sido parte del delito denunciado. Pero nunca fueron imputados. Es más, Wagner y Eskenazi habían sido pedidos como testigos.

• Luciani se refirió a las obras de Báez que no se terminaron, algo que fue abordado y explicado por varios testigos: desde quienes armaron el informe que el macrismo utilizó para armar la denuncia al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, quien explicó cómo son los tiempos que se manejan en la obra pública.

Luciani hizo énfasis en que buena parte de las obras no se terminaron en el tiempo establecido, algo que según quedó claro en el juicio por las declaraciones de diversos testigos ocurre en todo el país. Una de las razones es por la dinámica que tiene este tipo de obras. A eso se suma que en diciembre de 2015 el macrismo dejó de pagar todas las obras lo que derivó en la paralización de la construcción en gran parte del país.

El fiscal insistió en esas cuestiones que ya fueron abordadas en el debate y rechazadas: “De las 51 obra solo 3 fueron entregadas en tiempo y forma pero ninguna fue obra vial”, afirmó. Dijo que fueron “remediación de cantera” o “trabajos muy simples”. “Solo 27 de esas 51 fueron culminadas. De esas 27, 24 tuvieron demoras severas. En algunas cosas las demoras superaron cualquier límite inimaginable. Más de 10 años, obras que debían hacerse en 2 o 3 años”, indicó el fiscal pero no en base a un peritaje, que fue solicitado por la propia CFK, sino según su interpretación. En esa línea, continuó: “Lo peor –agregó Luciani- es que 24 obras adjudicadas al Grupo Baez fueron abandonadas, quedaron inconclusas”. Y añadió: “En 50 de las 51 obras hubo ampliación de presupuesto por redeterminaciones de precios”. También dijo que se hicieron numerosas modificaciones de obra pero sin comparar lo que ocurrió con otras constructoras y otras provincias.

Pero los testigos ya derribaron esta acusación a lo largo del debate. Los empresarios que declararon a lo largo de este juicio se refirieron a lo común de los atrasos. Por ejemplo, el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, dijo que la redeterminación de precios es normal, habitual, y no sirve para generar sobreprecios. Por el contrario, perjudica al contratista porque el índice que se toma para las redeterminaciones –surge de una fórmula- nunca refleja el precio real. "Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios. Es ir ajustando los precios a la realidad", indicó el empresario. También señaló que es habitual la ampliación de los plazos de obras. "Hay millones de variantes por las cuales se extienden los plazos de las obras. Y es muy normal. No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado", añadió.

A esto se agregan las problemáticas de algunas de las obras en cuestión. Por ejemplo, desde el entorno de Báez explicaron que hubo demoras en algunas trazas porque tras la licitación y la adjudicación de determinadas obras, la empresa de Báez se topó con que en los campos donde debía construir pertenecían a particulares y tuvo que esperar a que se resuelvan los juicios de expropiación. “El fiscal no dijo nada de eso”, indicaron a este medio desde el entorno del empresario. En casos como estos se evidencia la falta de peritajes.

A esto se suma el testimonio del ingeniero Justo Pastor Romero, que fue quien realizó la auditoría de la que se tomó el macrismo para impulsar la denuncia. Pastor Romero fue convocado como testigo en el juicio de Vialidad y aseguró que no hubo sobreprecios en los proyectos que analizó, que jamás consideró que el trabajo que hizo para Vialidad iba a ser usado para una acusación penal y que un informe televisivo que emitió el programa Periodismo para Todos contenía información incorrecta. Fue tal el impacto de su declaración que brindó a fines de 2020 –duró casi 7 horas- que hasta hubo pedidos de extracción de testimonio para que se investigue a Iguacel por la probable comisión de delitos. Ante la contundencia del relato, Luciani acusó a las defensas de preparar al testigo, lo que terminó en un fuerte cruce con los abogados. 

“De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, afirmó el ingeniero Pastor Romero sobre la auditoría que realizó en Santa Cruz a pedido del macrismo apenas Mauricio Macri llegó al Gobierno. “Yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de Vialidad de ese entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel a partir de nuestro informe de auditoría”, agregó quien integra la Auditoria de Ejecución y Gestión de Obras Públicas en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

• ¿Abandono o neutralización por falta de pago?

“Lázaro Báez insólitamente decidió abandonar todos y cada uno de los trabajos pendientes. Dejó las obras que tenía a su cargo. Se trató de una decisión empresarial irresponsable. Nos preguntamos cuándo se vio que un empresario abandonara sus contratos por la mera circunstancia de un cambio de gobierno”, sostuvo Luciani este lunes.

Un dato a resaltar que es que las obras viales no se pagan por adelantado sino por certificados de obra, es decir, por lo efectivamente hecho. Los abogados defensores consultados para esta nota señalaron que lo que fiscal llama "abandono" es una “neutralización de obra” que se aplica cuando se dejan de pagar los trabajos que realiza la empresa.

“Si el Estado no paga se neutraliza la obra. No se ejecuta más. Y las obras se neutralizaron porque la Dirección de Vialidad a cargo de Iguacel dejó de pagar. A eso se sumó que entre noviembre y diciembre de 2015, el juez Sebastián Casanello allanó y secuestró las empresas de Báez que no pudieron funcionar más con normalidad”, explicaron desde el entorno de Báez. Y añadieron: “¿Para qué va a abandonar una obra si el contrato ya fue adjudicado?”.

Luciani dijo que esa explicación es falsa por un chat que encontró en el celular del exsecretario de Obras Públicas, José López: “En el juicio se intentó explicar que el nuevo gobierno dejó de pagar las obras en Santa Cruz. Señores jueces, eso es una mentira. Hubo un plan de abandono que fue trazado por las máximas autoridades”, agregó. Luciani dijo que analizó “26 mil mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”. Entonces mostró mensajes del celular de López, el exfuncionario que fue interceptado dejando un bolso con millones de dólares en un convento donde se hacían referencias al encuentro de la “señora” con Báez que por sí solos no parecen indicar ninguna prueba contundente de absolutamente ningún delito. En esa línea, nunca se investigó el origen del dinero que tenía López, que podría comprometer a la familia Macri –vía Iecsa (hoy Sacde)- por el pago de coimas junto con Odebrecht en la obra del Soterramiento al Ferrocarril Sarmiento.

• Luciani adelantó que hubo obras que no fueron votadas por el Congreso Nacional en las leyes de presupuesto.

“Eso es mentira. Están en el presupuesto nacional y el de la provincia de Santa Cruz”, respondieron desde las defensas ante la consulta de El Destape.

• El fiscal se apoyó en la conocida y pública relación de Néstor Kirchner con Lázaro Báez para intentar darle volumen a su acusación.

Para el fiscal Luciani, un elemento clave es que Báez fue amigo de Néstor Kirchner, algo que era público. “Néstor Kirchner y Báez eran amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que está acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez. Y el propio presidente Alberto Fernández declaró que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”, dijo el fiscal este lunes. También dijo que Austral Construcciones se creó en 2003 cuando se “sabía” que Kirchner asumiría la presidencia de la Nación. Pero esto es incorrecto. “El trámite de inscripción de Austral Construcciones es de 2002”, dijeron desde el entorno de Báez. “En IGJ se dio la personaría en 2003. Lo que dijo el fiscal no tiene nada que ver con  la realidad”, añadieron.

• Luciani también cuestionó el alegato de la UIF. No es para menos: el organismo expuso la falta de pruebas de la acusación.

Los alegatos del caso Vialidad comenzaron el 11 de julio pasado con la exposición de la Unidad de Información Financiera. Los abogados del organismo pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura. Por tal motivo, Luciani decidió cuestionar a la UIF este lunes.

Luciani aseguró que el alegato de la UIF fue “temerario, poco serio e irresponsable” porque “tergiversaron de manera grosera el sentido de la prueba”.

La exposición de la fiscalía se extenderá por lo menos 8 audiencias más. Incluso, Luciani adelantó que quizás requiera que se amplíe ese tiempo.

Cuando la fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas. La primera en alegar será la de Báez. La de CFK está ubicada en el sexto lugar.

Lawfare al palo: la oposición apoyó a Luciani

Como era de esperar, la oposición se hizo eco de esta ponencia de Luciani.

“Gracias a todo el equipo de @ccari_ok, en especial a su jefa de investigación @pau_oliveto porque investigaron desde el año 2004 y concretamos la denuncia en el año 2008. La perseverancia es invencible”, escribió la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, en sus redes sociales.

El diputado del PRO y denunciante de periodistas, Waldo Wolff, citó una parte del alegato del fiscal y festejó su ponencia. Por su parte, el diputado Ricardo López Murphy, escribió: ”Mis respetos al coraje del Fiscal Luciani que ha decidido enfrentarse a la mafia kirchnerista, por la justicia y por la Patria”.

El exsecretario de Derechos Humanos del macrismo, Claudio Avruj, tuiteó: “Finalmente se corre el telón y se confirma lo que sabíamos: no hay lawfare, sino hechos probados, y no hubo persecución mediática ni política”. “Nace un nuevo tiempo en Argentina”, añadió.

Hasta la extitular de la Oficina Anticorrupción durante el macrismo, Laura “técnicamente no es delito” Alonso, se hizo eco del alegato: “Al fin todos pueden escuchar lo que vimos y probamos de la corrupción de los Kirchner y Báez por doce años. Al fin. Todo llega. Todo”.

No parece azaroso que la oposición haya reaccionado de esta manera ante la exposición del fiscal. Más bien se trata de la otra cara de la misma moneda del Lawfare.