Juicio de la Obra pública vial: rechazaron como prueba libros de Lanata, Majul y Wiñazki

En el juicio de la obra pública vial en Santa Cruz, el TOF 2 descartó el último lunes que libros de periodistas con un feroz sesgo antikirchnerista como Jorge Lanata, Luis Majul, Nicolás y Miguel Wiñazki, Hugo Alconada Mon y Luis Gasulla sean tenidos como prueba en este debate oral que tiene en el banquillo de los acusados a CFK.

Los textos que se intentaron incluir como prueba revelan el perfil de la acusación que se le busca dar al debate. También fueron descartadas emisiones de programas de televisión como PPT e informes elaborados por Elisa Carrió. Los medios de comunicación hegemónicos a los que pertenecen los mentados periodistas son uno de los pilares del Lawfare y no sorprende que se haya buscado legitimar sus operaciones en un proceso judicial contra la actual vicepresidenta. El de Vialidad es un caso paradigmático de persecución.

Al momento de ofrecer prueba, es decir antes del inicio del juicio, la Oficina Anticorrupción y la UIF macristas, comandados por Laura Alonso y Mariano Federici respectivamente, pidieron incorporar como prueba en el juicio los siguientes libros, lo que evidencia el perfil del proceso:

• "Fueron por todo. Historia secreta de la Argentina K", de Nicolás Wiñazki.
• "El negocio político de la obra pública", de Luis Gasulla.
• "La dueña", escritos por Miguel y Nicolas Wiñazki.
• "10K - La década robada”, de Jorge Lanata.
• "El dueño", de Luis Majul.
• Y "La piñata", de Hugo Alconada Mon.

Ninguno de sus autores fue citado como testigo.

La OA al mando de Laura Alonso también había pedido el registro de dos emisiones del programa televisivo “Periodismo para Todos” conducido por Lanata: el emitido el 28 de abril de 2013 y el del 6 de noviembre de 2016. Otro elemento que se pidió para tener como prueba fue el informe “El obrador abandonado de Lázaro Báez” que presentó “Telenoche” el 26 de marzo del año 2016. Tanto PPT como Telenoche son programas del Grupo Clarín.

Como si hiciera falta otra prueba del perfil antikirchnerista de los acusadores de este juicio también se reclamó incluir como elemento probatorio un extracto del informe “El estado del Estado. Diagnóstico de la administración pública en diciembre de 2015, Presidencia de la Nación”, que elaboró el macrismo cuando llegó al Gobierno para perseguir al kirchnerismo. Ese trabajo fue remitido al TOF 2 por la fiscalía a cargo del procesado Carlos Stornelli.

Entre los 236 puntos que el TOF 2 comunicó el 31 de mayo pasado que se iban a incorporar como prueba –luego las defensas presentaron oposiciones y lograron el descarte de algunos puntos- aparece un informe titulado “La distribución de la obra pública – Clientelismo o Política de Estado – 2ª parte”, redactado por Fabiana Ríos y Adrián Pérez bajo la coordinación de Elisa Carrió y la dirección de la diputada Paula Oliveto. Las últimas dos no solo son acérrimos anticristinistas sino que además mantenían relación con el espía ilegal Marcelo D’Alessio y quedaron involucradas en el escándalo del D’Alessiogate.

El 13 de junio pasado, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, señaló en un escrito que presentó ante el TOF 2: “Si se pretende valorar como ‘prueba’ los dichos de personas -en muchos casos, feroces adversarios políticos de nuestra defendida- reflejados en libros, informes o programas televisivos, lo que hubiera correspondido era que se las convocara al juicio para que declararan bajo juramento de decir verdad, ratificaran o rectificaran sus manifestaciones previas y, en su caso, dieran razón de sus dichos. Lo que de ninguna manera puede ocurrir es que bajo la máscara de una supuesta prueba documental que no se puede controlar se hagan aparecer como ‘evidencias’ meras opiniones o juicios de valor formulados por fuera de los carriles legalmente establecidos”.

En esa línea, Beraldi resaltó cómo se cayeron cual castillo de naipes muchos de los "datos" que se habían publicado en los medios de comunicación cuando quienes arremetían contra CFK declararon como testigos, es decir, bajo juramento de decir verdad en el juicio: “No es ocioso traer a consideración la propia experiencia recogida en el marco del presente debate, en el cual personas que supuestamente habían elaborado profusos informes de auditoría y fijaron posiciones en los medios de comunicación, al comparecer al juicio se desdijeron y reconocieron no saber absolutamente nada sobre los hechos debatidos”. Es que la inmensa mayoría de los testigos de este juicio derribaron la acusación a la hora de prestar declaración frente al TOF 2.

Ante la evidencia de que se estaba ante un escándalo en ciernes, este 27 de junio el TOF 2 decidió rechazar como prueba los libros de Lanata, Majul, Gasulla, los Wiñazki (padre e hijo) y Alconada Mon así como las emisiones televisivas de PPT y Telenoche, el informe del Estado del Estado y el coordinado por Carrió. 

“El carácter privado y desformalizado del modo en que se obtuvo la información allí contenida exige, por parte del órgano judicial, un natural y extremo contralor del elemento de la prueba que se introduce y que, en este supuesto, supondría la declaración juramentada y ampliamente controlada de cada una de las personas que intervinieron en las constancias identificadas (…), lo que en este caso no ha acontecido. Por esa razón, corresponde hacer lugar al planteo formulado por los Sres. Defensores y excluir del acervo probatorio aquellos elementos identificados en los puntos 128, 137, 152 y 210 del listado notificado el pasado 31 de mayo”, informó el TOF 2. Esos puntos nuclean los libros e informes mencionados.

La prueba “aceptada”

No obstante, este lunes el TOF 2 terminó por aceptar la mayoría de los 236 puntos que se habían ofrecido como prueba a ser incorporada al debate.

Entre los diversos puntos se encuentra el libro “El origen”, de la “lilita” y actual diputada nacional Mariana Zuvic. Respecto a este punto, Beraldi había señalado: “Entre la documentación que pretende ser incorporada al juicio por lectura existen diversas expresiones escritas efectuadas por personas que prestaron declaración en este juicio. Ahora bien, si las declaraciones testimoniales recibidas en la instrucción no pueden ser incorporadas al debate por lectura, bajo pena de nulidad, lo propio ocurre con cualquier otra manifestación escrita efectuada por testigos que declararon en el juicio”, como es el caso de Zuvic. “Lo único que el Tribunal puede valorar es lo que los testigos depusieron en forma oral y pública en la audiencia de debate, sobre cuyos dichos pudo efectuarse de manera efectiva el debido control por todas las partes”, resaltó el abogado de CFK. Pero el TOF 2 no hizo lugar al planteo de Beraldi en este punto.

Entre otras cosas también se aceptaron pasajes de la causa Fotocopias de los Cuadernos. Al respecto, la defensa de la actual vicepresidenta indicó: “En el marco de la audiencia de debate nuestra parte ya ha denunciado la absoluta ilegalidad de todo lo actuado en ese proceso (por Cuadernos) y, por ende, se opuso a que ingresara a este juicio cualquier constancia escrita obrante en dicho expediente”. Pero el TOF 2 también hizo oídos sordos a ese reclamo. Incorporó constancias de la causa Cuadernos que la fiscalía había revisado y solicitado. No se incluyeron los legajos de los arrepentidos –que había pedido la fiscalía-. Por tal motivo, muchos empresarios fueron citados a prestar declaración en este debate. Cada uno de los ejecutivos que declararon derribaron las acusación. Hasta el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, prestó testimonio en este juicio.

Entre otras medidas de prueba, la defensa de CFK había solicitado un peritaje a efectos de determinar detalladamente la asignación presupuestaria en el período 2003-2015. Esto es porque una de las acusaciones contra la expresidenta en este juicio es que direccionó partidas a Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez. El TOF no hizo lugar a ese reclamo y solamente pidió unos pocos datos a la Oficina Nacional de Presupuesto, que aportó un informe que no respondía ni remotamente a las cuestiones planteadas por los representantes legales de Cristina. CFK cuestionó por eso ante la Corte. Ese fue uno de los recursos que rechazó la Corte Suprema la semana pasada. Beraldi se había opuesto a que ese informe pedido por el tribunal ingresara al debate por lectura. Pero, con la legitimación de los supremos, el TOF 2 tampoco hizo lugar a ese planteo.

En su escrito ante el TOF 2 del 13 de junio, el abogado de CFK se quejó de que “recién en la última audiencia del juicio se puso a consideración de las partes un acta que enumera, a lo largo de 236 puntos, una infinidad de documentos, debiendo las partes manifestar nuestra conformidad o no con su incorporación por lectura al debate. Como ya se dijo, este procedimiento de carácter excepcional atenta contra los principios de oralidad, publicidad y contradicción que rigen la etapa de debate”. En esa sintonía objetó “que los elementos cuestionados sean incorporados por lectura al debate, pues tal proceder, a no dudarlo, habrá de desnaturalizar por completo el desarrollo de este juicio”.

Luego describió las irregularidades de este proceso: “Ya desde el inicio de la presente causa nuestra parte fue formulando serias objeciones con relación a la validez de los actos procesales que se fueron desarrollando, tanto en la instrucción como en la etapa oral. En lo que refiere específicamente a este segundo momento procesal, entre otras cosas pusimos de relieve que fue severamente restringido el ejercicio del derecho de defensa en juicio, al ser denegadas aproximadamente el ochenta por ciento de las pruebas propuestas por esta parte, al circunscribirse los estudios periciales a solo cinco de las cincuenta y una obras investigadas (seleccionadas a mérito de los criterios propuestos por los acusadores) y al permitirse actuar como perito a un ingeniero que claramente infringía el deber de objetividad requerido para el desarrollo de tal función.”

A pesar de esas limitaciones, Beraldí remarcó que “a lo largo de la audiencia de debate quedó debidamente demostrado que la acusación formulada en contra de nuestra asistida carece del más mínimo sustento fáctico, probatorio y jurídico. Concretamente, tras casi tres años de juicio oral, público y contradictorio, al que comparecieron casi cien testigos (en su mayoría a instancias de las partes acusadoras), se exhibieron decenas de documentos y se escuchó durante varias audiencias a los peritos contadores e ingenieros oportunamente designados, las insólitas imputaciones deducidas en contra de Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una supuesta asociación ilícita y direccionar fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz con el exclusivo propósito de beneficiar a un empresario, quedaron rebatidas, fuera de toda posible discusión. Es más, el nombre de Cristina Fernández de Kirchner prácticamente ni siquiera fue mencionado a lo largo de todo el debate”, recordó.

El desarrollo de este juicio evidencia que el caso de la Obra Pública Vial nació y se desarrolló al calor del calendario electoral. La causa se inició en enero de 2016, a instancia de una denuncia de Javier Iguacel. El requerimiento de elevación a juicio se firmó en 2017, año electoral, y en 2019, también año electoral, comenzó el juicio. Ahora se espera la sentencia para fines de este año o comienzo de 2023, en plena campaña electoral.

El caso y las irregularidades

La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia de Javier Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el TOF N° 2 y el fiscal Diego Luciani.

La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.

Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que dio inicio a la causa, demolió la acusación: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista cuando declaró como testigo. También dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal. La inmensa mayoría de los testigos que prestaron testimonio en esta causa se manifestaron de forma similar, derribando la acusación. 

¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”.

En el marco de este proceso, CFK hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión. Durante aquella ponencia, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio.

El veredicto de este caso se espera para fines de este año o comienzos de 2023, el año electoral. Según el cronograma, este 11 de julio comenzarán los alegatos.