La SIDE afina su relación con la Justicia: firmó un convenio para que los fiscales tengan línea directa con la agencia de inteligencia

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) afina su relación con la Justicia y firma con la Procuración General de la Nación un convenio para tener línea directa y periódica con los fiscales. Es una forma para que los servicios de inteligencia vuelvan a ser auxiliares de Justicia, algo que había disuelto el gobierno de Alberto Fernández, y hasta habilita el retorno de las “pre-causas” aunque con otro nombre.

Según pudo reconstruir El Destape, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y el procurador general interino, Eduardo Casal, firmaron el último jueves el Convenio Marco de Cooperación y Trabajo Interinstitucional al que definieron como “confidencial” por el cual concretaron la cooperación del Ministerio Público Fiscal (MPF) con la Secretaría de Inteligencia que había establecido el presidente Javier Milei en el DNU 614. Lo hicieron con una variante. En aquel decreto, Milei había solicitado al MPF “que adopte las medidas necesarias a los efectos de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar, en el ámbito de su competencia con la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) y sus órganos desconcentrados”. Casal no creó ninguna fiscalía especializada pero buscó la vía jurídica más idónea para darle el gusto al Presidente de volver a vincular a los servicios de inteligencia con la Justicia. Así, estableció que la exAFI mantenga comunicación directa, formal, con la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración, a cargo de la mano derecha de Casal, Juan Manuel Olima Espel. El Convenio Marco estableció las pautas que tendrá ese intercambio.

De acuerdo a lo que pudo determinar este medio, a través de distintas cláusulas, se estableció que se mantendrán reuniones entre la SIDE y lel MPF para darle curso a la cooperación entre ambos organismos. En esos encuentros se pondrá sobre la mesa la información que reúna el Sistema Nacional de Inteligencia que se considere pertinente para impulsar investigaciones criminales y se girará a fiscalías, procuradurías o unidades fiscales. Aquí hay un primer punto polémico. La información producida por operaciones de inteligencia no puede ser tenida como prueba judicial. Solo puede serlo si previamente esa operación fue ordenada por un juez. En lo rubricado por Neiffert y Casal el camino es el inverso. Pareciera ser el retorno de las “pre-causas”, utilizadas durante la Agencia Federal de Inteligencia macrista para perseguir opositores políticos.

También habrá reuniones entre integrantes de las SIDE y los titulares de las fiscalías, procuradurías o unidades fiscales que vayan a utilizar la información reunida por el sistema de inteligencia. Allí habrá una supervisión de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración. Toda la información que se ventile en esos encuentros será clasificada.

Un ejemplo que expone lo peligroso de esta decisión es el caso de la represión del 12 de junio cuando se trató la Ley Bases en el Senado. El fiscal Carlos Stornelli consideró que las 33 personas que fueron detenidas en esa jornada atentaron contra las instituciones democráticas y actuaron como terroristas, dos delitos que podrían dar pie a la intervención de la SIDE. De haber estado abierto el canal SIDE-MPF, los servicios de inteligencia podrían haber operado sobre las 33 personas apresadas y sus familiares. Vale recordar que esas personas arbitrariamente apresadas fueron liberadas y solo 5 fueron procesadas mientras que 28 recibieron la falta de mérito por parte de la jueza María Servini. Hasta se abrió una causa paralela para investigar si las fuerzas de seguridad no violaron los derechos humanos durante la represión que desataron el 12J.

De esta forma, los servicios de inteligencia vuelven a vincularse con el Poder Judicial. Y esto sucede a la par que también retornan otros vicios oscurantistas de las SIDE como el uso de fondos reservados.

La SIDE y el retorno de vicios oscurantistas

Esta relación entre la SIDE y el MPF fue habilitada por el DNU 614 que firmó Mieli y se publicó en el Boletín Oficial el pasado 16 de julio. Allí se disolvió la AFI y se creó la nueva SIDE, que se dividió en 4 áreas descentralizadas, que son casi un calco del organigrama que ya existía en la casa de los espías pero cuyo diseño revela una vez más la penosa idolatría que tiene el gobierno nacional con Estados Unidos. Las 4 áreas son:

• El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), que pretende ser una especie de CIA local. Está conducida por Alejandro Colombo, quien estuvo décadas en el servicio de Inteligencia. Entre otros cargos fue delegado de la SIDE en Madrid y en Roma.
• La Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que busca copiar a la NSA estadounidense y trae incluso el águila en su logo. A cargo de esta agencia quedó el comisario general retirado de la Policía Federal, Pablo Cecati, quien fue el jefe de la custodia presidencial durante el gobierno de Macri.
• La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). La comanda Ariel Waissbein, matemático que trabaja en seguridad de la información.
• La división de Asuntos Internos (DAI).

Los cambios establecidos en el DNU 614 y disfrazados como de “avanzada” implican la reposición de viejas prácticas como la utilización de fondos discrecionales, el vínculo de los servicios con los tribunales –puede ser el retorno de la relación con Comodoro Py-, el regreso de agentes que habían dejado “La Casa” así como mayores márgenes de discrecionalidad para tan delicada área.

En el marco de ese Decreto de Necesidad y Urgencia, en el artículo 28, se estableció la cooperación entre la SIDE y el MPF a través de la creación de una fiscalía especializada en Inteligencia. Luego, como informó El Destape el 20 de julio pasado, Casal firmó una resolución en la que respondió a la requisitoria de Milei: no creó ninguna fiscalía especializada en Inteligencia pero estableció que haya una cooperación institucional de la procuración con la SIDE, que dejó en manos de Olima Espel, quien se encarga -tal como se explica en la página del MPF- de las “relaciones institucionales que le competen al Ministerio Público Fiscal". Este jueves se firmó el convenio que establece cómo se dará esa cooperación.

Esta relación SIDE-MPF entra en juego con la decisión, también explicitada en el mentado DNU 614, de incorporar a la Ley de Inteligencia Nacional (Ley N° 25.520) un “artículo 4° bis” que establece que “cuando en el marco de sus actividades los órganos u organismos de inteligencia obtengan información que resulte de interés para las investigaciones judiciales o criminales y/o se detecten líneas de investigación nuevas a partir de las existentes podrán informar la misma a los órganos competentes, preservando las fuentes y los métodos, absteniéndose de desarrollar tareas de investigación criminal o judicial”. La preservación de “fuentes” y “métodos” invita a que retornen los anónimos para armar causas, un procedimiento que la AFI macrista utilizó en diversos expedientes de persecución como fueron los casos “Gestapo antisindical” y “Operación Puf”, por citar solo algunos ejemplos. Lo que deja a la vista los peligros que estas decisiones conllevan.