El procurador general interino, Eduardo Casal, rechazó la solicitud del presidente Javier Milei de “crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar” con la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pero estableció un vínculo institucional con la agencia a través de un funcionario de su confianza.
En una resolución de cuatro páginas, a la que accedió El Destape, el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) le señaló al Ejecutivo que es el procurador el encargado de “fijar la política general de la Institución” y que además, la procuración ya cuenta con diversas unidades fiscales específicas y procuradurías para los temas que aborda la agencia de inteligencia y sus organismos descentralizados. No obstante, Casal decidió que la ya existente Secretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Juan Manuel Olima Espel, mantenga un vínculo con la SIDE. Así, formalizó la relación de la Procuración con los servicios de inteligencia. El MPF no tiene que colaborar con los servicios sino al revés y si un juez lo ordenara. A esto se agrega que si la intención del Presidente es crear una fiscalía (no una unidad fiscal ni una procuraduría) debe hacerse por ley.
En el DNU 614/2024 publicado el 16 de julio pasado en el Boletín Oficial, en el que se creó la nueva agencia de inteligencia, Milei solicitó al MPF “que adopte las medidas necesarias a los efectos de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar, en el ámbito de su competencia, con la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) y sus órganos desconcentrados”. Fue una orden del Poder Ejecutivo a otro poder del Estado. Un planteo descabellado. La función de una fiscalía no es ser soporte de una dependencia del Poder Ejecutivo como es la SIDE. “Milei crea ese artículo para meterse dentro del MPF, subordinándolo a cooperar con el Poder Ejecutivo. Una directa intromisión en las funciones de los fiscales”, interpretan distintos fiscales.
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El pasado jueves, Casal, que es el procurador interino desde finales de 2017, respondió a la requisitoria de Milei. No creó ninguna fiscalía especializada en la materia. Pero estableció que haya una cooperación institucional de la procuración con la agencia de inteligencia; que estará a cargo de Olima Espel, quien se encarga -tal como se explica en la página del MPF- de las “relaciones institucionales que le competen al Ministerio Público Fiscal, tanto en su ámbito interno como externo”. De esta forma, busca contener la demanda del Ejecutivo pero dando un paso adelante en el sentido que pretende el Presidente de vincular al MPF con la SIDE.
Casal le contestó a Milei que “el Ministerio Público Fiscal de la Nación es un organismo que ejerce sus funciones con autonomía funcional”. Acto seguido, le señaló al Presidente que no es potestad del Poder Ejecutivo crear fiscalías. “Entre las atribuciones del Procurador General de la Nación se encuentran las de diseñar y fijar la política general de la Institución y, en particular, la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública, crear procuradurías y unidades especializadas y poner en funcionamiento las direcciones generales para apoyar y fortalecer la labor investigativa de los fiscales”, sostuvo quien reemplazó a Alejandra Gils Carbo, que dejó su cargo muy presionada por el macrismo. Durante la gestión de Gils Carbó nunca existió un vínculo institucional con la SIDE/AFI. Solo un juez puede ordenar que se haga inteligencia en un caso.
El Procurador también resaltó que el MPF ya tiene diversas unidades fiscales y procuradurías para abordar las problemáticas vinculadas al mundo de la inteligencia por lo que carece de sentido crear una fiscalía especializada en inteligencia, como pretende el Presidente. Destacó la existencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Procuraduría de Violencia Institucional y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad así como de las unidades fiscales especializadas en Criminalidad Organizada (UFECO), en Ciberdelincuencia (UFECI), en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), la UFI-AMIA, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) y la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI).
Por eso, para Casal, la Secretaría de Cooperación Institucional a cargo de Olima Espel, que asesora al procurador y tiene la función de “generar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las relaciones institucionales, en el ámbito interno y externo”, es el órgano indicado para relacionarse con la SIDE. “Dentro de la Institución, esta dependencia fomenta y facilita la interconexión entre las fiscalías, procuradurías especializadas y unidades fiscales, entre sí (…). En cuanto a la dimensión externa, la Secretaría interviene en el establecimiento de vínculos de colaboración y cooperación con los demás poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos nacionales e internacionales (…)”, indicó, por lo que consideró que a través de este lazo administrativo e institucional se podría dar curso a lo pretendido por el Presidente. Esa Secretaría, sostuvo, “resulta un órgano idóneo para los fines esperados de acuerdo al decreto de mención”.
Así las cosas, Casal estableció que “a fin de resguardar el diseño organizacional de la Institución sustentado en la especialidad como mecanismo de abordaje probado frente al dinamismo y la complejidad de la criminalidad organizada nacional y trasnacional, y evitar la creación de nuevas estructuras que no atiendan a ese enfoque con menoscabo de la celeridad y decisión estratégica con la que deben enfrentarse esas modalidades delictivas, estimo pertinente poner a disposición de la Secretaría de Inteligencia de Estado un canal directo a través de la Secretaría de Coordinación Institucional que permitirá el cumplimiento de la finalidad que, en lo que aquí interesa, informa el DNU que motiva esta decisión, en tanto posibilitará el trabajo interinstitucional y de cooperación entre ambos organismos respetando el estricto ámbito de sus competencias”. Para el procurador “de esa manera será factible realizar un análisis estratégico, integral y eficiente respecto de la conveniencia de intervención de una u otra de las procuradurías o unidades fiscales especializadas ya existentes” según el caso. “Además –agregó-, evitará la generación de nuevas estructuras con los costos que implica”.
Tras establecer que la Secretaría de Coordinación Institucional, sea el órgano especializado para cooperar con la SIDE, Casal autorizó a Olima Espel “a que realice todas aquellas gestiones que estime conducentes para conformar los mecanismos interinstitucionales que resulten necesarios a esos fines”.
Fue una respuesta institucional del procurador interino a Milei. Casal bien podría haber rechazado cualquier tipo de vínculo con la SIDE, ya que no es función del MPF establecer ese tipo de relación. Pero decidió un punto intermedio. No creó ninguna unidad especial vinculada a la inteligencia como solicitó el Presidente pero sí dio curso a algún tipo de relación con la nueva SIDE. Esto abre un interrogante sobre cómo actuará esa secretaría de aquí en adelante. ¿Casal pondrá al MPF al servicio de la nueva SIDE?
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