La causa que investiga la violación de Derechos Humanos durante la represión del 12 de junio, cuando se votó la Ley Bases en el Congreso, avanza en los tribunales de Comodoro Py y compromete a quienes estuvieron al mando del operativo, que se convirtió en una “cacería humana”. Aquella jornada terminó con una treintena de detenciones ilegales y dos organismos de DD.HH se presentan en el expediente para que se haga Justicia.
Según pudo reconstruir El Destape, en las últimas horas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó en representación de 4 víctimas para ser tenido por querellante; la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ultima un informe solicitado por la Justicia con las pruebas que dan cuenta de la violencia desproporcionada con la que actuaron las fuerzas de seguridad; y los primeros testigos ya tienen fijada la fecha para prestar testimonio de lo que vivieron. Por su parte, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia también retomará los casos que tuvo bajo análisis por las tareas de inteligencia irregular que se cometieron en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Todo sucede a la par que quedó firme la condena contra quienes comandaron la represión de diciembre de 2001, en lo que se convirtió en un muy mal antecedente para quienes digitaron los operativos del 12J.
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El CELS pidió ser querellante: apunta al accionar represivo
Este lunes, el CELS se presentó ante la jueza María Servini, quien está cargo de la causa aunque delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, para que tenga por querellante a 4 víctimas de la represión del 12J: Stella Maris Chevallier, Mariano Dalaison, Juan Ignacio Spinetto y Gabriel Famulari. La denuncia es por “el accionar ilegal de la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad”, según informó el organismo de DDHH en un comunicado.
“Le pedimos a la jueza y al fiscal que investiguen el accionar represivo policial, hechos de lesiones, de privaciones ilegítimas de la libertad por detenciones arbitraras y violentas, también el delito de falsedad ideológica porque la policía falseó actas y documentos donde dijeron que Spinetto y Famulari cometieron delitos que no cometieron, también falso testimonio, vejaciones y, por último, abusos de autoridad porque todos los policías actuaron completamente por fuera de la ley y la Constitución Nacional”, explicó Agustina Lloret, coordinadora de Litigio del CELS, a El Destape. “Lo que queremos de esta causa es que se pueda investigar el accionar de la Policía y cómo eso conecta, concretamente, con la criminalización y la persecución de los manifestantes por el solo hecho de participar de una protesta social”, añadió la abogada.
Las cuatro víctimas que representa el CELS son:
- Stella Maris Chevallier. Es una jubilada de 77 años, que fue a manifestarse en contra de la Ley Bases en la zona del Congreso el 12 de junio y fue atacada sin ningún motivo por efectivos de la Prefectura que le gasearon la cara con gases lacrimógenos. “Stella Maris quedó con dificultades tanto para ver como para respirar durante los días posteriores”, indicó Lloret.
- Mariano Dalaison. Es un fotorreportero que estaba cubriendo periodísticamente la protesta cuando recibió un disparo de escopeta por parte de efectivos de la Gendarmería. “Uno de esos disparos le dio en la frente. Tuvo que ser atendido en las postas sanitarias”, explicaron desde el CELS.
- Juan Spinetto y Gabriel Famulari. Ambos fueron detenidos violenta y arbitrariamente por parte de la Policía de la Ciudad y de la Federal. “Son 2 de las 33 personas que fueron detenidas y acusadas de delitos gravísimos, como el intento de desestabilizar las instituciones democráticas y de terrorismo, por parte del fiscal Storenlli”, indicó Lloret a este medio. Los dos pasaron varios días detenidos en comisarías y cárceles de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal. “Sus detenciones no tuvieron ningún motivo legal. Tuvieron que atravesar un proceso de criminalización al que siguen sometidos a la espera de una decisión que los desvincule por completo de los delitos falsos por los que los acusaron”, agregó la abogada del CELS. Por ahora ambos tienen una falta de mérito en la causa que impulsaron Stornelli y el gobierno nacional.
En diálogo con El Destape, Spinetto dio detalles de la violencia institucional de la que fue víctima: “El 12 de junio fui detenido por la Policía de la Ciudad en Lima y México, cuando me estaba dirigiendo a mi casa, escapando de la represión policial que se desató mientras se discutía la Ley Bases. Me redujeron, me arrojaron al suelo, me golpearon con un bastón policial reiteradas veces en la cabeza y me lastimaron”, narró. “Luego me llevaron a la alcaida 4 donde estuve 48 horas. Tras declarar en Comodoro Py ante la jueza Servini, esa misma noche, me denegron la excarcelación y me trasladaron al penal de máxima seguridad de Ezeiza junto a Cristian Valiente y David Sica. Ahí fuimos recibidos por personal del SPF que se comportó de una manera muy agresiva. Nos burlaron, nos preguntaron de qué organización política éramos”, agregó. Estuvo detenido hasta el 18 de junio cuando la jueza, ante la ausencia probatoria, firmó su falta de mérito. Stornelli apeló esa decisión y luego la Cámara Federal porteña confirmó los resuelto por Servini. “Desde que el Presidente lanzó un tuit en donde nos trató de terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado se habilito que haya mucha violencia institucional contra todas las personas que fuimos detenidas ese día”, analizó. Juan denunció todos estos hechos en la Justicia y ahora se presentó como querellante. Fue citado a declarar para el próximo 10 de octubre.
Este medio se contactó con Gabriel Famulari, quien también describió la violencia que sufrió el 12 de junio: “Fui privado de mi libertad cuando efectivos de la Policía Federal me atacaron desde atrás con fuerza desproporcionada. Yo estaba en la vereda. Me llevaron a la vuelta del Congreso, me subieron a un camión policial junto a otras personas. Me llevaron a la alcaidía de Madariaga donde nos ficharon y nos preguntaron si pertenecíamos a un partido político. Había una sistematicidad en eso porque después, en todas las instancias siguientes, en algún momento determinado nos volvieron a hacer la misma pregunta”. “Lo mismo pasó en el Servicio Penitenciario Federal adonde nos llevaron después de declarar en Comodoro Py. Cuando nos ingresaron en la unidad 28 nos preguntaron nuevamente si estábamos en una organización política. Nos pusieron en un calabozo y en la madrugada nos sacaron, esposados, nos encadenaron adentro de un camión sin decirnos adónde nos enviaban. Fuimos al penal de Ezeiza. Ahí me hicieron bajar para subir a otro camión. Terminé en Marcos Paz, en donde nos volvieron a preguntar por una pertenencia política. Eso es algo que no pueden hacer”, añadió a El Destape. Famulari también fue convocado para declarar en los primeros días de octubre.
Por este tipo de interrogatorios irregulares, durante la presidencia de Leopoldo Moreau la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia abrió expedientes para investigar la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional. Según pudo reconstruir este medio, la comisión, ahora presidida por el senador de la UCR Martín Lousteau, retomará los casos por las acciones que se cometieron en el Servicio Penitenciario Federal.
La CPM prepara informe para la Justicia: fotos reveladoras y nuevos testigos
Al legajo que abrió Servini por la violencia represiva del 12J se acumulan otras cinco causas que ahora investigará Picardi por distintos hechos de violencia institucional de aquella jornada. En todas se denuncian el accionar de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o las fuerzas de seguridad federales o de la Policía de la Ciudad. Dos de esas denuncias las realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que es un Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura y estuvo supervisando el operativo de ese día.
Una de las denuncias de la CPM aborda el caso de Nicolás Peralta, que un grupo de monitoreo del organismo de DDHH encontró “recostado sobre el pavimento, en posición fetal y ensangrentado: tenía heridas en el ojo y en la cabeza, y presentaba signos de dolor y mareo”. Había sido golpeado por la policía motorizada. La otra denuncia que hizo la CPM por lo sucedido el 12J tiene por protagonista a Francisco Castelli, quien fue herido debajo de un ojo con un perdigón de bala de goma, que fue disparado por un agente del cuerpo motorizado de la Policía Federal. Castelli tenía una insignia de la posta de salud a la que pertenecía. Poco le importó a la policía que lo atacó.
Entre las distintas medidas de prueba que pidió, Picardi solicitó a la CPM los registros fílmicos y fotografías de la represión del 12 de junio. Desde el organismo que presiden el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos están trabajando en la respuesta a ese requerimiento.
Roberto Cipriano García, secretario la Comisión Provincial por la Memoria, explicó a El Destape: “Estamos respondiendo al requerimiento del fiscal Picardi. Por un lado, aportándole nuevos testigos y elementos de lo que ese día relevamos. También estamos informándole quiénes integraron el equipo de Monitoreo que enseguida se entrevistó con Nicolás Peralta, quien fue agredido por policías que iban en moto. En un video se ve claramente cómo le pegan. Nicolás iba solo caminando, la policía pasa por al lado y lo golpea, lo lastima y lo abandona en el lugar. Justo los compañeros del equipo de Monitoreo llegaron en ese instante, lo ven y lo asisten. Estamos aportando esa información para que les tomen declaración testimonial”. “Estamos entregando elementos no solo en relación a las lesiones padecidas por Peralta sino también a las lesiones padecidas por Francisco Castelli”, agregó. Y señaló que “estamos aportando una serie de fotografías de la represión para que el fiscal las tenga en cuenta”.
“Tenemos expectativa que algunas de las denuncias que realizamos puedan avanzar y pueda investigarse el accionar policial ilegal que se viene reiterando en varias manifestaciones”, afirmó Cipriano García.
El inicio de la causa y un antecedente histórico
Tal como publicó El Destape la semana pasada, el fiscal Franco Picardi está al frente de una causa en que se investigan todas las denuncias que se hicieron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad federales por el operativo violento y desmesurado del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a una veintena de testigos y víctimas.
Picardi, además de citar a denunciantes y víctimas, requirió la nómina de quienes estuvieron al frente del operativo tanto en el Ministerio de Seguridad de la Nación como en las fuerzas de Seguridad federales. Hizo lo propio con la cartera de Seguridad porteña y la Policía de la Ciudad. No solo quiere identificar a quienes intervinieron en la represión; también requiere se le informe qué armas llevaron los agentes y si estaban de civil o no.
Esta causa, que puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Bullrich y Milei, se inició porque la jueza María Servini, a cargo de la investigación en que se dieron las mentadas 33 detenciones, abrió a la par un legajo para investigar la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso de la Nación y sus alrededores, aquel 12 de junio. En ese legajo, hay diversos testimonios que dan cuenta de lo desmesurado del operativo policial así como oficios de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN) y un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que apuntan a hechos que pueden “ser calificados como tortura y malos tratos” durante las aprehensiones que se dieron durante esa jornada.
La causa se terminó convirtiendo en un polo de atracción de las muchas otras denuncias que se realizaron por lo sucedido aquel día. Como se mencionó, son parte de este caso presentaciones que hicieron la Comisión Provincial por la Memoria pero también el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales.
Esta causa toma impulso cuando el gobierno desata una escalada represiva. A la violencia del 12J se suma la desatada el 11 de septiembre contra jubilados y hasta una nena de 10 años. Seis días después de esa jornada, el 17 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firme las condenas contra el exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, a 4 años y 3 meses de prisión; y el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses de prisión, por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ambos ya fueron detenidos. Se trata de un mal antecedente para quienes comandaron los operativos del último 12 de junio.
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