El fiscal Franco Picardi está al frente de una causa en que se investigan todas las denuncias que se hicieron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad federales por el operativo violento y desmesurado del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas, en lo que fue una cacería humana. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a una veintena de testigos y víctimas.
Este miércoles, el fiscal Picardi, que tiene delegada la pesquisa, citó a prestar declaración testimonial a una veintena de denunciantes y víctimas de la represión del 12J y requirió la nómina de quienes estuvieron al frente del operativo tanto en el Ministerio de Seguridad de la Nación como en las fuerzas de Seguridad federales. Hizo lo propio con la cartera de Seguridad porteña y la Policía de la Ciudad. No solo quiere identificar a quienes intervinieron en la represión, también requiere se le informe qué armas llevaron los agentes y si estaban de civil o no.
Esta causa, que puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Bullrich, se inició porque la jueza María Servini, a cargo de la investigación en que se dieron las mentadas 33 detenciones, abrió a la par un legajo para investigar la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso de la Nación y sus alrededores, aquel 12 de junio. En ese legajo, hay diversos testimonios que dan cuenta de lo desmesurado del operativo policial así como oficios de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN) y un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que apuntan a hechos que pueden “ser calificados como tortura y malos tratos” durante las aprensiones que se dieron durante esa jornada.
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La causa se terminó convirtiendo en polo de atracción de las muchas otras denuncias que se realizaron por lo sucedido aquel día. Son parte de este caso también presentaciones que hicieron la Comisión Provincial por la Memoria, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales, por citar otros ejemplos.
De acuerdo a Picardi, el objeto del proceso “estará orientado a investigar el actuar de las fuerzas policiales federales y de la Ciudad de Buenos Aires -como así de sus máximas autoridades- en función de las diversas agresiones y violencias que habrían proferido mediante la utilización de armas menos letales, entre otras, en el marco de la protesta social desplegada el día 12 de junio del 2024, en las inmediaciones del Congreso, contra personas civiles que se encontraban allí manifestándose”. “No puedo soslayar que estos sucesos deben ser enmarcados como posibles violaciones a los derechos humanos, en la medida que habrían sido perpetrados por agentes con capacidad de administrar la violencia estatal, en el marco de un operativo de seguridad desplegado en un contexto de manifestación pública y protesta social”, agregó el fiscal.
Represión y violaciones a los DD.HH
La causa se origina porque la jueza Servini a la par que avanzaba con el caso de las 33 detenciones, en la que el fiscal Carlos Stornelli tuvo un rol protagónico al querer instalar la tesis del gobierno de que se estaba atentando contra la democracia, formó un legajo de investigación interno para “establecer la presunta comisión de delitos de acción pública cometidos por las fuerzas de seguridad que actuaron en el Congreso de la Nación y sus alrededores”. Esto es porque “el juzgado identificó la posible existencia de hechos delictivos cometidos por las fuerzas actuantes en el operativo de seguridad”, según surge del dictamen de Picardi.
En el marco de ese legajo prestó testimonio Agustín Hartridge, quién sería funcionario de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y delegado gremial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJEN). Hartridge se presentó espontáneamente a declarar y afirmó “que pese a haber participado en muchas marchas nunca había visto algo como lo que ocurrió en la movilización de la Ley Bases. Entre otras cosas, presenció el momento en el que prendieron fuego el auto Cadena 3. Fueron seis personas encapuchados que lo incendiaron en segundos y desaparecieron, de acuerdo a su testimonio. Por ese hecho no hubo detenidos. ¿Fueron infiltrados? El interrogante aún no tiene respuesta. El testigo narró cómo tuvo que ayudar con su pareja a personas mayores afectadas por los gases lacrimógenos y afirmó: “Siento que nos estaba intentando cazar como animales”.
En el mismo legajo, el juzgado agregó un oficio de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN), que había recibido una presentación del diputado nacional Matías Molle (UP) alertando sobre el tratamiento de los detenidos en el marco de la represión tanto en el penal de Marcos Paz como de Ezeiza. Esto llevó a la PROCUVIN a contactarse con las fiscalías con jurisdicción sobre esas unidades carcelarias.
También se incorporó al mismo legajo en manos de Servini una nota del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en la que se afirmó que “eran pasibles de ser calificados como tortura y malos tratos una serie de hechos que tuvieron lugar al momento de la detención de personas que se encontraban en la vía pública” el 12 de junio. El CNPT señaló que “se registraron casos de personas heridas por el disparo de armas con postas de goma, así como lesiones provocadas por el uso abusivo del bastón policial y la aplicación de maniobras lesivas para inmovilizar, incluso cuando no se ofreció resistencia alguna”. El Comité agregó que en todas las entrevistas realizadas se registró que miembros de las fuerzas intervinientes en las detenciones, es decir, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario Federal, realizaron “reiteradas preguntas a las personas privadas de la libertad respecto a su afiliación a alguna organización política, junto con comentarios despreciativos acerca del motivo de la manifestación pública del 12 de junio”. El CNPT constató esos relatos con “la revisión de algunos Legajos Personales Únicos elaborados por el SPF, donde se consigna que se consulta su filiación política y luego se asienta que pertenecen a ‘organizaciones criminales’”. A eso se suma que los detenidos, arbitrariamente, eran insultados y agredidos. Como si todo esto fuera poco, se agregó que “se recibieron alegaciones de la realización de requisas de carácter vejatorio por personal de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, y del Servicio Penitenciario Federal”. Muchos de estos hechos no se tradujeron en denuncias. ¿Por qué? El CNPT lo responde: “En la mayoría de estos casos, por temor a represalias, al momento de realizarse esta presentación las personas que fueron privadas de la libertad (PPL) no han prestado su consentimiento para realizar la correspondiente denuncia”.
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Finalmente, en el mismo legajo que abrió Servini se agregó un escrito de la defensora oficial Florencia Plazas en el que narró que su defendida Nora Longo, quien fue detenida por la PFA el 12 de junio del 2024 e imputada del delito de atentado a la autoridad, fue "visitada" en su casa el 21 de junio por la noche por “un agente uniformado de la PFA y un hombre vestido de civil que dijo ser también policía". Según se denunció, ambos "concurrieron a la casa de su defendida para comprobar ‘si se encontraba en su domicilio porque habían recibido una denuncia de que había viajado a Canadá’”. Los agentes le pidieron el DNI. “Los hechos allí mencionados, habrían sucedido nueve días después de los hechos que dan inicio a este caso”, destacó Picardi en su dictamen. Plazas constató “la inexistencia de registros en el Sistema de Lex100 que den cuenta de una solicitud para que personal policial se constituya en el domicilio de Nora Longo. Por consiguiente, requirió que se informe si había alguna orden en ese sentido y de no existir tal orden, que el juzgado arbitre con urgencia las medidas necesarias y oportunas para evitar futuros hostigamientos y se garantice la integridad psicofísica de Nora Longo”.
Con todo este material, el juzgado federal Nº 1 a cargo de Servini elevó el legajo a la Cámara Federal porteña para que sortee un juzgado que investigue estos hechos. Salió sorteado el Juzgado Nº 7 y la Fiscalía Nº 10, a cargo de Paloma Ochoa. El juzgado y la fiscalía se declararon incompetentes y todo retornó al despacho de Servini que aceptó la competencia del caso. La jueza más antigua de Comodoro Py se quedó así con la causa de las 33 detenciones y con el de la represión en que se llevaron a cabo esas aprensiones. Al menos, por ahora. Lo que cambió fue el fiscal. Stornelli no interviene en esta causa sobre violaciones a los DD.HH. durante la cacería del 12J. El fiscal en esta pesquisa es el mentado Franco Picardi, a quien Servini le delegó la investigación.
¿Qué investiga Picardi? El legajo que abrió Servini, a lo que se suman las denuncias presentadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales por lo sucedido el 12 de junio. Esas presentaciones dieron lugar a la conformación de diversas causas en las que intervinieron al principio otros juzgados y fiscalías federales de la Ciudad. Ahora, todo quedó nucleado en la fiscalía que comanda Picardi.
“La plataforma fáctica de las actuaciones engloba un conjunto de hechos que tienen como patrones en común, en principio, diversas violencias físicas que habrían sufrido civiles, en función del desempeño de las fuerzas de seguridad federales y de la ciudad de Buenos Aires, desplegado el 12 de junio de 2024, en la Plaza del Congreso y sus alrededores en el marco de la protesta social en rechazo a la conocida ‘Ley Bases’. Estos hechos fueron denunciados de manera separada dando inicio a causas particulares, pero tal como se verá, forman parte de un mismo entramado que deberá ser investigado aquí”, explicó en su dictamen.
Las causas unificadas
Al legajo que abrió Servini, se acumulan otras cinco (5) causas que ahora investigará Picardi:
1) Una que se abrió el 18 de junio con una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura. Estaba radicada en el juzgado federal 6 de Comodoro Py. Allí se aborda el caso de Nicolás Peralta, que un grupo de monitoreo de la CPM encontró “recostado sobre el pavimento, en posición fetal y ensangrentado: tenía heridas en el ojo y en la cabeza, y presentaba signos de dolor y mareo”. La CPM dio aviso al SAME. “Surge que algunos/as vecinos/as y personas que se encontraban en el lugar, registraron los hechos y pudieron observar que las agresiones fueron perpetradas por agentes motorizados de la PFA”, se precisó en el dictamen. La CPM aportó registros fílmicos y fotografías donde se puede ver a “Nicolás Peralta, arrinconando contra un contenedor de residuos cuando es golpeado por un agente de la PFA desde arriba de una moto”. “Mencionaron también que desde otra moto lo golpearon en la cabeza y luego cayó al suelo, en el lugar en el que fue encontrado por el equipo de monitoreo de la CPM”, se agregó.
2) Otra que se inició el 1 de julio de 2024 con una segunda denuncia de la CPM, también vinculada al accionar de las fuerzas de seguridad en la jornada del 12 de junio. “Conforme surge de esta segunda denuncia Francisco Castelli fue herido debajo del ojo con un perdigón de bala de goma, que fue disparado por un agente del cuerpo motorizado de la PFA”, indicó Picardi. La causa estaba radicada en el juzgado federal 5. Castelli tenía una insignia de la posta de salud a la que pertenecía. Poco le importó a la policía que lo atacó.
3) Una tercera causa se inició el 25 de junio con la presentación del Coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) por hechos de violencia institucional denunciados por Gabriel Famulari, detenido durante la represión que se desató mientras se votaba la Ley Bases. En el marco de una entrevista que mantuvo con personal del Programa de la DGN en la cárcel de Marcos Paz relató que sufrió hostigamiento e intimidación por los agentes policiales que detuvieron. Lo tuvieron en el piso esposado por más de dos horas. Este caso había recaído en el juzgado 4. En diálogo con este medio, Famulari había relatado: “Yo recibí violencia física por parte de la Policía Federal en el momento del arresto hasta que me suben al camión. Ahí la violencia física terminó pero comenzó la psicológica. Querían sacarnos a toda costa una confesión de si éramos de una orga y cosas así”. Eso se agudizó en el penal de Marcos Paz: “Cuando llegamos a Marcos Paz, era de noche todavía, y en el ingreso otra vez nos interrogan de si éramos de una orga, de si militábamos en un partido. Eso volvía una y otra vez”, narró.
4) Una cuarta causa se inició con la presentación del Coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) por hechos denunciados por Juan Ignacio Spinetto, delegado de base de UTE y ADEMYS y uno de los 33 detenidos en el marco de la cacería del 12J. “Parecía un Estado de sitio, la policía iba por las veredas, por el espacio del Metrobus, las motos iban con dos personas en cada una y desde las motos disparaban balas de goma. Me dio mucho terror, nunca había vivido algo así. No sabía para dónde correr (…) Sigo por Lima, pasando por el Ministerio de Desarrollo Social y veía cómo las motos perseguían a la gente”, había narrado Spinetto. De acuerdo al relato de la víctima “al llegar a Lima y México aparecieron dos motos que lo encerraron, luego lo tiraron al piso y comenzaron a golpearlo en la cabeza, uno de esos golpes le produjo una herida sangrante en la frente. Estando en el piso sintió el peso de un cuerpo sobre el suyo. Los policías lo obligaron a poner las manos hacia atrás, luego supo por fotografías que le apuntaron con una ‘Ithaca’ y le sacaron el documento de identidad, no así el teléfono celular por lo que pudo comunicar la situación a sus compañeros”. Fue trasladado a la Alcaidía 4 de Barracas donde pasó 2 noches donde habría dormido en el patio y esposado. Luego fue trasladado a Ezeiza. Finalmente terminó liberado. La causa había quedado radicada en el juzgado federal Nº 6.
5) La quinta causa se inició el 18 de junio a partir de la denuncia realizada por diputados nacionales de UP, entre los que se encuentran Carlos Castagneto, Eduardo Valdes y Leopoldo Moreau, entre otros. La presentación apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el titular de la Prefectura, el Prefecto General Guillermo Giménez Pérez, por hechos de violencia perpetrados el 12 de junio en los alrededores del Congreso de la Nación. Esta causa quedó radicada en el juzgado Nº 4. Entre otras cosas, agentes de la Prefectura rociaron los rostros de los diputados con gas “pimienta” provocando distintas lesiones. Junto a la denuncia, los diputados aportaron informes que el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) elevó a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Son todas denuncias sobre lo que sucedió el 12 de junio. Las denuncias por la represión que desató el gobierno el 11 de septiembre pasado, mientras el oficialismo lograba en el Congreso que se sostuviera el veto al aumento de las jubilaciones, y que incluyó la agresión con gas irritante a una niña de 10 años, por ahora tramitan en otros juzgados.
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Citaciones y medidas de prueba
En su dictamen, por la represión durante la votación de la Ley Bases, Picardi dispuso diversas medidas de prueba “teniendo en cuenta los hechos del caso, la relevancia político-institucional que detentan y las obligaciones asumidas a nivel internacional por parte del Estado Argentino en la materia”.
En esa línea, el fiscal citó a declarar como testigos a “personas que habrían sufrido y/o presenciado diversos hechos de violencia emanada de las fuerzas policiales”. Entre ellos se destacan Nicolás Peralta, Francisco Castelli, Juan Ignacio Spinetto, Gabriel Famulari y Agustín Hartridge. Hizo lo propio con los diputados nacionales que se habían presentado ante tribunales. También convocó a Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y a los copresidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Dora Barrancos. Como testigos expertos citó a integrantes del CELS.
Entre otras medidas solicitó a la CPM los registros fílmicos y fotografías de la represión del 12 de junio. Y en carácter de urgencia requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación la nómina de autoridades que estuvieron a cargo del operativo en el ministerio y también quienes lo estuvieron en las distintas fuerzas, como la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. En el pedido se destaca la información de qué armas llevaban y si estaban de civil o no.
En el dictamen también se realizó un pedido similar al Ministerio de Seguridad porteño y a la Policía de la Ciudad.
A su vez, el fiscal busca tener acceso a las cámaras del gobierno de la Ciudad para observar qué fue registrado en imágenes.
Esta causa toma impulso en un momento determinante: cuando el gobierno desata una escalada represiva y la Corte Suprema deja firme la condena contra el exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, a 4 años y 3 meses de prisión; y el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses de prisión, por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Este último miércoles, la jueza Adriana Palliotti del TOF 6 ordenó la detención de ambos, quienes fueron condenados en 2016 por el homicidio culposo de 3 personas y 25 hechos de lesiones en la causa en que se aborda la responsabilidad política y de las fuerzas de Seguridad en el operativo represivo con el que terminó el gobierno de Fernando De la Rúa.
Mathov ya fue detenido y será trasladado a la Unidad 7 de la cárcel de Ezeiza, donde se encuentran los condenados por delitos de lesa humanidad. El martes, el Alto Tribunal dejó firme aquella sentencia por eso se hizo ejecutable la condena. ¿Se trató de una advertencia implícita del Poder Judicial al gobierno?
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