Un Milei afilado que enfila hacia el autoritarismo

Javier Milei tuvo una gran semana. La confirmación de la condena amañada contra CFK, dos triunfos en el Congreso vinculados a los DNU, uno para que no se regulen y otro para que no se revise el que le liberó las manos para renegociar deuda sin cuidar los intereses del país y un viaje a Estados Unidos del que se vuelve con una ansiada foto con Donald Trump y Elon Musk.

El país, por otro lado, sigue la senda del Make Argentina Poor Again (Hacer Argentina Pobre Otra Vez). Lo único que comparte con Trump son los cócteles con los líderes de la avanzada global de los megaricos contra la democracia que tienen su capítulo local con el presidente argentino. En materia económica, Trump reafirmó su línea proteccionista, con altos impuestos para los productos manufacturados que pretendan ingresar a Estados Unidos y con un combate al déficit fiscal basado en el crecimiento económico a partir de la recaudación por producción. Milei implantó un aperturismo que liquida día a día la industria local, eliminó impuestos a los productor importados y cree que las cuentas públicas se sanean a costa de hambrear jubilados, cortar la obra pública y desfinanciar universidades y hospitales.

Esta semana, Milei eliminó el Plan Procrear, con el que miles de argentinos comprar una casa con créditos blandos que generaban movimiento económico en torno a la construcción y mientras festejaba la desaceleración inflacionaria por inanición, se conoció un informe que revela que duplicó la indigencia infantil. Trump le dijo que hace un gran trabajo; Milei se emocionó tanto que se puso a hablar y le tuvieron que cortar el micrófono.

Durante la campaña para la presidencia, a Milei le preguntaron varias veces si creía en la democracia. Nunca contestó. Las acciones de esta semana muestran como enfila hacia el autoritarismo, desde el manejo de la deuda y el dinero público hasta el desprecio por el Congreso e incluso el Poder Judicial.

La pista del dinero

Esta semana, el gobierno logró un doble triunfo en el Parlamento. Frenó una sesión en la que se buscaba regular el funcionamiento de los DNU para que no sea más sencillo legislar de esa forma que a través del Congreso, ya que con que una cámara lo valide queda firme mientras que una ley requiere el doble conforme de Diputados y Senado. Y, en la misma maniobra, que no se tratara un posible rechazo al DNU 846/24 por el cual Milei y Luis Caputo eliminaron el requisito de mejorar monto, intereses y plazo en las renegociaciones de deuda. O sea, que cualquier canje no tenga que beneficiar a la Argentina sino a los acreedores.

Hace 10 años, en septiembre de 2014, el entonces canciller Héctor Timerman logró el apoyo de 124 países en la ONU para establecer la necesidad de crear un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. El contexto era la disputa con los fondos buitre que se negaban a entrar en los canjes de deuda que habían aceptado el 92% de los acreedores y presionaban en tribunales extranjeros. En su discurso de agradecimiento ante la asamblea de la ONU, Timerman estaba acompañado por los entonces ministro de Economía Axel Kicillof y Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de cancillería Carlos Bianco, hoy gobernador y ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Poco después, en enero de 2015, Timerman y CFK fueron acusados por el fiscal Alberto Nisman de pactar la impunidad de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA. Y los fondos buitre que atentaban contra el país financiaron una campaña desde la Task Force Argentina donde acusaban a CFK de ser aliada del diablo, en referencia al presidente iraní Mahmud Ahmadineyad. ¿A los Fondos Buitre les interesaban los muertos de la AMIA? No, solo cobrar más. Con Macri lo lograrían.

La denuncia de Nisman era un disparate, no tenía una sola prueba, fue cerrada en todas las instancias judiciales y recién reabierta durante el gobierno de Macri. ¿Cuándo? El 29 de diciembre de 2016. ¿Quiénes la reabrieron? Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, seis días después de que el primero se juntara con Macri en Olivos. Son los mismos que ahora confirmaron la condena en la causa Vialidad.

La cronología muestra que el 27 de diciembre de 2016, dos días antes de que reabrieran la denuncia de Nisman, el juez Ercolini procesó a CFK en la causa Vialidad. Ahora el juez Ercolini tiene en sus manos la causa donde se investiga la muerte de Nisman. Hace 7 años que no avanza un centímetro. Todo se encadena y muestra la podredumbre que emana de la ciénaga de Comodoro Py.

De aquella resolución en la ONU para que los países no se sometieran a los fondos buitre se pasó al pago que hizo Macri, donde les entregó más de lo que pedían. Para tapar ese escándalo utilizó también la persecución a CFK. "La Ruta del Dinero", que no era K, en 2013 fue el preludio del lawfare que luego se usó para encubrir las políticas económicas de Macri. Con su llegada a la Casa Rosada, la sincronía entre "La Ruta del Dinero K", otras causas del lawfare y el pago a los fondos buitre fue evidente: hicieron coincidir el acuerdo y el tratamiento parlamentario del acuerdo con los buitres con la primera citación a indagatoria a CFK, la operación de que Nisman fue asesinado por un grupo vinculado al gobierno kirchnerista, el armado de la causa “La Ruta del dinero K” incluida la filtración al Grupo Clarín de un video en la financiera de Lázaro Báez, la persecución a Cristóbal López y la campaña para imponer la ley del arrepentido. Todo estaba relacionado, tal como detalló El Destape.

El pago a los fondos buitre no alcanzó para que le abrieran la canilla ilimitada del financiamiento externo y Macri tuvo que recurrir al FMI para que le otorgara el préstamo más grande de su historia. La Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que no hubo expediente para tomar esa deuda, que la firmaron funcionarios que no tenían competencia como Caputo, que el dinero no ingresó al presupuesto, que no se pudo trazar el destino de los dólares y que luego muchos se fugaron en la versión Cambiemos del carry trade. Todo consta en la causa judicial que duerme en el despacho de la jueza Maria Eugenia Capuchetti, designada por Macri luego ascender misteriosamente en el ranking de su concurso tras visitar varias veces la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el Congreso sancionó una ley que obliga a que cualquier toma de deuda en moneda extranjera pase por el Congreso. Pero ahora, la gestión Milei-Caputo encontró una forma de trampear esa limitación: mediante el decreto 846, establecieron que pueden hacer canjes de deuda en dólares sin cumplir con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera.

¿Qué dice ese artículo? Que se puede renegociar deuda “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. O sea, Milei y Caputo pueden ahora renegociar deuda empeorando las condiciones para el país, mejorándolas para los verdaderos jefes de Caputo: los bancos, financieras y acreedores externos.

Con la condena a CFK logran tapar que el Congreso no pueda frenar ese nuevo desfalco planificado.

Chitas y tortugas

En 2016, Mauricio Macri activó la causa Vialidad. Acusó a CFK de direccionar la obra pública de la provincia de Santa Cruz. El expediente avanzó rápido: para diciembre de ese año, CFK ya estaba procesada; para marzo de 2018, fue elevada a un juicio oral que comenzó en 2019, año electoral donde Macri buscaba su reelección. Falló para las urnas pero el juicio continuó hasta tener condena en diciembre de 2022 y ahora confirmación de esa condena por la Cámara de Casación. CFK fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por delitos que no sólo no pudo cometer porque sucedían muy lejos de su esfera de decisión sino que ni siquiera existieron. Solo resta la palabra de la Corte, pero hasta ahora todo en 8 años.

En 2001 Franco Macri, el padre de Mauricio, entró a la Casa Rosada y le dijo al entonces presidente Fernando De La Rúa que no podía pagar la multimillonaria deuda que tenía con el Estado. Era 19 de septiembre, pocos días antes de que implosionara el modelo de valorización financiera y el gobierno de la Alianza asesinara a casi 40 personas, la mayoría a pocos metros del presidente que fue sobreseído y cuyos pocos funcionarios condenados a los que no se les prohibió volver a ser candidatos. Desde entonces la familia Macri no le paga su deuda al Estado e incluso en 2017, con Mauricio como presidente, intentó condonarla. Van 23 años de la causa por la deuda, 7 años por el intento de estafar al Estado desde el Estado; aún no pagaron un centavo y Macri ni siquiera fue llamado a indagatoria.

El Poder Judicial cuando quiere es una chita y cuando quiere, una tortuga.

Macri celebró la condena anunciada contra CFK con un breve tuit donde escribió: “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”. El cinismo no precisa mucho para explayarse. Las instituciones que celebró Macri son:

• El juez de Casación Mariano Borinsky, que mientras intervenía en esta causa se reunía con Macri en Olivos.
• El juez de Casación Gustavo Hornos, que mientras intervenía en esta causa se reunía con Macri en Olivos y la Casa Rosada.
• El juez de Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, que jugaban juntos al fútbol en la quinta Los Abrojos de Macri.
• El juez Julián Ercolini, que empujó la causa, que viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín, sponsor oficial de la persecución a CFK.
• El fiscal Ignacio Mahiques, hermano de Juan Bautista e hijo de Carlos, también viajeros a Lago Escondido y ejecutores del lawfare.
• El camarista federal Lepoldo Bruglia, designado a dedo por Macri, que confirmó todo lo que hizo Ercolini.
   

La decisión autoritaria de quitarle la jubilación y la pensión a CFK es una jugada hábil. A Cristina le corresponden esos ingresos por ley, lo va a judicializar y tarde o temprano revertirá este desfalco. Pero el efecto inmediato que logra Milei es poner en agenda que tiene un ingreso de más de 20 millones de pesos, algo difícil de militar políticamente. Y a su vez, no repudiar la maniobra implica validar que Milei le pase por encima al Congreso, que otorga esas pensiones por ley y al Poder Judicial, que en su condena amañada no puso ni una coma sobre estos derechos de CFK.

Pero no fueron todas buenas para el ex presidente. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que, para el presidente Javier Milei, Macri es “un amigo con el que come milanesas con ensalada”. Es evidente que La Libertad Avanza (LLA) intenta absorber a las huestes del PRO y desconocer el poder del ex presidente de cara al 2025, año electoral.

El gobierno reiteró que piensa en designar jueces de la Corte por decreto, algo ilegal. Es otro punto de conflicto con Macri, ya que la Corte tiene que resolver si su familia se funde por el caso Correo. El ex presidente se opone a la llegada del juez Ariel Lijo al máximo tribunal de forma inversamente proporcional al peronismo. Eduardo “Wado” De Pedro, senador y hombre de la mesa chica judicial de CFK, esta semana repitió que aún negocian la llegada de Lijo aún en medio de la consumación del lawfare del que Lijo es uno de los paladines. Difícil de entender. Tanto como que aún en la semana de la condena a CFK el propio Máximo Kirchner agregó un capítulo a la lima diaria contra Axel Kicillof y un grupo de militantes de La Cámpora repitió la canción dedicada especialmente a criticar al gobernador bonaerense en la puerta del Instituto Patria.

Mientras, desde inicios de noviembre el expediente Correo se movió entre los despachos de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Ya pasó antes por el de Carlos Rosenkrantz. ¿Se vienen novedades? Eso debe tener a Macri muy inquieto.

Macri presiona a la vez por negocios cuya definición se acerca, como la renovación del a concesión de la Vía Troncal Navegable, más conocida como Hidrovía, donde hace lobby por la holandesa Boskalis que quiere quedarse con el manejo del río Paraná que hasta ahora tiene el belga Jan de Nul. En la previa a esta movida clave, ya que apunta al control de cerca del 80% de las exportaciones del país, se reestrenó el documental “Por el Paraná: La Disputa por el Río”, dirigido por Alejo di Risio y Franco González, en la plataforma Cine.ar, que aún sobrevive a la motosierra en el INCAA y el cine nacional que apunta, en definitiva, a que no se produzcan películas como esta.

Tortugas y tenistas

Milei también celebró la confirmación de la condena contra CFK, afirmó que era gracias a que su gobierno respeta la división de poderes y se desligó de cualquier vínculo con los pormenores de los tribunales. No es tan así.

Hay un dato que conecta el mundo Milei con el entramado de Obra Pública, Lázaro Báez y las maniobras del lawfare. Hay que remontarse a 2013, año de largada del lawfare, cuando el show televisivo de Jorge Lanata publicó “La Ruta del Dinero K”, un show mediático armado con declaraciones guionadas de Leonardo Fariña y Federico Elaskar donde afirmaban que Lázaro Báez era el testaferro de los Kirchner. Lo emitieron el 14 de abril, 6 días después de que CFK anunciara una Reforma Judicial.

Automáticamente CFK fue acusada de asociación ilícita por el fiscal Guillermo Marijuán, que se calzó una campera azul y partió a la Patagonia a agujerearla en búsqueda de un PBI enterrado. Real.

“La Ruta del dinero K” fue utilizada por Macri para tapar la negociación espúrea con los fondos buitre y el blanqueo para sus familiares durante 2016. El 26 de mayo de 2016, el día previo al anuncio del blanqueo, Leandro Báez (hijo de Lázaro) lanzó la operación sobre una falsa reunión del juez Sebastián Casanello con CFK en Olivos para desplazarlo de la causa por "La Ruta del Dinero" que no era K. Todo fue armado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con testigos truchos y una enorme operación de prensa liderada por Lanata, que acusaba a Casanello de “tortuga” por no avanzar contra CFK justamente en la causa que él había armado y que no le había tocado a los jueces manipulables, Claudio Bonadio y Julián Ercolini.

El abogado de Leandro Báez y parte indispensable de toda esta maniobra era Santiago Viola. Se trata del apoderado de La Libertad Avanza y uno de los que pulula actualmente por la Casa Rosada de forma habitual.

El 5 de junio, Clarín puso en tapa “Nuevas pistas de la conexión de Cristina con el juez Casanello”, reunión que nunca existió pero que sirvió para desviar la atención del tratamiento del blanqueo. El día que se trataba el blanqueo en diputados, la tapa de Clarín fue con José López con casco. Entera. Al día siguiente, le dedicaron toda la tapa a que “Báez dijo que Casanello visitó a Cristina en Olivos”.

El 27 de junio, el juez Ercolini levantó el secreto fiscal de CFK en causa Hotesur. El 29, el Senado aprobó la ley de blanqueo. Al día siguiente, Clarín informó que la Cámara Federal ordenó verificar si Casanello estuvo en Olivos con CFK, algo falso.

El 30 de junio, la Cámara Federal ordenó investigar a Cristina en el caso Báez. O sea, al día siguiente de que se aprobara el blanqueo van por CFK. “La Secta Acorralada”, publicó Lanata, que tiene el copyright de varias de estas operaciones.

Diez años después, CFK fue sobreseída en la causa por "La Ruta del Dinero" que no era K. La reunión con Casanello nunca existió. Las que si existieron fueron las de los jueces Borinsky y Hornos con Macri. Y ahora, confirmaron la condena en otra de esas causas armadas.

Cada necesidad un mercado

El ministro de Regulación a Favor de las Grandes Empresas, Federico Sturzenegger, hace una gran tarea en la explicación de las medidas del gobierno, a tal punto que deja expuesta la ideología violenta que las sustenta. Esta semana tuiteó: “Para cada necesidad habrá un mercado. VLLC!”. Milei lo hizo propio. Lo que no dijeron es que eso ya existe hace siglos, pero el Estado es el que interviene para cuando una persona no tiene dinero para cubrir esa necesidad en el mercado. Lo que piensan y no se atreven a escribir aún, es que el que no tenga plata para comer o un medicamento se muera.

Mientras el gobierno celebraba el 2,7% de inflación en octubre, la mitad de los hogares con niños o adolescentes dejó de consumir carne y leche. Lo detalló Cristian Carrillo en El Destape en base a un documento publicado por las investigadoras Agustina Haimovich y Mariana Rivolta, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IpyPP), y la conclusión es que desde que asumió Milei la indigencia infantil se duplicó, afectando a 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes. Hay 9 millones que viven en situación de pobreza.

Lejos de abocarse al tratamiento del Presupuesto 2025 (que todo indica que Milei no tiene ningún interés en aprobar para continuar su senda de manejo discrecional del dinero público), en el Congreso los diputados oficialistas avanzaron en el proyecto de Ficha Limpia. El dictamen del oficialismo propone que se prohíba ser candidato “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior”. Es exactamente lo que pasó con CFK esta semana. Abogados constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez afirman que si se aprueba no se puede aplicar de forma retroactiva, pero en los últimos años la legalidad es selectiva.

La primera firma del dictamen de Ficha Limpia es la del diputado Nicolás Mayoraz, que en dialogó con El Destape reconoció que no le preocupa proscribir a una persona que después puede resultar inocente. Es el caso de Lula da Silva en Brasil, detenido y proscripto de participar en las elecciones que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia para que luego la Corte Suprema brasilera decretara que todo había sido una farsa.

Al igual que buena parte de la dirigencia política y de los relacionistas públicos con patente de periodista el diputado Mayoraz afirmó que CFK era culpable en base a lo que cree. Consultado acerca del fallo que ratificó la condena, reconoció que no lo leyó. Afirmó que CFK tenía un patrimonio de más de 4.000 millones de dólares e incluso más. Consultado acerca de donde consta esa información reconoció que no sabe.

Lo cierto es que Ficha Limpia funcionará en modo Sturzenegger: cuando tengan necesidad de proscribir a un candidato, habrá un mercado de jueces dispuestos a ratificar una condena.