Tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la libertad de la expresidenta dependerá de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? El Alto Tribunal es el que el intervendrá en el caso luego de que las partes recurran la resolución de la Casación. Solo un pronunciamiento de la Corte le da firmeza a una condena y la vuelve ejecutable. El Tribunal Supremo no tiene plazos para expedirse por lo que se descuenta que el caso Vialidad se utilizará como una herramienta de presión política sobre CFK, quien tendrá sobre sí esta sentencia, que podrá ser gatillada por los cortesanos para dejarla afuera de una competencia electoral en cualquier momento.
Un show mediático
En un fallo de 1541 páginas, los camaristas de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, definidos por Cristina como "Los copitos de Comodoro Py", ratificaron este miércoles la condena que el Tribunal Oral Federal N° 2 sentenció en diciembre de 2022 en el caso de la Obra Pública Vial en Santa Cruz. Lo hicieron a puro show mediático porque montaron una puesta en escena que no es habitual en Casación: realizaron una transmisión por el canal de YouTube del Poder Judicial a las 11 de la mañana para leer la parte dispositiva de la resolución.
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A pesar de la extensión del fallo, los camaristas prácticamente no contestaron los argumentos de las defensas y replicaron los fundamentos del tribunal de juicio. Los tres camaristas ratificaron que a CFK se la condena por el dictado de un decreto (el 54/2009); por el "Plan limpiar todo" que inventó el fiscal de juicio Diego Luciani y se basa en mensajes del celular del exsecretario de Obras Públicas José López (se acreditó que Cristina no tuvo intervención alguna en esos mensajes); y en las relaciones comerciales de la familia Kirchner con Báez (que no componen el objeto de esta causa sino de la de Hotesur/Los Sauces, que al momento de que el TOF 2 emitió su sentencia estaba cerrada y todos sobreseídos. Luego, se reabrió). Por ejemplo, Hornos destacó que "la modificación jurídica dispuesta por el Decreto nro. 54/2009 creó sin más un riesgo jurídicamente desaprobado". En esa línea, Borinsky señaló que ese decreto "modificó el fideicomiso creado por el Decreto PEN Nº 976/2001 (entre otras cuestiones, permitió que no se especifiquen las obras que serían financiadas con los fondos fideicomitidos e incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura vial), lo que se evidencia como uno de los aspectos esenciales de la maniobra defraudatoria bajo estudio".
La referencia a decreto 54/2009 es clave porque se lo consideró como instrumento del delito. Ese decreto, ratificado por el Congreso, reformula al Decreto Nº 976/2001. Este último decreto de 2001 creó fondos fiduciarios de infraestructura para financiar obras viales. La normativa del 2009 modifica aquel decreto y pone en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad la utilización de esos fondos. El decreto no hace referencia a Santa Cruz. La relevancia de que se le achaque responsabilidad a CFK con este instrumento es que lo transforma en el vehículo a través del cual aparece la entonces presidenta habilitando fondos para la obra pública vial en Santa Cruz. Sin eso, no hay delito para achacarle. Los jueces no llegan a tanto como Luciani y Mola que dijeron que el instrumento del delito fue hasta la Ley de Presupuesto de la Nación. Pero señalan un decreto como vehículo inicial de la maniobra delictiva.
Borinsky y Barroetaveña coincidieron con el voto mayoritario del tribunal de juicio y replicaron la condena contra CFK por administración fraudulenta. Es decir, no hicieron lugar al delito de asociación ilícita que planteaban los fiscales de juicio, Diego Luciani y Sergio Mola. Hornos, en minoría, votó por hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y se inclinó por condenar a la expresidenta también por ese segundo delito, lo que hubiera implicado elevar la pena a 12 años de cárcel.
Las posiciones de los tres camaristas no sorprende. Hornos, Borinsky y Barroetaveña tienen en común un vínculo directo con Mauricio Macri. Los primeros dos, como reveló El Destape, visitaban al entonces presidente en la Quinta de Olivos y Casa Rosada en secreto, a espaldas de sus pares. Hornos incluso tiene una denuncia de su pareja por violencia de género, a la que apeló Cristina para recusarlo de esta causa. El tercero fue designado en Casación por el propio Macri y en quedó envuelto en un escándalo por votar sacar al empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente, del juicio de la causa Cuadernos y pasarlo a la justicia electoral por considerar que no pagó coimas sino aportes de campaña irregulares.
Si ampliamos la lente para ver qué sucedió en instancias anteriores con esta causa nos encontramos con que los camaristas que se reunían con Macri en Casa de Gobierno y Olivos confirmaron el fallo de quienes jugaban al fútbol en la quinta Los Abrojos, de Macri. El juez del juicio Rodrigo Giménez Uriburu –quien firmó la condena del TOCF 2 contra CFK junto a Jorge Gorini y Andrés Basso- y el fiscal Diego Luciani –el acusador del debate- jugaban juntos en el equipo de jueces y fiscales Liverpool y hay fotografías que los muestran participando de eventos futbolísticos en la quinta del expresidente. Mientras que el juez instructor en primera instancia fue el juez Julián Ercolini, uno de los jueces que viajó en un vuelo privado a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, junto a otros magistrados, funcionarios porteños y un ex espía, todos invitados por dos ejecutivos del Grupo Clarín.
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El rol de la Corte
Según indicaron distintos abogados defensores de la causa Vialidad a El Destape, recurrirán esta condena ante la Corte Suprema de Justicia. En principio, las partes tienen 10 días hábiles para hacer su planteo. Desde el entorno del empresario Lázaro Báez adelantaron que pedirán una prórroga para tener un plazo mayor.
La Casación deberá definir si hace lugar a los recursos extraordinarios que se plantearán para llegar a la Corte o los deniega. Si se inclina por la primera opción, el caso ingresará al 4to piso del Palacio de Talcahuano. Si vota por la segunda opción, las defensas podrán ir en queja al Alto Tribunal. Es decir, los cortesanos intervendrán de una u otra manera en esta causa. Esto dará pie a que se abra un nuevo escenario político judicial. Porque la Corte tendrá en sus manos la libertad de Cristina.
El Tribunal Supremo no tiene plazos para expedirse. Lo puede hacer en cualquier momento. O demorar años. Muchos años. A la hora de intervenir, lo puede hacer de diferentes maneras. Puede abrir el caso, estudiarlo y luego expedirse ratificando la condena –y así enviar a Cristina a la cárcel-; o revocándola –dejando a CFK libre-. Es decir, puede modificarla.
La Corte también puede dejar firme la condena aplicando el artículo 280 del Código Civil y Comercial conocido como “La plancha”. Es una forma que tiene el Tribunal Supremo para rechazar un recurso extraordinario sin entrar en la causa.
En este contexto adquieren otra dimensión dos cuestiones de la agenda política-judicial actual:
- La discusión en torno a la conformación de la Corte, que en diciembre con la jubilación del cortesano Juan Carlos Maqueda quedará con 3 integrantes.
Actualmente, en el Senado se discuten los pliegos de los dos candidatos que propuso el gobierno: el juez de Comodoro Py Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla. Esos dos nombres también son parte de una negociación más amplia. El peronismo, que es el que tiene los votos para llegar a los dos tercios que requiere un ministro de la Corte para ser nombrado, apunta a una ampliación del máximo tribunal.
En este contexto una serie de interrogantes se hace inevitable: ¿El peronismo dejará la libertad de CFK en manos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti o buscará una negociación para ampliarla? ¿Lijo y García Mansilla serían fiables para el PJ? ¿Podría alguno de ellos ser bien visto para llegar a la Corte que definirá la libertad de la expresidenta?
“La ampliación de la Corte la venimos proponiendo desde 2023. Hay un consenso de que esta Corte así como está no puede funcionar y hay que volver a una Corte como la que propuso Néstor con actores menos politizados”, dijo el senador Eduardo Wado De Pedro a El Destape este miércoles en el programa Palo y Zanahoria. El senador habló de una necesaria democratización de la Justicia, tal como propuso CFK en marzo de 2013. “Mientras tengamos corporaciones con privilegios, que no tiene auditorias ni control de la sociedad vamos a seguir teniendo poderes privilegiados que van en contra de las mayorías”, agregó.
Respecto a Lijo y García Mansilla afirmó que hay una negociación abierta en la Cámara alta: “En el Senado se viene discutiendo esa cuestión. En el caso nuestro es una negociación que lleva nuestro presidente del bloque José Mayans”. “Digo esto porque las comisiones se reunieron y están en el proceso de firma de dictámenes”, aclaró.
En diálogo con El Destape, en el programa Argentina Política, el diputado Juan Manuel Pedrini dijo que este nuevo escenario “es un incentivo” para completar la Corte, lo que consideró “urgente”.
- El proyecto de ficha limpia que impulsa el macrismo en el Congreso por el que se inhabilita a una postulación a un candidato condenado en dos instancias. Es claramente una iniciativa dedicada a Cristina.
El bloque de diputados nacionales del PRO apuró el martes el pedido de llamado a sesión para la semana próxima para tratar este proyecto, que “tiene por objeto establecer la inhabilitación para la postulación como precandidato o candidato a cargos públicos electivos nacionales de las personas que hayan sido condenadas y su sentencia confirmada por una instancia superior hasta el cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena correspondiente o hasta su eventual revocación o anulación posterior”.
Este miércoles, el presidente Javier Milei dijo que apoyará esta idea: “Nuestro bloque de La Libertad Avanza está trabajando con el PRO y diputados que tienen buena relación con nosotros para impulsar el proyecto de Ficha Limpia”, aseguró a Radio Rivadavia.
Si el oficialismo obtiene los votos en el Parlamento para aprobar ese proyecto, la discusión que se vendrá será si la ley puede aplicarse de forma retroactiva y alcanzar a CFK. Por ejemplo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que no es aplicable a Cristina y lo hizo saber por redes sociales.
El diputado Pedrini consideró que quienes persiguen a Cristina complementan el Lawfare con la iniciativa de la “Ficha Limpia” y dijo que no es retroactiva por lo que no es aplicable a CFK porque la condena es anterior. Quienes impulsan la ley pretenden que sí sea aplicable a la expresidenta.
El debate no será menor. Desde la víspera del fallo de Casación, en el entorno de la expresidenta comenzaron a agitar una posible candidatura suya. Así las cosas, la iniciativa de “Ficha Limpia” aliviaría a la Corte que no se vería en la encrucijada de ser presionada para expedirse sobre la situación judicial de Cristina a la brevedad.
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