Crónica de una condena anunciada

Hoy se conocerá la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner, hasta ahora, la única de las múltiples causas que le inventaron que se atrevieron a llevar a juicio pese a la orfandad de pruebas en su contra. Las otras cayeron antes de llegar a juicio por "inexistencia de delito" pero cumplieron su cometido: la condena fue el proceso de persecución y deshumanización que apuntó contra CFK durante 10 años y llevó a que incluso quisieran asesinarla bajo los mismos argumentos mediáticos que se traducían en los expedientes: que era ladrona, chorra, que tenía la que les falta a millones.

El lawfare fue el despliegue de la estrategia empresarial contra el modelo económico que llevó adelante CFK, con el cual los grandes empresarios ganaban incluso más dinero pero había una decisión de distribución de la riqueza y de señalamiento de que si faltaba dinero en el bolsillo del trabajador era que estaba en exceso en el del capital. La condena llegó en la causa Vialidad, sin nada que sostenerla, simplemente porque rendía con los calendarios electorales. Y ahora los jueces que se reunían con Mauricio Macri mientras diseñaban esta causa serán los que sumen un nuevo capítulo al capítulo argentino del lawfare, desplegado en toda latinoamérica como estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos bajo la excusa de la "lucha contra la corrupción". Hay documentos, datos, responsables y titiriteros en esta crónica de una condena anunciada. Son estos.

Ranking al revés

Macri designó a Javier Iguacel al frente de la Dirección Nacional de Vialidad, desde donde desplegarían la estrategia más efectiva en términos judiciales de la persecución contra CFK. En ese entonces como ahora la palabra mágica fue “auditoría” e Iguacel anunció que revisarían los papeles de la obra pública. ¿De toda? No: simplemente armó una oficina anticorrupcón ad hoc abocada a las obras realizadas en Santa Cruz por empresas de Lázaro Báez.

¿Era Báez el principal beneficiario de obra pública del país? No. Sí tenía importancia en Santa Cruz, al igual que las empresas locales de obra pública de cada región que por presencia en el lugar pueden competir por costos. Pero lo cierto es que el ranking de empresas que hicieron obra pública entre 2003 y 2015 lo encabeza Techint, el holding que comanda Paolo Rocca, con el 4,98% de la obra realizada. En el 2do lugar estaba Electroingeniería, con la salvedad de que sus obras eran las represas que venían con financiamiento chino y que Macri quiso entregar a empresarios amigos y para eso metió preso a Gerardo Ferreyra, uno de sus dueños. El 3er puesto lo ocupó IECSA, manejada por Ángelo Calcaterra, primo de Macri. En el 4to estaba la Corporación América de Eduardo Eurnekián. ¿Y el Grupo Austral de Báez? En el puesto 38, con el 0,3% de la obra pública.

Cuando comenzaron sus citaciones a Comodoro Py CFK dijo que si tenían dudas auditaran la obra pública pero completa. No pasó: se concentraron en las de Báez en Santa Cruz. Y, para colmo, los auditores no encontraron ninguna irregularidad: las rutas existían y los sobreprecios no.

Nada de esto impidió que el juez Julián Ercolini avanzara rápido en el expediente y el 27 de diciembre de 2016, para el primer aniversario del gobierno de Macri, procesó a CFK y le trabó un embargo de 10.000 millones de pesos.

Junto a Ercolini trabajaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Este último es un dato importante. Su hermano es Juan Bautista Mahiques, que durante el gobierno de Macri fue subsecretario de Justicia en lo formal y el encargado de coordinar la persecución judicial a opositores en lo real y hoy es jefe de los fiscales porteños. Su papá es Carlos “Coco” Mahiques, que pasó de juez Nacional a ministro de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal para luego recalar en la Cámara Federal de Casación Penal puesto a dedo y sin concurso por Macri.

Ercolini y los Mahiques son más que cercanos: de hecho el juez, Juan Bautista y Carlos Mahiques compartieron el viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín, otro de los sponsors oficiales de la persecución a CFK.

Paddle por el lawfare

Ercolini no estuvo solo. Los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia (designado a dedo por Macri) avalaron su accionar desde la Cámara Federal y lo propio hicieron los jueces Borinsky y Gustavo Hornos desde la Cámara de Casación.

Lo que no se sabía entonces es lo que reveló El Destape en 2021: los encuentros de Borinsky y Hornos con Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada en pleno desarrollo de causas contra CFK. Entre ellas la causa Vialidad.

Uno de los 16 encuentros de Borinsky con Macri en Olivos fue el 12 de septiembre de 2018.

A los pocos días, el 8 de octubre, Borinsky y Hornos ratificaron el llamado a indagatoria a CFK. Y pocos días más tarde, el 25 de octubre, rechazaron planteos de CFK y Julio de Vido que pedían nuevas medidas de prueba.

Los encuentros con Macri en Olivos existieron. El Destape se comunicó en su momento con Borinsky y los confirmó. Luego el propio Macri reconoció que se reunían. Puso la excusa de que era para conversar del nuevo Código Penal pero lo cierto es que los encuentros para ese tema están en el registro de audiencias público, los ingresos a Olivos eran para otros temas y no figuran.

Tribunal en lo Puesta en Escena

Llegó finalmente el momento del juicio, con un tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El juez Gorini visitó al menos 2 veces a la entonces y actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que firmó la denuncia original de este caso en 2008. El juez Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, que llevó adelante la acusación, jugaban juntos al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.

El equipo de Giménez Uriburu y Luciani se llamaba Liverpool. El arquero era Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal, que también se juntó con Macri en Olivos. Como buen equipo de amigos hacían merchandising. Luego de que se conocieran estas relaciones entre el juez y el fiscal, cosa que hacía imposible que intervinieran con objetividad en este y cualquier juicio, Giménez Uriburu apareció en una de las audiencias del juicio con el mate del Liverpool. Una provocación.

El fiscal Luciani tuvo como colaborador al fiscal Sergio Mola, que durante el macrismo visitó 2 veces la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) mientras se armaban las causas del lawfare.

El juicio, cuyos detalles se pueden leer en el libro “Condenada” de Sofía Caram, tuvo dos particularidades. Por un lado, cada testigo que convocaban para acusar a CFK hacía lo contrario, declaraba que no había ningún sobreprecio y las obras estaban terminadas. Por el otro, hubo ausencia de absolutamente cualquier funcionario que tuviera injerencia directa en esas obras en Santa Cruz, desde los jefes de Gabinete hasta los diputados y senadores que votaban el Presupuesto. El único objetivo era sentar a CFK en el banquillo.

Como los testimonios demolían la acusación el fiscal Luciani recurrió a los medios empresariales. Joaquín Morales Solá y asociados fue uno de sus principales relacionistas públicos y escribió que había 3 toneladas de pruebas. Clarín incluso afirmó que el fiscal las había pesado. Aún se busca el artículo del Código Penal que valore las pruebas por kilo o la materia en la facultad de Derecho que tenga pesaje probatorio en su currícula.

Lo cierto es que pruebas no había pero necesitaban una condena. En todas las otras causas que le armaron, como Dolar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces la ex presidente fue sobreseída por inexistencia de delito. En la causa Vialidad tampoco hay delito pero sí condena.

Bala o condena

El fiscal Luciani terminó su alegato el 22 de septiembre de 2022 y pidió 12 años de cárcel para CFK. Uno para cada año de gobierno kirchnerista. A partir de entonces miles de personas se congregaron a la puerta del departamento de CFK en Recoleta como señal de apoyo, acompañamiento y repudio a la persecución judicial. El sistema de medios que daba por culpable a CFK sin más pruebas que la inquina personal de sus dueños transmitida por sus relacionistas públicos agitaba a su vez discursos de odio. Y 9 días después Fernando Sabag Montiel le puso una pistola en la cabeza a CFK y gatilló dos veces.

La bala no salió de milagro. Las pericias indicaron que el arma estaba en condiciones de disparar. En este momento en Comodoro Py se desarrolla el juicio contra Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y su amigo Gabriel Carrizo, los ejecutores del intento de magnifemicidio, pero no se siguió ninguna línea de investigación sobre la pista del dinero ni las terminales políticas del atentado. Otro juicio trunco.

El 12 de septiembre, 11 días despues del atentado, Clarín publicó una nota en tapa titulada “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Distintas formas de eliminar a una figura política. Efectivamente el 6 de diciembre CFK fue condenada a 6 años de prisión sin más fundamentos que la firma de un decreto, dos causas donde está sobreseída y unos chats que metieron por la ventana al final del juicio y donde no se la menciona. No está su firma en ninguna licitación, no pudo direccionar ninguna obra ni apurar ningún pago, las obras las autorizó el Congreso, las ejecutaron en otras jurisdicciones, se hicieron y no hubo sobreprecios. Pero la condenaron igual.

Hoy, 13 de noviembre de 2024, Comodoro Py convocó a una audiencia televisada para confirmar esa condena. Lo harán los jueces Borinsky y Hornos, que se reunían con Macri mientras intervenían en esta causa que inició Macri, y el juez Diego Barroetaveña, designado por Macri; lo harán en base a una decisión en la que intervineron el juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani, que jugaban el fútbol en la quinta de Macri; todo gracias a que jueces como Bruglia, designado a dedo por Macri, confirmaban todo lo que se hacía en el expediente; y todo a partir del trabajo inicial del juez Ercolini, que viajó a Lago Escondido invitado por el grupo Clarín, y el fiscal Mahiques, hermano e hijo de otros viajeros a Lago Escondido.

“La lucha contra la corrupción”

En 2022 en Estados Unidos se publicó un documento sobre Derechos Humanos en Argentina. Fue rápidamente levantado por la prensa empresarial local que le provee de informes en su embajada y que tuvo un título bien coordinado: que era un duro informe sobre la corrupción del gobierno y que había una embestida contra el Poder Judicial. Pusieron un solo caso de funcionarios corruptos: el de Cristina Fernández de Kirchner.

La sincronización fue evidente:

• Clarin: “Mencionan a Cristina. EEUU denuncia grave corrupción gubernamental en Argentina y problemas de independencia judicial”
• La Nación: “Duro informe. Estados Unidos reiteró denuncias sobre la impunidad y la corrupción en la Argentina”
• Infobae: “Los EEUU alertaron sobre los graves casos de corrupción en Argentina y por la embestida del Gobierno contra la Justicia”

El informe es público, está en la web del Departamento de Estado. Tiene 27 páginas y apenas 5 párrafos sobre “Corrupción y falta de transparencia en el gobierno”. Asegura que “hubo numerosos reportes de corrupción gubernamental durante el año” 2022. ¿Reportes de quién? No lo indica, pero es bastante obvio: los medios que visitan su embajada y quedaron expuestos en los cables filtrados por Wikileaks.

Ese informe sobre los Derechos Humano en Argentina daba cuenta de la causa Vialidad e informaba que CFK fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Detallaba a su vez que CFK y sus hijos “enfrentan otros cuatro casos de corrupción”, que deben ser Hotesur y Los Sauces. El apartado era sobre ex funcionarios con causas por corrupción pero solo hablan de Cristina; nada, pero nada, de Mauricio Macri. Menos aún de alguno de sus funcionarios. Obviamente se les pasó por alto que en octubre de 2022 esos jueces y fiscales que persiguen a Cristina viajaron a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. Eso parece que no es corrupción. Menos aún que justo uno de los jueces era Ercolini, que tuvo a cargo la causa Vialidad, y que viajó con Carlos y Juan Bautista Mahiques, padre y hermano de Ignacio Mahiques, que fue fiscal en esta misma causa contra CFK.

Como en la novela de policial negro, para entender de qué va la cosa siempre hay que seguir la pista del dinero. La pista del dinero, cuando se trata de Estados Unidos, es una cuestión de Seguridad Nacional. Y en sus lineamientos de Seguridad Nacional figura cómo utilizan el supuesto combate contra la corrupción para la intervención en otros países, así como en épocas anteriores lo hicieron con la lucha contra el comunismo y la guerra contra las drogas, y las vinculación de la cuestión de la corrupción con el doble objetivo de frenar el cualquier avance de China en la región y asegurar los negocios para las empresas estadounidenses. No es conspiración, está todo en los documentos públicos.

En la web de la Casa Blanca se pueden leer los documentos con la “Estrategia de Seguridad Nacional” (National Security Strategy) de Estados Unidos desde la administración de Ronald Reagan a finales de los 80 hasta la actual de Joe Biden .

En la Estrategia de Seguridad Nacional de Biden, publicada en octubre de 2022, afirman que:

• tienen “la lucha contra la corrupción como el nucleo de interés de Seguridad Nacional”
• “la estrategia para combatir la corrupción reconoce la amenaza única que significa la corrupción para su Seguridad Nacional”
• “Estados Unidos va a elevar y expandir la escala de sus compromisos diplomáticos y de su asistencia exterior, incluso capacitando a gobiernos socios para combatir la corrupción en cooperación con las fuerzas del orden de Estados Unidos”
• “Haciendo todo esto en coordinación con nuestros aliados y socios, vamos a establecer reglas de juego justas mientras a la vez sostenemos nuestras ventajas económicas y tecnológicas y damos forma a un futuro definido por la competencia justa, porque cuando los trabajadores y las compañías americanas compiten en igualdad de condiciones, ellos ganan”.
• “Juntos, apoyaremos una efectiva gobernabilidad democrática que responda a los intereses de los ciudadanos, que defienda los derechos humanos y combata la violencia de género, aborde la corrupción y los proteja frente a interferencias y coerciones externas, incluyendo las que sean de China, Rusia o Irán”

Biden-Harris, 2022, corrupción, negocios para sus empresas y limitar la interferencia de China. Pero no es nuevo y sus predecesores fueron aún más explícitos. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, en la administración Donald Trump, hay un apartado de “Lucha contra la corrupción extranjera” donde afirman:

• “Utilizando nuestras herramientas económicas y diplomáticas los Estados Unidos continuaran apuntando contra funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con países para mejorar su habilidad para combatir la corrupción para que las compañías de Estados Unidos puedan competir de manera justa en climas de negocios transparente”.

Directo: “apuntando contra funcionarios extranjeros”. Habrá que estar atentos a como encaran este tema en la era del tercer Trump que, como lo describió Nicolás Lantos, trae como novedad un desprecio por la democracia avalado por un poderoso grupo de multimillonarios cuya cara visible es Elon Musk.

La administración Obama, en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2010, escribió

• “Vamos a promover el reconocimiento de que la corrupción generalizada es una violación a los derechos humanos básicos y un severo impedimento para el desarrollo de la seguridad mundial. Vamos a trabajar con gobiernos y la sociedad civil para lograr más transparencia y rendición de cuentas en los presupuestos gubernamentales, los gastos y los patrimonios de los funcionarios públicos. Y vamos a institucionalizar prácticas transparentes en torno a los flujos de ayuda internacional, la política fiscal y la participación del sector privado en torno a los recursos naturales para que sea más difícil que los funcionarios roben y fortalecer los esfuerzos ciudadanos para que sus gobiernos les rindan cuentas”.

Corrupción, intromisión a través de la sociedad civil (algo que se profundizó y mucho durante la gestión Obama) y, ya por entonces, el interés en los recursos naturales.

Desde la USAID, que es el lobo vestido de cordero que ofrece ayuda para el desarrollo y es en realidad otra herramienta de intromisión de Estados Unidos en otros países, publicaron un Plan Estratégico 2018-2022. Escribieron que:

• “Nos enfrentaremos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad, permite las TCO (Organizaciones Criminales Trasnacionales) y genera desventajas para las empresas estadounidenses”
• “La corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir”
• “Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo internacional que promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales para perpetuar el sistema económico basado en reglas sobre el que se basa nuestra prosperidad, y para ayudar a garantizar un espacio libre y justo donde las empresas estadounidenses puedan competir”

Son solo algunos ejemplos, todos de documentos públicos, que evidencian que el combo corrupción-China-negocios de empresas estadounidenses es, para los Estados Unidos, un tema de seguridad nacional. Difundir sus informes sobre la corrupción en Argentina, y sobretodo a quien apuntan, sin darle este contexto, es simplemente ocultar su verdadero significado.

Los documentos son claros. El discurso de la corrupción no tiene un objetivo ético sino el ingreso de las compañías norteamericanas para el control de activos estratégicos. No es que no exista ningún caso de corrupción, pero su generalización y, más aún, el apuntar directo contra CFK (sobre la cuál no hay ninguna prueba en ninguna de las causas que le armaron) en sus informes sobre la corrupción en Argentina, tienen un sentido claro. Es más: en ese afán no sólo fueron por Cristina sino también por algunas de las empresas más grandes del país. La causa Cuadernos hizo desfilar por tribunales no sólo a funcionarios sino a buena parte del gran empresariado argentino.

El rol de los embajadores de Estados Unidos fue clave. En la era Macri el enviado fue Edward Prado, un ex juez de Texas que en su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense dijo: “Mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial”. ¿Qué tenía que hacer un embajador de EEUU en la mejora del sistema judicial argentino? Pregunta para los jueces y fiscales habitués de los cócteles del 4 de julio en la Embajada.

Pero tan o más interesante es el caso del predecesor de Prado, Noah Mamet. Tras terminar su gestión como embajador Mamet no se fue sino que se instaló en el país con el objetivo de tejer negocios para empresas de Estados Unidos. Trajo con él a DLA Piper, un estudio global, que concretó una alianza con Cabanellas, Echebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, uno de los estudios más importantes de la city porteña. Un dúo perfecto para cumplir los objetivos de Seguridad Nacional: combatir la corrupción (Prado y su mejora del Poder Judicial) y abrir negocios para las empresas norteamericanas (Mamet y su estudio de abogados).

La confirmación de la condena a CFK es, sin dudas, parte de esa estrategia, al igual que lo fue con la prisión a Lula da Silva en Brasil, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, los levantamientos policiales y la persecución hasta el exilio de Rafael Correa en Ecuador. Todos acusados de corruptos cuando la realidad era que sus políticas económicas pensaban en sus pueblos. Y para eso es el lawfare que hoy tendrá otro oscuro día de injusticia.