La nueva filtración de chats del celular del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que tuvo que pedir licencia por el escándalo, provocó una andanada de denuncias y contradenuncias en tribunales por el contenido de los mensajes. Las acusaciones cruzadas van desde corrupción y tráfico de influencias hasta espionaje ilegal, según quien sea el denunciante. El epicentro fue el edificio de Comodoro Py, que se vislumbra como la jurisdicción que acaparará casi todas las presentaciones.
Hubo acusaciones contra D’Alessandro por corrupción y tráfico de influencias que realizaron el gobierno nacional y el mandatario riojano Ricardo Quintela, respectivamente, pero también el propio funcionario porteño, en pos de ensayar alguna defensa, volvió a denunciar que fue víctima de espionaje ilegal y señaló al kirchnerismo. En ese expediente apareció el fiscal Carlos Stornelli para intentar salvar al macrismo. Y lo hizo de la mano del grupo Clarín.
Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, denunció este viernes a D'Alessandro y apuntó contra empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia de Macri, Silvia Majdalani.
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A su vez, al menos cuatro denuncias estuvieron dirigidas contra Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien mantuvo una serie de intercambios con D’Alessandro en los que le aconsejó cómo debía actuar el macrismo en el conflicto que se abrió en torno a la conflictiva conformación del Consejo de la Magistratura. También hay chats entre ambos sobre el fallido apartamiento de Rosatti de la causa por la coparticipación de CABA luego de que se publicara que Robles y el ministro de la Ciudad compartieron el cumpleaños nada menos que de Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños y uno de los viajantes a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. Dos de esas presentaciones las realizaron gobernadores.
Como publicó El Destape, entre las denuncias contra Robles se destaca por lo llamativa una que realizó Gastón Marano, el abogado de Gabriel Carrizo, detenido y procesado en el caso del atentado contra CFK. La presentó en Comodoro Py. En tribunales interpretaban ese escrito como un intento por lograr que la investigación sobre la mano derecha de Rosatti se instruya en los tribunales de Retiro y no en Santiago del Estero, donde se radicó la primera presentación, que finalmente ya viajó a los juzgados federales porteños luego que el juez Guillermo Molinari se declarara incompetente.
Además de Gerardo Zamora, el gobernador Quintela denunció a la dupla D’Alessandro-Robles. La acusación fue por tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público y se hizo ante la justicia federal que tiene jurisdicción en la provincia que gestiona Quintela. Es la única denuncia que por ahora no tramita en Comodoro Py.
La filtración de chats también provocó como rebote que la intervención de la AFI hiciera una presentación contra los diarios Clarín y La Nación por revelación de secretos políticos y militares. Esta presentación tuvo como disparador dos notas de esos medios en los que se tergiversa una respuesta de la agencia a la Comisión Bicameral de Inteligencia para operar contra el gobierno en el marco del escándalo de los chats. La maniobra que se vislumbra en esas notas es la de denunciar al Ejecutivo de espionaje ilegal para direccionar las filtraciones del celular de D’Alessandro hacia la AFI actual. No es azaroso que tras la nueva filtración el funcionario de la Ciudad denunciara al diputado del FdT Rodolfo Tailhade por considerarlo responsable de todo el escándalo y la lilita Paula Oliveto hiciera una denuncia por la existencia de una supuesta Mesa Militar en la exSIDE.
En el caso de la denuncia de D'Alessandro interviene momentáneamente Stornelli, quien busca blindar al macrismo y pidió una serie de medidas para involucrar a Tailhade. El diario Clarín se tomó del accionar del fiscal para realizar una nueva operación y llevó el tema a portada este sábado con un título sugestivo: "Investigan si el diputado Tailhade participó del hackeo a D'Alessandro". ¿Quién escribió la nota? Daniel Santoro, quien estuvo procesado junto a Stornelli y el espía ilegal Marcelo D'Alessio en el D'Alessiogate. Tailhade se hizo eco de esta maniobra y tuiteó: "Santoro y Stornelli juntos, les suena? A través de dos profesionales de la extorsión la mafia de @clarincom me aprieta porque soy miembro de la Comisión de Juicio Político y voy a ir a fondo contra sus secuaces de la Corte. No les tengo miedo."
Según reconstruyó El Destape, este lunes Tailhade se presentará en tribunales, en la causa que le inició D'Alessandro. Expondrá con pruebas que no tiene ninguna relación con el hackeo y pedirá que se abra una causa por cada delito que aparece en los chats, que según contó, son decenas. También cuestionará a Stornelli.
En este ida y vuelta de denuncias también hubo una presentación contra D’Alessandro por falsa denuncia. Se presentó el miércoles pasado y quedó radicada en juzgado federal Nº 6. El denunciante fue Ariel Gustavo Davidian.
El gobierno denunció a D’Alessandro
El 1 de enero, tras la filtración de los presuntos chats de D’Alessandro, el presidente Alberto Fernández le ordenó a Soria que como ministro de Justicia de la Nación “promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.” Es que en la filtración de chats surgen varios posibles delitos. La denuncia penal se presentó este viernes y en ella se requirió que se investigue al ministro de Rodríguez Larreta “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.
En su escrito, Soria destacó que los chats filtrados “demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”.
De acuerdo a la filtración, D’Alessandro mantuvo chats con Marcelo Violante, quien tuvo el negocio de las grúas en la Ciudad hasta mediados de 2022. En sus presuntos intercambios, que datan de 2019 y 2020, se habla de juntar la plata, de que ahora tiene “60 verdes” y de que están en “dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno.”
Soria recordó que la empresa Dakota S.A, que comandó Violante, “fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes, a las empresas a cargo de este millonario negocio, cuya concesión se había vencido hace más de 20 años”. Según el ministro nacional, “de acuerdo a los transcendidos periodísticos, el Sr. D’Alessandro habría recibido ‘retornos’ a cambio de no actualizar las tarifas –congeladas desde 2014- ni de impulsar la nueva licitación que ponga fin a una relación que se encontraba fenecida desde hacía 20 años”. Es decir, sostuvo el ministro, existiría un “circuito de recaudación ilegal que funcionaría de forma paralela o ‘bajo la mesa’”.
Por esta cuestión, este viernes el bloque del Frente de Todos pidió en la Legislatura porteña que se cree una comisión investigadora para ahondar en el negocio de las grúas y playas de estacionamiento de Marcelo Violante. También se pretende "conocer sus vínculos y gestiones con Marcelo D’Alessandro”, según tuiteó el legislador porteño Juan Manuel Valdés. Que evidencia que el escándalo recién comienza.
En la filtración también aparecen presuntos chats en los que D’Alessandro se contacta con la ex subdirectora de la SIDE, Silvia Majdalani, y hablan de un negocio de destrucción de chalecos. En la denuncia penal, Soria resaltó: “De acuerdo a los trascendidos periodísticos, la ex ‘Señora 8’, estaría asesorando a D’Alessandro para armar una licitación de destrucción de chalecos a medida de una empresa privada, incluso proveyendo una suerte de ‘dictamen’ con la ayuda de un ‘ex procurador de la ciudad’”.
Tal como había adelantado Soria en una entrevista con El Destape Radio, en el Ministerio de Justicia encontraron una serie de mails que confirman parte de los presuntos chats que intercambiaron D’Alessandro y Majdalani: “La confirmación por parte de la ANMAC de la veracidad de este intercambio de correos electrónicos tiene una relevancia particular. Por un lado, refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas; y, por otro lado, acreditarían la connivencia entre éste último y Madjalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’”, que según el ministro fue “el Grupo Pelco”.
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Tal como pasó en la primera filtración que involucró a D’Alessandro, que dio cuenta de un viaje del ministro porteño con jueces federales y un ex espía de la AFI financiado por Clarín a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, hay documentos que confirman los hechos que surgen en los chats.
Otro de los posibles delitos que denunció Soria fue que “el Ministro D’Alessandro habría ofrecido bienes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para uso personal de un funcionario judicial –supuestamente el Fiscal Augusto Troncoso- quien sería ‘amigo’ del mencionado”.
Para el ministro “esta promiscuidad entre sectores del poder político, sectores de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”. En esa línea, pidió que se secuestre el celular del funcionario porteño y se “realice una pericia informática a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando la información de su privacidad”.
Cuatro presentaciones contra la mano derecha de Rosatti
La primera de las cuatro denuncias contra Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti, se radicó el 2 de enero en la justicia federal de Santiago del Estero y fue presentada por el gobernador Gerardo Zamora. La acusación se hizo eco de la filtración de chats y puntualmente del presunto intercambio que mantuvieron el asesor del presidente de la Corte y el ministro de Rodríguez Larreta por los temas de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura. Para el mandatario provincial, de los presuntos chats “surge información, que de ser cierta, serían conductas prohibidas a un funcionario público de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Apuntó a Robles “por considerarlo responsable de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público”.
El caso quedó en manos del juez Guillermo Molinari quien entre sus primeras decisiones intimó a Robles a entregar su celular. No obstante, si bien defendió la medida que tomó el lunes, este jueves se declaró incompetente y envió el expediente a Comodoro Py.
Entre que se realizó la denuncia de Zamora y el juez Molinari se declaró incompetente, ingresaron dos denuncias en los tribunales de Comodoro Py. Ambas se presentaron el martes, luego de que avanzara la investigación de Santiago del Estero.
Tal como informó este medio, una de esas presentaciones que se radicaron en los tribunales federales de Retiro contra Robles y más llamó la atención fue la que realizó el letrado Gastón Marano, el abogado defensor del jefe de los “copitos” Gabriel Carrizo, procesado y detenido en el caso del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (quien ampliará su indagatoria el próximo martes). Marano también fue asesor de un senador nacional de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia, cargo del que fue desvinculado tras asumir la defensa de Carrizo. En la presentación de este martes, Marano denunció a Robles por “la posible comisión de un delito de acción pública”. Pidió como medida de prueba que se le secuestre el celular a Robles.
En tribunales circulaban distintas interpretaciones sobre esta llamativa presentación, que generó la reacción de CFK. Una de ellas vincula a Marano con Juntos por el Cambio dado su rol de ex asesor de un legislador de esa fuerza y apunta a que con esta denuncia se buscó llevar a Comodoro Py la causa que se abrió en la justicia de Santiago del Estero.
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El mismo martes además de la denuncia de Marano ingresó otra presentación en Comodoro Py que apuntaba contra Robles. La hizo Nicolás Nahuel Giansanti. La denuncia es un calco a la de Marano. Está escrita casi exactamente igual. En este segundo escrito se pide que se investigue el posible delito de negociaciones incompatibles en que pudo haber incurrido la mano derecha de Rosatti. En Comodoro Py sospechaban que con esta maniobra se buscó poder elegir juzgado, algo que es ilegal. No obstante, si esa fue la intención no tuvo los resultados buscados. Las dos denuncias contra Robles que se hicieron en Comodoro Py quedaron radicadas en el juzgado de Ariel Lijo, quien este año está de turno con el fiscal Carlos Rívolo.
Por la feria, es decir, durante enero, el juzgado de Lijo está siendo subrogado por María Servini del 1 al 15 de enero. Servini aparece en los chats de D’Alessandro. Así que como hizo en otro expediente de las mismas características, la jueza se excusó de intervenir. Cuando termine la feria, Lijo se debiera hacer cargo de la pesquisa que apunta a Robles. Es de esperar que haya conflictos de competencia en Comodoro Py porque las dos filtraciones del celular de D’Alessandro provocaron presentaciones de todo tipo.
Por su parte, es de esperar que el fiscal Rivolo también se excuse en estas denuncias que se hicieron contra Robles. ¿La razón? Ya se apartó de intervenir en la denuncia que hizo D’Alessandro contra Tailhade, en la que era subrogante durante la feria de Eduardo Taiano. Se apartó porque, al igual que Servini, aparece como contacto frecuente de D’Alessandro, según surge de la filtración. Por esta excusación apareció en escena Stornelli en esa causa.
Estas excusaciones exponen la importancia que tiene D’Alessandro para el larretismo en su relación con el Poder Judicial.
A todo esto, el jueves, mientras la causa que se había iniciado en Santiago del Estero contra la mano derecha de Rosatti se mudó a Comodoro Py, el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, denunció a D’Alessandro y Robles ante la justicia federal de su provincia. Los acusó de “de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos”.
La operación contra el FdT
El lunes pasado, antes de tomarse licencia en el cargo, el ministro de Justicia y Seguridad porteño denunció penalmente al diputado del Frente de Todo Rodolfo Tailhade en los tribunales de Comodoro Py por la nueva filtración de presuntos chats de su celular. El caso recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, que está de licencia por la feria. El funcionario de la Ciudad intentó ensayar una defensa y dice que fue víctima de espionaje ilegal. Vinculó en esa maniobra al legislador kirchnerista, que según supo El Destape, se presentará este lunes en tribunales para hacer su descargo y pedir se investigue a D'Alessandro por las decenas de delitos que se desprenden de los chats filtrados. El ministro de Rodríguez Larreta había pedido la indagatoria y procesamiento del legislador nacional del FdT. En el escrito, D’Alessandro reconoció las conversaciones que se hicieron públicas pero afirmó “que en su mayoría se encuentran editadas y sacadas de contexto”.
En su denuncia, el funcionario porteño aseguró que hay diversos elementos que lo “hacen sospechar" que está "siendo víctima de maniobras de espionaje ilegal”. En pos de intentar contener el escándalo que provocó la nueva filtración, D’Alessandro dijo en su denuncia que es víctima “de un plan criminal sistemático dirigido a dañar ante la opinión pública no sólo mi imagen y reputación como Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino inclusive la de otros Funcionarios y Magistrados, que cumplen sus labores con honestidad y probidad en distintas áreas y poderes del gobierno”.
La denuncia de D’Alesandro contra Tailhade por espionaje ilegal no es azarosa. El macrismo apunta al kirchnerismo para intentar alejar las sospechas que apuntan a que la filtración es producto de una feroz interna cambiemita. El fiscal Rivolo se excusó de intervenir en este caso por estar entre los contactos del funcionario porteño. Quien asumió el caso hasta que Eduardo Taiano se reincorpore fue Stornelli, quien ya está operando sobre el la causa tal como se desprende de una publicación que realizó Daniel Santoro en Clarín. Stornelli y Santoro estuvieron procesados juntos en el D'Alessiogate, una causa emblemática de espionaje ilegal.
Para sostener la línea de D’Alessandro, el martes, la diputada nacional Paula Oliveto, que responde a Elisa Carrió y también apareció involucrada en el D'Alessiogate, hizo otra presentación en Comodoro Py en la que denunció la existencia de una supuesta Mesa Militar kirchnerista dedicada a hacer espionaje ilegal. Esta nueva operación recayó en el juzgado federal Nº 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti. El escrito de la "lilita" está en sintonía con dos notas de Clarín y La Nación que provocaron la denuncia que hizo Agustín Rossi este miércoles.
El interventor de la AFI hizo una presentación en Comodoro Py en la que apuntó contra los diarios Clarín y La Nación por la revelación de secretos políticos y militares. Ambos medios, en tándem con la oposición, fueron parte de la operación a través de la cual buscaron instalar que desde la intervención del organismo de inteligencia se practica espionaje ilegal. El objetivo fue darle sustancia a la defensa de D’Alessandro. Según denunció Rossi, las notas se nutrieron de información que la AFI proveyó a la Comisión Bicameral de Inteligencia por pedido de la oposición y fue tergiversada.
La cantidad de denuncias y contradenuncias que provocó la segunda filtración de chats de D’Alessandro revela que se tocaron intereses sensibles. Las dos filtraciones que involucran al ministro porteño licenciado (la reciente y la de Lago Escondido) exponen los engranajes del poder. Ahora habrá que centrarse en cómo actúa Comodoro Py, que se transformó en el epicentro de la mayoría de las presentaciones. Se sabe que allí el macrismo juega de local.
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