El lunes pasado, los expertos que asesoran a Alberto Fernández describieron esta segunda ola de coronavirus como “una nueva pandemia”. La definición la tomaron de la canciller alemana Angela Merkel, que la acuñó a fines del mes pasado, tratando de convencer a los gobernadores regionales de ese país que adopten medidas más duras para detener el ritmo de propagación de la pandemia. “Estamos, básicamente, ante una nueva pandemia. Nos enfrentamos a un virus del mismo tipo pero más letal, más contagioso y contagioso durante más tiempo”, sostuvo la líder europea. Se refería a las nuevas variantes, que ya tienen circulación comunitaria en la Argentina.
La definición es acertada por varios motivos. Principalmente, la enfermedad puede reinfectar a quienes ya estuvieron contagiados, de manera tal que cualquier reducción de circulación viral que se hubiera conseguido por una alta prevalencia de Covid en determinada población, vuelve a cero. Todas las teorías sobre inmunidad de rebaño esgrimidas el año pasado quedaron rápidamente obsoletas. El ejemplo más claro pudo verse en la ciudad de Manaos, en Brasil, que fue epicentro de la pandemia a mediados de 2020, cuando llegó a afectar al 70 por ciento de la población. La aparición de la variante P1 volvió a arrasar con todo y Manaos colapsó por segunda vez en enero.
En segundo lugar, al aumentar la contagiosidad, algunas medidas de prevención a las que nos acostumbramos durante el año pasado ahora resultan insuficientes. El virus se transmite de la misma forma, principalmente a través del aire, pero las personas que tienen Covid contagian más, lo hacen durante períodos más largos de tiempo o una carga viral menor alcanza para infectar a alguien (o, probablemente, una combinación de esos tres factores). Por eso algunos países dejaron de aconsejar los tapabocas caseros y exigen o recomiendan el uso de barbijos profesionales o de doble protección facial. Por el mismo motivo, muchos países también aumentaron la distancia considerada segura para el contacto interpersonal.
El tercer punto que diferencia esta segunda ola de coronavirus de la que vivimos hasta ahora es que los nuevos linajes (como el P1 amazónico y el B117 británico, presentes en el país) afectan más y con mayor gravedad a personas que no forman parte de los grupos considerados de riesgo. Hasta ahora no existen estudios que expliquen el fenómeno, pero los médicos que trabajan en terapias intensivas coinciden en señalar que cada vez atienden más pacientes jóvenes, sin comorbilidades, en estado grave al punto de que necesitan recibir cuidados críticos y asistencia respiratoria. No se detectó aún un aumento en la tasa de letalidad de estos grupos etarios, pero sí secuelas permanentes entre los que sobreviven.
Las consecuencias de las nuevas variantes en la salud de niños y niñas todavía se desconocen, pero incluso tomando en cuenta lo que sabemos sobre la cepa original de coronavirus el aumento exponencial de casos de las últimas dos semanas enciende una señal de alarma: aún cuando las estadísticas de enfermedad infantil son escasas, a partir de que las infecciones se salen de control un porcentaje pequeño puede significar muchas vidas. Según un informe publicado esta semana por la BBC, a partir del examen de exceso de mortalidad se estableció que en Brasil fallecieron por Covid al menos 2600 niños menores de nueve años, aislados en unidades de terapia intensiva, lejos de sus padres.
El 29 de enero, la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, firmó un decreto que obligó a las escuelas a retomar la presencialidad al cien por ciento, sin medidas de cuidado adicionales, un esquema similar al que adoptó Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, ese estado, que tiene una población de tres millones de habitantes, acumula 7333 casos de coronavirus en niños de edad escolar. Solamente el día de ayer se reportaron 129 positivos infantiles. Antes del regreso a clases, representaban solamente el 10 por ciento de los contagios detectados. Esa cifra ahora trepó por encima del 17 por ciento. El 5 por ciento de las admisiones hospitalarias son niños. Dos fallecieron.
Un informe publicado por el prestigioso jornal médico británico The Lancet indica que “la reapertura de escuelas sin una mitigación robusta del virus implica el riesgo de una aceleración de la pandemia”. El estudio asegura que “sin medidas adicionales, es probable ver aumentos en la transmisión, que resultarán en nuevas cuarentenas, cierres de escuela y más ausentismo”. Además advierte que “los argumentos sobre que las escuelas no contribuyen a la transmisión comunitaria y de que los niños son de bajo riesgo significaron que se le dio poca prioridad a las medidas de mitigación escolar”. Aún así, agrega, “la evidencia citada para esos argumentos tiene serias limitaciones”.
Entre las medidas de mitigación, los autores del paper recomiendan principalmente establecer un semáforo que asocie el riesgo con una serie de variables. El más difundido a nivel mundial es el que elaboró la CDC en Estados Unidos, que fue tomado como base para un trabajo similar de la Sociedad Argentina de Pediatría. Allí, una de las variantes que se toma en cuenta es la incidencia de casos cada cien mil habitantes durante los últimos catorce días: menos de 20 se considera riesgo bajo, entre 20 y 200 el semáforo pasa por el amarillo y el naranja, más de 200 casos se considera luz roja y situación de alto riesgo de transmisión en escuelas. La ciudad de Buenos Aires tiene actualmente más de 1200.
Otras medidas recomendadas por ese artículo son establecer una presencialidad mixta, mantener las burbujas en el traslado hacia y desde las escuelas, escalonar los horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones, armar clases de tamaño reducido contratando personal adicional y reducir los intercambios entre burbujas. Ninguna de esas medidas se cumplieron durante las cuatro semanas de educación presencial en CABA, no obstante lo cual Rodríguez Larreta insiste con que “las escuelas no representan un mayor riesgo de contagio”. Hace sólo dos meses, para la dirigencia de Juntos por el Cambio, The Lancet era una cita de autoridad ineludible a la hora confiar en la vacuna Sputnik-V.
Dos meses es mucho tiempo. Habría que preguntarle al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. En enero dijo: “La regla es la presencialidad y si tenés pico de casos, como en Europa, podés cerrar quince días, podés cerrar treinta días”. En febrero, en otra entrevista, insistió: "Si viene la segunda ola, ahí tendremos que tomar una interrupción de 15 días, 10 días, lo que la autoridad sanitaria defina como ha hecho todo el resto del planeta". El viernes estuvo sentado junto a Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa que hicieron para ratificar la postura de sostener la presencialidad. Nadie le preguntó por su contradicción. La conferencia de prensa se hizo en un subsuelo, sin ventilación adecuada.
En esa misma conferencia de prensa, el jefe de gobierno transparentó, en un lapsus, la metodología utilizada para tomar decisiones epidemiológicas. “Todavía tenemos el fin de semana para analizar nuevamente la evidencia, escuchar la opinión de los expertos y expertas -muchos de los cuales ya se han manifestado- y llegar a un consenso que nos permita abrir las escuelas el lunes”. Es decir: primero está la decisión política, que en este caso es abrir las escuelas. Luego, se buscarán los argumentos que se acomoden a ese supuesto “consenso”, previamente decidido en la mesa chica. Esa lógica no admite nunca evidencia que apunte el sentido contrario a lo previamente establecido.
El Destape se comunicó con algunos de los expertos que asesoran al gobierno porteño. Muchos también participan de las mesas de consulta del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof. “El criterio médico es el mismo en los tres casos. La diferencia es claramente política”, aseguró uno de ellos, con reserva de identidad. A diferencia de lo que sucede en Nación y en PBA, el comité no se reúne directamente con el jefe de gobierno sino que asesora a través del ministro Fernán Quirós. Hay encuentros semanales pero la opinión que se vierte allí no influye en las decisiones como sucede en los otros distritos. Ninguno de ellos fue contactado este fin de semana para “llegar a un consenso”.
El GCBA insistirá con la presencialidad escolar en la justicia, donde la Corte Suprema ya le hizo un guiño, al aceptar su competencia originaria en la cuestión y derivar la causa a la procuraduría general de la Nación para que se expida. En tiempo récord, el procurador le devolvió la pelota redonda. A pesar de todo, es difícil que el máximo tribunal falle a favor de la demanda. Si lo hiciera, estaría prestando un doble favor a Fernández: transparentar el vínculo opaco entre justicia y política en una causa mucho más fácil de comprender que los enmarañados expedientes por corrupción y, al mismo tiempo, asumir, supremos y porteños, parte del costo político del desastre sanitario en ciernes.
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