Desde hace seis años Cristina Fernández de Kirchner plantea en sus discursos la necesidad de un gran acuerdo nacional que permita abordar algunos pocos temas fundamentales para el futuro del país y construir lo que llama “el piso democrático”, algo que debería estar más allá de las diferencias entre los distintos espacios políticos, como repasamos extensivamente en este espacio hace siete días. Sin embargo, muchas veces, resulta evidente que actúa de otra forma, que no la acerca a ese punto de encuentro sino que la direccionan en dirección contraria. En particular cuando sus palabras o gestos políticos conmueven los cimientos del Frente de Todos, cuya paz interna parece una condición básica para salir a buscar interlocutores válidos afuera.
Explorar la distancia que se abre entre el enunciado y las acciones de la figura más importante de la política argentina puede echar luz sobre la dificultad de las decisiones que debe tomar y también, acaso, entender por qué las toma. En primer lugar parece necesario tomar nota de que ese desacople no es sistemático ni permanente. Algunas de las decisiones más difíciles que ha tomado CFK en los últimos años dan cuenta de que sus gestos de unidad no son siempre vacíos; la propuesta de que Alberto Fernández fuera candidato a presidente, sin ir más lejos. Esto es importante porque permite descartar que se trate de lisa y llana hipocresía, es decir que simplemente diga una cosa aunque piense otra, lo que limitaría enormemente el interés político que reviste este análisis.
Avancemos entonces. El piso democrático del que habla la vicepresidenta apunta, en esta coyuntura, a consensos mínimos respecto a dos cuestiones concretas. La primera es salir de esta crisis económica permanente que vive la Argentina desde hace por lo menos un lustro, resolver la trampa del bimonetarismo para bajar definitivamente la inflación y ordenar precios relativos, o como dijo ella en diciembre de 2020: alinear precios, salarios y tarifas. El segunda es asegurar la vigencia del Estado de Derecho, que significa garantizar que el gobierno próximo, y todos los que vengan después, no van a espiar, ni van a perseguir, ni obligar al exilio, ni van a proscribir, ni van a utilizar causas forjadas para meter presos a ella ni a ningún dirigente opositor sin un juicio justo y con derecho a defensa.
Ese camino, que Mauricio Macri comenzó a recorrer en su mandato entre 2015 y 2019, es el que lleva a “terminar como en Venezuela”, mantra con el que la derecha en la Argentina cuestiona cada decisión del peronismo. ¿Por qué resultó tan difícil, durante tantos, años, destrabar la crisis política en ese país? Porque no existe un compromiso con el Estado de Derecho y quienes están en el poder saben que el día que dejen el gobierno van a terminar presos, exiliados o algo peor, no por los crímenes que pudieran haber cometido y cuya responsabilidad individual debe probarse para poder imponer una pena, sino por el mero hecho de haber formado parte de un proceso político. En esas condiciones, cuando se transgreden las seguridades más básicas, no hay democracia posible.
Hoy, en la Argentina ya se recorrió una parte de ese lamentable camino. El Poder Judicial no brinda ninguna garantía. Las decisiones tomadas en las últimas semanas por instancias clave, colonizadas por jueces con algún tipo de compromiso o relación con Macri, incluyendo la propia Corte Suprema, dan cuenta de que existe la decisión política de hacer lo que sea necesario para que se garantice la impunidad del expresidente y de todos los funcionarios que tuvieron participación en actos de espionaje y persecución política y, la otra cara de la misma moneda, profundizar el asedio sobre CFK, con decisiones que huelen 2023. La maquinaria volvió a activarse cuando ella dio señales de que podía ser candidata. Si uno fuera mal pensado creería que se trata de un mensaje mafioso.
Así las cosas, no se puede decir que en Argentina hoy exista un equilibrio de poderes. Por el contrario, hoy asistimos a un peligroso desequilibrio de poderes, en el que la rama judicial del Estado tomó para sí atribuciones que no le corresponde, limitando el campo de acción de las otras dos y dándose, en ese acto, una primacía que no se desprende de lo que señala la Constitución Nacional. Ya no existe un control cruzado, sino que ese veto corre solamente en una dirección, ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios sin que los representantes de la ciudadanía, elegidos por el voto popular, no cuentan con herramientas para desafiar el poder de lo que se ha constituído como una verdadera casta. No hay frenos ni contrapesos que puedan limitar el daño irreparable que causa el Poder Judicial.
Se trata de una amenaza para todos los argentinos pero ese riesgos e vuelve inmediato para CFK, que está en la mira de esa mafia. Por eso, quizás, ella toma con frecuencia decisiones en un sentido contrario al de un acuerdo amplio como el que pregona en sus discursos. Hoy está a la defensiva ante una realidad que solamente elegir entre opciones malas. Ante la impotencia de ver cómo el gobierno toma un rumbo que ella considera equivocado e irreversible pero no tiene herramientas para evitarlo. Ante los medios que tergiversan su discurso. Ante una oposición que habla explícitamente de terminar con el peronismo o eliminar al populismo. Ante un grupo de jueces que amenaza con meterlas presa a ella y a su hija y hasta con prohibirle participar en las próximas elecciones
En lo que se conoce como el “círculo rojo” ya dan por sentado que la vice llegará a la campaña del año que viene con una condena en la causa sobre irregularidades en la obra pública, una investigación amañada en la que no se hizo lugar al pedido de la defensa para incorporar los peritajes más elementales. Recientemente la Corte Suprema rechazó todos los planteos de la vicepresidenta en ese sentido, después de tres años de demorar una resolución. Casi como si hubieran esperado al momento justo para que el juicio oral coincida con el comienzo del año electoral y la sentencia impacte en la campaña. La pregunta que se hacen empresarios y banqueros es si darán un paso más y en la sentencia la inhabilitarán para ejercer cargos públicos, lo que constituiría un acto de proscripción.
La única respuesta posible a esa pregunta en estas circunstancias es por qué no. Si obtienen un beneficio por hacerlo, tienen el poder de que se haga y además, ahora lo sabemos, también pueden garantizar su impunidad. Eso quedó claro en los fallos que, horas antes del comienzo de las vacaciones de invierno (sí, los jueces no pagan ganancias pero tienen vacaciones de invierno), los camaristas Mariano Llorens, que iba a jugar al tenis a la quinta de Olivos con Macri pero salía sin polvo de ladrillo en la suela; Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puestos a dedo por el expresidente, le sacaron de encima el único procesamiento que tenía, por haber mandado a investigar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El espionaje está probado, pero siga siga.
Por supuesto, hay quienes ante estos hechos esgrimen incredulidad para negar la existencia de un plan sistemático, como si se tratara de una teoría conspirativa sin lazos con la realidad. Las declaraciones recientes del exasesor de Seguridad en la Casa Blanca John Bolton sobre el planeamiento de golpes de Estado deberían despejar esas dudas, si fueran bienintencionadas. También alcanza con repasar lo que sucede o ha sucedido recientemente en países vecinos. Lula estuvo proscripto y preso; Evo fue depuesto, estuvo exiliado y sigue proscripto; Correa vive en el exilio. Cristina, con sobrados argumentos, se siente a la par de ellos, pero no está dispuesta a seguir ese camino. Y, mientras esté lejos el acuerdo nacional, para eso necesita inevitablemente hacerse fuerte en el 2023.
Eso explica mayormente su conflicto con el Presidente, en cuyo marco se suelen dar algunos de esos pasos en falso que hacen menos creíble su vocación de diálogo. Repasemos. Mantuvo silencio durante el primer año de gobierno de Fernández y luego, con una carta y un discurso, marcó públicamente las diferencias que ya había planteado en privado sin recibir respuestas. Cada una de las dos derrotas electorales en 2021 agigantó la distancia, pero más lo hizo la reacción posterior del mandatario a cada una: la demora en los cambios de gabinete después de las PASO y el anuncio unilateral de que el Frente de Todos definirá sus candidatos en primarias, días después de la elección en Noviembre, una bomba que recién estalló meses más tarde, tras la firma del acuerdo con el FMI.
La tregua alcanzada a partir de la designación de Silvina Batakis en el ministerio de Economía sigue en pie pero esta semana, después de diez días de tensa calma, CFK dio las primeras señales de malestar con el rumbo de gobierno que ella misma acordó en este nuevo esquema sui generis de gestión concertada. El aumento a los trabajadores del Congreso, bien por arriba de las pautas que maneja el Poder Ejecutivo, se leyó de esa forma, al igual que la desprolija y contraproducente desmentida respecto a su apoyo a las medidas que tomó Batakis. También puede interpretarse de la misma forma el anuncio de una marcha para el 17 de agosto por parte de la CGT, al día siguiente de que tres portadores del poder permanente en la central obrera se reunieran con ella.
Inicialmente la marcha estaba pensada para finales de julio y luego se planteó demorarla hasta el 7 de agosto para que coincidiera con San Cayetano. Finalmente, después de la reunión de la vice con Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, se decidió esperar hasta la segunda quincena del mes que viene. Vale preguntarse si esa demora habrá sido una sugerencia suya para darle tiempo al presidente a que tome las medidas necesarias para que una marcha que nace de cuestionamientos serios se convierta en una marcha de apoyo al gobierno. Contra lo que opina Elisa Carrió y muchos como ella, CFK no intenta voltear al gobierno; por el contrario, muchas veces debe sostenerlo porque su caída desataría una crisis cuyas consecuencias, con este punto de partida, son inimaginables.
Su dilema es que para preservar identidad y caudal político intenta despegarse de un gobierno que sin su soporte puede desplomarse y arrastrarla a ella en la caída. No existe una distancia perfecta que permita orbitar, apaciblemente, entre ambos imperativos, entonces lo que hay se parece más a un zigzagueo que pone en riesgo la consecución de los dos objetivos o a un péndulo que interrumpe cada avance en el mismo punto exacto que el anterior. Eso no es bueno para ella, ni para el Frente de Todos, ni para el país. Tarde o temprano deberá decidir un camino; existen dos posibles. Sólo uno de ellos puede conducir, trabajosamente y no sin riesgos, a consensos de convivencia que garanticen una salida a la crisis económica permanente y la vigencia del Estado de Derecho.
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