A un año de la génesis del Frente de Todos, el caso Vicentín funciona como un experimento a cielo abierto para poner a prueba la premisa sobre la que se construyó la presidencia de Alberto Fernández. El “renunciamiento” de Cristina Fernández de Kirchner y la elección de su compañero de fórmula partía de la idea de que, en este contexto regional y mundial, un gobierno más abierto al diálogo y menos confrontativo podía ser más eficaz en la aplicación de políticas resistidas férreamente por los intereses corporativos que conducen táctica y estratégicamente a la oposición. Cambiar las formas y sostener lo más intacto posible el fondo. Esa fue la música sobre la que danzaron esta semana las falsas primicias y las tímidas desmentidas.
El rescate con participación pública de la agroexportadora era un desenlace tan obvio que en los últimos meses lo anticiparon, cada cual a su imagen y semejanza, desde el PTS hasta José Luis Manzano, pasando por Omar Perotti, Claudio Lozano, Francisco Durañona, Anabel Fernández Sagasti, Rubén Giustiniani, la UTEP, Ricardo Echegaray y hasta Sergio Nardelli, el propio dueño de la compañía, que llegó a imaginarse que el Estado podría aliviar no solamente sus penurias económicas sino también las penales, sin tener que resignar siquiera el control de la operatoria. De todas las alternativas, finalmente, primó la que fue anunciada el lunes pasado, por el definitivo sponsor de CFK pero también porque el Presidente no encontró otra opción que fuera jurídica y económicamente sustentable.
“La política es el rescate; expropiar es solo la herramienta más adecuada para implementarla”, explica un funcionario que ocupa un rol central en la trama. Es lo mismo que dijo Fernández en la quinta de Olivos cuando recibió a Nardelli y a Perotti, y que el gobernador santafesino tradujo, a la salida de esa reunión, como una oferta para acercar “propuestas superadoras”. Había llegado con otra expectativa: que se convalidara la oferta que acercaron los dueños de Vicentín para mantener el control de la empresa con fondeo público. Aunque ya tenía decidida su negativa, el Presidente accedió a que presentaran los detalles ante el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el interventor Gabriel Delgado y el titular de YPF, Guillermo Nielsen. La respuesta fue la misma: “Es inaceptable”.
El Presidente deja abierta, sin embargo, una puerta para negociar, no con los dueños de la compañía (“no tienen nada para ofrecer”) sino con el gobierno de Santa Fe, las cooperativas de productores perjudicadas por la insolvencia de Vicentín y los sindicatos, partes interesadas en una solución rápida al conflicto. Hubo sondeos para sumar a esa mesa al intendente de Avellaneda, Santa Fe, que se puso al frente de las protestas contra la expropiación. Lo que se puede conversar es el articulado del proyecto de expropiación que se enviará al Congreso, que no necesariamente será el mismo que circuló el lunes durante las horas posteriores al anuncio. Allí, en la letra fría de la ley, pueden ajustarse tuercas que ayuden a desactivar el conflicto y garantizar apoyos para no sufrir en el Congreso.
En el Senado no habrá inconvenientes para aprobarla. Esta semana, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que conduce una mayoría sólida de 41 voluntades cuando la oposición decidió levantarse del recinto por segunda sesión consecutiva, quitándole el respaldo a la ley de Alquileres que estaba consensuada y que había sido aprobada por unanimidad en Diputados, donde la impulsó Cambiemos. En 2016, una iniciativa similar llegó a obtener media sanción en la cámara alta. Julio Cobos, Lucila Crexell, Pedro Braillard, Roberto Basualdo, Alfredo De Angeli, Silvia Elias De Pérez, Silvia Giacoppo, Ernesto Martinez, Juan Carlos Marino, Luis Naidenoff y Pamela Verasay son los senadores y senadoras que hace tres años y medio habían respaldado a los inquilinos y ahora les dieron la espalda.
La excusa es que el acuerdo que había permitido sesionar de manera semi-remota sólo habilitaba a discutir asuntos ligados a la emergencia por la pandemia. Sin embargo, al mismo tiempo, denuncian que el gobierno quiere mantener cerrado el Congreso. Un extraño caso de disforia republicana. El que digita esos vaivenes es Martín Lousteau, que se encuentra cada día más a gusto confrontando con la vicepresidenta, un activo político premium reservado a muy pocos dirigentes cambiemitas. El exembajador trabaja con un objetivo: blindar un número de aliados que le permita rechazar la designación de Daniel Rafecas el frente de los fiscales. No porque tenga algo contra el juez; simplemente como una demostración de poder. Un acto de cortejo a una oposición que no encuentra un líder.
Otros tienen mejores motivos para temer el nombramiento de Rafecas al frente del Ministerio Público Fiscal. A medida que siguen saliendo a la luz las operaciones ilegales de inteligencia realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, comienza a observarse el diseño de una estructura que utilizaba herramientas del Estado, desde la AFI hasta la AFIP, pasando por la Policía de la Ciudad, el ministerio de Seguridad de la Nación, y la Dirección Nacional de Migraciones, para realizar espionaje político, apretar jueces y perseguir opositores. Ese sistema paraestatal respondía, aparentemente, a la mesa judicial encabezada por el propio Presidente. Nadie puede hacerse el sorprendido; Macri asumió su gobierno procesado por el mismo delito.
La confirmación de Cristina Caamaño al frente de la Agencia de Inteligencia y la reciente designación de María Laura Garrigós como interventora del Servicio Penitenciario Federal fueron las primeras piezas que usó el Presidente para comenzar a desmontar aquello que definió como “los sótanos de la democracia”; la convivencia incestuosa de políticos, jueces, medios de comunicación y espías que tuteló la democracia argentina desde 1983. Como Procurador, Rafecas llega para completar ese esquema, que prepara el terreno para la reforma judicial. En el gobierno no quieren seguir esperando para avanzar con su confirmación. Para ser aprobado, el pliego necesita dos tercios de los votos; una fisura en el bloque que exhibió Lousteau las últimas dos veces que se conectaron al recinto.
Resultará clave para eso la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Socio a la fuerza de Fernández y del gobernador bonaerense Axel Kicillof en la lucha contra el coronavirus; adversario directo del exembajador, no sólo en la carrera hacia una eventual candidatura presidencial sino también en la lucha por el control político de la ciudad de Buenos Aires; y a la sazón víctima del aparato de espionaje que montó su propio gobierno, la posición del alcalde porteño no es sencilla. En el mundo anterior a la pandemia, Rodríguez Larreta había tenido gestos, públicos y de los otros, que en el oficialismo interpretaban como disposición a conducir a un grupo de senadores que acompañen la propuesta o se ausenten a la hora de votar, para facilitar el trámite. Hoy, el escenario se volvió mucho más incierto.
Mientras tanto, el invierno dejó de ser una amenaza en el horizonte y la pandemia sigue fuera de control en el área metropolitana. Los focos en otras provincias, donde la situación es manejable, evidencian, sin embargo, que llevará tiempo y trabajo relajar las restricciones que siguen vigentes incluso en fase 5. En el mundo también comienzan a experimentarse rebrotes, desde Florida hasta Beijing, y muchos planes de normalización pasaron a fase recalculando. A esta altura del partido, los gobiernos nacional, bonaerense y porteño aceptan que los casos van a multiplicarse durante las próximas dos semanas. La discusión es cuándo cerrar. Entre Olivos y La Plata hay consenso en hacerlo lo antes posible; en el GCBA todavía existen resistencias. Otra vez, la llave la tiene Rodríguez Larreta.
Un nuevo período de aislamiento estricto requerirá un nuevo esfuerzo del Estado para sostener a la población y a las empresas. En el ministerio de Economía están preparando una tercera entrega del IFE y alguna alternativa que reemplace los ATP por préstamos al empleador a tasa cercana a cero a pagar una vez que se haya reactivado la economía. El gobierno apuesta a endurecer el aislamiento para suprimir la pandemia durante el invierno y que en primavera comience la recuperación de la actividad. Incluso, hay quienes se imaginan que el tercer trimestre puede traer buenas noticias para la economía. Para eso resulta imprescindible frenar a la enfermedad antes de que cause estragos. La ventana de oportunidad para hacerlo se está achicando rápido.
Un paper aún por revisar, publicado por economistas del MIT, la Reserva Federal y el Banco de New York y basado en el estudio de la pandemia de gripe española hace un siglo, encuentra correlación entre las medidas de control sanitaria y el rebote económico posterior a la crisis en más de cuarenta ciudades de los Estados Unidos. Según el estudio, en ciudades donde se implementaron medidas de distancia social de manera anticipada y se las mantuvo hasta que concluyó la amenaza tuvieron mejores performance en la creación de empleos una vez que hubo pasado la enfermedad. “No encontramos evidencia de que actuar de forma más agresiva en términos de salud pública implicara peores performances económicas”, explican sus autores. “Por el contrario, pareciera que les fue mejor”.
El estudio “echa dudas sobre la idea de que hay un intercambio de suma cero entre disminuir el impacto del virus, en una mano, y la actividad económica, en la otra, porque la pandemia en sí misma es muy destructiva para la economía”, agregan. Después de comparar el desempeño de cuarenta y tres ciudades, encontraron que aquellas que tomaron medidas más duras de salud pública pudieron conservar mejor su infraestructura laboral y tuvieron bases más sólidas para la reconstrucción. “Encontramos que las áreas más severamente afectadas por la pandemia de gripe de 1918 vieron una caída repentina y persistente en indicadores como empleo, producción industrial, préstamos bancarios y consumo de bienes durables”. Ya se dijo: lo que haya que hacer, hagámoslo rápido.
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