Las últimas diferencias entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional se saldaron el sábado: el acuerdo técnico está prácticamente cerrado. Los escarceos definitivos trataron sobre la magnitud que tendrá el inevitable aumento de las tarifas. Finalmente, se determinó que crecerán a un ritmo menor que los salarios. En el marco de este nuevo mundo en el que la inestabilidad es regla, es más probable que esa cifra funcione en la práctica como un techo que como un piso para las facturas de electricidad y gas.
El esquema que se diseñó en Buenos Aires y fue ratificado en Washington prevé la eliminación de los subsidios para el diez por ciento de los usuarios que tiene mejor poder adquisitivo, lo que significaría un aumento cercano al 200 por ciento. La tarifa social, en tanto, solamente se actualizará en un 40 por ciento respecto a los sueldos, mientras que el resto de los usuarios tendrán subas por el 80 por ciento de lo que crezcan los salarios, lo que se traduce en una reducción del peso de los servicios en el costo de vida total. Esta ecuación tendrá validez este año y el próximo.
La letra chica da cuenta de que, para calcular los incrementos, se tomará como referencia el coeficiente salarial del Indec, que se nutre de datos sobre las variaciones en los sueldos tanto en el sector público como en el privado formal y en el informal. Esto es parte de los anuncios que hará el presidente el martes ante la Asamblea Legislativa en su discurso de apertura del año político. El acuerdo con el FMI se dará a conocer después de ese acto e ingresará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
En la Casa Rosada recordaban esta semana la ley de Murphy, que postula que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. La referencia apuntaba a la guerra en Europa, que estalla justo cuando el mundo comenzaba a salir de la pandemia que mancó los primeros dos años de gobierno del Frente de Todos. Entre las víctimas colaterales de los misiles que surcan desde el miércoles el cielo de Ucrania deben computarse buena parte de los planes que Alberto Fernández tenía para la segunda mitad de su mandato.
No solamente resultaron heridos de gravedad varios pasajes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya letra se volvió incumplible en el momento en el que Vladimir Putin anunciaba el comienzo de la guerra. Las novedades que llegaban desde Moscú obligaron a rediscutir cláusulas que ya estaban resueltas, incorporar otras que intentan prever lo imprevisible y hacer más laxos los ajustadores que se ponen en marcha en el probable caso de que se registren incumplimientos.
También (principalmente) se achicaron, hasta el borde de la desaparición, los márgenes para un plan de estabilización de la economía argentina que apuntara a la convergencia de variantes que desde hace demasiados años se comportan como si fueran independientes entre sí. Sólo la disminución sustancial de los niveles de incertidumbre pueden allanar el camino hacia una baja gradual de la inflación. Esta semana descubrimos a la fuerza que el mundo no está en condiciones de ofrecer certezas.
El sábado, Fernández habló con su par español, Pedro Sánchez, que le pintó un panorama complicado. En el viejo continente se preparan para un conflicto de largo aliento, que pondrá más presión a la destartalada economía mundial que dejó la pandemia. Es probable que hoy el francés Emmanuel Macron le dé un panorama similar. Después de firmar el acuerdo con el Fondo, Argentina planeaba engordar sus reservas con DEGs de otros países. Esa maniobra también parece más difícil ahora.
Es decir: el acuerdo con el FMI, ahora, es imposible de cumplir y, al mismo tiempo, su principal beneficio, que era la reducción de los niveles de incertidumbre, quedó licuado en la tormenta perfecta económica que se desató junto a una guerra que se disputa sobre un cuarto de la producción mundial de trigo, un quinto de la de maíz y la mitad del gas que usa Europa. La pregunta que se hacen por estas horas muchos diputados y senadores oficialistas es: ¿entonces por qué deberíamos votar a favor?
Para el gobierno a esta altura el único plan se parece a evitar una crisis terminal y ganar tiempo, objetivo que comparte con el Fondo. Una a favor de la Argentina: para Estados Unidos y el Fondo sería sensible un default en plena guerra, cuando el sistema financiero internacional sufre las sacudidas que provoca cada cañonazo de la artillería rusa. Nunca está de más recordarlo: la deuda que pidió Mauricio Macri hace de este país el principal deudor del FMI. El tercero en esa lista es Ucrania.
En la Casa Rosada todavía aseguran que cuentan con el número para aprobar el texto, pero lo cierto es que vivimos en un mundo más imprevisible que hasta la semana pasada y este asunto no escapa a las generales de la ley. El gobierno intentará despejar las dudas que todavía cobijan bastantes legisladores convocando a una marcha que apoye al presidente Fernández este martes, cuando acuda a dar su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.
Una curiosidad: el anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que hasta ahora no había ocupado ese rol público desde que desembarcó en Buenos Aires. La manifestación cuenta con el apoyo de “muchos y diversos sectores del Frente de Todos”, entre los que menciona a “la Confederación General del Trabajo, diversas agrupaciones del Partido Justicialista y movimientos sociales”. Un riesgo: que se vea más como una interna a cielo abierto que como una muestra de fortaleza política.
Además de anunciar el acuerdo, el discurso, que Fernández trabaja junto a su asesor Alejandro Grimson y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, se centrará en la recuperación económica experimentada en 2021 y en las trabas que puso la oposición y que demoraron el tratamiento de los proyectos de corte productivo que había anunciado un año atrás. También habrá un momento para destacar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuyo financiamiento queda garantizado en el acuerdo con el Fondo.
La incógnita, en todo caso, es si tomará decisiones extraordinarias para evitar que el precio de la guerra en Europa recaiga nuevamente sobre los hombros de la sociedad argentina. Con el precio de la energía y los alimentos por las nubes y la amenaza de otro año de alta inflación mundial, la adopción de medidas más osadas que impidan que el costo de vida siga deteriorándose, partiendo de un piso de 40 por ciento de pobres, parece casi un imperativo político. Si no es por el bronce que sea por instinto de supervivencia.
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