Macri enredado en la trama de espías que él mismo desató

Poco después de que el PRO aportara quórum y votos para que la Cámara de Diputados rechazara el miércoles el DNU por el cuál Javier Milei le otorgó 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la SIDE, el jefe de Gabinete Guillermo Francos habló con El Destape 1070 y, visiblemente enojado con la actitud de la tropa de Mauricio Macri, dijo: “El ex presidente Macri tiene bastante experiencia en estos temas, su gobierno ha tenido bastantes denuncias penales por estos temas". Eso fue este miércoles.

¿Sabía algo Francos? Parece que sí. La periodista Luciana Bertoia reveló que la SIDE se presentó en una de las múltiples causas donde Macri fue denunciado por utilizar el espionaje ilegal durante su gestión. Y fue en una muy especial: la que se inició por las tareas de inteligencia desplegadas sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, la única en la que Macri fue procesado. En las otras sus jueces serviciales lo salvaron antes.

¿Hay relación entre estos sucesos? Todo indica que sí. Y la cronología parece confirmar que el jefe de Gabinete Francos sabía de qué hablaba. El 15 de agosto pasado un apoderado de la SIDE, Ignacio Damián González, se presentó ante el juez Julián Ercolini y le dijo que quería “conocer el estado procesal” de la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Es decir, los servicios de inteligencia quieren conocer el estado de este expediente tan sensible para Macri. La presentación se hizo seis días antes de la votación por los fondos reservados, en la que el macrismo colaboró para asestar un golpe político al gobierno. ¿Escondía algún mensaje político la presentación de la SIDE justo en esta causa? El mismo día de la sesión, el juez Ercolini respondió al escrito de la SIDE. Dio por recibida la presentación y respondió que “acreditado fehacientemente el carácter que invoca (González) a través del poder correspondiente se proveerá”.

Comodoro Py ya sobreseyó a Macri en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan no porque ese espionaje ilegal no existiera sino porque lo consideraron justificado. Sí, jueces que avalaron espionaje interno en democracia. Pero el caso ya no está en los tribunales federales de Retiro sino en la Corte Suprema, que tiene que confirmar o revocar el sobreseimiento del ex presidente. Y la Corte es otro terreno de disputa entre Macri y Milei por la candidatura del juez Ariel Lijo, que es quien tiene apretado a Macri por el escándalo del Correo.

¿Qué interés puede tener la SIDE en este expediente? En principio no debería tener ninguno, ya que no es parte. Los acusados son Macri, los ex jefes de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y otros espías, que tuvieron sus propios abogados. Todo indica que es un mensaje que puede incluso provenir de Santiago Caputo, el monotributista que maneja los hilos de buena parte del gobierno, en especial de la casa de los espías.

Seis días después de que la SIDE diera esa señal en tribunales se trató en el Congreso el DNU que destinó 100.000 millones de pesos para fondos reservados. Diputados lo rechazó, aún falta el Senado. Pero la novedad fueron los votos del PRO en contra del DNU.

Los votos de los diputados de Macri contra la multiplicación de fondos reservados para los espías no fueron por una cuestión ética. El propio líder del PRO fue el que reinstauró el secretismo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ahora rebautizada SIDE. Lo que expresaron, al igual que el acompañamiento PRO de ayer en el Senado a la ley de movilidad jubilatoria, es el estado de tensión entre Macri y Milei, que tiene razones de negocios (la concesión de la hidrovía, por ejemplo) y personales (el caso Correo tanto en lo penal como en lo comercial). Que los diputados del PRO votaran contra la recuperación de las jubilaciones y ahora los senadores del PRO voten a favor no hace más que confirmar que se mueven por la paritaria de su jefe, no por convicciones.

Y que la SIDE pregunte por el estado de la única causa por espionaje donde Macri fue procesado muestra que esa trama del uso de la casa de espías para política interna que ayudó a tejer ahora se puede volver en su contra.

La presentación de los servicios de inteligencia provocó diversas reacciones. La abogada de la querella mayoritaria de este caso, Valeria Carreras, interpretó el movimiento de la SIDE como un mensaje para sus representadas. En diálogo con El Destape afirmó: “En representación de 31 familias, luego de ser golpeadas de todo tipo de formas, ahora están temerosas de que se metan con ellas. Usan otro nombre pero tienen los mismos métodos. Antes era la AFI ahora es la SIDE. Nada cambió. Todo sigue igual o peor.”

La causa donde la SIDE dijo presente

Macri fue procesado en la causa del espionaje al ARA San Juan en diciembre de 2021 por el juez Martín Bava, que reemplazó a su colega Alejo Ramos Padilla en los tribunales de Dolores donde destapó la red de espionaje ilegal desplegada durante la gestión PRO. Bava procesó a Macri por 6 hechos: 

• Hecho 1: seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.
   
• Hecho 2: el 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.
   
• Hecho 3: Una semana después se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.
   
• Hecho 4: El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata. Y se elaboran informes de inteligencia con ese material.
   
• Hecho 5: en el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata
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• Hecho 6: diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.

“Se encuentra acreditado en autos que, por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 el imputado Mauricio Macri, desde su rol de Presidente de la República Argentina, posibilitó la realización de las tareas ilegales, generó las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenó parte de ese producido y utilizó esa información de inteligencia ilegal realizada desde la Delegación Provincial Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el colectivo de familiares de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados 'Rigel' y 'El Repunte' y, en particular, del submarino ARA San Juan”, señaló entonces el juez Bava.

Entre los pasajes más duros de la resolución del juez se destacaban los siguientes, que hacían referencia a que el espionaje ilegal tenía por objetivo informar al entonces Presidente de los movimientos de los familiares:

• “Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver con tener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata”.
   
• Para el juez el sistema de inteligencia nacional se adaptó “no a preservar la seguridad interior o la defensa nacional, sino a defender y cuidar la gestión y la imagen pública gubernamental”.
   
• “El tenor de la información reunida, la intencionalidad expresa y la sistematicidad de los documentos analizados en esta causa permiten afirmar que esa producción de inteligencia ilegal tenía un destinatario: Mauricio Macri”.
   
• “Desde los informes en los que se le adelantan al imputado cuales iban a ser los reclamos que los familiares de los 44 tripulantes le iban a realizar en una reunión, hasta aquellos en los que se relevaban las manifestaciones que el colectivo de familiares realizaba en Mar del Plata. En todos esos documentos se ve la matriz ideológica y la causa motivacional que llevó a la AFI a producir esa información. Esa política de inteligencia respondió directamente a los designios del imputado en su calidad de Presidente de la Nación”.

Otro aspecto central del escrito de Bava fue la demolición de la estrategia defensiva de Macri, quien buscó enmarcar las tareas de inteligencia en lo que hace a la seguridad presidencial:

• “La hipótesis de que los informes de inteligencia ilegal que hacen a esta causa se corresponden con funcionamientos vinculados a la seguridad presidencial y a la coordinación existente entre el organismo de inteligencia y la Casa Militar se desvanece por completo”.
   
• Ninguno de los testigos que propuso Macri, sobre todo quienes encabezaron la Casa Militar y la Custodia Presidencial, “refirió que los agentes de la AFI formaran parte de los ‘anillos de seguridad’ del Presidente de la Nación”. “Por tal motivo -añadió el juez-, la presencia de los agentes de la delegación de Mar del Plata en el lugar de los hechos, informando los movimientos de los familiares y realizando inteligencia sobre ellos, era completamente irregular”. En muchos casos, la ifnnormación brindaba la AFI era “en tiempo real”.
   
• “Es imposible argumentar que los informes que producía la Delegación de Mar del Plata se vinculaban a la seguridad presidencial toda vez que la mayoría de ellos refieren a períodos temporales distantes a recorridos o visitas presidenciales a la ciudad de Mar del Plata”, especificó Bava. Y destacó “la continuidad temporal en el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan” que se extendió “durante más de 12 meses.”
   
• En la misma línea, remarcó: “La temporalidad de los documentos permite desechar esa defensa. Así mientras en algunos casos se advierten documentos producidos con posterioridad a que el presidente se haya retirado de los lugares, hay otros documentos que se realizaron con una antelación que nada tiene que ver con cuestiones protocolares y/o de seguridad vinculadas a la coordinación existente entre la AFI y la Casa Militar”.

El caso, sin embargo, fue absorbido por Comodoro Py, que se ocupó de cuidar a Macri. El 15 de julio de 2022, en el último día antes de la feria judicial invernal, los tres jueces que designó en la Cámara Federal de Comodoro Py lo sobreseyeron en la única causa donde estaba procesado. Los camaristas Mariano Llorens (que se juntó con Macri en Olivos), Leopoldo Bruglia (puesto a dedo por Macri) y Pablo Bertuzzi (también puesto a dedo por Macri) no dijeron que el espionaje no existió, sino que lo justificaron y legitimaron como parte de las tareas de la AFI. Para los jueces macristas los familiares de los tripulantes del ARA San Juan podían poner en riesgo la seguridad presidencial con una movilización, un pedido de reunión o la entrega de una carta.

¿Qué sostuvieron los jueces macristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi? Que las tareas de inteligencia sobre los familiares del ARA San Juan fueron avanzadas de la seguridad Presidencial y que no se cometió delito alguno: “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, afirmaron. El contorsionismo judicial llegó al punto de justificar las tareas de inteligencia ilegal sobre un grupo de familiares como si pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial o la del país. Este fallo de los jueces macristas benefició también a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a otros 8 exespías de la agencia.

Los mismos tres jueces también revocaron los procesamientos de Arribas y Majdalani en otra causa emblemática de espionaje ilegal: la de las bases AMBA, donde constaba que la ex SIDE espió de forma ilegal a partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales desde sus bases bonaerenses. A pesar de que es otra causa repleta de pruebas (constan los partes de los agentes que se infiltraron en las organizaciones, por ejemplo), para Bruglia, Bertuzzi y Llorens la investigación fue “deficiente” e “incompleta”.

Tanto el caso ARA San Juan como Bases AMBA habían avanzado fuera de la jurisdicción de Comodoro Py. Ambos habían si instruidos en los tribunales federales de Dolores. Primero por Alejo Ramos Padill y luego por Bava. Incluso, la del espionaje a los familiares de los submarinistas se había iniciado en Mar del Plata. Pero tres jueces nombrados por Macri en el edificio de Retiro dijeron que no hubo delito.

“Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, festejó Macri apenas se conocieron los fallos de sus jueces.

Para Bruglia, Bertuzzi y Llorens, “no se encuentra verificada la hipótesis expuesta por el juez de grado, en un sentido que amerite la continuidad del proceso”. Es decir, para ellos no hubo espionaje ilegal. Para estos tres jueces nombrados por Macri, las tareas denunciadas fueron “legítimas”.

“Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, señalaron.

Lejos de la prueba que da cuenta que los familiares fueron investigados ilegalmente, los tres magistrados señalaron respecto a la AFI que “la evidencia reunida permite tener por corroborado que la injerencia de este organismo en esta actividad –mediante los informes objeto de imputación- fue realizada en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional”.

Brulgia, Bertuzzi y Llorens parecieron actuar como abogados defensores más que como jueces. Se empeñaron en justificar por qué estuvo justificado el accionar de la AFI en torno a los familiares de las víctimas. “La presencia de la AFI resultaba funcional-complementaria al organigrama destinado a la seguridad de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y se constataba –como mínimo- con antelación y durante la realización de los actos o visitas presidenciales”, aseguraron en una resolución de 28 páginas.

Por eso concluyeron que “la valoración que hace el juez en cuanto a que la intervención del citado organismo carecería de legitimación en el caso resulta contradictoria a las pruebas testimonial y documental reunidas, pero fundamentalmente a la normativa que regula las funciones de dicho organismo, entre las cuales –como ya se señaló- efectivamente se encuentra la seguridad del Presidente de la Nación”.

Tomándose de las palabras de los testigos, entre los que menciona a Fernando De Andreis, secretario general de Presidencia de Macri, y hasta a exespías imputados,  Bruglia, Bertuzzi y Llorens afirmaron sin temor a la vergüenza que “nos encontramos en condiciones de afirmar que los elementos de prueba citados son lo suficientemente claros para tener verificado en el caso que la AFI se encontraba autorizada a intervenir en esta materia”.  

Respecto a los informes de la AFI sobre los familiares, indicaron que “la recolección de información tuvo su razón de ser y se encontró justificada por riesgos que son inherentes a la protección presidencial y/o la seguridad interior.” ¿El riesgo? Que los familiares, en su desesperación, le pidiesen una reunión al expresidente para abordar el caso.

Y otra vez, con el traje de abogados defensores, sostuvieron: “Los informes referenciados se advierten a simple vista como observaciones de campo absolutamente superficiales, que en ningún momento afectaron la vida privada de particulares”.

Así las cosas, Brulgia, Bertuzi y Llorens determinaron que “se ha configurado un estado de certeza negativa respecto de que los encausados hayan desplegado la acción que se les ha atribuido, conformándose un cuadro de actuación que no encuentra adecuación típica en nuestro ordenamiento legal y despeja la posibilidad de todo reproche incriminante”.

“En este marco, corresponde revocar los autos de procesamiento apelados y disponer la desvinculación definitiva de los encartados en este proceso”, cerraron su escrito, los tres jueces nombrados por Macri.

En marzo de 2024 la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento del expresidente. Lo ratificaron los jueces Guillermo Yacobucci, designado por Macri, y Mariano Borinsky, que intervino en la causa a pesar de que está probado que se reunió al menos 16 veces con Macri en la quinta de Olivos, varias de ellas mientras sucedía el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. 

Ese sobreseimiento fue cuestionado y escaló a la Corte, por eso ahora este expediente se encuentra en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Los supremos pueden volver a incomodar a Macri o terminar de favorecerlo. En ese contexto, y en la previa de la votación por los fondos reservados en el Congreso, la SIDE se presentó en Comodoro Py para intentar acceder al contenido de la causa. Todo un gesto.