El Destape realizó una presentación ante la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU por el ataque a la libertad de expresión recibido en los últimos días y perpetrado por el macrismo. El mismo fue motorizado por una denuncia contra el director del medio, Roberto Navarro, y los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi. En tanto, se realizó otra contra el humorista y conductor de El Destape Radio, Dady Brieva. Todos fueron "sometidos a una campaña de persecución y criminalización de sus derechos, a partir de denuncias provenientes de legisladores de un mismo espacio político, hoy por suerte opositores en nuestro país", explicita el escrito.
En el escrito, El Destape solicitó que "intervenga esa Relatoría Especial de conformidad con su mandato, para que en la grave situación que ha quedado expuesta, se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino por la desgraciada intervención que asumieran los legisladores de la oposición política, en su intento de criminalizar la libertad de expresión y el derecho a la información en los términos vistos".
Además, adelanta que se concretará una presentación ante el Congreso Nacional "por la gravedad de lo sucedido y el mal desempeño de esos legisladores" Waldo Wolff (paradójicamente presidente de la comisión de libertad de expresión en esa Cámara), Fernando Iglesias, Álvaro De Lamadrid y Jorge Enríquez. Su accionar fue "en contra de las previsiones del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protegen en nuestro país con jerarquía constitucional la libertad de expresión y el derecho a la información e impiden la criminalización que pretenden los denunciantes".
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas cuestionó esta denuncia “de legisladores opositores en el que se pide ‘analizar la responsabilidad’ de periodistas que difundieron información" proveniente de la Agencia Federal de Inteligencia porque “si bien la ley 25.520 sanciona la difusión no permitida por autoridad competente de todo elemento secreto o confidencial, también es cierto que ella sólo puede recaer sobre los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos que acceden a ella". Jamás menciona a los comunicadores.
Reporteros Sin Fronteras también se sumó a los rechazos y señaló “la selectividad de la denuncia por un delito con penas de hasta 6 años de prisión" que "adquiere visos de represalia por la información sobre una extendida trama de espionaje ilegal que habría funcionado entre 2016 y 2019” y que “el compromiso esencial del periodismo es con el derecho de las personas a ser informadas".
El Destape explicó ayer que “en ninguna nota se publicaron datos que revelaran la identidad de ningún agente ni convenios con organismos de inteligencia extranjeros. Las pocas imágenes que se seleccionaron y publicaron fueron intervenidas con tachaduras para preservar información sensible”. Que “la decisión de publicar toda esa información se explica de forma sencilla. Se trata de algo de evidente interés público, ya que esos documentos revelan cómo se armó la estructura de persecución judicial a opositores durante el gobierno de Mauricio Macri a través del espionaje ilegal desplegado desde la propia AFI”. Y que “es claro, además, que los diputados Wolff, Iglesias, De Lamadrid y Enríquez atentan contra la libertad de expresión de El Destape y contra el derecho a la información de nuestros lectores y que hay una animosidad ideológica en la denuncia.
El Destape fue a la ONU por la persecución a sus periodistas by Carla Pelliza on Scribd
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