El abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Matías Aufieri, se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad fuera del Congreso la semana pasada durante el tratamiento de la ley ómnibus producto del cual recibió un balazo de goma en uno de sus ojos y debió ser operado de urgencia. Admitió que no saben qué va a pasar con la recuperación de la visión de su ojo” y denunció el modus operandi de las Fuerzas de Patricia Bullrich.
En diálogo con El Destape Radio, Aufieri, quien también se desempeña como asesor del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, relató cómo fue el momento en el que recibió un balazo de goma en uno de sus ojos. "Estábamos informando a los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño que pedían que se suspendiera la sesión. En un momento donde no pasaba nada las motos empezaron a dar círculos en la plaza y me pegó un balazo de goma en el ojo”, detalló.
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“Me pegaron en el ojo con un perdigón de bala de goma. Fue en una arremetida de la Policía Federal, en un momento donde estaba tranquila la manifestación”, enfatizó y aseguró que “los que dábamos cuenta de la represión tuvimos un costo específico". En ese sentido, relató que los efectivos "disparaban a la cara, a la altura de la cabeza" y “costaba mucho salir porque nos cercaban por todos lados”, señaló sobre el modus operandi de la Policía.
"Mientras denunciaba el peligro de las expresiones cárcel o bala, recibo un balazo en el ojo. A quienes querían asistir a los heridos también los baleaban", disparó y enfatizó: "Queda claro que no son excesos, es el modus operandi".
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Tras la agresión, el abogado, que estaba en la plaza para constatar lo que estaba sucediendo ese 1 de febrero, debió ser operado de urgencia en ese momento. Sin embargo, admitió que “no saben qué va a pasar con la recuperación de la visión de su ojo". Aufieri repudió que "los voceros del Gobierno de Javier Milei celebran que hayamos sido heridos" y apuntó que "la ONU ha manifestado en contra del protocolo de Bullrich y hacen caso omiso".
En este marco, organizaciones defensoras de los derechos humanos de la Argentina solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se tomen medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa y manifestantes.
En el escrito de 30 páginas se detallaron los operativos represivos que se llevaron adelante en las inmediaciones del Congreso Nacional. Además, marcaron su preocupación sobre el protocolo antipiquetes y sobre las iniciativas en la ley que impulsa el Gobierno, que criminalizan la protesta y atentan contra la libertad de expresión.
“La grave situación represiva que se vive en nuestro país lo amerita con urgencia”, escribió la diputada nacional por el FIT-U, también parte de la presentación, Myriam Bregman. El documento fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
Los organismos hicieron énfasis en la “gravedad de la situación y ante la inminencia de nuevas represiones frente a otras protestas” para solicitar el otorgamiento de las medidas cautelares a favor de trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes, cuyos casos fueron detallados y testimoniados.
Debido a que el tratamiento de la ley ómnibus continuará desde el martes, consideraron “urgente” la protección de quienes se manifiestan como para los distintos actores “que cumplen un rol fundamental en la ampliación y difusión de la información”, especificaron en el comunicado del Cels. Al mismo tiempo, hicieron un llamado sobre cómo se deben llevar adelante este tipo de situaciones: “Las formas de la deliberación y la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política democráticas”.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parece hacer oídos sordos tanto a los reclamos locales como internacionales sobre el protocolo que impuso desde el 14 de diciembre, que limita el derecho a la protesta. “Ya son 18 las personas detenidas”, celebró en su cuenta de X, el sábado al mediodía e hizo referencia a la detención de dos personas de ciudadanía chilena sobre las que pedirán su expulsión. La ministra como el Gobierno en general insisten en que el derecho a circular está por sobre el derecho a manifestarse y el corte de vías, lo que hace caso omiso a normativa local como de los estándares interamericanos que el Estado argentino está obligado a cumplir.
Los detalles de la denuncia ante la CIDH
Según el documento y el comunicado del Cels, unas 100 personas resultaron heridas en esta semana en las manifestaciones en el Congreso, entre las que se encuentran unos 25 trabajadores y trabajadoras de prensa, en donde además se llevaron adelante detenciones arbitrarias. Los operativos fueron “violentos, desproporcionados y represivos”, afirmaron los organismos, y compararon la situación con hechos que ya se dieron en otros años en Chile, Perú, Colombia y Jujuy, en donde hubo ataques directamente a los ojos de las personas.
También, marcaron que las fuerzas de seguridad hicieron un “uso abusivo de la fuerza” y un “uso abusivo de armas ‘menos letales’” en referencia a un “irritante químico de uso manual” –una especie de gas pimienta- cuyos daños pueden calificarse como “tortura y/o tratos crueles y denigrantes”. Así como registraron el uso de escopetas que disparan proyectiles que pueden contener pintura o agentes químicos.
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Otro de los puntos a los que hicieron referencia es a la imagen que se hizo viral de un gendarme portando de manera ilegal la identificación de Gadsen, de la organización ultraderechista estadounidense. Una insignia política, con la que se identifica el Gobierno de Milei. Al mismo tiempo, ese efectivo, no contaba con la identificación correspondiente, pero la desregulación en esa materia por parte del Ministerio de Seguridad, no permite conocer la identidad de esa persona.