En los últimos días el gobierno de Alberto Fernández tomó dos decisiones de dimensiones históricas. El pasado jueves 8, el Ejecutivo rechazó una nueva oferta ruinosa del Clan Macri y pidió la quiebra del Correo Argentino, un monumento de la corrupción público-privada de los noventa que casi tres década más tarde podría derivar en una excentricidad para la Argentina: la posibilidad de que el Estado cobre sus deudas y los perpetradores privados paguen las consecuencias de sus estafas al Estado.
También sobre el filo de la semana, el Ejecutivo pidió ser tomado como querellante en el expediente que debiera investigar el mega endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri con el FMI. La decisión puede tener derivaciones para la posteridad: además de llevar al banquillo a los responsables directos del latrocinio, el Ejecutivo podría pedir que se levante el secreto bancario para conocer el destino de los dólares y la identidad de los beneficiarios (y/o cómplices) de la eventual malversación y administración fraudulenta.
En ambos casos judiciales, la representación del Estado es ejercida por la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos "El Chino" Zannini. Ex secretario legal de la presidencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue candidato a vice de Daniel Scioli en la fórmula que perdió por un puñado de votos frente a Mauricio Macri. Como se sabe, esa derrota tuvo efectos devastadores sobre la Argentina y, también, sobre la vida personal del actual procurador.
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Zannini fue dos veces preso político. Perseguido y detenido por "marxista" en el último tramo del gobierno de Isabel Perón, purgó prisión en Córdoba y La Plata bajo la dictadura cívico-militar. Su segunda "entrada" ocurrió el 7 de diciembre de 2017, acusado de "Traición a la patria" por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Por sustancia y contexto, la detención de Zannini es un ejemplo perfecto del lawfare que rigió en Argentina durante el macriato.
El expediente que derivó en su detención fue iniciado por el malogrado fiscal Alberto Nisman en base a una decisión política refrendada por el Congreso nacional. La denuncia de Nisman fue descartada en varias instancias judiciales por su fragilidad y exotismo jurídico, pero retomó impulso apenas Macri obtuvo la presidencia. Los ejecutores judiciales de la resurrección fueron los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes intervinieron dos veces en la Causa Memorándum, la primera como integrantes de la Sala I y luego como miembros de la Sala IV. Con un detalle: su intervención fue por "excepción", ya que ambos estaban inhibidos de intervenir en los causas relacionadas con el atentado contra la AMIA por sus relaciones con los protagonistas del caso.
Las decisiones de Hornos y Borinsky fueron determinantes para revitalizar el libelo de Nisman. Entre otras medidas alineadas con los deseos de la Mesa Judicial macrista, desplazaron al juez Daniel Rafecas de la instrucción de la causa Memorándum y se la sirvieron a Claudio Bonadio, el magistrado que más empeño dedicó a la ejecución del lawfare.
Con el expediente en sus manos, Bonadio desplegó la cacería de ex funcionarios bajo la extravagante imputación de "Traición a la Patria". Con la ex presidenta a la cabeza, la nómina de perseguidos incluyó al ex canciller Héctor Timermann -que murió víctima de un cáncer que se agravó debido al hostigamiento judicial- y a Zannini, detenido "preventivamente" de noche, en la vía pública y con transmisión televisada poco después de que el gobierno de Macri ganara la elección de medio término.
La oportunidad de la detención no es un dato casual. En esos días, el gobierno de Macri, el sistema de poder que lo patrocinó y hasta buena parte de la oposición creían que el macrismo había llegado para quedarse. Y tendría tiempo de sobra para ejecutar su modelo de destrucción productiva, hipervalorización financiera y miseria planificada.
La supresión de kirchnerismo -en tanto representación politica de un modelo antagónico- era condición necesaria para domesticar a los oponentes, afianzar la narrativa del modelo neoconservador y ejecutar el saqueo financiado con deuda pública. La Operación Olivos revelada por El Destape aportó la prueba definitiva sobre el dispositivo dispuesto para erradicar a los opositores K de la faz política. Quedó claro, por caso, que las decisiones de los camaristas Hornos y Borinsky estaban precedidas de encuentros personales y reservados con el presidente Macri, quien ahora recurre a la OEA de Luis Almagro en procura de blindaje alegando una "persecución" contra él y su entorno familiar. El persecutor, como el ladrón, cree a todos de su condición.
Aunque se trate de una denuncia fantasiosa, el gobierno no debiera tomar a la ligera el operativo internacional del macrismo. Almagro, brazo ejecutor del golpe de Estado en Bolivia, forma parte de un dispositivo de acoso y derribo de proyectos populares regionales que sigue intacto. También se mantiene inalterada su conexión local: jueces, fiscales, políticos, medios y periodistas que ejecutaron el Lawfare se mantienen en sus puestos, operativos y económicamente bien alimentados, en contraste con la pauperización general provocada por la gestión macrista y la pandemia. En palabras del presidente Alberto Fernández, es naif suponer que ese dispositivo se desmontará con acuerdos de convivencia y buenos modales.
Tras quince meses de un mandato condicionado por urgencias de todo tipo -preexistentes e inesperadas-, el gobierno acaba de dar dos pasos en línea con su mandato electoral: revisar el peso, la responsabilidad y distribución de costos del latrocinio macrista. Por esas cosas de la política, el encargado de librar una batalla que puede resultar histórica es Zannini, dos veces preso político de procesos latrocidas perpetrados por el sistema de poder que integra el clan Macri. Un caso de justicia poética.
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