Dos jueces que condenaron a CFK en Vialidad fueron sorteados para juzgarla en Memorándum

La persecución judicial de Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo este jueves. Dos jueces que la condenaron en el caso Vialidad salieron sorteados para integrar el tribunal que debe juzgarla en la causa Memorándum con Irán, un expediente emblemático del Lawfare en el que estaba sobreseída y la Cámara de Casación decidió reabrir apartando a los tres jueces que habían intervenido en favor de la vicepresidenta.

Quienes salieron sorteados para juzgar Memorándum fueron: Rodrigo Giménez Uriburu, que integra el equipo de fútbol de los judiciales bautizado “Liverpool”, que disputó partidos en la quinta de Mauricio Macri por lo que fue recusado en Vialidad; Andrés Basso, flamante presidente electo de la Asociación de Magistrados, también firmante de la condena de CFK en Vialidad; y Javier Ríos.

Además, este jueves también se sorteó el juez que completará el tribunal que debe juzgar también a Cristina, a Máximo Kirchner y a empresarios como Cristóbal López y Lázaro Báez en la causa Hotesur – Los Sauces, que también fue reabierta por la Casación recientemente y quedó a un paso del juicio. El sorteado fue José Michilini, quien conformará tribunal con Adriana Pallioti y Fernando Canero.

Tras el sorteo de este jueves se abre un plazo para que las partes hagan sus planteos si tienen cuestionamientos para con los jueces sorteados o para que los propios magistrados decidan apartarse. Un abogado que interviene en Memorándum considera que tanto Rodríguez Uriburu como Basso se excusarían porque tuvieron vínculo con la causa AMIA, con la que Memorándum está directamente relacionada. Rodríguez Uriburu, por ejemplo, ya se excusó de intervenir en el caso de encubrimiento del atentado a la mutua judía por haber trabajado en el juzgado que estaba a cargo de Juan José Galeano. Las defensas, por su parte, analizan si realizarán recusaciones contra esos dos jueces. Tienen plazo hasta el próximo martes a las 9.30 para hacer presentaciones.

Los jueces del Lawfare

A mediados de septiembre pasado, en plena campaña electoral, la Cámara Federal de Casación reabrió Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, dos causas emblemáticas de persecución que estaban cerradas, y dejó al borde de dos nuevos juicios a la vicepresidenta de la Nación. La decisión la tomaron dos camaristas nombrados por Mauricio Macri en Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, luego de que la Corte desplazara a la jueza Ana Figueroa, quien intervenía en esas causas y no votaba en sintonía con los intereses macristas.

Una de las decisiones de Petrone y Barroetaveña fue desplazar a todos los jueces que habían dictado el sobreseimiento de los acusados en ambas causas.

El 7 de octubre del 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 (TOF 8) integrado por José Michilini, López Iñiguez y Daniel Obligado había determinado que en el caso Memorándum no hubo delito y sobreseyó a todos los acusados. Lo resolvió antes de iniciar el juicio, claro.

Un mes atrás, Petrone –íntimo amigo de Germán Garavano- y Barroetaveña – mencionado en los chats de Lago Escondido- revocaron esa decisión y desplazaron a los 3 magistrados por “temor de parcialidad”.

Tras el sorteo de este jueves, el tribunal de este caso quedó compuesto por Rodríguez Uriburu, Basso y Ríos.

Giménez Uriburu y Basso son dos de los tres jueces que condenaron a CFK en el caso Vialidad a 6 años de prisión y la inhabilitaron a ejercer cargos públicos de forma perpetua.

En el marco de la causa Vialidad, Página12 publicó que Rodríguez Uriburu jugaba al fútbol en el equipo Liverpool junto al fiscal del juicio, Diego Luciani. Incluso hubo partidos en la quinta Los Abrojos de Macri. Las fotografías de aquellos encuentros sociales los exponen. Por este hecho, Rodríguez Uriburu fue recusado por los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pero sus colegas rechazaron la acusación.

Basso, por su parte, fue recientemente electo presidente a Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), el órgano político y gremial histórico de los jueces y fiscales. Representó a la lista Bordó, la más tradicional y conservadora y crítica del kirchnerismo. También firmó la sentencia contra Cristina en la causa Vialidad. Fue el único de los tres magistrados que en el caso Vialidad votó por considerar que CFK fue parte de una asociación ilícita.

En lo que sí coincidió con sus colegas de juicio en aquella causa fue en que el Lawfare no existe. Junto a Rodríguez Uriburu y Gorini, escribió: “Parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, sostuvo en el voto conjunto. Como si la persecución judicial no existiera. Como si el juez Giménez Uriburu no haya jugado al fútbol con el acusador público Diego Luciani en el mismo equipo de fútbol y en la quinta de Macri. También parece producto del azar que el juicio de Vialidad haya comenzado en un año electoral, en coincidencia con la campaña de 2019. Y que la acusación de los fiscales Luciani y Sergio Mola se haya tomado de la denuncia que abrió el caso que hizo quien era funcionario del gobierno de Macri, Javier Iguacel, cuyos pilares fueron derribados durante todo el debate oral y público por los testigos que prestaron declaración en tribunales.

La causa del Memorándum con Irán que en principio deberán analizar Rodríguez Uriburu, Basso y Ríos se sustenta en una denuncia que realizó el difunto fiscal Alberto Nisman. Se trata de otro caso escandaloso por su falta de pruebas. Básicamente, Nisman dijo que Cristina, cuando era presidenta, coordinó ese entendimiento con los iraníes para garantizarles impunidad en el marco del atentado a la AMIA. Es decir, que habría sido una manobra de encubrimiento. Una acusación sin ningún fundamento. Sin ir más lejos, el memorándum en cuestión nunca entró en vigencia. Se trata de un caso que fue rechazado por 7 instancias judiciales y se reabrió durante el macrismo gracias a los oficios de Mauricio Macri durante sus reuniones con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -reveladas por El Destape-. Su único objetivo fue la persecución política de CFK y ex funcionarios de su gobierno, que ahora se reedita. Este caso le costó la vida al ex canciller Héctor Timerman.

Además de Cristina, entre los damnificados estuvieron Oscar Parrilli (actual senador), Carlos Zannini (actual Procurador del Tesoro), Juan Martín Mena (secretario de Justicia) y Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora), entre otros.

Hotesur-Los Sauces

Al igual que en Memorándum, para evitar que el TOF 5 mantenga su postura de sobreseer a los acusados en Hotesur – Los Sauces, en septiembre pasado los mismos Petorne y Barroetaveña resolvieron apartar a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes habían conformado el voto de mayoría para cerrar el caso. Solo dejaron en el tribunal a quien votó en disidencia, Adriana Palliotti. La razón que esgrimieron fue la misma que en Memorándum: “Temor de parcialidad”. Se los apuntó por “prejuzgar”. En este caso, este jueves se sorteó una sola vacante porque Canero ya se encuentra ocupando el TOF 5. El tercer magistrado del tribunal que intervendrá desde ahora es el mentado Michilini.

El núcleo de la causa Hotesur-Los Sauces son los contratos de alquiler que un grupo de empresarios pagó por propiedades de la familia Kirchner. De acuerdo a la acusación, vía los alquileres se habría articulado la maniobra de lavado de activos. En términos jurídicos, por falta de pruebas contra CFK, se repitió el esquema de otras causas: se la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita “conformada por otros funcionarios públicos” y empresarios “que actuó en forma estable y permanente por más de doce años” para  apoderarse de fondos públicos mediante “la defraudación al Estado Nacional y el lavado de dinero”.

Nada pudo probarse por falta de sustento y la defensa de CFK pidió su sobreseimiento, algo que resolvió el TOF 5 en un fallo dividido antes de que se iniciara el juicio. Casación revocó ese fallo y corrió a los jueces que lo firmaron. Tras el sorteo de este jueves, el tribunal quedó conformado con Michilni, Pallioti y Canero.