El presidente Alberto Fernández celebró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera un comunicado en el que cuestionó los procesos judiciales que llevó adelante el juez Sergio Moro contra el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Fernández calificó el hecho como un hito en el marco de la lucha contra el lawfare en América Latina.
"La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de reconocer la persecución a Lula Da Silva abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho", expresó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter. De acuerdo con el documento emitido por la ONU, se violaron las libertades de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas. El líder del Partido de los Trabajadores estuvo preso durante 580 días en el penal de Curitiba y fue liberado en noviembre de 2019.
En ese sentido, Fernández sostuvo: "Hoy le escuché decir a mi querido amigo Lula que esto representa para él un `lavado del alma´. No pude dejar de recordar sus palabras y el abrazo que nos dimos cuando lo visité en los días en los que estuvo detenido, sometido a una injusta prisión". Y finalizó: "Con la alegría de esta noticia, renuevo mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo tiempo asome en América Latina".
Lula, quien se ubica como favorito para las elecciones de octubre de este año, fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa Lava Jato, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. Durante la investigación, Moro -quien luego se convirtió en ministro de Jair Bolsonaro- aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, y después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.
"La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del ex juez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia", resaltó el informe publicado por el comité. Del mismo modo, instó a Brasil a garantizar que cualquier otro proceso penal contra el exmandatario cumpla con las debidas garantías procesales y que no permita violaciones similares en el futuro.