La Comisión Bicameral de Inteligencia avanza con la investigación que abrió por los interrogatorios ilegales que se realizaron a detenidos de la represión del 12 de junio, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. La bicameral parlamentaria creó una subcomisión para profundizar en un expediente que se inició en la gestión de Leopoldo Moreau, en el que se analiza si se violó la Ley de Inteligencia Nacional en al menos dos cárceles federales donde se les preguntó a los apresados de forma sistemática sobre su filiación política.
El último miércoles, horas antes de la marcha en rechazo al ajuste de Javier Milei a la educación pública y, en especial, a las universidades, se realizó una nueva reunión del plenario de la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI). Estuvieron sus 14 integrantes. Fue el primer encuentro tras la reunión que mantuvieron con Sergio Neiffert, director de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), y la plana mayor del organismo.
Además de cursarse nuevas requisitorias al titular de la SIDE respecto a las preguntas que no pudo responder durante su paso por la comisión, el plenario votó la creación de diversas subcomisiones. Por ejemplo, se crearán 4 subcomisiones en espejo a la nueva estructura del organismo de inteligencia, que tiene ahora 4 agencias descentralizadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la división de Asuntos Internos (DAI). Habrá en la Bicameral de Inteligencia una subcomisión para fiscalizar lo que suceda en cada una de ellas. En lo que hace a la DAI se incluyó también la fiscalización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), encargada de las escuchas telefónicas, que depende de la Corte Suprema. En ese marco, se creará también una subcomisión para investigar lo sucedido el 12 de junio en lo que respecta a la violación de la Ley de Inteligencia Nacional en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que está bajo la órbita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El plenario votó el miércoles, de forma unánime, delegar la conformación de todas las subcomisiones al presidente de la bicameral, el senador radical Martín Lousteau. La integración se hará a propuesta de los bloques que componen la comisión (el mayoritario, con 6 legisladores, es Unión por la Patria; también están representados el PRO, La Libertad Avanza y Provincias Unidas). Se espera que tengan 3 integrantes pero aún no fue definido.
En este marco, el diputado Leopoldo Moreau, vicepresidente primero de la comisión, expuso sobre la situación del expediente que se abrió en la bicameral a partir de lo sucedido el 12 de junio dentro SPF. En aquel momento, él ostentaba el cargo que hoy tiene Lousteau. Moreau realizó un racconto del caso, que se enfoca en lo sucedido en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz y que se abrió con el testimonio de 3 víctimas.
Tal como dio cuenta El Destape el 6 de julio pasado, declararon ante la comisión tres detenidos del 12J: Camila Juárez Oliva, estudiante de sociología; Nora Longo, emprendedora gastronómica; y Nicolás Mayorga. Los tres fueron sometidos a interrogatorios sobre sus filiaciones partidarias tras ser apresados. Juarez Oliva narró en su momento a este medio: “Dentro del penal se daban todo el tiempo entrevistas con distinto personal de la penitenciaría y en todas las entrevistas siempre una y otra vez nos preguntaban a qué organización política pertenecíamos, por qué estábamos ahí, por qué había sido detenida e insistían mucho con eso. Incluso el último día nos hicieron salir a todas sin darnos explicaciones de a dónde nos íbamos. Nos llevaron a un aula en donde había un pizarrón en el que decía ‘Ahora que están presas, piden por Dios y por sus hijos, piperas, politiqueras baratas, ya van a ver, vende humo”. Camilia recordó que “después de eso nos iban llamando de a una y nos iban llevando a otra aula, en donde se encontraba mucha gente de no sé qué servicios, porque la ropa no era la misma de la gente de la penitenciaría, donde también se encontraban hombres, y era una rueda de preguntas. Había más de 20 personas en esa aula y también insistían con lo mismo, preguntándonos a qué organización pertenecíamos, qué habíamos hecho, por qué estábamos ahí”.
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Las fuerzas de seguridad tienen expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional confeccionar archivos sobre la militancia política o las preferencias ideológicas de los ciudadanos. Por lo tanto, la Bicameral de Inteligencia, durante la presidencia prorrogada de Moreau, decidió iniciar una investigación sumarial para establecer quiénes tuvieron la responsabilidad de lo sucedido. Esa pesquisa parlamentaria quedó en un “ínterin investigativo” porque se demoró la integración de la comisión. Es decir, no había forma de conformar un plenario. No se podía avanzar. Solo se impulsaron medidas preliminares. Hasta que, recientemente, sucedieron dos hechos relevantes para reimpulsar este proceso: la conformación de la bicameral y el inicio de una causa judicial, que impulsa el fiscal Franco Picardi, que investiga si se violaron los DDHH durante la represión de el 12J.
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La comisión requirió a la Justicia el dictamen de Picardi y se hizo de un informe que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que supervisó lo acontecido el 12 de junio y remarcó hechos que pueden “ser calificados como tortura y malos tratos”. Se espera en la bicameral un segundo informe de la CNPT, con más información.
De acuerdo al relevamiento que realizó la CNPT en las cárceles de la situación de los detenidos por la represión del 12 de junio (hubo 33 personas apresadas que ya fueron liberadas): “En todas las entrevistas realizadas se registró que miembros de todas las fuerzas intervinientes, a saber, Policía Federal, Policía de la Ciudad, y Servicio Penitenciario Federal, realizaron reiteradas preguntas a las personas privadas de la libertad respecto a su afiliación a alguna organización política, junto con comentarios despreciativos acerca del motivo de la manifestación pública del 12 de junio”. Y añadieron: “Esto pudo constatarse a partir de la revisión de algunos Legajos Personales Únicos elaborados por el SPF, donde se consigna que se consulta su filiación política y luego se asienta que pertenecen a ‘organizaciones criminales’. Esto se da en sumatoria a reiterados y coincidentes testimonios respecto de insultos asociados a la participación en la movilización del día 12 de junio, agresiones vinculadas a la pertenencia política de las personas detenidas, entre las que se registraron ‘te pasa por kirchnerista´, o ‘sucia de mierda’”.
La represión del 12J dejó distintos abordajes. La comisión investiga por ahora lo que pasó en los penales de Ezeiza y Marcos Paz respecto a los interrogatorios. Se tratan de hechos que puede englobarse dentro de una posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional, que es lo que la bicameral está facultada a fiscalizar. Según la ley, la Comisión Bicameral de Inteligencia tiene amplias facultades para investigar de oficio en ese tipo de circunstancias. Ya lo hizo en casos de espionaje ilegal que sucedieron durante el macrismo como el de los “Super Mario Bros” y la “Gestapo antisindical”.
Más preguntas para el jefe de la SIDE
El paso de la plana mayor de la SIDE a la Comisión Bicameral de Inteligencia dejó más interrogantes que respuestas. Por ejemplo, quedó en evidencia que no hay una idea clara aún sobre el Plan Nacional de Inteligencia. Neiffert y los tres directores designados en las nuevas agencias descentralizadas (Alejandro Colombo, a cargo del Servicio de Inteligencia Argentino –SIA-; el comisario retirado de la Policía Federal y excustodio de Mauricio Macri, Pablo Cecati, de la Agencia de Seguridad Nacional –ASN-; y Ariel Waissbein, de la Agencia Federal de Ciberseguridad –AFC-) no respondieron todo lo que les preguntaron los legisladores. En la reunión del último miércoles se abrió la posibilidad a que los integrantes de la comisión confeccionen nuevos cuestionarios y elaboren más pedidos de informes a la exAFI. Al día que se escribe este artículo, la SIDE aún no respondió los requerimientos que se realizaron sobre la reestructuración de la secretaría de inteligencia y el regreso de los fondos reservados.
Respecto a este último punto, la CBI cursó una solicitud a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación para que informe sobre las partidas de gastos de la SIDE. En la central de inteligencia aseguraron que no se tocaron los 100.000 millones de pesos que les había entregado Milei por DNU, partidas que el Congreso anuló. Pero lo cierto es que aún no fueron devueltas y no se especificó cómo será esa “devolución”.
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Entre las facultades de la Comisión Bicameral de Inteligencia también está la de supervisar el accionar a la Unidad de Información Financiera (UIF). De acuerdo a Ley 27.739 la UIF deberá “comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que la misma solicite”. La CBI comenzará a interiorizarse en el desempeño de la UIF, órgano antilavado a cargo de Ignacio Yacobucci.
Investigación por violación a los DDHH: aceptan al CELS como querellante
Entre las últimas novedades en la causa en que se investigan posibles violaciones a los DDHH durante la represión del 12J se destaca que la Justicia aceptó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como querellante. El CELS se había presentado ante la jueza María Servini, quien está cargo de la causa aunque delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, para ser tenido por querellante en representación de 4 víctimas que fueron detenidas aquella jornada. La denuncia que se hizo desde el organismo de DDHH fue por “el accionar ilegal de la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad”, el 12 junio, cuando se votaba la Ley Bases en el Congreso.
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“Le pedimos a la jueza y al fiscal que investiguen el accionar represivo policial, hechos de lesiones, de privaciones ilegítimas de la libertad por detenciones arbitraras y violentas, también el delito de falsedad ideológica porque la policía falseó actas y documentos donde dijeron que Spinetto y Famulari cometieron delitos que no cometieron, también falso testimonio, vejaciones y, por último, abusos de autoridad porque todos los policías actuaron completamente por fuera de la ley y la Constitución Nacional”, explicó en su momento Agustina Lloret, coordinadora de Litigio del CELS, a El Destape. “Lo que queremos de esta causa es que se pueda investigar el accionar de la Policía y cómo eso conecta, concretamente, con la criminalización y la persecución de los manifestantes por el solo hecho de participar de una protesta social”, había añadido la abogada.
Las cuatro víctimas que representa el CELS son:
- Stella Maris Chevallier. Es una jubilada de 77 años, que fue a manifestarse en contra de la Ley Bases y fue atacada sin ningún motivo por efectivos de la Prefectura que le gasearon la cara con gases lacrimógenos.
- Mariano Dalaison. Es un fotorreportero que estaba cubriendo periodísticamente la protesta cuando recibió un disparo de escopeta en la frente por parte de efectivos de la Gendarmería.
- Juan Spinetto y Gabriel Famulari. Ambos fueron detenidos violenta y arbitrariamente por parte de la Policía de la Ciudad y de la Federal. “Son 2 de las 33 personas que fueron detenidas y acusadas de delitos gravísimos, como el intento de desestabilizar las instituciones democráticas y de terrorismo, por parte del fiscal Storenlli”, indicó Lloret a este medio. Los dos pasaron varios días detenidos en comisarías y cárceles de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal. Sus detenciones no tuvieron ningún motivo legal. Tanto Famulari como Spinetto declararán esta próxima semana.
En esta causa –en la que también se incluye el capítulo penitenciario que analiza la Bicameral de Inteligencia-, el fiscal Franco Picardi investiga todas las denuncias que se hicieron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad federales por el operativo violento y desmesurado del 12 de junio pasado, cuando se votó la Ley Bases en el Senado. Aquella jornada terminó con 33 personas detenidas, en lo que fue una cacería humana. El fiscal destacó la “relevancia político-institucional” del caso, consideró que está investigando “posibles violaciones a los derechos humanos” y citó a una veintena de testigos y víctimas.
La causa en manos de Picardi se terminó convirtiendo en polo de atracción de las muchas otras denuncias que se realizaron por lo sucedido el 12J. Son parte de este caso también presentaciones que hicieron la Comisión Provincial por la Memoria, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN) y un grupo de diputados nacionales, por citar otros ejemplos.
De acuerdo a Picardi, el objeto del proceso “estará orientado a investigar el actuar de las fuerzas policiales federales y de la Ciudad de Buenos Aires -como así de sus máximas autoridades- en función de las diversas agresiones y violencias que habrían proferido mediante la utilización de armas menos letales, entre otras, en el marco de la protesta social desplegada el día 12 de junio del 2024, en las inmediaciones del Congreso, contra personas civiles que se encontraban allí manifestándose”. “No puedo soslayar que estos sucesos deben ser enmarcados como posibles violaciones a los derechos humanos, en la medida que habrían sido perpetrados por agentes con capacidad de administrar la violencia estatal, en el marco de un operativo de seguridad desplegado en un contexto de manifestación pública y protesta social”, agregó el fiscal.
Tras las primeras declaraciones se esperan novedades.
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