El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sumaron un nuevo revés judicial luego de la publicación de El Destape que reveló que había 5 millones de kilos de comida retenida en dos galpones, uno ubicado en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, Tucumán. Este viernes, el juez federal de Tucumán José Manuel Díaz Vélez libró una orden de presentación con allanamiento en subsidio en el depósito de Tafí Viejo para obtener precisiones de los alimentos que están allí almacenados. El operativo se realizará este sábado. Si por alguna razón se obstruye este procedimiento el juez ordena a la Gendarmería que directamente realice un allanamiento del galpón. El magistrado fundamentó su decisión en “los indicios de que los hechos que se investigan guardan relación con la posible violación a deberes de funcionario público”, de acuerdo a la resolución a la que accedió este medio.
El operativo, que estará a cargo de la Gendarmería, se realizará este 1° de junio entre las 8 y las 19 para constatar tipo y cantidades de los alimentos almacenados en el depósito de Tafí Viejo, las fechas de ingreso al galpón de la mercadería, los vencimientos de los productos así como su destino asignado. El magistrado también ordenó la realización de un inventario.
La decisión del juez Díaz Vélez se da luego de un requerimiento del fiscal Agustín Chit en una causa que se abrió por una denuncia contra Pettovello que realizaron “distintas agrupaciones y asociaciones civiles compuestas por sectores carenciados y vulnerables de Tucumán”. Se trata de una presentación que el último martes el Fiscal General de Tucumán, Antonio Gómez, envió a Chit, resaltando que los denunciantes se presentaron como víctimas y considerando que “en atención a la urgencia que menta la distribución de los alimentos en los distintos comedores y merenderos, entiendo que lo aquí puesto de manifiesto merece la atención de este Ministerio Público Fiscal”, según el documento al que tuvo acceso El Destape.
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El medio eltucumano.com dio más detalles de la denuncia. Por ejemplo, señaló que organizaciones sociales tucumanas denunciaron en la Justicia Federal a la ministra Pettovello porque "de manera caprichosa, so pretexto de irregularidades (que a la postre fueron objeto de una denuncia que fuera ya desestimada), decidió interrumpir el suministro de alimentos a comedores". De acuerdo al mismo medio, el nutrido grupo de organización resaltó: “Resulta de conocimiento público la presencia de mercadería sin entregar en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano en la ciudad de Tafí Viejo, mientras no cesa nuestro reclamo por alimentos para paliar la acuciante emergencia alimentaria”.
Apenas recibida la denuncia, el fiscal federal de Tucumán Agustín Chit solicitó al juez que se realice una inspección ocular en el Centro Operativo Tucumán – Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano de la Nación, ubicado en Avenida Independencia 551-591 de la ciudad de Tafí Viejo, para constatar “in situ”:
a) La existencia de alimentos
b) Los tipos y cantidades
c) Fechas de ingreso al depósito
d) Fechas de vencimiento de la mercadería
e) Destino asignado a los alimentos
f) La realización de un inventario de la mercadería que se halle en el lugar”.
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Agustín Chit también solicitó “que se disponga una consigna policial permanente en la totalidad de los ingresos del depósito, hasta que se ordene dicha medida y su finalización”.
El fiscal requirió la medida con carácter de urgente, “atento a la calidad de perecederos de los alimentos, y la urgencia de atender al derecho a la alimentación de los y las peticionantes”. Tal como publicó Ari Lijalad en este medio, en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo hay más de 4 millones de litros de leche que vencen en dos meses. Y más de 12 millones de litros de leche en total con vencimientos antes de fin de año.
El juez tomó el dictamen y modificó algunos de los puntos pero mantuvo la esencia de lo reclamado por el fiscal Chit. Por ejemplo, en lugar de una inspección ocular “in situ” determinó que era más aconsejable para la pesquisa librar una orden de presentación con allanamiento en subsidio.
Por tratarse de una causa similar a la que tramita en Comodoro Py es de esperar que este expediente termine acumulándose a aquel que se inició por una denuncia de Juan Grabois en febrero de este año y tomó un fuerte impulso luego de que Ari Lijalad publicara en El Destape que Javier Milei y su ministra de Capital Humano Sandra Pettovello tienen más de 5 millones de kilos de comida sin entregar en dos galpones del ex ministerio de Desarrollo Social. La información la brindó el propio gobierno ante un pedido de acceso a la información pública que hizo este medio. Tras esa publicación de El Destape, Grabois realizó una ampliación de denuncia que motivó la reacción judicial.
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El incumplimiento del gobierno
La decisión de la justicia de Tucumán se da luego de que el juez federal Sebastián Casanello informara también este viernes que el gobierno incumplió la orden que había dictado en la causa que investiga hechos similares en los tribunales federales de Comodoro Py.
El magistrado había ordenado el lunes al ministerio de Capital Humano que informara en un plazo de 72 horas un plan de acción para distribuir los alimentos retenidos “previendo una ejecución inmediata” del mismo, algo que el gobierno no hizo.
El Gobierno había apelado esa decisión de Casanello con argumentos insólitos. Por ejemplo, dijo que la decisión de entregar los alimentos es una decisión política del gobierno y por lo tanto no es judiciable; que la mayoría de los alimentos almacenados son paquetes de yerba mate (lo que es falso, la mayoría son litros de leche) por lo que no se está afectando la disputa jurídica que hay en esta causa, esto es, la cuestión humanitaria; y que es ilegal la medida ordenada por Casanello de hacer un plan de distribución de los alimentos porque, dice, esa decisión no es de material penal.
El juez concedió la apelación pero sin efecto suspensivo, es decir, dejó vigente su orden.
Por ese motivo, este viernes Casanello informó a la Sala II de la Cámara Federal porteña que el Gobierno no presentó el plan ni solicitó prórroga o suspensión respecto a esa medida ordenada el 27 de mayo pasado. Este incumplimiento puede derivar en la citación de funcionarios para dar explicaciones a una denuncia.
En este contexto, el gobierno informó el jueves en un comunicado que repartirá la comida próxima a vencer. Como hay una causa penal abierta, el Ejecutivo no puede tomar esa decisión sin el consentimiento de la Justicia.
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