Caso Comedores: la insólita apelación del gobierno, los detalles de la causa y el contraataque de Milei contra las organizaciones sociales

Luego de la revelación de El Destape de que el gobierno de Javier Milei tiene 5 millones de kilos de comida guardada en dos galpones desde diciembre del año pasado se produjeron diversos movimientos judiciales en tribunales en Comodoro Py y también en Tucumán, donde se encuentra uno de los depósitos con alimentos. En pos de no entregar la mercadería, el lunes la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni apeló con argumentos insólitos la resolución del juez Sebastián Casanello en la que había ordenado a la cartera comandada por Sandra Pettovello armar en 72 horas un plan de distribución de los alimentos “previendo su ejecución inmediata”. La concesión de la apelación no fue con efectos suspensivos por lo que el Ejecutivo debe presentar el mentado plan de acción este jueves o incurrirá en desobediencia.  Hasta el cierre de esta nota no lo había entregado. Mientras tanto, la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia por este tema para el 5 de junio, organizaciones sociales se manifiestan frente a los depósitos y el gobierno avanza con su contraataque judicial.

Una apelación insólita, un dictamen de fuerte impacto y una audiencia la próxima semana

La causa que por estos días más incomoda al gobierno es la que inició el dirigente social y exprecandidato a presidente Juan Grabois contra la decisión de Milei y Pettovello de no entregar alimentos a comedores comunitarios de todo el país. Tramita ante el juzgado de Casanello y la investigación está delegada en la fiscal Paloma Ochoa. Se trata de un caso que comenzó el 5 de febrero pero que tuvo un fuerte impulso a fines de este mes luego de que Ari Lijalad publicara en este medio que el gobierno tenía guardados 5 millones de kilos de comida y que podría haber productos por vencerse. Grabois se hizo eco de lo publicado por El Destape y el 23 de mayo hizo una ampliación de denuncia contra Pettovello por esa cuestión. El planteo de Grabois tuvo buena acogida en la Justicia.

Al día siguiente de la presentación, la fiscal Ochoa emitió un dictamen en el que pidió al juez que “dicte una medida cautelar innovativa, tendiente a que se ordene al Ministerio de Capital Humano a que en el término de cinco días corridos, entregue los alimentos que hubiese demandado tanto la querella como así también todos aquellos actores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores –RENACOM-”. A su vez, solicitó se libre una “orden de presentación con allanamiento en subsidio respecto de los depósitos” de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán), donde se encuentra la comida, “con el fin de que sus responsables informen el detalle del stock actual de los alimentos allí almacenados, la fecha de adquisición, la fecha de expiración de la mercadería”, entre otras cuestiones.

Este lunes el juez hizo lugar a la demanda de la querella y la fiscal pero en un tono más moderado que el pretendido por los acusadores. No obstante, incomodó al gobierno, que apeló lo resuelto por el magistrado de inmediato.

¿Qué ordenó Casanello? Que el Ministerio de Capital Humano al mando de Pettovello detalle el stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo y que especifique qué tipo de alimento hay en los galpones, cuando se adquirieron y cuándo vencen. El juez también pidió los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Tal como publicó este medio, se trata de alimentos que compró el gobierno de Alberto Fernández y se encuentran guardados al menos desde diciembre pasado.

Por otro lado, Casanello encomendó al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos “en atención a su tipo, cantidad y fecha de vencimiento previendo su ejecución de modo inmediato”. Dijo que eso deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas, que se cumplen este jueves. Hasta el momento, el Ejecutivo solo entregó la primera parte de lo ordenado por la Justicia. Lo hizo el miércoles por la noche. De allí se desprende que hay 4 millones de litros de leche que vencen en dos meses. ¿Entregará el plan de distribución para su ejecución urgente?

Esto fue apelado por el Ministerio de Capital Humano. Es decir, el gobierno se sigue negando a entregar la comida. En la presentación judicial para justificar que no va a entregar la comida el gobierno esgrimió argumentos insólitos. El escrito fue rubricado por la subsecretaria legal del ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, quien se mostraba identificada con el peronismo hasta hace poco tiempo.

¿Qué dijo Gianni en su apelación?

• Que la decisión de entregar los alimentos es una decisión política del gobierno de Milei y por lo tanto no es judiciable. Para Gianni, las medidas ordenadas por Casanello son “contraria (s) a distintos actos del Poder Ejecutivo, atinentes a la marcha de la Administración Pública, y la implementación de políticas públicas las que resultan ajenas al control judicial”.
   
• Cuestiona que el juez se haya hecho eco del pedido de entrega inmediata de los alimentos hecho por la fiscal porque, dice Gianni, Paloma Ochoa “ha confundido diferentes gestiones, las decisiones de políticas públicas y su competencia”. Sostiene que “la ejecución inmediata de un plan de distribución de los alimentos atenta contra las facultades propias del ministerio de Capital Humano”.
   
• También dice que la mayoría de los alimentos almacenados son paquetes de yerba mate por lo que no se está afectando la disputa jurídica que hay en esta causa, esto es, la cuestión humanitaria. “Encomendar repartir inmediatamente los remanentes de alimentos aún cuando constituye una acción meritoria en términos humanitarios, resulta ineficaz respecto del objetivo principal planteado”, argumentó Gianni. En esa línea señaló que el 62,6% de lo almacenado es yerba mate. La funcionaria del Ministerio de Capital Humano hizo ese señalamiento con la información publicada por El Destape: copió las planillas Excel con marca de agua de este medio en su apelación, lo que es insólito. El punto es que para Gianni “la medida solicitada que se materializaría, principalmente, en la distribución principal de yerba mate carece de la capacidad para modificar o incidir significativamente en la situación jurídica en disputa, lo cual desvirtúa su eficacia y pertinencia dentro del contexto procesal actual”.

El argumento de la yerba es muy pobre por varias cuestiones. Primero, es contradictorio con uno de los argumentos oficiales que dio el gobierno: de que los alimentos almacenados en los galpones son para cubrir situaciones de catástrofes. Siguiendo esa lógica, si la mayoría es yerba no serviría para mucho. Pero la subsecretaria legal del ministerio de Capital Humano soslaya que en los galpones hay más de un millón de kilogramos de leche en polvo, con los que se hacen de mínima 8 millones de litros de leche. A eso se suma que además hay 15 mil kilos de locro y 13 mil de Arroz con carne cuando hay gente desnutrida.

• Finalmente, la subsecretaria legal de Capital Humano dice, por un lado, que es ilegal la medida ordenada por Casanello de hacer un plan de distribución de los alimentos porque, sostiene, esa decisión no es de material penal. Lo que no parece divisar Gianni es que la materia penal analizada es el accionar de los funcionarios apuntados por no entregar la comida.  Por otro lado, la subsecretaria resalta que los denunciantes son investigados en una contradenuncia que hizo el gobierno y que podrían querer con su querella hacer retroceder aquel proceso. Ese argumento por sí solo parece explicar las contradenuncias realizadas por el gobierno: funcionar como coartada para justificar una decisión miserable como la de no entregar los alimentos guardados hace 6 meses en dos galpones.

Casanello aceptó la apelación pero no le dio carácter suspensivo por lo que su resolución sigue vigente. La decisión del juez pasó a manos de la sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Martin “Doctrina” Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. La cámara convocó a una audiencia entre las partes para el miércoles 5 de junio. Los camaristas deben resolver si respaldan la decisión del juez; endurecen su posición y se hacen eco de lo pedido por los denunciantes; o, por el contrario, hacen lugar al planteo del gobierno.

El impacto judicial en Tucumán

La nota de El Destape también provocó movimientos en los tribunales federales de Tucumán. Este martes, el Fiscal General de Tucumán, Antonio Gómez, envió al fiscal federal de aquella provincia, Agustín Chit, una denuncia que recibió de parte de “distintas agrupaciones y asociaciones civiles compuestas por sectores carenciados y vulnerables de Tucumán”. Gómez resaltó que los denunciantes se presentaron como víctimas y consideró que “en atención a la urgencia que menta la distribución de los alimentos en los distintos comedores y merenderos, entiendo que lo aquí puesto de manifiesto merece la atención de este Ministerio Público Fiscal”. Por lo que le solicitó a Chit que adopte “todas aquellas diligencias que pudiesen resultar necesarias, con el objeto de determinar a partir de los hechos denunciados, si se verifica algún accionar susceptible de ser considerado delito y, en su caso, se formule requerimiento de instrucción o se declare la incompetencia”. Respecto a este caso podría haber novedades a partir de este jueves.

La no entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano viene provocando planteos en distintas jurisdicciones. Por ejemplo, dos semanas atrás, el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Julián Axat, también le hizo un requerimiento a la ministra de Capital Humano para que informe porque no entrega alimentos a comedores.

Un mal antecedente para Pettovello

A principios de abril, el mismo juez Casanello resolvió la situación procesal de una exfuncionaria macrista que se puede transformar en un muy mal antecedente para Pettovello. El magistrado procesó a Susana del Valle Devoto, quien estuvo a cargo entre 2016 y 2018 de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) por incumplir con los deberes de funcionario público al dejar vencer 600 mil dosis de la vacunas dTap durante el gobierno de Mauricio Macri y que se habían adquirido para cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación de 2017. Se trata de una causa que se inició en el gobierno de Alberto Fernández por una denuncia de la Oficina Anticorrupción que encabezaba Felix Crous. El caso tiene puntos en común con el de los alimentos que reveló El Destape y más aún si se llegasen a vencer parte de los alimentos que hay en los galpones de Villa Martelli o Tafí Viejo. El pasado 7 de mayo, la cámara porteña ratificó un embargo millonario contra la procesada.

El contraataque judicial del gobierno

Para justificar la decisión de no distribuir alimentos, el gobierno avanza con denuncias contra organizaciones sociales, a las que busca demonizar de forma generalizada en pos de tener una coartada que justifique su accionar.

La contradenuncia que funciona como coartada para respaldar la no entrega de alimentos es la que sostiene que muchos de los comedores y merenderos registrados Registro Nacional de Comedores (RENACOM) no existen. Se trata de un expediente que impulsa el Ministerio de Capital Humano y que se generó tres meses después de la denuncia de Grabois que ahora investiga Casanello. Este martes fue a ratificar esta denuncia del gobierno Héctor Calvente, Subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano. ¿En manos de quiénes está esta causa? Del fiscal Ramiro González y del juez Ariel Lijo, el candidato de Milei para integrar la Corte –cuyo pliego se envió al Senado este lunes-.

Calvente dijo que detectaron que desde el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Fernández “se entregaban 4.000.000 aproximadamente de kilogramos en alimentos secos, sin ningún tipo de trazabilidad ni destino” a “los puntos indicados por las Organizaciones Sociales donde supuestamente ellos desde allí los distribuían a los comedores que tenías a su cargo. De esos alimentos entregados sólo se rindió su destino el 8%”, dijo el funcionario en sede judicial.

En la misma declaración testimonial, Calvente dijo que en el RENACOM “se detectaron aproximadamente 51.000 comedores preinscriptos, de los cuales sólo aproximadamente 4.000 estaban matriculados, quedando un total de 47.000 aproximadamente a relevar, de los cuales aprox. 20.000 se les habría vencido la preinscripción, quedando entonces un universo de aproximadamente 28.000 comedores sobre los cuales auditar y trabajar. El paso siguiente fue el comienzo de las auditorías de campo donde empezamos a detectar muchos comedores que figuraban en el RENACOM que no existían”. El Destape se contactó con trabajadores sociales que realizaron el relevamiento en territorio –quienes no quieren brindar su identidad por temor a represalias- y afirmaron a este medio que la información que da el gobierno sobre ese tema está totalmente manipulada y tergiversada.  A eso se suma que muchos de esos comedores cerraron.

Este tema fue uno de las tantas excusas que esgrimió el Ejecutivo para justificar la no entrega de los alimentos almacenados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

Norma Morales, del centro comunitario Arco Iris dialogó con El Destape Mundo y explicó la situación dramática: “El día a día se nos vuelve cada vez más difícil. Antes de este gobierno entregábamos las cuatro comidas de lunes a viernes y con este gobierno tuvimos que reducir. Solamente entregamos lunes, miércoles y viernes el almuerzo y la merienda. Y lo seguimos haciendo gracias a la articulación con el municipio de Avellaneda porque este centro comunitario está en Dock Sud, en el distrito de Avellaneda y desde el Observatorio del municioio nos brindan los alimentos semanalmente para seguir alimentando a nuestra comunidad”.

Esta causa por los supuestos comedores inexistentes con la que el gobierno busca justificar su accionar no es la única que utiliza para demonizar a las organizaciones sociales. Existen al menos 2 causas más que agita el Ejecutivo en esta cruzada contra las estructuras de contención social:

• Una de ellas también tuvo novedades esta semana. Se trata de la pesquisa en la que se apunta contra tres organizaciones sociales por supuestas extorsiones a beneficiaros de planes sociales para concurrir a marchas. El mismo día que ordenó a Pettovello que elabore un plan de distribución de los alimentos revelados por El Destape, el juez Casanello también resolvió que se tomen 23 indagatorias en esta causa, entre las que se destaca la del referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni. Las indagatorias irán del 11 al 25 de junio. El magistrado tomó esta decisión luego de complementar una pesquisa que tenía delegada el fiscal Gerardo Pollicita, quien investigó el accionar de tres organizaciones en 5 comedores de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un expediente que se inició por una denuncia que hizo el ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, en base a llamados a la línea 134, y que tiene como querellante al ministerio de Capital Humano a cargo de Pettovello.  

La decisión de Casanello involucra a integrantes del Polo Obrero; del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie. Y se quiere utilizar como generalización para demonizar a todas las organizaciones sociales.

La organización que aparecería más complicada en esta causa es el Polo Obrero, cuyo referente es Belliboni, con quien Bullrich mantiene un conflicto político público.

Desde el FOL dijeron a El Destape que la acusación “es bastante precaria y no cumple con los principios penales de circunstanciación del hecho para cada imputado”. “Estamos evaluando las estrategias a adoptar”, añadieron.

Mientras que en el caso de Barrios Pie indican que solo tienen una denuncia telefónica en su contra y que llamaron a indagatoria a dos de sus militantes por el accionar en un comedor de la Ciudad de Buenos Aires, “Caminos de Tiza”. Barrios de Pie tiene en la Ciudad de Buenos Aires 50 espacios asistenciales entre merenderos (alrededor de 40) y comederos (11),  lo que se suman ollas populares que funcionan intermitentemente en distintos puntos porteños.  

• La segunda causa es un calco a la de Casanello y también se abrió por una denuncia de Patricia Bullrich. Está en manos del mentado juez Ariel Lijo, postulante de Milei para el Tribunal Supremo.

Para Nicolas Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la UTEP, “todo este juego judicial solo tiende a alimentar la campaña de desprestigio mediático que están construyendo para perseguir no solo a dirigentes sociales sino también para generar miedo en torno la organización comunitario social”. Caropresi, en diálogo con El Destape, valoró el fallo de Casanello “que obliga al ministerio de Capital Humanos a avanzar en un cronograma de entrega de alimentos e indicar el stock y la fecha de vencimiento de la comida. Estamos todos convencidos que están dejando pudrir alimentos”, agregó. El dirigente social resaltó que la comida está en los galpones desde diciembre y que una de las excusas del gobierno fue que la tenían para catástrofes “pero hubo varias catástrofes y no giraron nada de eso. Pedimos ayuda en ese momento y no ayudaron. Pienso en las catástrofes de Bahía Blanca, Concordia, Corriente y las del conurbano”. “Ese hecho se mancha o se oculta con la persecución a dirigentes sociales por las causas de extorsión”, analizó. “Hay que dejar que la justicia avance”, aclaró luego pero dejó en claro que a su criterio lo que busca el gobierno es “que la gente rechace organizarse por asociarlo a un delito, a la persecución y al miedo”. 

La estrategia no es ingenua en estos tiempos de crecimiento de la pobreza y la indigencia.