Mientras no entrega comida a los comederos y merenderos, el Gobierno de Javier Milei avanza en su guerra contra las organizaciones sociales y opera política y mediáticamente en contra de ellas a partir del uso de diversas causas judiciales. El expediente que adquirió mayor repercusión en los últimos días es uno que se inició con una denuncia del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich por una presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales para concurrir a marchas. Ese caso provocó una treintena de allanamientos desde el lunes a la madrugada en locales partidarios, comedores y domicilios particulares, así como medidas judiciales como la inhibición de bienes de los 28 acusados, vinculados al Polo Obrero (PO), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. Desde las organizaciones apuntadas denunciaron que los operativos estuvieron repletos de ilegalidades y rechazaron las acusaciones. Hablan de violencia física, uso de armas de fuego, insultos racistas, todo frente a niños, además de que en algunos procedimientos “no hubo testigos y se llevaron cosas que no estaban relacionadas con las órdenes de allanamiento y hasta el salario de compañeros”. “Quieren instalar en este escenario de crisis que la organización popular no es real y que la gente marcha obligada y no porque se organiza”, afirmaron.
La acusación, los “baches judiciales” y el rol de la sala macrista de la cámara porteña
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La política cruza esta causa desde su origen. Las actuaciones judiciales se iniciaron el 20 de diciembre pasado cuando se preparaba la primera gran marcha de estas organizaciones contra el gobierno nacional y luego que el Ministerio de Seguridad habilitara el número 134 para recibir denuncias de quienes fueran supuestamente obligados a movilizarse. Aquella misma jornada se presentaron en Comodoro Py con las denuncias recibidas en esa línea telefónica los abogados del ministerio Laura Sánchez y Fernando Soto. Soto es un alto funcionario del ministerio que conduce Bullrich y es abogado del ex policía Luis Chocobar, acusado de matar por la espalda, cuando huía, a un joven que había robado. Sánchez y Soto pidieron que se investigue “la conducta presuntamente ilícita de quienes, actuando como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido a los beneficiarios de planes sociales la participación en marchas y manifestaciones públicas o la entrega de una porción del dinero percibido por dichos planes, bajo la advertencia expresa de ‘dar de baja el plan’ en caso de no asistir a las mismas o no entregar el dinero”.
La denuncia recayó en el juez Sebastián Casanello quien delegó la pesquisa en el fiscal Gerardo Pollicita. De lo denunciado por el Ministerio de Seguridad, Pollicita delimitó la existencia de 45 hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires. Para el resto de casos, se declaró incompetente porque ocurrieron en otro territorio (esas denuncias incluyen a otras organizaciones). De esas 45, la fiscalía pudo delimitar siete hechos concretos en la Capital Federal, que son los que motivaron el dictamen de acusación. Se trata de siete testigos, de los que cinco aportaron pruebas, y que el juez volvió a convocar.
El fiscal consideró que pudo comprobar, de modo preliminar, “que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —‘cápitas’, ‘cuotas’, ‘alquiler de comedor’, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de ‘movilizaciones’ de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”.
Pollicita circunscribió los hechos a 5 comedores de la Ciudad de Buenos Aires, tres relacionados al PO, uno al FOL y otro a Barrios de Pie. Pidió la indagatoria y detención de 28 personas y una serie de allanamientos.
El juez Casanello no hizo lugar al pedido del fiscal y decidió realizar una instrucción suplementaria para completar la pesquisa. Evidentemente, consideró que había "baches judiciales". El fiscal apeló y entonces intervino la sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Se trata de la sala más macrista de esa cámara. Los tres jueces fueron designados por Mauricio Macri, los primeros dos a dedo, lo que fue declarado irregular por la Corte que decidió dejarlos en esos cargos por años hasta que haya “reemplazantes naturales”. El tercero, Llorens, visitaba a Macri en la Quinta de Olivos y ataja en el equipo de fútbol de jueces y fiscales Liverpool que jugó partidos en la quinta Los Abrojos del expresidente. Esos tres magistrados consideraron que los allanamientos pedidos por Pollicita podrían aportar información valiosa para la pesquisa y ordenaron que se realicen los procedimientos que Casanello no había dispuesto. Por eso se realizaron los allanamientos, que se iniciaron el lunes a las 5.30 de la mañana.
Según pudo reconstruir El Destape, desde el juzgado se consideraba que la investigación aún era incipiente y era necesario avanzar en reserva para poder delimitar con exactitud los hechos denunciados. Por esa razón, a pesar del pedido del fiscal, al cierre de esta nota no había ninguna persona detenida ni ningún pedido de indagatoria por parte del juez Casanello. Esas definiciones se darán luego de que se conozcan los resultados de los allanamientos y el análisis de los teléfonos secuestrados.
Del dictamen de Pollicita se desprende que a partir de los casos que investiga – el accionar de 28 personas de 3 organizaciones en 5 comedores- busca ir hacia las áreas jerárquicas de esas agrupaciones para intentar adentrarse en la forma en que se financian. En lo que hace al Polo Obrero, por ejemplo, el fiscal apuntó entre otros contra Jeremías Cantero, muy cercano al líder del PO Eduardo Belliboni –quien no está involucrado en la causa y con quien Bullrich mantiene un conflicto político público-. Pollicita acusa a Cantero de coordinar diversos comedores que son objeto del proceso y de “canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’”.
“Apuntan a Jeremías porque es un dirigente muy conocido, que desde muy joven milita políticamente, buscan desequilibrar a la organización. Quieren generar miedo desde todos los ángulos posibles de modo tal que la gente no se organice cuando no tiene para comer y los comedores tienen lista de espera porque el gobierno dejó de enviar alimentos”, sostuvo a este medio Liliana Alaniz, quien asumió la defensa de algunos de los implicados en la causa relacionados al PO.
Alaniz aseguró a El Destape: “Esta es una 'causa venganza' porque son las organizaciones que se movilizaron muy fuerte el 20 de diciembre cuando se logró romper el protocolo represivo que impuso Bullrich. Parece ser que no les alcanza solo con criminalizar la protesta sino que también quieren amedrentar desde este lado. La causa es un plaguero de denuncias falaces, de pruebas muy endebles. Hay una cuestión de espectacularidad que se muestra desde los medios con cifras de personas que serían víctimas que en realidad se reducen a 7”.
Finalmente, concluyó: “La organización Polo Obrero rinde absolutamente todo lo que tiene que rendir en el Estado conforme los establece la legislación y no podemos dar planes de baja porque eso lo realiza el Estado. Hay una forma muy dañino de presentar la información y tratar de confundir y demonizar a quienes se organizan. No es algo nuevo”.
Bullrich y la utilización política del caso
Apenas se cursaron los allanamientos hubo una utilización política de la causa judicial por parte del gobierno nacional, puntualmente de la denunciante, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se paseó por los medios para atacar a las organizaciones sociales en general cuando al menos por ahora lo denunciado en la Ciudad de Buenos Aires apunta a 5 comedores y 3 organizaciones. Es decir, se trata de hechos puntuales que hasta el momento no permiten una generalización.
Por ejemplo, una de las organizaciones acusadas por Pollicita es Barrios de Pie. El fiscal apunta contra 3 personas relacionadas a Barrios de Pie por su accionar en un comedor, “Caminos de Tiza”, ubicado en Villa Lugano. La acusación fiscal es que esas tres personas cometieron distintos ilícitos en perjuicio de los beneficiarios de asistencia que concurrían a ese comedor. Dice que se apropiaron de una parte de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a la asistencia de Caminos de Tiza y, al mismo tiempo, coaccionaron a los beneficiarios sociales, para forzarlos a participar en movilizaciones de la agrupación. Desde el entorno judicial de Barrios de Pie consideran que la acusación en su contra es muy pobre. “En esta causa hay solo 3 imputados de Barrios de Pie. Una es una compañera referenta del barrio de Lugano, de la villa 20; otro no es militante; y la tercera es una compañera de la juventud estudiante, no es del barrio”, indicaron. Y agregaron que se hace foco en un solo comedor cuando la agrupación tiene en la Ciudad de Buenos Aires 50 espacios asistenciales entre merenderos (alrededor de 40) y comederos (11).” A eso se suman ollas populares que funcionan intermitentemente en distintos puntos”, añadieron, para contextualizar. También aseguraron que durante el macrismo ya hubo denuncias de este tipo y terminaron con los acusados sobreseídos.
En línea con la utilización política del caso, este martes Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, pidió ser tenida por querellante en la causa. Es decir, quiere tener acceso al expediente. Lo hizo patrocinada por el abogado de Chocobar, Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad y quien fue designado en la comisión de Reforma del Código Penal por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Casanello rechazó este miércoles esta pretensión de la ministra. El juez sostuvo que la imputación que realizó la fiscalía es por "los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado -en relación a fondos del ex Ministerio de Desarrollo Social-" por lo que "los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que la Ministra no puede asumirse, en términos legales, como particularmente ofendida". Además, la Policía Federal, que depende del ministerio de Seguridad, es auxiliar de Justicia. Por ejemplo, para la tarea de identificación de los referentes de las organizaciones denunciados en esta causa intervino el Departamento de Crimen Organizado de la PFA. El juez resaltó esto: "Como demuestra este expediente, las fuerzas dependientes del Ministerio actúan aquí colaborando con el proceso y su noble fin de Justicia (no son sujetos externos). La Policía Federal Argentina realizó las tareas investigativas ordenadas por la fiscalía y el juzgado, fue designada para la escucha directa en las intervenciones telefónicas dispuestas y aún se encuentra cumpliendo medidas que se le encomendaron (...). Incluso, el Programa de Protección de testigos, activado por decisión de este juzgado, depende de ese Ministerio de Seguridad. Tales tareas, de singular seriedad y valía, no podrían ser realizadas por alguien que asuma interés de parte".
Denuncian operativos ilegales
En diálogo con El Destape, la abogada Florencia Mary, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó que se produjeron diversas ilegalidades en los allanamientos. La letrada señaló que hubo contra los allanados: “Violencia física, uso de armas de fuego, todo frente a niñes. Violencia verbal, amenazas e insultos racistas. Falta de información clara a les allanades sobre qué ocurría. Y ausencia de testigos”. También dijo que los uniformados que fueron parte de los operativos “revisaron más allá de lo permitido por las órdenes que tenían y se llevaron cosas que no estaban relacionadas con las órdenes de allanamiento, incluso el salario de compañeres”. Asimismo, denunció que se produjo “una incomunicación inmediata de les allanades, el impedimento del ejercicio del derecho de defensa, especialmente de acceso a abogades para saber sus derechos así como el impedimento del pronto acceso a la causa”.
En esa línea, agregó que “ciertos medios de comunicación tenían la información de la causa antes que les allanades y difundieron nombres y direcciones de las personas poniéndolas en peligro y violando la intimidad y el principio de inocencia”.
En una línea similar se expresaron desde el PO. La abogada Alaniz indicó que “los allanamientos se hicieron de manera muy desprolija. En la sede del Polo Obrero donde se realizan reuniones de delegados y hay emprendimientos hay cámaras de seguridad permanentes y en cuanto ingresó la Policía rompió la puerta porque no había nadie y apagó las cámaras. Nosotros no podemos dar cuenta de si lo que ellos dicen que figura en el allanamiento estaba o no estaba. Nuestra forma de control era que hubiese alguien o que las cámaras se mantuvieran encendidas. También hay irregularidades en las órdenes de allanamiento que no se condicen con lo que marca la legislación”, agregó la letrada y dijo que harán presentaciones judiciales por estos hechos.
El contexto general: las denuncias cruzadas
Esta causa se da en un contexto general de denuncias y contradenuncias entre el gobierno y las organizaciones sociales. Por ejemplo, los allanamientos ocurrieron a la par que avanza una causa contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por suspender la entrega de comida a los comedores comunitarios. Por este hecho hay una causa penal abierta también en el juzgado de Casanello (interviene la fiscal Paloma Ochoa) y un amparo en el juzgado contencioso administrativo federal Nº 7 a cargo de Walter Correa. Ambos fueron presentados por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En la causa del contencioso también interviene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el 13 de mayo, casi a la par que los allanamientos contra el PO, FOL y Barrios de Pie, el juez Walter Lara Correa ordenó inscribir el caso en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema. "Por la trascendencia social del derecho en juego y las especiales características del grupo afectado, vinculado con sectores tradicionalmente postergados, las cuestiones que son objeto de juicio exceden el interés de cada parte y ponen en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección que no justifica la promoción de acciones individuales”, señaló el magistrado en la resolución de 14 páginas a la que accedió El Destape.
Desde la UTEP enmarcan la causa por una presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales en una avanzada general del gobierno contra las organizaciones populares. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP dialogó con El Destape y si bien remarca que si alguien “cometió algún delito debe ser investigado y juzgado como corresponde” enfatizó que “los allanamientos que se realizaron están enmarcados en una campaña sistemática de persecución y de justificación de una política de ajuste del gobierno de Javier Milei”. “Lo que logra Milei con este tipo de operaciones es discutir cuestiones judiciales y corre el eje de la discusión central que es que no entrega comida a comedores”, añadió.
Gramajo puso como ejemplo el caso que la UTEP llevó a la Justicia: “El gobierno dice que los comedores comunitarios funcionan mal y que hay comedores que no existían pero lo concreto es que tomó la decisión de desabastecerlos desde el día 1 sin hacer auditorias, desconociendo el funcionamiento de los comedores”. Justamente por ese tema, también a la par que se hicieron los allanamientos y mientras avanza la causa que denunció la UTEP, el gobierno realizó una contradenuncia penal porque dice que no se pudo controlar la entrega de beneficios a los comedores. Esa denuncia, que se impulsa desde el ministerio de Capital Humano, recayó en el juez Ariel Lijo, uno de los candidatos que Mieli propuso para la Corte Suprema. El fiscal interviniente es Ramiro González.
“Las organizaciones populares en conjunto con el movimiento obrero y las diferentes expresiones que salen a luchar contra la política de ajuste del gobierno son atacadas sistemáticamente por diferentes mecanismos que tienen que ver con la persecución judicial, la represión en la calle y ataques mediáticos violentos. Entendemos que la nueva campaña está enmarcada en esa dirección”, afirmó Gramajo.
En esa línea, todo indica que el gobierno, a partir de una denuncia que impulsó el ministerio de Seguridad, busca la demonización de esas asociaciones en general a partir de hechos puntuales que no está claro que sean generalizados y que administra un sector de Comodoro Py interesado en hacerle el juego a la gestión libertaria.
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