La diputada provincial Susana González ratificó y amplió este martes una denuncia que involucra al procurador bonaerense Julio Conte Grand por diagramar un sistema de persecución y dar cobertura judicial a actos de corrupción del macrismo por US$ 95 millones en la provincia de Buenos Aires. El caso compromete al ex interventor del Astillero Río, Daniel Capdevilla, a fiscales locales y a exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La investigación quedó delegada en la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta.
La legisladora estructuró su ampliación en un comprobante bancario del 4 de octubre de 2018 que daría cuenta de que Capdevilla realizó una transacción por más de mil millones de pesos desde una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad. Por ese ticket, la diputada realizó en 2019 un pedido de informes en la Legislatura bonaerense, entonces comandada por Juntos por el Cambio, que nunca prosperó.
“En la Solicitud de informes mencionada, hice expresa referencia a una noticia que se había hecho pública de forma reciente y a través de distintos medios periodísticos, en la que se comunicaba la aparición de un comprobante de transferencia bancaria emitido por el cajero nº 211108 del Banco Ciudad, ubicado en la calle Florida 302 de CABA, de fecha 4/10/18 y que pertenecía a la caja de ahorros nº 50175217083 cuyo titular era precisamente el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla. En dicho comprobante se informa una transacción millonaria que generó el asombro de todo aquel que tuvo conocimiento del exorbitante monto de la misma, a saber: mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos ($ 1000000066,65.)”, precisó la diputada.
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Ese movimiento de dinero, interpreta la denunciante, tendría vinculación con la maniobra ilegal que denunció el 29 de junio pasada en sede penal, en la que apuntó a un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero”, señaló la denunciante.
Por tal motivo, en su reciente ampliación la legisladora solicitó que se pidan informes al Banco Ciudad y al Banco Central con el objetivo de que se determine de dónde provino el dinero que, supuestamente, ingresó a la cuenta Capdevilla. Pretende se esclarezca quién hizo esa transferencia y quien fue su receptor.
A su vez, un pasaje importante de la ampliación de denuncia estuvo dedicada a defender la cuestión federal de los hechos denunciados: “Mantengo mi postura, respecto que la presente investigación sea analizada en el fuero federal, no sólo por la conexidad con la denuncia principal, sino porque al entender de ésta diputada el delito que se denuncia quedaría comprendido en el lavado de activos”, señaló.
La denuncia principal
El pasado 29 de junio, la diputada bonaerense del FdT Susana González denunció penalmente al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grande, de dar cobertura judicial a actos de corrupción por US$ 95 millones y de persecución. La legisladora aseguró que durante el macrismo existió en territorio bonaerense “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”.
De acuerdo a la denunciante, está claro que durante la gestión de Juntos por el Cambio se conformó "un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales (otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión)”.
González centró su primera presentación de 39 páginas en Julio Conte Grand, quien el 27 de diciembre de 2016 pasó de ser secretario de Legal y Técnica de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal a procurador bonaerense. En la denuncia principal se describió cómo el actual jefe de los fiscales reestructuró el Ministerio Público provincial para centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales bonaerenses. Así, premió a quienes le respondían en la persecución judicial de opositores y presionó a los díscolos. “El disciplinamiento direccionado a proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”, remarcó la legisladora provincial.
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Un pasaje central de ese primer escrito hizo foco en un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero” Río Santiago. González destacó cómo el fiscal a cargo de esa pesquisa, que respondía a Conte Grand, decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción enorme que comprometía a Cambiemos. La referencia es a “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, que se hicieron con aproximadamente 95 millones de dólares”.
Para González, desde la asunción de Conte Grand “se han realizado diversas actuaciones, con coordinación, planificación y estratégica temporalidad para llevar adelante una serie de actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción, perjudicar directivos y dirigentes gremiales del Astillero Rio Santiago, y disciplinar y perseguir a Agentes Fiscales que no seguían las órdenes del Procurador o los agentes de inteligencia federales, como procurar la impunidad de los Funcionarios de la Procuración denunciados (…)”. La denuncia condensa cómo Conte Grand manejó la procuración bonaerense durante el gobierno de Vidal.
Los denunciados fueron el procurador Conte Grand; Daniel Capdevila, expresidente del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago; Ricardo López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la AFI; y diversos integrantes del Ministerio Público bonaerense.
La ampliación
Este martes, González ratificó y amplió su denuncia. “Vengo a ampliar la denuncia penal formulada el día 29 de junio de 2022 contra el ex Interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla y otros; por los hechos que se exponen a continuación, constitutivos prima facie del delito de malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos”, sostuvo la legisladora en un escrito de 8 páginas al que tuvo acceso El Destape. El caso, que recayó en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramo Padilla, fue delegado en la fiscalía comandada por Roteta.
En su presentación principal, la diputada denunció además de actos de persecución también hechos de corrupción ocurridos durante el macrismo en el Astillero Río Santiago. La legisladora apuntó en su acusación de fines de junio a un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero”, señaló la denunciante. Es que fue el ataque judicial contra ATE el que dio como resultado “la revelación de un hecho de corrupción de 95 millones de dólares.”
Por eso, en su ampliación de este martes, la diputada sumó el comprobante bancario que da cuenta de una transacción de más de mil millones de pesos desde una cuenta a nombre del interventor del Astillero, Daniel Capdevilla, en el Banco Ciudad.
La legisladora recordó que durante el macrismo impulsó junto a sus compañeros de bloque un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para intentar esclarecer ese hecho que nunca fue contestado. Pedía acceder a la declaración jurada de Capdevilla para ver si podía justificar aquella transacción. “Conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado y fehaciente para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión. En esos términos es que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades propias”, indicó la diputada en su presentación de este martes. Y pidió que como medida de prueba finalmente la justicia pida la DDJJ de Capdevilla.
González también sumó a nuevos actores en la maniobra de presunto encubrimiento: “El expediente de la solicitud de Informes señalado, recayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que era presidida por el diputado (Santiago) Nardelli (Cambiemos), sin que le diera ningún tipo de tratamiento hasta perder su estado parlamentario, lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento de la presunta maniobra fraudulenta”. La diputada requirió este martes que se cite a Nardelli como testigo.
“En conclusión, no se investigó el origen de ese depósito, ni si el mismo se encontraba manifestado en su Declaración Jurada. La identidad de fechas, y la cuantía del monto habilitan el pedido de investigación sobre éste hecho que la prueba indiciara mostraría vinculada a las maniobras delictuales que entendemos deben ser investigadas”, concluyó la denunciante en clara referencia a los actos de corrupción por U$S 95 millones en el Astillero Río Santiago que detectó un peritaje de Prefectura.
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Durante su gestión, Capdevilla había denunciado penalmente a diversos dirigentes sindicales de Ensenada. “La denuncia fue iniciada en una fecha previamente acordada y oportunamente buscando para que le sea asignada al Agente Fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, uno de los Agentes Fiscales más cercanos al Procurador Conte Grand”, precisó González en su primera presentación. ¿Qué hizo Condomi Alcorta? “Direccionar la pesquisa a fin de involucrar directamente a la cúpula de ATE Ensenada”, añadió la diputada.
En el marco de ese proceso se ordenó a la Prefectura Naval realizar un informe técnico respecto de varias situaciones que surgieron de las declaraciones testimoniales. Ese peritaje sentó las bases de la actual denuncia de González, porque allí se dio cuenta de las irregularidades que comprometían a la intervención del astillero, que el fiscal Condomi Alcorta decidió no investigar. “Este fiscal que conforme se describe en la denuncia original, imputó a los dirigentes de ATE y no investigó delitos de mayor envergadura expuestos en las distintas pericias solicitadas por el mismo agente fiscal”, indicó la diputada en su ampliación.
Para la diputada provincial, del análisis de esa causa contra los dirigentes de ATE “surge palmariamente una investigación penal dirigida a buscar algún reproche penal contra los sindicalistas señalados por el interventor, desentendiéndose de buscar la verdad material de los hechos y omitiendo investigar los graves delitos que surgieron de las pruebas recolectadas, pero que iban en contra de la dirección que había digitado el Procurador Conte Grand, y sus funcionarios de la Procuración”.
Este martes la diputada provincial sumó elementos para iniciar una investigación que puede comprometer, y mucho, al jefe de los fiscales bonaerenses.
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