Denuncian al procurador bonaerense de dar cobertura judicial a actos de corrupción por US$ 95 millones y de persecución

Denunciaron penalmente al procurador bonaerense Julio Conte Grande de dar cobertura judicial a actos de corrupción por US$ 95 millones y de persecución. La presentación la realizó el último miércoles la diputada bonaerense del Frente de Todos Susana González. El caso quedó radicado en el juzgado federal de La Plata a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla y también involucra al exinterventor del Astillero Río Santiago Daniel Capdevilla, a fiscales provinciales y hasta a exagentes de la AFI.

La diputada González aseguró que durante el macrismo existió en territorio bonaerense “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”. De acuerdo la denunciante, está claro que durante la gestión de Juntos por el Cambio se conformó "un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales (otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión)”.

González centró su presentación de 39 páginas en Julio Conte Grand, quien el 27 de diciembre de 2016 pasó de ser secretario de Legal y Técnica de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal a jefe de los fiscales bonaerenses. En la denuncia se describe cómo el actual procurador reestructuró el Ministerio Público provincial para centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales bonaerenses. Así, premió a quienes le respondían en la persecución judicial de opositores y presionó a los díscolos. “El disciplinamiento direccionado a proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes, se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”, remarcó la legisladora provincial.

Un pasaje central del escrito hace foco en un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero” Río Santiago. González destacó cómo el fiscal a cargo de esa pesquisa, que respondía a Conte Grand, decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción enorme que comprometía a Cambiemos. La referencia es a “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, que se hicieron con aproximadamente 95 millones de dólares”.

Para González, desde la asunción de Conte Grand “se han realizado diversas actuaciones, con coordinación, planificación y estratégica temporalidad para llevar adelante una serie de actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción, perjudicar directivos y dirigentes gremiales del Astillero Rio Santiago, y disciplinar y perseguir a Agentes Fiscales que no seguían las órdenes del Procurador o los agentes de inteligencia federales, como procurar la impunidad de los Funcionarios de la Procuración denunciados (…)”. La denuncia condensa cómo Conte Grand manejó la procuración bonaerense durante el gobierno de Vidal.

La denuncia describe actos de “corrupción, los que podrían estar tipificados como malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita de todos los integrantes que a continuación se enuncian”, señaló la denunciante.

¿Quiénes son los denunciados?

• Julio Conte Grand, procurador general bonaerense.
• Daniel Capdevila, expresidente del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago y exfuncionario de María Eugenia Vidal.
• Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
• Y diversos integrantes del Ministerio Público bonaerense como: Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal; Juan Cruz Condomi Alcorta, fiscal del Departamento Judicial de La Plata; Miguel de Lezica, Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración provincial; y Max Perkins, quien fuera subsecretario de la Secretaria de la misma dependencia.

En diálogo con El Destape, González explicó: “Esta denuncia revela un entramado no solo de espionaje o de direccionamiento para el armado de causas sino que la base más importante de esta investigación es un acto de corrupción de malversación de fondos públicos de quienes dicen ser transparentes”, dijo en referencia a los dirigentes del PRO. La diputada agregó que los funcionarios de Cambiemos “gozaron de la impunidad que les brindó el Poder Judicial, que cuando hay una denuncia que los involucra a ellos termina en fiscales y jueces suspendidos y cuando arman causas para investigarnos a  nosotros ponen a sus propios fiscales y jueces para perseguirnos”.

El primero paso: la secretaría del Control Disciplinario

En la denuncia se focaliza en la “Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento” que crea Conte Grand para centralizar todas las denuncias contra los fiscales provinciales. Con esta decisión “pasa a estar el ‘control disciplinario’ centralizado en una Secretaría con funcionarios elegidos discrecionalmente –sin concurso público de antecedentes- por Conte Grand”. Para González no hay dudas: “Ese fue el primer paso en un plan orquestado para manipular el sistema judicial, y así poder cometer distintas acciones ilícitas”.

Esta decisión posibilitó que Conte Grand “decida arbitrariamente activar, paralizar o archivar las denuncias realizadas según la conveniencia política”. Es decir, presionar fiscales.

La secretaría continúa encabezada por el relator del procurador, Miguel de Lezica, según se desprende de la propia página de la procuración bonaerense. Lezica fue secundado por el abogado Max Perkins, “que no era empleado ni funcionario de la Procuración, sino otro militante de Cambiemos”, se remarcó en la denuncia. Es que hasta su asunción, Perkins se desempeñó como Secretario de Seguridad del Municipio de San Miguel, intendencia que gobernó Joaquín de la Torre, dirigente cambiemita que luego fue ministro de Gobierno de Vidal y hoy es senador provincial. A principios de 2021, tal como se sostiene en la denuncia, Perkins  fue designado Subsecretario de Administración en el Ministerio de Desarrollo Humano y Habitad del gobierno porteño. Es decir, está bajo el amparo de Horacio Rodríguez Larreta.

González sostiene en su presentación que la Secretaría de Control Disciplinario “ofició como parte fundamental en el armado de maniobras de inteligencia ilegal y manipulación en el accionar de la Justicia, configuración de impunidad para fiscales denunciados en instancias penales, administrativas e internacionales, al tiempo que suspendía a aquellos que les resultaban díscolos a sus planes partidarios políticos”. En el escrito de casi 40 páginas se citan diversos ejemplos, como el del fiscal general Enrique Ferrari, perseguido durante el macrimo; y el de Fabián Fernández Garello o Sebastián Scalera, protegidos por Conte Grand.

Corrupción macrista en el Astillero Río Santiago

“Lo acaecido a nivel nacional, y con la reciente causa conocida mediáticamente como la ‘Gestapo Sindical’ tuvo su capítulo en la intervención al Astillero Rio Santiago”, manifestó González. “Sin embargo, esta denuncia no se basa en la manipulación y persecución de representantes gremiales, sino en el hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero”, señaló la denunciante.

Es que fue el ataque al sindicato el que dio como resultado “la revelación de un hecho de corrupción de 95 millones de dólares.” El episodio ocurrió durante la gestión del interventor Capdevila, nombrado por Vidal, que impulsó la reducción del personal de planta de la Dirección del Astillero. “Se reemplazaron 7 gerentes, 2 de ellos de carrera dentro del Astillero, y se nombró al Sr. Ricardo López, como Gerente, Coordinador de Seguridad y Jefe de Recursos Humanos, quien se desempeñaba como Agente de Inteligencia (espía) de la Agencia Federal de Inteligencia”, se menciona en la denuncia. El Destape pudo corroborar que efectivamente, Ricardo René López cumplió funciones en la ex SIDE y en el Astillero.

Pero eso no es todo. López, tal como se sindica en la denuncia, quedaría envuelto en una trama de corrupción que ahora es denunciada en la justicia federal.

Ante la situación de reducción de personal, ATE Ensenada realizó distintas medidas de fuerza. La respuesta del macrismo fue la persecución policial y judicial. Capdevilla denunció penalmente a diversos dirigentes sindicales de Ensenada. “La denuncia fue iniciada en una fecha previamente acordada y oportunamente buscando para que le sea asignada al Agente Fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, uno de los Agentes Fiscales más cercanos al Procurador Conte Grand”, precisó González en su denuncia. ¿Qué hizo Condomi Alcorta? “Direccionar la pesquisa a fin de involucrar directamente a la cúpula de ATE Ensenada”, añadió la diputada.

En el marco de ese proceso se ordenó a la Prefectura Naval realizar un informe técnico respecto de varias situaciones que surgieron de las declaraciones testimoniales. Ese peritaje sentó las bases de la actual denuncia de González.

“El informe fue lapidario. Concluyó que en las contrataciones indicadas como C81, C82, C85 y C86, se habría realizado una malversación de fondos públicos por una suma de u$s 95.000.000”, remarcó la legisladora del FdT. Es decir, “por la denuncia realizada por el Sr. Capdevilla se debieron realizar una serie de pericias técnicas, surgiendo de las mismas que los gerentes de Astillero Río Santiago habían realizado actos de corrupción por u$s 95.000.000, con su consiguiente enriquecimiento. Es importante destacar el papel de Ricardo López como gerente de Recursos Humanos y de Seguridad en la maniobra, ya que habría posibilitado la extracción de materiales”.

¿Por qué la diputada apunta contra Conte Grand por esta defraudación? Porque “el control probatorio por parte de la Procuración General y el Agente Fiscal seleccionado especialmente para dirigir la investigación, dispusieron la irrelevancia de la defraudación de u$s 95.000.000  acreditada mediante un informe técnico, y continuaron buscando algún hecho que pueda endilgar responsabilidad a los sindicalistas objetivos del actuar mancomunado del Procurador, la Gobernadora y la Agencia Federal de Inteligencia”. La maniobra, de hecho, concluiría con la desvinculación de los funcionarios cambiemitas de la defraudación. Como si fuera poco, “en la instrucción y los allanamientos” que hubo en el proceso “habrían participado varios agentes de inteligencia de la AFI”.

“Puede observarse que la modalidad de seleccionar y manipular el personal que va a intervenir en la investigación penal preparatoria, con funcionarios que dependen directamente del Procurador y con espías de la AFI, es una forma de violentar la independencia e imparcialidad con la que debe proceder el Poder Judicial, tanto para acusar a sindicalistas, como para asegurar la impunidad de funcionarios públicos”, sostuvo González en su denuncia del miércoles.

Para la diputada provincial, del análisis de la causa “surge palmariamente una investigación penal dirigida a buscar algún reproche penal contra los sindicalistas señalados por el interventor, desentendiéndose de buscar la verdad material de los hechos y omitiendo investigar los graves delitos que surgieron de las pruebas recolectadas, pero que iban en contra de la dirección que había digitado el Procurador Conte Grand, y sus funcionarios de la Procuración”.

Una offshore y ¿un homónimo del espía?

En la presentación se destaca que como los investigadores no estaban encontrando pruebas para avanzar contra los sindicalistas de ATE Ensenada, “ordenan entre otras medidas de pruebas, las pertinentes pericias sobre los movimientos económicos de astilleros”. De esas medidas surge que una de las empresas que habría realizado una transacción con el Astillero Río Santiago fue White Sea, que “es una offshore” y “posee un Gerente General llamado Ricardo López”, es decir, el mismo nombre del exAFI que recaló en el Astillero Río Santiago. Por tal motivo, la denunciante resaltó “la necesidad de investigar si se trata de un homónimo, pues podría existir la conformación de un offshore ilegal, negociaciones incompatibles, blanqueo de activos, u otros delitos económicos” si se tratase de la misma persona.

No obstante, el hecho de corrupción que señala González no se investigó: “El Agente Fiscal Condomi Alcorta, con la complicidad del Secretario de Política Criminal (Pont Vergés) y el Procurador General (Conte Grand) decidió que los hechos de corrupción que se descubrieron al analizar la contratación que realizó la cúpula de Astilleros no merecían ser investigados, ni merecían un reproche penal”. Por el contrario, “la investigación direccionada a la persecución sindical, logró el objetivo principal: imputar a los dirigentes gremiales por compras de alimentos para el comedor por boletas que no tenía su debida trazabilidad y si bien esos hechos podrían acarrear una multa en sede administrativa, la Procuración General multiplicó el poder punitivo y su utilización política para imputarlos y luego indagarlos por malversación de fondos”. “La investigación por malversación de fondos que habría realizado el interventor, gerentes de Astilleros y Agentes Federales de Inteligencia, respecto de al menos los contratos C81, c82, c85 y c86, y por una suma de u$s 95.000.000, no resultó de interés a Condomi Alcorta”, se quejó González.

La diputada basa su denuncia “en las declaraciones y el informe técnico” de la Prefectura que da cuenta de “contratos atípicos, preparados para malversar fondos públicos que fueron pagados a través de cartas de créditos emitidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires”. Pero “con la estructura investigativa cooptada y conformada a la carta, se direccionó la investigación contra los representantes gremiales, dejando de lado los delitos más graves, otorgando impunidad a los funcionarios del gobierno de Cambiemos, en complicidad con la Procuración General”.

Persecución a fiscales "díscolos" y protección de "leales"

En la denuncia se enfatiza que Conte Grand beneficiaba a los fiscales que respondían a sus intereses y sancionaba a quienes se rebelaban: “Los diferentes funcionarios de la procuración recibieron tratos dispares y arbitrarios, procurando una protección de aquellos funcionarios cercanos al Procurador y/o el partido político del que proviene (Cambiemos) y que trabajaban en connivencia con agentes de la AFI”, señaló González.

En el escrito de 39 páginas, por ejemplo, se recuerda cómo la Secretaría de Control Disciplinario encubrió al fiscal general de Mercedes, Juan Bidone, que recibió la visita de agentes de la AFI y estuvo involucrado en el caso D’Alessio. Bidone, en el D’Alessiogate, “resultó condenado a 3 años y 8 meses de prisión por haber brindado información que recolectaba en legajos reservados y secretos sobre determinadas personas, en un actuar coordinado con agentes federales”, remarcó González.  

También mencionó “el caso de la cobertura al Fiscal General de Mar del Plata, Fernández Garello, quien cometió delitos de lesa humanidad”. “Garello se encuentra imputado por el secuestro y tortura de tres militantes en el año 1981, cuando se desempeñaba como agente de la delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)”, resaltó la diputada del FdT. De hecho, la Justicia Federal de San Martin “procesó, indagó y elevó a juicio oral a Fernández Garello”. No obstante, “la Secretaria de la Procuración a cargo del Dr. Miguel de Lezica archivaba las causas, denuncias y sumarios que podrían recaer en una sanción hacia el acusado de genocidio”.

Como contrapunto está el caso del Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, quien denunció el armado de causas por parte de los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, cercanos a Conte Grand, quienes “realizarían actividades ilícitas en conjunción con agentes de inteligencia de la Agencia Federal”. Scalera, por ejemplo, fue quien impulsó la detención de los Moyano en pleno macrismo.

En la denuncia de González se menciona que Scalera, Rossi y Bisquert recibieron “protección” y “han concurrido en diversas oportunidades a la AFI” con la excusa de causas provinciales “que no ameritaban la utilización de inteligencia interna”. Los tres tienen pedidos de jury pero no pasaron mayores sobresaltos. Ferrari fue denunciado luego de hacer su acusación.

En este contexto, la denunciante le pide a la Justicia “analizar una persecución y amedrentamiento político partidario de funcionarios nacionales y empleados judiciales a los fines de instaurar un sistema de impunidad para el partido político Cambiemos”. Considera, a la luz de los distintos hechos que mencionó, que existió “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”.

Ahora el juez Alejo Ramos Padilla, el mismo que reveló el caso D’Alessio, deberá determinar los pasos a seguir.