Patricia Bullrich también recibió en su despacho como ministra de Seguridad al fiscal provincial Sebastián Scalera, clave para la persecución de la familia Moyano por su oposición a la reforma laboral que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri. El fiscal Scalera fue denunciado por armado de causas, espionaje, aprietes a jueces y fiscales y extorsión a testigos arrepentidos, todo en expedientes contra opositores a Macri y María Eugenia Vidal.
Hay 5 ingresos registrados del fiscal Scalera al ministerio de Seguridad en la era Bullrich. No tienen ninguna justificación: es un fiscal provincial en un ministerio nacional. Ninguno de ellos fue anotado en el registro público de audiencias. Y todos sucedieron entre febrero y marzo de 2019.
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El Destape obtuvo el listado de ingresos al Ministerio de Seguridad a partir de un pedido de acceso a la información pública tal como marca la ley 27.275. Es distinto que el Registro Único de Audiencias, el registro público donde los funcionarios están obligados a dar cuenta de sus reuniones tal como consta en el decreto 1172 del 2003 y al que se puede acceder libremente (https://audiencias.mininterior.gob.ar). Los ingresos de Scalera no figuran en el registro público. Menos que menos la reunión que tuvo con la propia Bullrich.
El gobierno de Macri tenía especial interés en la persecución a la familia Moyano. De hecho, logró apartar a los dos jueces que intervinieron en el caso, primero a Gabriel Vitale y luego a Luis Carzoglio. Tal como reveló El Destape, envió a dos directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a presionar a Carzoglio. Esos espías eran nada menos que Juan Sebastián “Enano” De Stéfano y Fernando Di Pasquale. El “Enano” De Stéfano era el director de Asuntos Jurídicos de la AFI y hombre de Daniel “Tano” Angelici. Le dijeron al juez Carzoglio que Macri quería a los Moyano presos.
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Por la cronología del caso parece que la AFI hizo el trabajo sucio de apriete a los jueces y luego intervino Bullrich para operar sobre el expediente a través del fiscal Scalera.
El rol de Scalera en el caso es clave. Primero intentaron torcer la investigación hacia la familia Moyano con la declaración de Pablo “Bebote” Álvarez. El primer juez del caso, Vitale, rechazó la maniobra. Terminó afuera del caso.
Luego, el 12 de octubre de 2018, el fiscal Scalera pidió la detención de Pablo Moyano. El juez Carzoglio desestimó el pedido cuatro días más tarde. Alegó que no había motivos para detenerlo preventivamente y denunció a la Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, por filtrar información privada de su vida personal. Tras su decisión, Carzoglio manifestó que sufrió amenazas y recordó el paso de dos de agentes de la AFI por su despacho. A los pocos días, el 4 de diciembre, el juez Carzoglio fue apartado de la causa.
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Fue entonces cuando comenzaron las visitas registradas del fiscal Scalera el ministerio comandado por Bullrich. La primera fue el 6 de febrero de 2019, apenas arrancó el año judicial. Según el registro de ingresos fue a la Dirección de Asuntos Legales y Judiciales. ¿Qué tenía que hacer un fiscal provincial allí?
El 13 de febrero, una semana más tarde, la propia Bullrich recibió al fiscal Scalera en su despacho. A los 6 días, el 18 de febrero, Scalera fue a la jefatura de Gabinete de Bullrich. Repitió la visita dos veces más, el 6 y el 18 de marzo.
Scalera no está sólo involucrado en el caso Moyano sino en un esquema más grande de aprietes, extorsiones, persecución y amedrentamiento de jueces y fiscales, coordinado tanto con el gobierno nacional de Macri y Bullrich como con el provincial de María Eugenia Vidal a través del procurador bonaerense Conte Grand.
La Asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS) pidió la remoción y el jury de enjuiciamiento contra el fiscal Scalera y sus colegas Pablo Rossi y Sebastián Bisquert porque formaban parte de “una estructura de ataque y persecución a distintos magistrados”.
Desde AJUS detallaron como el procurador bonaerense Conte Grand modificó la forma de asignación de causas para que “aquellas de relevancia política y económica” quedaran en manos del fiscal Scalera quien “se apropió de causas de importante relevancia mediática y política, dirigiendo persecuciones judiciales a opositores políticos de Mauricio Macri, generando operaciones de prensa contra otros funcionarios judiciales y personas políticamente expuestas, acosando a magistrados que no respondían a sus pedidos persecutorios y denunciando a todo aquel que no se someta a sus órdenes”.
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AJUS detalló que el fiscal Scalera llevó adelante “arbitrariedades, manipulación de causas, en franca violación a sus funciones; actos que demuestran la búsqueda de impunidad, el disciplinamiento a magistrados, la extorsión a testigos ‘arrepentidos’ y la persecución a políticos opositores a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”.
El fiscal Scalera ejercía dos cargos en simultáneo, algo ilegal. Era Fiscal General Adjunto ante la Cámara de Lomas de Zamora y además Fiscal Instructor en la Unidad de Delitos Complejos y Crimen Organizado. El dato no es menor. Desde AJUS explican: “Durante su gestión en la Unidad de Delitos Complejos y en particular en el marco de las Investigaciones Penales Preparatorias ‘Independiente’ y ‘La Salada’, el Dr. Scalera solicitó allanamientos, tomo declaraciones testimoniales, solicitó la detención de imputados, promovió la recusación al juez Carzoglio, entre otras atribuciones exclusivas asignadas a los Agentes Fiscales de Instrucción”.
Tanto la Suprema Corte bonaerense como el fiscal de Cámara Enrique Ferrari llamaron la atención sobre esta irregularidad y lo enmarcaron en el lawfare.
“El Dr. Scalera aceptó ser Fiscal General Adjunto y Agente Fiscal de Instrucción de la Unidad de Delitos Complejos, convirtiéndose en la herramienta central para poder dirigir las investigaciones que tenían relevancia económica y política”, concluye la denuncia de AJUS.
La oposición de Moyano a la reforma laboral que impulsaba Macri fue la razón de su persecución judicial. Macri la quiso impulsar en diciembre de 2017 y no lo logró. AJUS reconstruyó la situación así: “Desde ese momento, el posicionamiento político del gobierno nacional de Mauricio Macri, y el de María Eugenia Vidal en la Provincia, con respecto al movimiento sindical que encabezara Hugo Moyano y su hijo Pablo, fue de criminalización, beligerancia y ataques constantes. Con la disputa política en apogeo, es que el Fiscal General Adjunto, Dr. Scalera, utilizando la herramienta del fórum shopping se asigna la IPP no18870-17/00 a la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, que tenía a su cargo. A partir del cambio de unidad de investigación, la pesquisa se dirigió exclusivamente a tratar de involucrar a los dirigentes sindicales en la asociación ilícita investigada”.
El personaje para involucrar a los Moyano fue Pablo “Bebote” Álvarez, que justo cambió de abogado y pasó a ser asesorado por Rubén Reznik, asesor de Gerardo Milman, número 3 del ministerio de Seguridad que conducía Bullrich.
“Los indicios de una estrategia estructurada y conjunta entre el Fiscal General Adjunto a cargo de la investigación (Dr. Scalera), el abogado del Sr. Álvarez (Dr. Reznik) que además se desempeñaba como asesor del Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la utilización de las fuerzas de seguridad dependientes de la Ministra Patricia Bullrich, demuestran actos de parcialidad manifiesta para el armado de una causa que cumple con los objetivos impuestos desde la más baja política, pero no con los de la búsqueda de la verdad material”, dice el escrito de AJUS.
El juez Gabriel Vitale se negó a aceptar a “Bebote” Álvarez como arrepentido. No fue gratis. La encargada de hacérselo notar fue Florencia Arietto, por entonces asesora de Bullrich. Lo atacó en redes sociales y difundió escritos judiciales bajo reserva que solo tenía el fiscal Scalera, según reconstruyeron desde AJUS. “La campaña de amedrentamiento y desprestigio realizada por los funcionarios nacionales contra el Dr. Vitale por negarse a aceptar al Sr. Álvarez como testigo arrepentido, generó el marco previo para que el Dr. Scalera realice una persecución ilegal”, señalan desde AJUS. Eso incluyó una serie de acciones por fuera del expediente con las que Scalera presionó al juez Vitale.
Otro de los acusados, Damián Langaronne, también denunció aprietes del fiscal Scalera para que apuntara a Pablo Moyano, tal como informó Carla Pelliza en El Destape.
Finalmente todo terminó en nada. La nueva jueza del caso, Brenda Madrid, sobreseyó a Pablo Moyano.
Tanto Hugo como Pablo Moyano fueron víctimas del espionaje ilegal que realizó la AFI macrista y son querellantes en la causa que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y recientemente pasó a Comodoro Py. De acuerdo a los elementos probatorios de esa pesquisa, la alcaidía departamental Nº 3 de Melchor Romero, cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue “cableada” por la exSIDE. Se instalaron cámaras en el interior y exterior del pabellón 6 y también micrófonos y una grabadora, entre otras cosas. Según una serie de audios que se hicieron públicos, el espía Alan Ruiz –procesado por espionaje ilegal- dijo que esa alcaidía fue acondicionada porque iban a mandar a Moyano una vez apresado.
De hecho, por el caso Moyano se abrió una causa en los tribunales de Comodoro Py en la que fueron denunciados Mauricio Macri, Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Florencia Arietto, Rubén Reznik y el Fiscal Sebastián Scalera, entre otros. Se los acusó de buscar “el desprestigio y la detención de Hugo Moyano y/o Pablo Moyano”, tal como se desprende del objeto procesal que se circunscribió en diciembre de 2019. La “maniobra se habría ejecutado desde junio de 2016, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad”.
Diez meses antes de esa acusación, Bullrich se reunía en secreto con Scalera en el ministerio.
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