Existe un conflicto global en curso y Argentina no podrá estar al margen. Su ubicación estratégica en el Atlántico Sur y los recursos naturales que posee la ponen en una situación privilegiada pero también bajo amenaza permanente. La agenda planteada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cara a la bilateral con Alberto Fernández, da cuenta del interés de las potencias por las riquezas de nuestro subsuelo.
Solamente un ejercicio inteligente y firme de la diplomacia, con la protección de los intereses nacionales como objetivo único para todas las fuerzas políticas, puede garantizar para la Argentina una tercera posición, equidistante de ambos bandos, y por lo tanto al margen de los conflictos violentos que puedan desatarse en los próximos años alrededor del globo. Pero esa condición, necesaria, no será suficiente.
Como consecuencia de la derrota contra el Reino Unido en Malvinas y de la herida dejada por la última dictadura militar en la sociedad, las Fuerzas Armadas atravesaron cuatro décadas de ostracismo, en las que sus capacidades quedaron rezagadas. Con ellas, la capacidad de disuasión ante cualquier aventura que intente sacar ventaja de las riquezas con las que cuenta el país.
En este mundo imprevisible que se reveló tras la invasión rusa a Ucrania, se puso en evidencia que si quiere seguir siendo un país de paz, la Argentina debe fortalecer su músculo militar, modernizarlo de acuerdo a las necesidades de esta época y dotarlo de una doctrina y los recursos necesarios para controlar y proteger estos elementos que constituyen la llave para el desarrollo nacional.
Este fin de semana, el subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico para la Defensa de la Nación, Joaquín Labarta Liprandi, publicó en El Destape una columna de opinión en la que señala que “el mundo no parece dirigirse hacia un idilio pacifista, menos aún en las zonas ricas en recursos naturales estratégicos” y “continuar siendo una región de paz dependerá en gran parte de nuestro poder militar disuasivo”.
El funcionario agrega que “como en cualquier negociación, más aún en las diplomáticas, las posibilidades de obtener el mayor rédito para la patria no solo estarán dadas por la destreza del negociador o negociadores, sino por su respaldo y fortaleza” por lo que “pretender negociar, con algún mínimo éxito, en un país que ha visto disminuida su capacidad disuasiva real, es por lo menos ingenuo”.
El gobierno del Frente de Todos, bajo la gestión de los ministros Agustín Rossi, primero, y Jorge Taiana, después, ha avanzado de manera coherente en este proceso, como parte de la transición hacia unas nuevas fuerzas armadas, comprometidas con la democracia y el interés nacional, subordinadas al poder político, con un vínculo renovado con la sociedad civil y reconstruidas en torno a las necesidades estratégicas de la nación.
Este proceso tiene tres patas, que se están trabajando de manera simultánea y que han tenido novedades recientemente: el desarrollo de una nueva doctrina militar alineada con los nuevos objetivos, la jerarquización del salario de las fuerzas armadas y el reequipamiento, a partir de la puesta a punto de material obsoleto y la adquisición de nuevos elementos que devuelvan a las FFAA su capacidad operativa.
El primer punto fue recientemente abordado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Jorge Paleo, en uno de los debates preparativos ante la confección del Libro Blanco de la Defensa 2023, cuando advirtió que se diseñaron ocho planes de campaña para desplegar fuerzas militares en zonas de alto valor estratégico: yacimientos de recursos estratégicos, puntos nodales logísticos y el Atlántico Sur.
Esta concepción se contrapone a la de las “nuevas amenazas”, importada desde los Estados Unidos: “Teniendo en cuenta nuestros recursos naturales altamente demandados a nivel global, la usurpación de nuestros territorios en el Atlántico Sur y la bicontinentalidad antártica, pensar emplear a las FF.AA en detener a un grupo de personas que tiene una cocina de pasta base es un despropósito total”, escribió Paleo en una columna de opinión.
El segundo punto, el de los recursos humanos, fue atendido esta semana por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Taiana, cuando anunciaron el inicio de la jerarquización de las fuerzas. La adecuación final será en torno del 60 por ciento entre 2023 y 2024, por encima de las paritarias de la administración pública, para equiparar los salarios militares a los policiales y de esa forma detener la sangría de personal.
En la ceremonia donde se hizo el anuncio, Taiana insistió: “A 40 años de democracia, estamos convencidos que nuestras Fuerzas Armadas ocupan en la actualidad un rol de vital importancia en la protección de nuestra soberanía nacional y de nuestros recursos estratégicos renovables y no renovables en este país bicontinental, que representa la octava extensión territorial del mundo”.
El tercer ítem es el más complejo, debido a la inestabilidad geopolítica y restricciones de origen externo e interno. El embargo británico impuesto tras la derrota en la guerra de Malvinas, la escasez endémica de divisas y el descrédito ante la sociedad de las FFAA después de medio siglo de dictaduras militares que culminaron con la tragedia más grande de la historia de nuestro país, dejaron como resultado un rezago considerable.
Por ejemplo, en términos de gasto militar, la Argentina solamente dedica una fracción de lo que hacen vecinos como Chile, por no hablar de Brasil, que multiplica varias veces la inversión y nunca desmanteló su complejo industrial dedicado a la defensa, como sucedió aquí. Las capacidades aéreas y navales también permanecen muy por debajo de lo que requiere un país con esta extensión e intereses estratégicos.
En ese sentido la conformación del Fondo para la Defensa, iniciativa de Rossi aprobada en el Congreso con amplio consenso de todas las fuerzas, permite poner en valor parte de los recursos con los que ya se contaba, y avanzar en la adquisición de nuevo material. En un par de años se compraron helicópteros tipo Bell a Canadá y sistemas de defensa antiaérea móviles a Suecia.
La recuperación de capacidades aéreas en el Atlántico Sur ya de resultados. A partir de la reapertura de la X Brigada en Río Gallegos y la instalación de un radar en Río Grande, se logró interrumpir el tránsito ilegal de aviones hacia y desde las islas Malvinas que atravesaban espacio aéreo argentino, volviendo más costoso, complejo e insegura la conexión aérea de los ocupantes con el archipiélago.
Hay dos asignaturas pendientes que deberían ser atendidas con urgencia en este proceso: submarinos y aviones caza supersónicos. Después de la tragedia del ARA San Juan, los otros dos navíos de esas características con los que cuenta la Armada quedaron en tierra y difícilmente vuelvan a tener una misión, por lo que, en este momento, el país no tiene submarinos operativos.
Ayer el ministro Taiana recibió a los representantes de Naval, una empresa de origen francés, que presentará una oferta en este sentido. Hay otras interesadas. El principal obstáculo, sin embargo, es económico. Cada uno de esos vehículos vale más de mil millones de dólares y se necesitan al menos tres. Resulta difícil imaginar un gasto así en este contexto de estrechez de divisas.
Por el contrario, sí está contemplada en la ley de presupuesto para este año la adquisición de ocho aviones JF-17 chinos por el valor total de 800 millones de dólares. Los vendedores ofrecen, incluso, crédito y dos años de gracia. Como ese endeudamiento no figura en las planillas anexas al texto aprobado, debe ser refrendado por el presidente Alberto Fernández con un decreto. Los contratos ya están listos para la firma.
Cerrar sesión