El paro Orwell y un viernes de lavado, sangre y negociados

Javier Milei confirmó el viernes que trabajan “arduamente” para borrar las bases de datos de las personas que ingresaron (e ingresarán, ya que se prorrogó el plazo) al blanqueo, el eufemismo que se usa para darles convenientes moratorias y amnistías a los evasores de impuestos. Que son evasores de impuestos no es un dato menor, ya que la evasión es uno de los de los delitos precedentes del lavado de dinero. Eliminar los registros de los evasores amnistiados, que seguro será bajo la excusa de que no se les apliquen futuros impuestos ya que casi la única ventaja de los blanqueos es que amplía la base de contribuyentes a cobrarles a impuestos como bienes personales (que este gobierno además bajó 10 veces), puede afectar el devenir de causas judiciales puntuales donde se investigue lavado y se precise la información que Milei adelanta que quiere borrar.

¿Qué opinión tendrán la ex AFIP, hoy ARCA, y la Unidad de Información Financiera (UIF) al respecto? El nuevo hombre fuerte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será Andrés Vázquez, involucrado en el mayor caso de fuga de divisas que fue la causa BNP Paribas, con 1.000 millones de dólares sacados del país de manera ilegal. En la investigación judicial Vázquez figuraba con cuentas en el ING Bank BN de Curazao y en el BNP Paribas de Luxemburgo por montos de 442.113 y 461.000 dólares, depositados entre 2004 y 2008. La cofradía judicial se ocupó de que todo ese escándalo se diluyera.

En el caso de la UIF, en su página web se explica lo que es el lavado de dinero. “Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita”, describe. Y luego agrega: “Es decir, constituye un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que comete un delito (narcotráfico, evasión tributaria, contrabando, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, etc.), busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenido legalmente”. La evasión tributaria es un delito precedente de lavado. ¿Por qué quieren eliminar registros de evasores que ingresaron al blanqueo?

No es que todos los evasores laven dinero. Es más: a los evasores que entren a esta amnistía se les da de baja las causas judiciales que tengan en curso bajo el principio de la ley penal más benigna. En criollo: cuando una persona es juzgada en materia penal y la ley por la que se lo acusa baja la pena se le concede la aplicación de esa nueva ley más benigna. En el caso de un blanqueo se les perdona la evasión. Pero en el caso de futuras causas la eliminación de estos registros será clave para dificultar investigaciones por lavado.

Será raro esperar alguna definición de la UIF donde Santiago Caputo designó como vicepresidente a Santiago Martín González Rodríguez, cuyo currículum es huérfano de experiencia en lavado de dinero. Ya es habitual en la gestión Milei que los que manejan los ministerios u organismos públicos son los que figuran como número 2 hasta que en algún momento blanquean quien tiene la manija real.

La novedad de que Milei quiere borrar los rastros de los que no pagaron impuestos llega días después de que la Argentina lograra sortear los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para no integrar la lista gris del organismo que trabaja con 40 países del mundo para mantener estándares en materia de lavado y prevención del financiamiento del terrorismo. La lista gris la conforman los países que no cumplen con los requisitos que establece el GAFI y genera problemas en materia de financiamiento y crédito, por lo que la aprobación de la evaluación del organismo fue bien celebrada. Es evidente que esta medida que promete Milei no va en ese sentido pero quedará para la próxima evaluación del GAFI.

Lo notable fueron los integrantes de la comitiva que fue al GAFI. La encabezó el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona junto con su viceministro Sebastián Amerio, que es en realidad quien tiene el control efectivo del Ministerio. Lo interesante de Cúneo Libarona y su participación en el GAFI es que en su cartera de clientes antes de su llegada a la función pública tenía al narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “rey de la efedrina”; al ex intendente de Paraná Sergio Varisco, condenado por comercialización de estupefacientes; y a Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavar dinero de un narco colombiano. El narcotráfico es un típico delito precedente del lavado.

¿Como le habrán pagado a Cúneo Libarona por sus servicios? Es, por lejos, el ministro que más dinero declara dentro del Gabinete de Milei, con un patrimonio de más de 6.627 millones de pesos que incluyen 2 casas y 22 departamentos en CABA, un departamento en Miami, otra casa en San Martin de los Antes y una en Uruguay junto con cuentas afuera del país donde tiene la mayoría de su dinero. No se puede asegurar que sea el más rico del Gabinete porque las declaraciones juradas de sus integrantes, en especial las del ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, son dignas de ser expuestas en el Museo de Bellas Artes.

Otro miembro de la comitiva al GAFI que llamó la atención fue el juez Mariano Borinsky. Actualmente presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, excusa para su participación en este evento por su rol institucional, se trata del juez que, tal como reveló El Destape, se reunió al menos 16 veces con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos mientras tomaba decisiones sobre causas trascendentales que le interesaban al entonces presidente. Una de ellas era la causa Vialidad, en la que en pocos días intervendrá de nuevo para confirmar la sentencia contra CFK. Pusieron fecha para el 13 de noviembre.

Durante el viaje Cúneo Libarona, Amerio y Borinsky se reunieron con empresarios franceses interesados en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), este esquema de entrega llave en mano que también se incluyó en la ley Bases. ¿Que hacía Borinsky, un juez, en una reunión con empresarios franceses interesados en invertir en Argentina? ¿Y si los empresarios le decían que los ponía nerviosos la situación procesal de CFK y que la definiera de determinada manera antes de poner un dólar en el país? Nadie puede saber si eso se habló, pero puede haber pasado. Por eso Borinsky no tenía nada que hacer en esa reunión, así como tampoco en Olivos con Macri. Hasta ahora no aparece en los registros de Olivos en una visita a Milei, con el que asegura que no se reunió. Difícil saberlo, tanto como creerlo.

Borinsky es uno de los nombres que suena fuerte para ser Procurador General, el jefe de los fiscales. En el proceso de aplicación del nuevo Código Procesal, que debe ser de las pocas políticas de Estado que, con sus matices, comparten los gobiernos de CFK, Macri, Alberto Fernández y Milei, ese será el cargo de mayor importancia en el esquema judicial ya que cambia al paradigma de desarrollo de una causa. Para simplificarlo, hoy en día el juez es amo y señor del caso, decide cuando avanza, si investiga o delega la investigación, si toma en cuenta lo que plantea el fiscal y es todo por escrito. Con el nuevo Código Procesal se dividen las tareas: el juez juzga pero es el fiscal el que investiga, impulsa, acusa y se pasa a la oralidad.

El cargo de Procurador será la clave para determinar la política criminal. Borinsky teje relaciones con sectores importantes del peronismo, necesarios para cualquier designación que requiera dos tercios en el Senado, y a la vez con el actual gobierno. Hace poco lanzó su libro titulado “¿Puedo ir preso?”. Se lo presentaron Cúneo Libarona; el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, titiritero del lawfare y que también busca recomponer lazos con sectores del peronismo para recuperar la presidencia del tribunal; Ricardo Gil Lavedra, que durante la gestión Macri cobró más de 4 millones de pesos a dedo por parte de la AFIP para diseñar la persecución a los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa; y la relacionista pública Romina Manguel.

El mismo viernes la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le agradeció a Borinsky su presencia en el acto por los 203 años de la Policía Federal, ubicado justo para que se lo vea en la foto detrás de Milei y Villarruel. Además de buen jugador de tenis el juez es hábil en tejer vínculos.

En ese acto Milei dijo que “debido a la penetración de la izquierda en las instituciones, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación fueron abandonando esta función indelegable del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre”. En su “Don´t look up” en loop los datos no entran, pero vale la pena repasarlos. Argentina tiene una tasa de homicidios 4,3 cada 100.000 habitantes. Lo informó la propia Bullrich el 6 de agosto pasado.

¿4,3 cada 100.000 habitantes es un baño de sangre? En Jamaica hay 52; en México 28, en Colombia 25, en Brasil 22, en El Salvador 18, en Costa Rica 11, en Uruguay 8,9, en Paraguay 7,8, en Perú 5,7. La Argentina tiene 4,3, una cifra solo mejorada por Islas Caimán (4,4), Cuba (4,4), Granada (4), Chile (3,6) y Bolivia (3,4). ¿Por qué entonces Milei miente con los números? Para legitimar la intervención violenta del Estado en las manifestaciones en su contra.

En línea con este oscurantismo en los números, sean del blanqueo o de los homicidios, también el viernes Milei y su jefe de Gabinete Guillermo Francos firmaron el decreto 971 que reglamenta los trámites que pueden aplicar para el “silencio positivo”, una novedad que trajo la ley Bases por la cuál si el Estado no da una respuesta a un pedido de autorización en determinado plazo se toma como autorizado. Hasta ahora era a la inversa, el silencio implicaba que no estaba autorizado. La idea la trajo el ministro de Regulación (la desregulación no existe) a Favor de las Grandes Empresas Federico Sturzenegger y la incorporó a la ley Bases.

Sturzenegger promovía el “silencio positivo” como una medida “anti coimas”. Lo explicaba así: “¿Por qué es un mecanismo anti-coimas?: porque antes el funcionario podía ´cajonear´ el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve”. Es un argumento falso: si un empresario iba a pagar una coima por una firma ahora la pagará para obtener el silencio del funcionario. Y todo con un beneficio extra: sin firma, con “silencio positivo”, no hay responsable.

El ministro de Regulación le dio el crédito del “silencio positivo” a María Ibarzábal. Tal como informó El Destape, es la responsable de la letra fina de las cuestiones administrativas de la ley Bases, con varios ingresos a la Casa Rosada antes de ser funcionaria. Ibarzabal proviene del estudio Cassagne, especializado en armar legislación a medida de sus clientes. No es la primera vez que lo hacen ni el único vínculo de ese estudio con el gobierno. Uno de sus socios es Máximo Fonrouge, fundador del CELTYV junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Durante el gobierno de Mauricio Macri, al que defendieron también en el caso Correo, la revista Apertura contaba que “el ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. Armaron el esquema de negocios y lo ejecutaron. Como ahora.

Ese fue el cierre de una semana orwelliana, donde no solo se reescribe la historia sino que se ponen en práctica las tecnologías de persecución que imaginó el autor de "1984". El martes el gobierno utilizó la aplicación Mi Argentina para enviar un mensaje a todos los celulares que la utilizan donde decía que los sindicalistas Pablo Biró y Pablo Moyano paraban para mantener sus “privilegios” y alentaba denuncias en su contra a un número del ministerio de Seguridad que conduce Bullrich.

El día anterior Elon Musk, ídolo de Milei, publicó en su cuenta personal de su red social X una foto de una gorra que decía “Make Orwell Fiction Again” (Hagamos Orwell Ficción Otra Vez). La compartió y puso “Great hat”, o sea, gran gorra. Su intención aparente era retomar la crítica de Orwell a un estado omnipresente y opresor, que es como Musk ve a los Estados actuales. El magnate oculta que sin el Estado no existiría, como bien lo detalla la economista Mariana Mazzucatto en su libro “El Estado emprendedor”, con los datos de cuantos subsidios y convenios beneficiaron a las empresas de Musk, a tal punto que el gobierno estadounidense incluso le creó una demanda para sus autos y ahora lo protege frente a la competencia china. Musk tiene evidentemente gran inteligencia para los negocios pero no sería quien es sin el Estado, al que luego no solo no le comparte ganancias como socio de su crecimiento sino que ahora intenta destruir.

Musk insiste en que el Estado tiene demasiadas regulaciones, algo que Sturzenegger tomó como propio en un artículo que tituló “El enfoque Elon Musk”, publicado poco antes de asumir formalmente como Ministro de Regulación. En esta inversión de la realidad, cuando Musk plantea que quiere que Orwell vuelva a ser una ficción lo que dice simplemente es que no quiere regulaciones. O no leyó 1984 o no lo entendió. O, más probable, lo malinterpreta a propósito.

En 1975 Michel Foucault publicó el libro “Vigilar y castigar”, un estudio sobre las tecnologías de vigilancia y disciplinamiento a través de los lugares de encierro, como las cárceles, diseñados con el famoso panóptico que no solo permitiera ver todo y en todo momento sino, sobretodo, que el encerrado sintiera que en todo momento podía ser observado y solo eso ya lo disciplinaba. En 1990 Gilles Deleuze escribió un breve artículo titulado “Post-scriptum sobre las sociedades de control” donde continuó el pensamiento de Foucault. “Nos encontramos ante una crisis generalizada de todos los centros de encierro: cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un 'interior', en crisis como cualquier otro interior, escolar, profesional, etc. Los ministros competentes anuncian constantemente reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, la cárcel; pero todos saben que, a un plazo más o menos largo, estas instituciones están acabadas. Solamente se pretende gestionar su agonía y mantener a la gente ocupada, hasta que se instalen nuevas fuerzas que llaman a la puerta. Se trata de las sociedades de control, que están sustituyendo a las sociedades disciplinarias”, decía Deleuze.

Como si le contestara a Musk y su malinterpretación de 1984 de Orwell, Deleuze escribió: “No necesitamos la ficción científica para concebir un mecanismo de control capaz de proporcionar a cada instante la posición de un elemento en un medio abierto, ya sea un animal dentro de una reserva o un hombre en una empresa (collares electrónicos). Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su departamento, de su casa o de su barrio gracias a su tarjeta electrónica (dividual), con la cual iría levantando tal o cual barrera; pero de igual modo la tarjeta podía ser escupida cierto día, o entre tales horas; lo que importa no es la barrera, sino la computadora que localiza la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal”.

Si existe hoy una posibilidad tecnológica de control sobre las poblaciones no la tienen los Estados sino las corporaciones como X, Mercado Libre, Amazon y otras naves insignia del capitalismo de plataformas. Así lo expresaba Deleuze: “Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples, palancas, poleas, relojes; pero las sociedades disciplinarias recientes se equipaban con máquinas energéticas, con el peligro pasivo de la entropía y el peligro activo del sabotaje; las sociedades de control operan sobre máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido y el activo la piratería o la introducción de virus. Es una evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del capitalismo”.

Escrito en 1990, Deleuze parece que vio las consecuencias del cambio de paradigma de la dominación, entre el régimen de prisión y el régimen de empresa, e incluso como eso impactaba en los jóvenes. Escribió: “En el régimen de empresa: los nuevos tratamientos del dinero, de los productos y de los hombres que ya no pasan por la vieja forma-fábrica. Son ejemplos bastante insuficientes, pero que permitirían comprender mejor lo que se entiende por crisis de las instituciones, es decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. Una de las cuestiones más importantes concerniría a la ineptitud de los sindicatos: ligados en toda su historia a la lucha contra las disciplinas o en los centros de encierro, ¿podrán adaptarse o dejarán lugar a nuevas formas de resistencia contra las sociedades de control? ¿Es posible captar esbozos de estas formas por venir, capaces de atacar las alegrías del marketing? Muchos jóvenes reclaman extrañamente ser ‘motivados’, vuelven a pedir cursillos y formación permanente; toca a ellos descubrir para qué les servirán tales cosas, como sus mayores descubrieron, no sin pena, la finalidad de las disciplinas. Los anillos de una serpiente son todavía más complicados que los agujeros de una madriguera de topo”.

¿Qué tiene que ver todo esto con Milei y la aplicación Mi Argentina? Lo sintetiza otro autor, en este caso Pablo Esteban Rodríguez, profesor de la Universidad de Buenos Aires a la que Milei busca vaciar. En un texto titulado “¿Qué son las sociedades de control?” Rodríguez escribió: “Quizás la referencia más constante en relación a las  sociedades de control sea la vigilancia. El control no necesita de la modalidad del encierro, como ocurre con la disciplina, para ejercer la vigilancia sobre los sujetos. Por eso la vigilancia en la era del control está más relacionada con tecnologías que con instituciones, al punto que las primeras rompen los tabiques de las segundas. En su vínculo con las tecnologías electrónicas, la vigilancia parece ser un fenómeno general que requiere ser problematizado, porque en la teoría foucaultiana construía un armazón eficaz junto con el control del espacio, del tiempo y del movimiento de los cuerpos. Hoy la vigilancia ha podido soltarse del amarre institucional y reconfigura el paisaje de la disciplina”. Ese paisaje de la disciplina ahora está en la pantalla del celular.

Es difícil no coincidir con Musk en el deseo de que Orwell sea ficción otra vez. Ese Estado omnipresente, autoritario, violento, que reescribe la historia a su conveniencia. Pero Musk no lo dijo en ese sentido, sino en relación a que simplemente regulen (la desregulación no existe) a su favor y y se elimine cualquier freno a su poder como uno de los dueños de las tecnologías de disciplina. El gobierno de Milei, por el contrario, utiliza herramientas tecnológicas del Estado para amedrentar, también las físicas como las fuerzas de seguridad, en pleno modo orwelliano, mientras cumple “el enfoque Elon Musk” a rajatabla con el ministro de Regulación a Favor de las Grandes Empresas Sturzenegger.

Quedó a la vista en este paro Orwell y en el viernes de lavado, sangre y negociados que cerró la semana.