A medida que pasan las semanas y el escenario deja claro que la pandemia tardará en irse y dejará tierra arrasada, el debate acerca de cómo costear la salida de la crisis se vuelve urgente. Ya explorados los límites del endeudamiento, durante el gobierno anterior, y de la emisión, desde que comenzó la pandemia, la única alternativa a no hacer nada es incrementar la recaudación. Esa necesidad se corrobora en todos los niveles de gestión, nacional, provincial y municipal; también en administraciones de diferente color y origen político, lo que pone en evidencia que no se trata de ideología sino de mero pragmatismo. Tanto es así que la iniciativa se repite en otros países del mundo, incluso con menos urgencias que en la Argentina.
El viernes pasado, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció un proyecto para financiar a la provincia con aportes de los grandes latifundios, el sector financiero, el sector farmacológico y los funcionarios con sueldos mayores a 75 mil pesos en el marco de una declaración de “emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional”. No es el primero. En mayo, el pampeano Sergio Ziliotto ya había impulsado un gravamen extraordinario a los bancos, subiendo la alícuota de Ingresos Brutos del 9 al 14 por ciento, con la misma premisa: “Son momentos de solidaridad. Quienes más ganaron, más tienen que aportar”. En Buenos Aires, Axel Kicillof acaba de reenviar un proyecto a la legislatura para subirle esa carga a bancos, agroquímicas y empresas de internet.
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A nivel municipal, la primera experiencia del país fue en Castelli, provincia de Buenos Aires, donde el intendente Francisco Echarren fue el primero en implementar un impuesto que apuntaba a algo más de quinientos productores rurales y que pudo recaudar el equivalente a un mes del presupuesto del distrito, volcado finalmente a reforzar la infraestructura hospitalaria. Pero no son iniciativas que sólo adopten los gobiernos peronistas. En General Lavalle, el intendente de Juntos por el Cambio, José Rodríguez Ponte, impuso una contribución extraordinaria para los principales aportantes del distrito, casi todos dueños de campos o de empresas pesqueras. En Hurlingham, Juan Zabaleta también decidió aumentar la tasa que pagan los bancos de ese municipio.
Sirve entender el contexto de estas decisiones. El viernes, tras anunciar la medida de emergencia, Bordet dio una entrevista donde explicó el origen de la cuestión de manera gráfica: “El principal problema del desfinanciamiento que hemos tenido las provincias empezó en agosto de 2019. Después de las primarias se desplomó toda la previsibilidad que tenía el país, el presidente Macri en ese momento tomó medidas para de algún modo intentar dar vuelta los resultados electorales. Esas medidas que se tomaron para Entre Ríos a valor histórico, a dinero de hoy, implicó cerca de 4.000 millones de pesos menos nada más en seis meses”. El mismo agujero fiscal había en el resto de las provincias, en el Estado nacional y en los municipios, incluso antes de que comenzara la pandemia.
En ese contexto, en la Casa Rosada aseguran que ahora sí se avanzará con el proyecto para una contribución extraordinaria de las 10 mil familias más ricas del país, con el que esperan recaudar 3 mil millones de dólares que se dedicarán a reactivar la economía, financiando la integración de villas, préstamos blandos para PyMEs e inversiones en el sector energético. Será el prólogo de una reforma tributaria de fondo, que el presidente Alberto Fernández espera que funcione como piedra basal para la construcción de una nueva estructura económica del país. Ningún país saldrá intacto de esta crisis: depende de lo que se haga en los próximos meses que se profundice la desigualdad o se abra un camino hacia el desarrollo. Pero no hay proyecto posible sin un reparto adecuado de las cargas.
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