Countries bonaerenses flojos de papeles: la raíz de la problemática

La provincia de Buenos Aires se pierde de recaudar $1.500 millones anuales producto de, al menos unos 230 barrios cerrados que tienen todo tipo de irregularidades en las habilitaciones. La cifra estimada la ratificó el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, quien, luego de generarse polémica en torno a la temática detalló qué medidas tomaron desde su área. “Desde ARBA cada uno de los 230 barrios cerrados fue intimado para regularizar su situación y el ministerio de Gobierno, que es el área de competencia, está trabajando con los desarrolladores para ello”, manifestó el funcionario en diálogo con El Destape Radio. 

Además, agregó que “hay una situación irregular que tiene que ver con desarrolladores inmobiliarios, el marco normativo y estrategias de dilación”. Al respecto, explicó: “Un grupo empresario compra tierras y hace un barrio cerrado, le pide la autorización al municipio, el municipio re zonifica, cambia su código de rezonificación y habilita la construcción del barrio privado. Pero eso debería también tener la autorización de la provincia en tres niveles: desde la Autoridad el Agua, el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para ver el impacto en la fauna y el ambiente que tendría la construcción de una ciudad en medio de un campo; y desde la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial para ver cómo encaja la construcción de un barrio cerrado en un territorio donde ya hay urbanización probablemente; para evaluar si se interrumpe la trama urbana del lugar o qué ocurre”.

Lo que ocurre cotidianamente es que “en general los desarrolladores obtienen el permiso del Municipio, avanzan con la construcción del barrio y después intentan regularizar ante la Provincia y eso dificulta enormemente el trabajo y dilata muchísimo los tiempos. Mientras tanto, ¿Cómo pagan el impuesto? Como si fueran zona rural o baldíos”. 

Respecto del pago de expensas, que lo que abonan cada familia que vive en un country, Girard señaló que “el desarrollador inmobiliario, en lugar de subdividir las partidas inmobiliarias de  los que ya están viviendo en los barrios, sostiene la tipificación de la tierra como rural o baldío, y lo que hace es pagar y prorratear a través de las expensas a los futuros propietarios”. Finalmente, el funcionario indicó que “no tenemos ningún problema con la gente que vive en los barrios, al contrario, es un tema de los desarrolladores urbanísticos”.