El sábado se cumplieron seis meses de la visita de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los represores de la última dictadura cívico militar detenidos en el penal de Ezeiza. No solo no hubo represalias para esos legisladores, sino que desde ese momento el Gobierno y algunos sectores de la Justicia aceleraron su ataque a las políticas de memoria y derechos humanos: la única diputada que se arrepintió de participar de la visita se fue del bloque oficialista, hubo nuevos pedidos de organizaciones vinculadas a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que les otorgue prisión domiciliaria a genocidas; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, profundizó su vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, y genocidas condenados fueron beneficiados con nuevas salidas o con el otorgamiento de la libertad condicional.
El 2025 arrancó con ofensivas sistemáticas del Gobierno a los organismos de derechos humanos y a los trabajadores de espacios de memoria. A los cientos de despidos que Cúneo Libarona hizo en la Secretaría de Derechos Humanos durante 2024, se le sumó en enero 2025 el cierre del Centro Cultural Conti, que funciona dentro de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó durante la dictadura el principal centro clandestino de detención, tortura y extermino. El cierre del Conti vino acompañado de casi 50 despidos.
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Por ese motivo, trabajadores de la Secretaría y organismos de DD.HH. organizaron en estos 12 días ya varias actividades en la exESMA, donde se incluyeron protestas, un abrazo al establecimiento y un festival. Ahora, las rejas del predio muestran una intervención de ATE Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que explica qué sucedió en ese lugar hace casi 50 años: "Acá robaron bebés", "Acá restituimos identidades", "Acá construimos democracia", dicen algunos de los carteles posicionados en la sede ubicada en el barrio porteño de Núñez.
A poco más de dos meses de un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, estos ataques no son solamente un intento por silenciar la memoria, sino que podrían afectar directamente sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, que todavía transcurren y en los que la Secretaría de Derechos Humanos es la principal querellante. "Limita enormemente las investigaciones, la obtención de datos probatorios para los juicios, el impulso por parte de la Secretaría como querellante, y todo quedará en manos de los fiscales y de sus recursos propios, bajo las directivas del procurador general de la nación, que es (Eduardo) Casal", alertó en diálogo con El Destape Ciro Annicchiarico, abogado querellante por la Secretaría.
Los represores, los principales beneficiados
La semana pasada, la Cámara Federal de Casación le otorgó la libertad condicional a Diego Salvador Chemes, condenado en 2011 a 21 años y seis meses de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino El Vesubio.
Con un fallo de 31 páginas, al que tuvo acceso El Destape, los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo argumentaron su decisión citando, entre otros elementos, un informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución. El mismo destacó el comportamiento del criminal de lesa humanidad dentro de la prisión y señaló algunos "factores de vulnerabilidad", entre los que marcó su supuesta "actitud frente a su accionar delictivo, advirtiéndose un proceso autocrítico y reflexivo".
Hace poco más de un mes, la Cámara Nacional de Apelaciones hizo lugar a un hábeas corpus de organizaciones que defienden a genocidas y que abogan por su excarcelación. No se expidió por el fondo de la cuestión, pero sí ordenó a la justicia de primera instancia que pidiera nuevos informes sobre las condiciones de detención de los implicados, muchos de ellos en la unidad penitenciaria vip de Campo de Mayo.
Una de las personas que aparece en el hábeas corpus, al que tuvo acceso El Destape, es Cecilia Pando, histórica defensora mediática de represores de la dictadura y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. El año pasado, se conocieron imágenes de la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, marchando junto a Pando en 2005 en la puerta de Comodoro Py para pedir por la liberación de criminales de lesa humanidad que no tenían condena firme, a quienes llamaba presos políticos.
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Días después de la decisión de la Cámara de Apelaciones, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 le concedió salidas transitorias extraordinarias a Adolfo Miguel Donda Tigel, condenado por delitos de lesa humanidad en la exESMA y sobre quien pesan una condena a prisión perpetua firme, una que no está firme y otra condena a 15 años de cárcel. Victoria Donda, sobrina y víctima de la apropiación ilegal de su persona por parte del represor, publicó un comunicado en sus redes sociales una vez que se conoció la más reciente novedad. "Hago responsable al Presidente y a la Vicepresidenta de estos fallos judiciales que amparan a genocidas y llamo a todo el arco político y mediático a ejercer un repudio que frene a esta trama judicial y libertaria que beneficia a quienes torturaron bebés y desaparecieron y mataron a 30 mil. La historia ya los juzgó, el derecho internacional y nacional lo avala y no podemos dar ni un paso atrás", expresó.
Una visita que no tuvo consecuencias
El 11 de julio, hace seis meses, cinco diputados de La Libertad Avanza visitaron en el penal de Ezeiza a genocidas condenados, entre los que estuvieron Antonio Pernías, Gerardo Arraez, Honorio "el Pájaro" Martínez Ruiz, Agustín Oyarzabal Navarro, "el Uruguayo" Juan Manuel Cordero, Mario "el Cura" Marcote, Miguel Ángel Britos, Adolfo Donda y Alfredo Astiz.
A pesar de intentos de la oposición de condenar el accionar de estos legisladores y declaraciones del presidente Javier Milei adjudicando este hecho a la agenda de Victoria Villarruel, no prosperó ninguna acción condenatoria sobre los funcionarios. La única participante del encuentro que mostró un arrepentimiento público del hecho fue la diputada Lourdes Arrieta, quien poco después de que se tomó conocimiento de la reunión y tuvo el repudio de gran parte del arco político, abandonó el bloque oficialista y formó un monobloque en la Cámara Baja del Congreso. "La Libertad Avanza hoy está siendo representada por personas que quieren liberar genocidas", insistió Arrieta en diálogo con El Destape 1070 el 16 de diciembre último.
Así como en 2024 lo hizo con el ajuste, ahora el Gobierno pisa el acelerador en su ataque contra las políticas de derechos humanos. Mariano Cúneo Libarona, público oponente de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, no parece tener problema en llevar adelante las políticas pro represores. A dos meses de un nuevo 24 de marzo y en el año previo al cincuentenario del comienzo de la dictadura genocida, la exESMA se erige como un espacio de resistencia contra estos avasallamientos.
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