“Hay que darle la tranquilidad a la sociedad de que la historia no se repite siempre. No es cierto eso”, Con esas palabras, el jefe de Gabinete de la alianza Cambiemos, Marcos Peña, anunció oficialmente en 2018 el regreso de la Argentina a los créditos y condicionamientos del FMI. La idea de un “nuevo” FMI, alejado de las tradicionales recetas de ajuste fiscal, reforma previsional y flexibilización laboral, fue repetidamente expuesta por los funcionarios macristas, pero quedó sepultada a medida que la gestión Cambiemos ejecutaba las clásicas medidas de este organismo, compartidas de todas formas con la visión neoliberal de aquel espacio político.
Con todo, la idea de un nuevo FMI tuvo su “remake” con la asunción en octubre de 2019 de Kristalina Georgieva en reemplazo de Christine Lagarde como titular del Fondo, tanto por el fracaso del programa iniciado en 2018 como por declaraciones públicas de Georgieva, que daban cuenta de la necesidad aplicar mayores impuestos a los sectores favorecidos por el modelo capitalista y, una vez iniciada la pandemia, de incurrir en déficits fiscales para enfrentarla. De hecho, estas especulaciones continúan durante el actual gobierno, potenciadas por diversas reuniones entre el gobierno y la titular del FMI, que incluyeron en numerosas oportunidades al Papa Francisco, una de las voces más fuertes contra el neoliberalismo, y que entregaron además fotos con sonrisas compartidas.
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Sin embargo, una interesante demostración de la actualidad del Fondo, pueden encontrarse en el caso Costa Rica, país que en marzo pasado cerró un pre-acuerdo por 1.750 millones de dólares, apenas el 3,3 por ciento de lo otorgado a nuestro país, a cambio de importantes condicionamientos, que hasta el día de hoy están siendo rechazados por la Asamblea Legislativa. El programa se enmarca dentro del “Servicio de Crédito Ampliado” del FMI, que proporciona asistencia financiera a países con problemas prolongados de balanza de pagos, y según el propio organismo, busca “estabilizar la economía y garantizar la sostenibilidad de la deuda, además de proteger a los más vulnerables”. El orden de estas prioridades no parece ser menor, pues el acuerdo implica un progresivo ajuste del gasto, con un presupuesto que se recortaría en un 1,06% del PBI para este año, para llegar al 4,74 por ciento del PBI en 2025, es decir durante y a posteriori de la peor pandemia en un siglo. Para ello, se plantea una reducción progresiva del gasto público, sumado a una mayor recaudación tributaria basada en mayores impuestos, independientemente de su origen, es decir por trabajo, capital, actividades empresaria e incluso de premios de lotería, hasta la eliminación de exenciones impositivas por hijos en edad escolar, pasando por mayores impuestos a empresas públicas, y como exclusivo tributo progresivo, un impuesto a las casas de lujo, que en realidad es una mejora a un impuesto similar instituido en 2008. Todo ello, incluso aunque a diferencia de Argentina, Costa Rica no tiene compromisos multimillonarios con el Fondo que reduzcan su posición negociadora.
Según fuentes costaricenses consultas por El Destape que prefirieron mantener su anonimato, el actual gobierno encabezado por el periodistas y escritor Carlos Alvarado Quesada “subió con una retórica de izquierda y de justicia social, pero ya el año pasado aumentó un impuesto regresivo como el IVA a la canasta básica y los alimentos, y poco a poco fue llevando al acuerdo con el FMI, primero con mayores condicionamientos y luego, frente a las protestas, resignando algunos puntos”.
Si bien el parlamento aún no aprobó todas y cada una de las nuevas medidas propuestas, el gobierno ya inició el ajuste como muestra de buena voluntad hacia el organismo, por lo cual el 17 de mayo pasado, el ministro de Hacienda Elian Villegas, con larga trayectoria en el sistema financiero, difundió este video
Según la fuente consultada, “el pre acuerdo con el FMI sigue contando con el rechazo de parte importante de la población, sobre todo los empleados públicos y de las universidades, quienes son los que más sufrirían los recortes, ya que sus nueve escalas salariales se reducirían a una o dos. También la clase media en general se opone, ya que sufrirá un incremento en su carga impositiva, al igual que los más ricos, aunque estos últimos parecen haber aceptado mayores imposiciones a cambio del ajuste que el gobierno está imponiendo sobre el sector público, al que ellos, y gran parte de la sociedad ve como ineficiente y derrochador. De todas maneras el proyecto está avanzando, y creo que va a pasar, aunque tiene que pasar la revisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema”.
En una reciente entrevista otorgada al sitio del FMI, (https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/03/01/na030121-costa-ricas-president-no-growth-and-poverty-reduction-without-economic-stability) el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, hace suyos los principales lineamientos del Fondo, pues señala que “el objetivo principal es impulsar el crecimiento y mejorar la distribución del ingreso. No obstante, primero tendremos que subsanar los desequilibrios fiscales”. Así, plantea que “con el fin de encauzar la deuda en una trayectoria descendente y sentar las bases de la recuperación económica, hemos establecido un objetivo de superávit primario de 1% del PIB para 2023 y de 1,7% para 2024. En relación a la informalidad, que abarca al 45 por ciento de los trabajadores, de cuenta de una “revisión de la regulación empresarial, y las tasas de la seguridad social”. Y puntualmente sobre el FMI, sostiene que este organismo “desempeña un papel fundamental en tres ámbitos: la asistencia técnica para el diseño, la aplicación y el seguimiento del programa; la credibilidad que aporta en Costa Rica y a escala internacional al proceso y al programa de política macroeconómica, y el acceso a financiamiento más barato movilizando recursos de otros acreedores oficiales y alentando la confianza de los mercados”. Todo ello, aun cuando meses atrás, frente a manifestaciones y bloqueos, anunció que “el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial de negociación con el FMI”
Se trata, en definitiva, de un acuerdo entre un Estado y el FMI. El de 2021.
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