La razón por la que Stornelli debiera apartarse en causa clave de espionaje

Un planteo que realizó el fiscal Carlos Stornelli a finales de octubre en la causa Operación Puf es la evidencia de que debe apartarse de un expediente de alto volumen político en el que fue designado como acusador público en los últimos días luego de que su colega Gerardo Pollicita se corriera: el caso de espionaje ilegal que involucra al expolicía Ariel Zanchetta, que tiene por víctimas a jueces pero también a dirigentes políticos, empresarios y periodista y promete crecer durante el gobierno de Javier Milei. Stornelli aparece como posible víctima del sargento retirado de la Policía Federal devenido en periodista por lo que es parte interesada en el tema y no debiera intervenir como fiscal.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo El Destape, Stornelli fue notificado de su designación por parte del juzgado en el caso del espionaje que involucra a Zanchetta pero al cierre de esta nota no había respondido. Si aplicara el Derecho debiera excusarse.

Stornelli es querellante en la causa conocida como Operación Puf, un expediente que se abrió durante el macrismo en base a escuchas ilegales realizadas por la AFI cambiemita con el objetivo de hacer caer el D’Alessiogate, la primera gran causa que reveló el espionaje ilegal macrista y que hoy se encuentra en juicio oral. Stornelli llegó a estar procesado en el caso D’Alessio por eso se presentó como querellante en la Operación Puf. Desde allí buscaba salvar su reputación.

El caso Puf está prácticamente paralizado en el  juzgado federal Nº 11, que era que el encabezaba Claudio Bonadío, ya fallecido. Ese juzgado hoy es subrogado por uno de los jueces que viajó a Lago Escondido, Julián Ercolini. Este magistrado debe resolver el pedido del fiscal Franco Picardi y de la querella para que se declare la nulidad de todo lo actuado en Puf por basarse en tareas ilegales de inteligencia. Mientras Ercolini (que había sido corrido de Operación Puf por falta de imparcialidad pero luego fue repuesto por la Casación) se toma su tiempo para resolver, Stornelli busca mantener el caso a flote.

El 26 de octubre a través de su abogada Raquel Pérez Iglesias, Stornelli pidió en la causa Operación Puf que se sume el material que hace referencia a un supuesto espionaje en su contra y que consta en el caso que involucra a Zanchetta. El pedido expone que Stornelli no puede pasar a ser el fiscal de ese otro caso que tiene por protagonista al expolicía devenido en periodista y que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi porque tiene un interés particular en esa causa. Si el fiscal a pesar de esta clara causal de apartamiento no se corre es de esperar que sea recusado.

Stornelli, Santoro y otra causa de espionaje

¿Qué sostuvo Stornelli como querellante en la causa Puf? Que el 19 de octubre Clarín publicó la nota “Espionaje a jueces: Rodolfo Tailhade figura entre los contactos del policía detenido, entre otros vínculos con los K” y que allí se mencionaba que él era uno de los espiados. “En un pasaje de la nota periodística, expresamente se dice que ‘Stornelli fue víctima del Operativo Puf contra la causa del Cuadernos de las Coimas en los momentos en que Zanchetta consultaba sus movimientos y su vida personal”, destacó Stornelli sobre la nota periodística que escribió un conocido suyo: el periodista Daniel Santoro.  

Tanto Stornelli como Santoro estuvieron procesados en el caso D’Alessio por el vínculo que ambos tenían con el espía ilegal Marcelo D’Alessio. El fiscal y el periodista estuvieron involucrados en ese caso revelador del espionaje ilegal macrista y luego fueron beneficiados cuando la causa, que se había instruido en los tribunales federales de Dolores, cambió de jurisdicción. El control de daños, como en todas las causas del espionaje macrista, se hizo en Comodoro Py donde el macrismo juega de local.

Stornelli cuenta en su escrito en la causa Puf que accedió al informe pericial preliminar de esa otra causa y que “efectivamente se advierte que se habrían individualizados documentos referidos a mi persona, hallados en una computadora portátil secuestrada, que atentos a su fecha de creación, podrían eventualmente guardar relación con los hechos investigados con la presente causa, o, al menos, no puede ello de momento descartarse”.

Por esta razón, el fiscal devenido en querellante en la causa Operación Puf le pidió al juez a cargo del juzgado federal 11 que requiera a Martínez de Giorgi “la remisión del informe técnico completo del que surge la situación antes expuesta”. También pidió “copia de todos aquellos documentos habidos en los dispositivos peritados y que se hallaren relacionados a mi persona”. Esto demuestra su interés particular en ese caso, lo que entra en conflicto con el interés público y la objetividad que debiera tener como fiscal en ese expediente.

La intención de los medios hegemónicos de involucrar a toda costa a Tailhade en el caso Zanchetta fue brutal. Pero el diputado kirchnerista figura entre los espiados por el sargento retirado. Es más, en su último dictamen, Gerardo Pollicita dio cuenta de que un hombre muy cercano a Tailhade habría sido espiado por Zanchetta a pedido de uno de los tres agentes de la AFI también involucrados en la causa.

El “Informe reservado Tailhade”

Este lunes Tailhade tuiteó sobre el tema ya que tuvo acceso al informe que lo tiene por víctima: “Martínez de Giorgi me permitió acceder a la data que juntó Zanchetta sobre mí, como el ‘Informe Reservado Tailhade’ de 64 páginas que escribió el 21-9-22, días después de contactarme por primera vez. Allí queda claro que yo no era su jefe. ¿A quién le envió ese informe entonces?”, preguntó.

Luego añadió: “Quizá Zanchetta reportaba a @claudiosavoia, con quien hablaba de mí ya en 2016, y en tono muy amistoso. O a @dsantoro59, cuyas notas tienen algunas ligeras coincidencias (😉) con los informes de Zanchetta. Queda claro que Zanchetta no mintió cuando dijo que trabajaba para Clarín.”

El “informe reservado” que Zanchetta elaboró sobre Tailhade tiene efectivamente 64 páginas con su perfil, nexos familiares, su historia laboral y datos sobre sus declaraciones juradas. Dice “Seprin” en el margen superior izquierdo en las primeras 21 páginas (en clara referencia al portal Seprin) y está fechado en el margen superior derecho el 21 de septiembre de 2023. Pero para esa fecha Zanchetta ya estaba detenido. No obstante, el documento tiene el título “tailhade_210922”, es decir, un año antes.

Tal como publicó este medio desde el momento que estalló el caso que involucra a Zanchettra, el listado de espiados que elaboró Pollicita no permite identificar una terminal política precisa. Aparecen como presuntos espiados desde Sergio Massa a Patricia Bullrich, desde Axel Kicillof hasta Javier Milei, desde Elisa Carrió a Máximo Kirchner. Hay jueces como Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli. También funcionarios macristas como Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Guillermo Dietrich y Alberto Abad junto a kirchneristas como Sergio Berni, Carlos Castagnetto, Juan Martín Mena y Nicolás Kreplak. Los periodistas espiados van de Roberto Navarro a Luis Novaresio, pasando por Jorge Fontevecchia, Baby Etchecopar, Pablo Duggan y Claudio Savoia. Hay empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Tinelli y Alfredo Coto. También artistas de todas las ideologías, desde Teresa Parodi a Alfredo Casero. Fueron espiados Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón y el "Chiqui" Tapia y dirigentes sindicales como Hugo Moyano y Roberto Baradel. Varios de ellos se presentaron ante Martínez de Giorgi y pidieron ser querellantes. El juez resolvió que se le informe qué material había sobre cada pretenso querellante para definir si efectivamente fue espiado como considera Pollicita.

La hipótesis que trabaja el juez del caso es que Zanchetta habría sido un agente de inteligencia inorgánico que se abastecía de fuentes ilegales de información y la traficaba con distintos clientes.

La línea Zanchetta se desprende de la causa central que era la del presunto espionaje a un grupo de jueces, entre los que se encuentran ministros de la Corte Suprema como el presidente supremo Horacio Rosatti y jueces de Casación y de tribunales de juicio como Mariano Borinsky o Andrés Basso, entre otros. Allí los delitos que se investigan son variados: Rosatti denunció que le sacaron líneas telefónicas a su nombre mientras que Borinsky da cuenta de que intentaron ingresar a su celular vía la técnica del sim swapping. En el marco de ese expediente, Martínez de Giorgio detuvo al expolicía Zanchetta y al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien reconoció que buscó información sobre algunos de los jueces así como de dirigentes políticos.

A la hora de analizar los dispositivos electrónicos y telefónicos de Zanchetta, Pollicita dio cuenta de que  había algo más que una maniobra contra jueces. Para el fiscal había una red de espionaje ilegal mucho más grande. Zanchetta tenía más de mil informes con información sobre dirigentes políticos, empresarios, deportistas, periodistas y jueces, tomadas de distintas bases de datos y mantenía contacto con tres agentes de la AFI que cumplieron funciones en La Casa desde 1987 a 2017; de 2002 a 2020; y de 1991 a 2016. Es decir, tres agentes históricos, quienes le pedían información por mail sobre diversos “objetivos”. El juez está analizando toda esa información.

Pollicita también apuntó al exintegrante de la AFIP e histórico referente en cuestiones de medios de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez por un hecho puntual que lo vincula a Zanchetta y tuvo por víctima a Victoria Tolosa Paz. Llegó a pedir su detención lo que fue rechazado por Martínez de Giorgi.

Según pudo saber este medio, el expolicía, por ejemplo, también se vinculaba con periodistas de Clarín. Y en 2010, siendo policía, escribía notas en contra del kirchernismo para el Informador Público con pseudónimo. Lo que evidencia la amplitud “temática” del acusado. Desde el entorno legal de Zanchetta rechazan la denuncia en su contra, dicen que los informes que hay en su computadora son producto de su trabajo como periodista y que no tiene ninguna relación con el hacker misionero. Dicen que no lo conoce. Y advierten de que fue amenazado de muerte en el penal en el que está detenido, lo que provocó una presentación judicial. Martínez de Griogi ordenó que se extremen las medidas de seguridad para preservar su integridad.  

Por lo pronto, Pollicita dejó el caso que involucra Zanchetta luego de que se anexara a la causa principal un expediente abierto por una denuncia del exministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro contra Tailhade que tramitaba en otro juzgado. Pollicita se excusó porque lo hace en toda causa en que aparece involucrado el diputado kirchnerista ya que considera que Tailhade tiene animosidad en su contra y eso le hace perder su objetividad.

Así fue que Stornelli pasó a sucederlo, que fue quien imputó a Tailhade en el caso de la denuncia de D’Alessandro. Pero todo indica que el fiscal que estuvo procesado en el D’Alessiogate debiera también apartarse. Aunque en Comodoro Py, donde reina el Derecho creativo, todo puede suceder.