Pablo Moyano se presentó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, que comanda el magistrado Federico Villena, en el marco de la megacausa que investiga una red de espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri. Tras seis horas mirando pruebas, aseguró que se encontró con escuchas y fotos suyas, de su padre Hugo, de actos e incluso de sus viviendas. El camionero reflotó lo que denunció como el armado la causa Independiente, por supuesta asociación ilícita con los barrabravas del club de Avellaneda, y el apriete a los detenidos para lograr una declaración en su contra con el fin de detenerlos a ambos.
Moyano apuntó contra el fiscal Sebastián Scalera, que impulsó la investigación y que, explicó a C5N, respondía directamente al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, denunciado hoy por su presunta participación en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales, a través de una unidad fiscal especial.
El Destape reveló el escándalo en torno a la causa Independiente en 2018, cuando el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, denunció aprietes para detener a los gremialistas. Como contó este medio, en agosto de ese año fue visitado en su despacho por el director Operacional de Análisis de la AFI, Fernando Di Pasquale y Juan Sebastián Destéfano, director de Asuntos Jurídicos de la Casa durante el Gobierno de Macri. Este último, según la declaración del exespía Jorge Sáez – parte del grupo Super Mario Bross investigado por espionaje ilegal – era el que manejaba los oficios judiciales que usó la exSIDE como paraguas para llevar adelante sus operaciones ilícitas.
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Esas dos personas se presentaron en el despacho de Carzoglio dos meses antes de que Scalera pidiera la detención del camionero. Dos horas después de terminada la visita de los espías, “una secretaria de estas dos personas le hace llegar un borrador con la orden de detención de Pablo Moyano, que se lo mandaron para mejorarlo”. Un documento que también le llegó al magistrado Gabriel Vitale, quien tuvo la causa anteriormente.
Ésto se confirmó con la declaración de Carzoglio ante la UFI 4 de Avellaneda-Lanús el 3 de diciembre de 2018. En ese entonces, contó que los espías se presentaron en su despacho, que los atendió a puertas abiertas y que le manifestaron el interés de Macri en la causa, la “obsesión” de detener a Moyano.
Puntualmente, los espías le preguntaron al juez “qué era lo que quería a cambio de detenerlo a Moyano” ya que “venían de parte del presidente Macri y tenían una obsesión para detener” al camionero.
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En el borrador que le hicieron llegar dos horas después del encuentro, con muchos recortes de publicaciones en redes sociales, se pedía puntualmente la detención de Hugo y Pablo Moyano. Sin embargo, el fiscal Scalera sólo se concentró en el segundo para hacer su pedido de encarcelamiento.
La visita de ambos directores de la AFI fue confirmada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani - uno y dos de la AFI - en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia. Según argumentaron, se habían enterado por los medios que lo podían detener a Moyano y enviaron a los directivos del organismo porque había rumores de un paro contra el Gobierno y querían controlar los presuntos disturbios, según confirmaron altas fuentes a este medio.
Esa revelación de El Destape quedó confirmada en la megacausa de espionaje ilegal que investiga Villena. Una práctica que salió a la luz tras la declaración de Sergio “Verdura” Rodríguez, detenido por narcotráfico. Él apuntó que por orden y en compañía de la AFI, puso una bomba en el domicilio del exfuncionario de Cambiemos y exespía, José Luis Vila. La investigación derivó en el seguimiento a líderes políticos, sociales, intelectuales y gremiales, como son los Moyano, Cristina Kirchner, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Nicolás Massot y Emilio Monzó, entre otros.
La celda cableada
En febrero de 2019, el abogado de los camioneros, Daniel Llermanos, pidió la nulidad de la causa y en su escrito, que publicó El Destape, denunció que mucho antes de que se pidiera formalmente la detención, “acondicionaron en la Alcaldía de Melchor Romero una celda destinada a alojar a Pablo Moyano”. Un calabozo que “habría sido acondicionado con tecnología con capacidad para filmar y grabar las conversaciones que el sindicalista mantendría eventualmente con el firmante, familiares y otras personas que lo visitaran” a pedido del Gobierno y bajo coordinación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Como reveló este fin de semana Franco Mirzarhi en El Destape, la alcaidía Nº 3 de Melchor Romero estaba “cableada”, tenía elementos que, se sospecha, se instalaron para hacer escuchas ilegales. Esta información se detectó en un operativo que se realizó en ese módulo de detención en el marco de la causa por espionaje ilegal que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora, días atrás. Ésto no sólo ratificó lo que se le escuchaba decir al director de Operaciones Especiales de la AFI macrista, Alan Ruiz, en una grabación, sino que también lo hizo con lo que afirmaron dos exespías que declararon en el Congreso: que habían “alambrado” un lugar de detención de Melchor Romero donde tenían calculado ubicar Pablo y Hugo Moyano.