Avión venezolano: la oposición opera el tema en la Bicameral de Inteligencia y el FdT respalda al interventor de la AFI

La oposición pretende que el caso del avión venezolano no deje de estar en agenda e insiste con distintas operaciones: ahora busca que el Congreso profundice en el tema con una investigación parlamentaria. El oficialismo, por su parte, respaldó el accionar del interventor de la AFI, Agustín Rossi. 

El último miércoles se realizó un plenario de la Comisión Bicameral de Inteligencia en el que se abordaron dos cuestiones: por un lado, el presidente del cuerpo Leopoldo Moreau puso a consideración de los legisladores nacionales la respuesta de Rossi a un pliego de preguntas que se le había enviado a la AFI con el objetivo de recabar información sobre el caso de la aeronave de Emtrasur. Por otro, se leyó un informe sobre la investigación parlamentaria que elaboró una subcomisión comandada por el diputado Rodolfo Tailhade sobre el caso Gestapo antisindical y la mesa judicial bonaerense. El encuentro tuvo diversos cruces entre dirigentes oficialistas y opositores, que incluyeron insultos y pases de factura.

En uno de los intercambios, Moreau le espetó al diputado Gerardo Milman (uno de los denunciantes del caso del avión) que la aeronave que debe investigarse es la que viajó a Bolivia en noviembre de 2019 para llevar armamento a quienes derrocaron a Evo Morales.

Caso del avión

Este miércoles, en la reunión de plenario de comisión, Moreau puso a consideración la respuesta que el 22 de junio envió Rossi. Una semana antes, el 14 de junio, se había cursado un oficio a la AFI desde la comisión firmado por Moreau y el vicepresidente de la bicameral, el senador cambiemita Daniel Kroneberger. 

En su respuesta a la comisión, la AFI informó que no hallaron en sus registros informes sobre terrorismo respecto al vuelo de Emtrasur que aterrizó en la Argentina el 6 de junio pasado ni a su tripulación (5 iraníes y 14 venezolanos).

Una de las consultas que realizó la bicameral fue si se emitió algún alerta por parte de Migraciones. Desde la exSIDE señalaron que no se registró ninguna alerta. Al menos, no apareció nada en ese sentido tras consultar una base de datos que tiene la agencia, que surgió de un acuerdo de 2017 entre el ministerio de Seguridad de la Nación (entonces comandado por Patricia Bullrich), la AFI, Migraciones y el Centro de Detección de Terrorismo del FBI. Es decir, se compulsó ese registro que facilita el FBI y no se registró ninguna coincidencia con algún presunto terrorista. También se chequeó la base de Interpol con idéntico resultado negativo.

Otras de las consultas de la bicameral parlamentaria a la exSIDE fue si la agencia de inteligencia de Paraguay u algún otro servicio colateral había brindado información sobre el vuelo que ahora está siendo investigado por la justicia federal. La AFI respondió que el 8 de junio los representantes de la agencia en Paraguay y en Uruguay brindaron datos generales respecto a las denegaciones de ambos países para que la aeronave haga carga de combustible tras dejar la Argentina.

A la oposición la respuesta no le resultó suficiente. Reclaman que se profundice el requerimiento a la AFI en aspectos específicos de inteligencia. Pretenden que el caso continúe escalando. Por lo que buscarán que el interventor de la agencia amplíe su informe. Se espera que en los próximos días se curse un nuevo requerimiento para que se le dé curso.

En ese contexto, el oficialismo impuso su mayoría y con 8 votos aprobó un dictamen en el que se respalda todo lo actuado por Rossi: “El Sr. Interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, revela que la agencia a su cargo actuó dentro de lo protocolos previstos en coordinación con las demás áreas estatales involucrados, el intercambio de información con agencias colaterales, y el debido acceso a bases de datos locales e internacionales, cumplimentando con las funciones que impone la Ley de Inteligencia en orden a preservar plenamente la seguridad nacional”. La oposición no votó.

En el mismo dictamen se dio cuenta de que el juez federal Federico Villena, quien está a cargo del caso del avión venezolano y al que también se le cursó un pedido de información, indicó que proveerá datos de la investigación una vez que se levante el secreto de sumario. Es que el mismo miércoles, Villena señaló en una nota a Moreau que “en relación a lo solicitado el pasado 14 de junio del año en curso por esa Comisión a su cargo” le hace “saber que ello se remitirá, una vez que se levante el secreto de sumario en la causa en que me dirijo”.   

Gestapo antisindical

Durante el plenario de este miércoles también se leyó un informe elaborado por la subcomisión que se creó para investigar en el Congreso el caso Gestapo antisindical. Entre otras cosas, se informó la cantidad de personas que fueron citadas a declarar (concurrieron al Parlamento desde los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani a agentes de calle), los oficios que se cursaron a distintos juzgados y las denuncias que se realizaron contra los gremios. En el marco de esta investigación parlamentaria se esperan nuevas medidas. 

Este informe de la Gestapo y la Mesa Judicial provincial es una de las investigaciones que más lejos llegó en la comisión: “Tenemos incluso la declaración de Diego Dalmau Pereyra que era el jefe de contrainteligencia de la AFI, quien confirmó ante la comisión lo que había dicho en el juzgado, esto es, que recibió órdenes de hacer tareas de espionaje de parte de Arribas y Majdalani. También dijo que después de un mes de realizadas esas tareas le dijo a Arribas que no iba a continuar con esa investigación porque no había orden judicial a lo que Arribasle pasó el caso a otro directivo, Fernando Di Pasquale, que era el director de Finanzas. Esto confirma que estaban haciendo espionaje ilegal porque se estaba haciendo sin orden judicial”.

Desde la bicameral parlamentaria resaltan que también en el marco del mismo proceso avanzaron en torno al espionaje a trabajadores del Hospital Posadas, donde aseguran tener “cuatro confesiones de agentes operativos que participaron de las tareas ilegales de inteligencia”; el espionaje a Camioneros, en el que consta hasta el relato del juez Luis Carzoglio; el tema de Astilleros Río Santiago, por el que recientemente se realizó una denuncia penal en la justicia federal de La Plata.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia la integran además de Moreau (FdT): los senadores Oscar Parrilli (FdT), Mariano Recalde (Fdt), Ignacio Torres (JxC), Sergio Leavy (Fdt), Gerardo Montenegro (FdT), Alfredo Cornejo (JxC-UCR), Daniel Kroneberger (JxC). Y los diputados: Cristian Ritondo (JxC),  Miguel Bazze (UCR), Blanca Osuna (FdT), Gerardo Milman (JxC), Rodolfo Tailhade (FdT) y Eduardo Valdés (FdT). Tras la revelación del espionaje ilegal sistemático que realizó el gobierno de Mauricio Macri, esta comisión se convirtió en un espacio clave.