El esquema de persecución sindical desplegado por los gobiernos de Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal tiene a sus primeros procesados. Lo decidió el juez Ernesto Kreplak, que procesó a los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Dario Biorci y a los ex funcionarios bonaerenses Marcelo Villegas y Adrián Grassi. La medida también incluyó al intendente de La Plata Julio Garro y al senador de Cambiemos Juan Pablo Allan. Todos participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se habló de una Gestapo antisindical y se planeó el amado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. A los empresarios que fueron parte del mismo encuentro y al ex ministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante les dictó la falta de mérito.
En una resolución de 247 páginas, a la que accedió El Destape, el juez remarcó que durante el desarrollo de la reunión en el BAPRO “no sólo se instó a los empresarios presentes a que formularan denuncias, y se los instruyó respecto de cómo y dónde debían hacerlas, con la garantía de haber ‘chequeado’ con funcionarios judiciales que ‘eso va a funcionar’, como se desprende de las transcripciones que contiene la denuncia inicial, sino que se planteó una estrategia que implicaba un ‘accionar múltiple’ para avanzar hacia el objetivo de involucrar en procesos penales a personas relacionadas con la U.O.C.R.A. Seccional La Plata”.
El juez corroboró que todo este armado se dio con "un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-". Es decir, mete de lleno a Macri y Vidal, sobre quienes tiene que definir si los llama a indagatoria.
"Entre los meses de mayo y septiembre de 2017 se decidió, puso en práctica y tuvo los resultados esperados en ese momento una estrategia parajudicial para resolver la conflictividad asociada a la actividad del sindicato UOCRA-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata", resume el fallo de Kreplak.
En base a la investigación, el juez Kreplak tiene por probado que:
- La AFI violó la ley de inteligencia en las tareas que desplegó sobre el "Pata" Medina.
- Villegas no desconocía quiénes eran los directivos de la AFI que participaron en la reunión en el BAPROy del rol que jugaban en el armado de causas.
- hubo "directa participación de Grassi en las operaciones llevadas a cabo, como parte de la estrategia de judicialización, ante magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial".
- "Garro tuvo participación en aspectos relevantes vinculados con la puesta en marcha y ejecución de la estrategia de judicialización pergeñada".
- El senador Allan mintió cuando dijo que no conocía a ningún juez y fiscal.
- Biorci "tenía un conocimiento pormenorizado de las características y alcances de la estrategia de judicialización investigada en autos, incluso de sus aspectos ilícitos".
- Las tareas que llevó adelante De Stéfano no pueden explicarse "como refirió el imputado, a partir del 'rol que cumplía' en la AFI; no legalmente al menos".
- Dalmau Pereyra, por la jerarquía de su cargo, no podía desconocer "el carácter delictivo de su accionar"
A todos los procesó sin prisión preventiva, ya no rige la Doctrina Irurzun. Y les trabó un embargo de 10 millones de pesos.
La reunión con Macri en la Casa Rosada
De acuerdo al magistrado, la maniobra se empezó a tejer el 4 de mayo de 2017 en una reunión en la Casa Rosada que contó con la presencia del entonces presidente Mauricio Macri: “Los datos agregados a la causa permiten sostener que durante los primeros meses del año 2017 comenzó a gestarse la decisión, en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial, de llevar a cabo una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de U.O.C.R.A. Seccional La Plata”. En esa línea, agregó: “El primer antecedente suficientemente comprobado hasta aquí consiste en una reunión llevada a cabo el día 4/5/17 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida”.
Kreplak resaltó la presencia de Arribas en aquel cónclave: “Resulta elocuente la participación en ese encuentro del titular del Agencia Federal de Inteligencia. Esta circunstancia no puede desvincularse de la intensificación de las tareas de investigación sin orden judicial que se desarrollaron sobre el delegado de dicha Seccional y sus allegados, apenas días después de esa reunión”. En el mismo sentido, el juez, agregó: “Las constancias reunidas en la causa dan cuenta del involucramiento directo de la AFI en la judicialización de la situación de UOCRA-La Plata”. Es decir, que la agencia de inteligencia estuvo detrás del armado de las causas contra Medina. “La información obtenida a través de esas tareas de inteligencia fue determinante para delinear la estrategia de judicialización, que luego fue introducida en el proceso penal en que se produjo la detención y luego el procesamiento de Medina y sus allegados”, indicó el juez.
Hay otro elemento clave que señala el juez Kreplak. Sostiene que "las tareas de espionaje realizadas sobre Medina y su entorno no se encontraban habilitadas por orden judicial alguna" y que "las actuaciones judiciales en las que se habría volcado la información obtenida por medio de estas tareas, tienen inicio posterior a su realización, de modo que tampoco allí se hallan antecedentes que pudieran haberlas habilitado". Es la descripción del uso de la AFI para el espionaje ilegal, ni siquiera camuflado con una orden judicial a medida.
Una persecución coordinada desde "niveles superiores"
El juez Kreplak tomó esta decisión luego de indagar a todos los que participaron de la reunión en el BAPRO. Ahora resta que decida si cita a indagatoria a Macri, Vidal y a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los cuatro aparecen en relatos de los procesados. Macri recibió al ministro de Trabajo Villegas en Casa Rosada y hablaron del tema, Vidal no podía desconocer lo que hacían los miembros de su gabinete, y Arribas y Majdalani no sólo recibieron a los involucrados sino que estaban al tanto de la filmación de la reunión, tal como confesó Dalmau Pereyra, alto directivo de la AFI macrista.
La causa comenzó con una denuncia de la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, cuya gestión encontró el video donde se veía a los directivos de la AFI, miembros del gabinete de Vidal y empresarios de la construcción bonaerenses en pleno armado de causas contra el sindicalista “Pata” Medina. El caso le tocó al juez Kreplak, pero Comodoro Py enseguida intentó absorber el expediente, hasta ahora el único donde se investiga espionaje ilegal que está fuera de su órbita. Hoy Kreplak firmó otras dos resoluciones donde rechaza desprenderse de la causa. Es claro que las presiones por mudar el caso de La Plata a Comodoro Py seguirán. Tal como informó El Destape, Macri cubrió bien su retaguardia judicial y cuenta con una sólida mayoría en la Cámara de Casación, que tiene la última palabra en cuanto a donde terminará este expediente.
En su indagatoria, Villegas presentó un escrito en el que confirmó que fue convocado a una reunión en Casa Rosada para hablar del “Pata” Medina con Macri, el ex jefe de los espías Gustavo Arribas y los ex ministros de Germán Garavano, Patricia Bullrich, Guillermo Dietrich y Jorge Triaca. Se trata de la reunión del 4 de mayo de 2017 que resaltó Kreplak. Villegas también señaló que poco después lo citaron a la AFI para que informara sobre las medidas que tomaron al respecto en el gobierno de Vidal. Contó que fue el entonces presidente el que planteó el tema del Pata Medina y que cuando le explicó la situación el propio Macri le dijo: “Bueno, perfecto, si necesitas algo de los que están acá hacelo saber”.
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Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI, confesó en un escrito que presentó en su indagatoria que la orden de supervisar la filmación de la reunión de la Gestapo antisindical provino directamente de Arribas, jefe de los espías designado por Macri. Más aún: Dalmau Pereyra afirmó que la orden se la transmitió Silvia Majdalani, la subdirectora de la AFI, y que fue a ella a quien le entregó el video.
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En el caso de De Stéfano, eligió no declarar y también entregó un escrito en el que amenazó al juez Ernesto Kreplak con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. Dijo que no hubo armado de causas, que se desempeñó en el marco de sus funciones legales y que se iniciaron diversas investigaciones contra Medina, no una sola. Su apuesta es que el caso termine en Comodoro Py, donde puede ejercer su influencia. El Destape reveló los llamados de De Stéfano con el juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano, pero es evidente que no son los únicos.
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En la resolución de este jueves, Kreplak destacó que “resulta muy significativo destacar” que “ninguno de los descargos efectuados por los imputados se dirigió a controvertir la base fáctica en que se fundan las imputaciones”. Entre las pruebas que utilizó el juez se destacan la agenda de Villegas y entrecruzamientos de llamados además de los ingresos de funcionarios de Vidal a la AFI en plena avanzada contra Medina.
El pedido para que se indague a Macri, Vidal, Arribas y Majdalani lo hizo César Albarracín, el abogado del “Pata” Medina. También pidió se indague al juez federal Luis Armella y al procurador bonaerense Julio Conte Grand, que habló al menos 19 veces con Vidal en los meses en los que se gestaba la persecución sindical en la provincia de Buenos Aires. Conte Grand también se contactó en diversas oportunidades con Villegas, por ejemplo. Los datos los obtuvo El Destape de los entrecruzamientos de llamados que pidió el juez Kreplak en esta causa. En la reunión del BAPRO, Villegas aseguró: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”; “No estaríamos a este nivel hablando con ustedes (...) si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial”.
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Albarracín requirió además que se profundice la investigación en torno al ex ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, de la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso; de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, del ex jefe de gabinete bonaerense Federico Salvai y del secretario del juez Luis Armella, Pablo Wilk. El interrogante ahora es qué hará el magistrado con estos requerimientos.
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