Gestapo antisindical: Piden la indagatoria de Macri, Arribas y Vidal

El abogado Cesar Albarracín, quien representa al gremialista Juan Pablo “Pata” Medina, le solicitó al juez Ernesto Kreplak que dicte el procesamiento de todos los indagados pero también que cite al expresidente, al exjefe de la AFI y a la exgobernadora, entre otros. Las razones.

06 de abril, 2022 | 22.10

El abogado Cesar Albarracín, quien representa al gremialista Juan Pablo “Pata” Medina, le pidió este miércoles al juez Ernesto Kreplak que en el marco del caso “Gestapo antisindical” cite a prestar declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri, a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre otros. El planteo lo realizó en un escrito en el que solicitó que se dicte el procesamiento de todos los indagados hasta el momento, es decir, de los empresarios, funcionarios bonaerenses y espías de la AFI que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia.

Albarracín consideró a Macri el impulsor de la persecución judicial que se desató contra el Pata Medina. “Como puede advertirse, Mauricio Macri dio la orden de avanzar contra Medina el 4 de mayo (de 2017). Ello generó que el gobierno de provincia se pusiera a trabajar inmediatamente en el tema, pero que también lo haga la AFI, el Ministerio de Seguridad de La Nación y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso”.Tampoco hay dudas sobre la intervención de María Eugenia Vidal”, agregó el letrado, que entre otras cosas resaltó que era imposible que los ministros bonaerenses actuaran como lo hicieron sin la venia de la gobernadora. Destacó que el salón donde se reunió la mesa de la Gestapo en el BARO la reservó la gobernación.

Además de apuntar contra el exjefe de Estado y la exmandataria bonaerense, el abogado solicitó al magistrado de La Plata que pida también la indagatoria del actual procurador bonaerense Julio Conte Grand y del juez federal de Quilmes Luis Armella. Señaló que todos ellos cumplieron distintos roles en la maniobra de persecución.

Por otro lado, requirió que se profundice la investigación en torno al exministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari; de la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; de la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; del exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; del exjefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai y del secretario de Armella, Pablo Wilk; "y una vez alcanzado el grado de sospecha requerido, convocarlos a indagatoria".

Los hechos que complican a Macri

El abogado ubicó el inicio de la maniobra “a fines de marzo de 2017” cuando “Macri adelantó a Gerardo Martinez (titular de la UOCRA-nacional) que embestiría contra Juan Pablo Medina”. La conversación entre ambos fue en un viaje presidencial a Holanda en el que Martínez fue parte  de la comitiva oficial. El siguiente paso que se dio, de acuerdo a la cronología que realizó Albarracín en la presentación que hizo este miércoles, fue la realización de un encuentro el 4 de mayo de 2017 en el que “el ex Presidente se reunió en Casa Rosada con Gustavo Arribas, Patricia Bullrich, Jorge Triaca, Guillermo Ditrich y el ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas para tratar el tema de Juan Pablo Medina”. Ese encuentro fue relatado por Villegas en su descargo. Albarracín resaltó en su escrito que “ese día se produjeron importantísimos intercambios de comunicaciones telefónicas” entre los imputados. Al día siguiente del cónclave en casa de Gobierno “comenzaron las tareas de espionaje” contra el gremialista.

“Por si quedase alguna duda sobre lo que se habló en la reunión de Macri- Arribas-Villegas-Bullrich-Dietrich, al día siguiente, en paralelo al inicio de las tareas de inteligencia, medio Gabinete Provincial y legisladores de Juntos por el Cambio se pusieron a ‘trabajar’ sobre Uocra Seccional La Plata”, indicó Albarracín. La reunión quedó registrada en la agenda del ministro de Trabajo bonaerense. La agenda que se sumó como prueba a la causa es un elemento importante. Según el abogado, Villegas es el armador de la mesa de la Gestapo y es quien “principalmente” intercambia llamados con Majdalani, la número 2 de la AFI. “Él es quien se ocupa de llamarla, independientemente de que -luego- se integren otros referentes a las reuniones”, indica Albaracín.

Los encuentros, llamados y reuniones entre los imputados y acusados se repiten a lo largo de todo el período en que se desata la avanzada contra Medina, tal como publicó El Destape en una serie de notas.

Por eso, para el abogado de Media está claro que “al día siguiente del encuentro MACRI-ARRIBAS-VILLEGASBULLRICH-GARAVANO-TRIACA-DIETRICH, se concretaron dos hechos de máxima relevancia: el inicio de la mesa judicial de provincia para tratar tema UOCRA LA PLATA y el inicio de las actividades de inteligencia ilegal sobre UOCRA La Plata”.

El viernes 12 de mayo de 2017 “se concretó la primera de las excursiones judiciales” contra Medina. Se dio 8 días después del encuentro en la Casa Rosada. Con el paso del tiempo, esta presentación no prosperó pero se desarrollaron otras cuatro causas contra Medina en las que se terminó ordenando su detención. Tres ocurrieron en el fuero provincial y la restante en el federal.

Para Albarracín en esas causas estuvo la mano de la AFI. “La coordinación con la AFI se mantuvo luego mientras ya tramitaban las causas contra Medina y su entorno”, aseguró el abogado en su escrito. Tal como publicó este medio, ministros de Vidal, como Villegas y Grassi, cuentan con ingresos a la agencia de inteligencia. El abogado también destaca que Dalmau Pereyra ingresó a la Casa Rosada el 13 de junio de 2017, dos días antes de la reunión en el BAPRO. Fue su único ingreso. Se dirigió a ver al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

“Los distintos trámites judiciales que se fueron generando a uno y otro expediente no derivan de la actuación independiente de las autoridades judiciales que los tenían a cargo, sino del permanente direccionamiento que se iba generando a partir de la estrategia externa desplegada por los imputados. A la par del expediente, existían múltiples acciones, comunicaciones y reuniones extraprocesales que son las que en realidad iban definiendo la configuración y avance de las causas”, remarcó el defensor de Medina.

Cual síntesis del Lawfare, el abogado señaló: “Jueces y Fiscales no hicieron más que acceder a los pedidos de este grupo para viabilizar y dotar de apariencia de legalidad el objetivo propuesto”.

El video de la Gestapo

Un momento clave de la avanzada contra el referente de la UOCRA La Plata fue la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. Albarracín también se detuvo en la filmación de ese encuentro. “El video exhibe un accionar muy coordinado y aceitado entre los funcionarios de las distintas áreas presentes. No hubo una sola disidencia. Quienes hicieron uso de la palabra evidenciaron todos un mismo y único objetivo: ponerle fin al ‘problema’ del Pata Medina”, indicó.

Y añadió un dato contundente: “Las cuatro causas que llevaron a prisión a Juan Pablo Medina fueron todas iniciadas con posterioridad a esta reunión del 15 de junio”. Cual mecanismo de relojería (y presión) “luego de esa reunión, cada fin de mes se le hizo una denuncia”, indicó su abogado defensor.

El rol de Conte Grand

Albarracín también involucra al procurador bonaerense en la persecución. “Luego de la reunión en Presidencia y de las dos llamadas entre Vidal y Conte Grand del jueves 4 de mayo, este martes 9 (de mayo) el Procurador habló con los tres referentes del ejecutivo que se ocuparían de materializar las acciones contra Medina”. Habló con Villegas, Grassi y Gigante, tres imputados del caso Gestapo. Ese mismo día la AFI realiza el primer parte de inteligencia sobre el referente gremial.

Las llamadas de Conte Grand con los imputados del caso se reiteran, tal como publicó este medio y sostuvo Albarracín en su presentación.

“Es decir, luego de la reunión en Presidencia del 4 de mayo, comienzan una serie de comunicaciones internas entre quienes serían los principales encargados de ejecutar el plan, a la vez, comienzan a desplegarse tareas de inteligencia, se presenta la primera de las denuncia anónimas y el Ejecutivo Provincial comienza a registrar, en distintos niveles, múltiples comunicaciones con el Procurador General, que derivan luego en una reunión entre el Procurador y Grassi el 19 de mayo (15 días después de la reunión en la Rosada) seguida en forma inmediata de una reunión con el Fiscal General de La Plata, departamento en el que ya se había presentado la primer denuncia anónima y en el que luego se presentarían varias más que viabilizarían -en poco tiempo- nada menos que tres detenciones contra mi representado”, señaló Albarracín.

Conte Grand aún no está imputado en el caso pero cada vez se suman más elementos que lo comprometen.

“Debe recordarse que fue específicamente mencionado en la reunión del BAPRO por Villegas. Dijo concretamente que todo se había chequeado con el Procurador y que había garantías de que el tema funcionaría”, recordó Albarracín.

Pedido de procesamientos       

En el escrito que presentó este miércoles a la Justicia, Albarracín solicitó que se dicte el procesamiento de los empresarios, funcionarios bonaerenses y espías de la AFI que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia.

Se trata de los empresarios Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky, Marcelo Jaworsky. De los ministros de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, y de Trabajo, Marcelo Villegas; del subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi; del intendente de La Plata, Julio Garro; del senador provincial Juan Pablo Allan; y de los exjerarcas de la AFI Juan De Stefano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra.

El abogado analizó cada uno de los descargos y derribó sus defensas.

Por ejemplo, respecto a Grassi consideró que existe “un cúmulo de pruebas que estimo irrefutables”. En u defensa, el subsecretario de Justicia de Vidal había dicho que en la reunión les dijo a los empresarios que denuncien. “¿Es razonable pensar en dos Ministros, un Subsecretario, el Intendente, un Senador y tres funcionarios de la AFI sentados en una mesa con seis empresarios para decirles que vayan y denuncien?”, se preguntó Albarracín.

“El cúmulo de pruebas que existen contra del ex Ministro de Trabajo son incluso mayores que las existentes respecto de Grassi. Sus explicaciones son notoriamente insuficientes frente a la multiplicidad de sus intervenciones registradas”, agregó Albarracín. Y destacó que en el escrito del extitular de la cartera laboral se observa “el directo conocimiento que tuvo siempre la ex gobernadora María Eugenia Vidal” de la avanzada contra Medina. “Este punto también venía a esa altura suficientemente acreditado y deslegitima las explicaciones públicas que intentó de inicio la actual Diputada”, dijo el abogado. Vidal está imputada en el caso pero aún no fue citada a indagatoria. Por eso el pedido de Albarracín de que se la convoque a declarar.

Sobre el descargo del espía De Stéfano, Albarracín señaló: “El argumento central sería que no hubo armado de causas porque Medina estuvo imputado en varias causas y en esas causas intervinieron jueces, fiscales, y tribunales de alzada. Se trata de un argumento formal en el que se pasa por alto que lo que se imputa, justamente, es haber operado sobre jueces y fiscales para lograr el objetivo propuesto, que no era otro que encarcelar a Medina”. “La detención de Medina fue, primero y antes que nada, una decisión del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial”, aclaró. Y retrucó al exagente: “Las pruebas lo que muestran es que De Stefano habló justamente con el Juez de Instrucción, y que fue éste quién, a consecuencia de esas y otras comunicaciones y encuentros, fue actuando de un modo tal que integró conscientemente su accionar al plan que se había pergeñado”. Consideró que “la participación de De Stefano fue por lo demás esencial”.

A la hora de hacer foco en el descargo de Dalmau Pereyra, resaltó que ubicó “a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani al tanto de la temática y dando instrucciones”. Pero más allá de las precisiones que dio, consideró que “el intento defensista” que hizo no logró “poner en crisis la base esencial en que se funda el reproche hacia su persona”.

 “El conjunto probatorio que hemos ido analizando exhiben un accionar coordinado propio de la coautoría”, concluyó el letrado.