¿Quién es Gholamreza Ghasemi, el piloto iraní del avión de Emtrasur retenido en la Argentina? La respuesta a este interrogante es clave para el devenir de la pesquisa que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora. Ghasemi fue imputado por su “posible relación” con actividades de terrorismo internacional. Un parte que brindó el FBI fue determinante para sostener esta línea investigativa. No obstante, según informaron desde el Gobierno, su nombre no figura en ninguna de las bases de datos de terroristas que tiene la Argentina, que se nutren con información de distintas agencias internacionales. Esto implica que no tenía impedimentos para ingresar al país.
El caso del avión de Emtrasur con cinco iraníes y catorce venezolanos a bordo fue activado a partir de un informe que brindó una agencia de inteligencia extranjera: el FBI. El hecho se detonó luego de que la aeronave Boeing 747-300M Dreamliner, matrícula YV3531, perteneciente a la compañía aérea venezolana Emtrasur, aterrizara en Buenos Aires, el 6 de junio pasado. El mismo avión había hecho diversos viajes previos y no había tenido ningún inconveniente, ni siquiera en mayo pasado cuando descendió en Ciudad del Este, Paraguay. En ese vuelo también estuvo Ghasemi. Tampoco lo tuvo en México, cuando inició su vuelo con destino a la Argentina, que tuvo una escala en Caracas, Venezuela. El vuelo fue para transportar autopartes.
Tal como se desprende de la investigación que transcurre en los tribunales federales de Lomas de Zamora, el disparador del caso fue un parte del FBI. De acuerdo a la fiscal al frente de la pesquisa, Cecilia Incardona, “de todas las agencias y organismos estatales requeridos, las autoridades del FBI informaron que Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto”. Siempre de acuerdo al FBI, la firma Qeshm Fars Air proporciona asistencia a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que fueron designadas como entidades terroristas por los Estados Unidos.
La Fuerza Quds es el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, organización militar que es considerada por EE.UU. como grupo terrorista. A su vez, según el informe del servicio de inteligencia estadounidense, la empresa de aviación Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 porque proporcionó apoyo financiero o material a la Fuerza Quds. Señala que transportó armas y personal para Hezbollah.
Un punto crucial desde la óptica jurídica es que el documento del FBI sobre el que trabaja la fiscal Incardona y el juez Federico Villena dice expresamente que la información allí consignada sólo puede ser utilizada para inteligencia pero no por la Justicia. A esto se suma que el nombre de Gholamreza Ghasemi no aparece en ninguna de las bases de datos sobre terrorismo.
Según informaron desde el Gobierno a este medio en total hay cuatro homónimos: dos están fallecidos y un tercero es un militar de la revolución de los ayatolas, que tiene más de 80 años. El restante es el Ghasemi que hoy se encuentra en la Argentina. Por eso, según la información oficial, el piloto iraní entró con su documento original y todo indica que no escondió quién es. De acuerdo al documento que presentó, tiene 63 años, nació en Teherán, capital de Irán, el 22 de noviembre de 1958.
Una vez que la justicia intervino en el caso, se ordenó secuestrar los teléfonos de todos los involucrados. En el celular de Ghasemi hay fotos en las que se lo ve más joven y como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds. También hay imágenes de misiles y tanques. El contenido en sí no da cuenta de ningún delito pero pueden ser tomados por la Justicia para fortalecer su línea de acción.
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En pos de darle un sentido a la investigación judicial, que ahora tiene posada la mirada internacional y está bajo secreto de sumario, la fiscal sostuvo que además del parte del FBI “surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”.
Tal como se desprende del requerimiento de instrucción, la fiscal busca determinar si el objetivo del arribo de la aeronave fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes (algo que fue corroborado), o bien si tuvo otro fin como puede ser “un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”, tal como señaló Incardona.
La información de inteligencia del FBI menciona que una de las modalidades de actuación de estas organizaciones es utilizar vuelos civiles para transportar clandestinamente armas, componentes militares. Por eso, en su requerimiento de instrucción, la fiscal hace referencia a la necesidad de una “actividad preventiva que debe motivar el accionar estatal” para “despejar toda duda al respecto”.
Así las cosas, Incardona dice que debe acreditarse de modo fehaciente la titularidad de la aeronave y corroborar si efectivamente la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con ella. Por otro lado, busca determinar si Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por proporcionar apoyo financiero o material a la Fuerza Quds y por transportar armas y personal para Hezbollah.
Entre las distintas medidas de prueba que requirió al juez se destaca un exhorto diplomático a EE.UU. para que amplíe lo ya informado y manifieste si Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación. También si pesa o no un embargo o restricción formal sobre la aeronave.
Todo indica que Ghasemi estaba siendo investigado por sospechas de terrorismo por agencias de inteligencia extranjeras, sea Israel o EE.UU. Pero eso no fue informado hasta que el avión aterrizó en la Argentina. Por eso estuvo en Paraguay el mes previo sin ningún inconveniente y pudo partir desde México en el vuelo que llegó a Buenos Aires. En la Argentina, tras el estallido del caso, el avión de Emtrasur no consiguió cargar combustible por la sanción que arrastra por parte del Tesoro de Estados Unidos. Eso provocó que ninguna empresa quiera venderle el combustible ya que las consecuencias para la firma que lo haga son graves. Pero con antelación, logró cargar el combustible JP-1 tanto en España como en Chile. ¿Qué sucedió para que EE.UU e Israel decidieran hacer públicas sus sospechas en torno al avión y su tripulación recién cuando aterrizó en territorio argentino?
Con la activación del caso y la oposición montando diversas operaciones, desde las embajadas de EE.UU e Israel se hizo pública su preocupación por el hecho pero también su reconocimiento al accionar del Gobierno, que mantiene contacto fluido con sus agencias de inteligencia. Según reconstruyó este medio, tanto las estadounidenses como la israelí (Mossad) se contactaron con su par argentina apenas aterrizó el avión en la Argentina.
Ante estos resultados, habrá que observar también qué sucede en Paraguay, donde se difundió que se abrió una investigación por el vuelo de mayo recién después de que este caso estallara en la Argentina. Es que Ghasemi estuvo al mando de esta misma aeronave el 13 de mayo y aterrizó en Ciudad del Este. El vuelo hizo Caracas-Ciudad del Este y no despertó ninguna alerta. Se realizó para cargar cajas de cigarrillos de la marca “Ibiza”, fabricados por Tabacalera del Este SA (Tabesa), vinculada con el expresidente Horacio Cartes, amigo de Macri. En su regreso el avión de Emtrasur viajaría nuevamente a Caracas y también a Aruba. Siempre sin despertar ningún tipo de alerta.
En aquel vuelo también viajó una nutrida comitiva de iraníes y venezolanos. Como Venezuela adquirió la aeronave a Irán, una de las hipótesis es que los iraníes estaban instruyendo a los venezolanos. Según precisaron desde el gobierno, hasta el momento no surgió ninguna irregularidad en torno al resto de la tripulación. Y están a la expectativa de lo que determine la Justicia.
La pulseada en la Comisión de Inteligencia
En simultáneo, la oposición continúa con las operaciones. Luego de que el diputado opositor Gerardo Milman –uno de los denunciantes del caso- sostuviera que el vuelo que aterrizó en la Argentina hizo una escala en Ciudad del Este, algo que es absolutamente falso, ahora los legisladores de Juntos por el Cambio impulsan nuevas maniobras ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Pretenden que se cree una subcomisión para investigar el caso y que se cite al interventor de la AFI, Agustín Rossi.
La Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside el diputado del FdT Leopoldo Moreau, ya había cursado notas a la Justicia y a la AFI en pos de hacerse de información para discutir en un plenario. Las notas fueron firmadas también por el vicepresidente de la comisión, el senador Daniel Kronerberger, de JxC.
Entre otras cosas se consultó si la AFI tenía información previa del avión, de la carga y de la tripulación completa. O si existió intercambio de información de inteligencia con Uruguay y Paraguay, entre otras cosas. La AFI ya respondió y la comisión se reunirá el próximo miércoles para abordar el caso.
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