El juez Ramos Padilla reveló nuevos datos clave del vínculo de D'Alessio con el gobierno de Cambiemos

El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, precisó las últimas novedades del D’Alessiogate en la ampliación de la indagatoria que le tomó al exintegrante de la AFI, Rolando Barreiro. En la misma resolución también incluyó nuevas víctimas y ratificó los vínculos de la banda de Marcelo D’Alessio con diversas dependencias y funcionarios del gobierno de Cambiemos, que a medida que avanza la investigación se hacen más nítidos. El magistrado hizo referencia a la relación de la organización criminal con la exministra Patricia Bullrich, con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con la Prefectura Nacional y la Policía Bonaerense. Hay expectativa en torno a la ampliación de la indagatoria de D’Alessio que está pautada para este martes. 

En la lectura de la imputación que Ramos Padilla hizo a “Rolo” Barreiro en la indagatoria del viernes pasado, el juez mencionó “nuevos planes ilícitos y operaciones” de la banda “que se fueron conociendo en mayor detalle a partir del avance de la investigación”. Barreiro es un exagente de inteligencia e integrante de la banda de D’Alessio que fue procesado el 12 abril de 2019 por diversos hechos en el marco de esta causa. Se encuentra detenido y el viernes se negó a declarar. Pretende ser aceptado como arrepentido, algo que debe resolver el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi. En la actualidad, se investigan los vínculos que "Rolo" mantuvo con la AFI una vez que abandonó la agencia.

Para Ramos Padilla no hay ningún margen a dudas. La de D’Alessio es una “organización criminal para-estatal con vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia” en la que participaron “funcionarios públicos, fuerzas de seguridad” y periodistas. La banda realizaba, “de forma organizada y con permanencia en el tiempo, múltiples planes delictivos de diversa índole –con fines económicos, políticos y judiciales- relacionados fundamentalmente con la inteligencia ilegal y el espionaje en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico”. Entre las operaciones destacan las de narcotráfico y presunta corrupción así como el armado de causas judiciales. 

¿A quiénes se entregaban los informes que confeccionaba esta organización? El material era puesto a “disposición de funcionarios públicos, miembros de los Ministerios Públicos Fiscales nacional y provincial, jueces, legisladores nacionales y periodistas”, indicó el juez. Y citó algunos ejemplos: “Entre ellos, esta información habría sido puesta a disposición, al menos, del fiscal federal Carlos Stornelli, del fiscal provincial Juan Ignacio Bidone –ya procesados en autos-, de la Agencia Federal de Inteligencia, de la Ministro de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, del juez federal Claudio Bonadío, de las Diputadas Nacionales Paula Oliveto y Elisa Carrió y de distintos periodistas especializados, entre otros”. 

Carrió y Oliveto están imputadas en este expediente (el difunto Bonadío también lo estaba). Y el periodista de Clarín, Daniel Santoro, fue procesado por sus vínculos con esta banda. La única de las mencionadas que aún no está involucrada judicialmente en el caso es la extitular de la cartera de Seguridad. ¿Avanzará el juez contra Patricia Bullrich?

El nombre de la exministra surge en una operación que hizo D’Alessio en el marco de un caso de narcotráfico en Rosario, Santa Fe. Allí, el espía ilegal “realizó una filmación subrepticia” de una reunión que mantuvo con una familiar de un integrante ya fallecido de la banda de “Los Monos”. Su objetivo fue “reunir información sobre la organización territorial de la banda, así como de carácter político que pudiera vincular la actividad de narcotráfico con el Gobierno Provincial de Santa Fe del Frente Cívico y Social”, información “que luego Marcelo D´Alessio transmitió a la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”. Hay mensajes cruzados entre D’Alessio y Bullrich.

D’Alessio, la Bonaerense y Prefectura

La banda del falso abogado, que era liderada por el exAFi y policía bonaerense retirado, Ricardo Bogoliuk –detenido –, se nutría de información sensible y de acceso restringido como el registro de llamadas o de entradas y salidas del país de sus víctimas para presionarlas. Lo hacía “por intermedio –al menos- de funcionarios del Departamento Investigación del Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina, de la DDI de Escobar y de la Dirección de Tecnología Aplicada a la Investigación en Función Judicial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”. Esta última entidad está dentro de la Policía Bonaerense.

El caso de la Prefectura involucra ni más ni menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, a su exsocio Gabriel Bouzat y a Juan Pablo Di Pierro, involucrado en el caso de la Mafia de la Aduana. En la causa de Dolores también se investiga si el mismo prefecto (Franco Pini, a quien le allanaron el domicilio días atrás) también espió a la actual vicegobernadora y exintendenta de La Matanza, Verónica Magario, y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. 

La DDI de Escobar aparece vinculada al caso de Gonzalo Blanco Disipio mientras que “la Dirección de Tecnología Aplicada a la Investigación en Función Judicial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires” al de Lucas Conte. Esta última dependencia está relacionada a la Policía Bonaerense. Consultado por El Destape, desde el entorno del exministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguraron que en los 4 años de gestión nunca tuvieron relación con D’Alessio.

La banda de D’Alessio buscó involucrar a Conte “en presuntas maniobras delictivas vinculadas con la denominada ‘Mafia de los medicamentos’”, señaló Ramos Padilla, “e incluso con el denominado ‘Triple Crimen de General Rodríguez’” que investigó el fiscal provincial de Mercedes y procesado en el D’Alessiogate, Juan Ignacio Bidone.

Un párrafo merece el caso de Eduardo Feinmann. Según aseguró Ramo Padilla, “la organización contaba con un listado de llamadas entrantes y salientes relacionadas con el abonado telefónico utilizado por el periodista Eduardo Feinmann, quien dio cuenta que D’Alessio se las exhibió refiriéndole que Marcos Peña lo estaba espiando y que él iba a ocuparse de que eso no siguiera sucediendo”.

Las víctimas

Una de las novedades que se está empezando a profundizar en el D’Alessiogate es el  espionaje a integrantes de la AFA. De acuerdo a Ramos Padilla, los “requerimientos ilegales de datos de acceso restringido obtenidos por intermedio de Bidone en relación a Alejandro Ganly y Cristian Monfardini, tenía relación con labores de inteligencia ilegal respecto de la Asociación del Fútbol Argentino”.

Ganly, indicó el juez de Dolores “trabaja en la empresa Torneos y Competencias, y se halla a cargo de organizar la Copa Argentina y otros eventos futbolísticos de la AFA. Por su parte, Monfardini pertenece a la Policía Federal Argentina y trabaja para la AFA realizando tareas vinculadas con la seguridad en partidos de fútbol de la Selección Argentina, entre ellas de la custodia del presidente de la AFA”. Los investigadores están profundizando en las razones de este espionaje. Hay casos más avanzados como pueden ser los del ejecutivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y otros que aún resta dilucidar, como el de la AFA. 

Al 26 de junio, el juez hizo una enumeración de víctimas de la banda de D’Alessio. Son más de 70. A saber:

Pedro Etchebest y su grupo familiar, Gonzalo Brusa Dovat, Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Sergio Flinta, Eduardo Tassano, Eduardo Vischi, Carlos Espínola, Dov Killinsky, Mario Víctor Cifuentes, Bernardo Marcelo Yungman, Diego Vestillero, Gabriel Traficante, Mariana Saric, Gabriel Garcés, Juan Pablo Di Pierro, Gladys Fernández, Giselle Robles, Pablo García Arrébola, Juan Ignacio y Juan Marcos Forlón, Victoria Munín, Alejandro Talevi, Roberto Porcaro, Luis Miguel (a) “Gitano”, Lorena Verdún, Luis Paz, Eduardo Feinmann, Sebastián Marroquín, Jorge Christian Castañón, Víctor Palomino Zitta, Saturnino Costas, Gabriel Bouzat, Carlos Rozenkrantz, Francisco Martín Pascual Ortíz, Manuel Londoño, Facundo Trías, Natacha Jaitt, Gustavo Vera, Raúl Martins, Fernando Andújar, José Ubeira, Pablo Barreiro, Marcos Antonio Menéndez, Oldemar Barreiro Laborda, Juan José Gómez Centurión, Javier Santaliz, Daniela Sarlanga, Lucas D’Angio, Sung Ku Hwang, Damián Barros, Ricardo Martínez, Lucas Conte, Rogelio Pizzi, Alejandro Ganly, Diego Disipio, Gonzalo Blanco Disipio, Mariano Colombo, Olga Yancovich, Samira Jancovich, Nicolás Jancovich, Luis Wilfredo Salinas García (a) “peruano”, José Bagioli Guzmán, Marcos Menéndez, Ricardo Echegaray, Roberto Baratta, Julio De Vido, Luis D´Elía, Hugo Moyano, Néstor Sicheri, Cristian Monfardini, Adrián Ferreira, Alejandro Fantino, Romina Manguel, Raúl Rollán, Carlos Smith y Estafanía Protti.

Las nuevas indagatorias

Este martes está convocado a una nueva indagatoria el espía ilegal, Marcelo D’Alessio. Hay expectativa en torno a lo que pueda decir el falso abogado en este nuevo contexto de efervescencia del espionaje ilegal durante el macrismo. 

Esta semana también se espera otra declaración de peso. Se trata de la indagatoria del exagente de la AFI macrista, Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto AMBA, por el cual el organismo de inteligencia diseminó distintas bases en la provincia de Buenos Aires, iniciativa que terminó en escándalo. De este testimonio podría desprenderse el vínculo orgánico de la banda de D’Alessio con la AFI macrista que condujeron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Está citado para este viernes. El 7 de julio hará lo propio el fiscal procesado Juan Ignacio Bidone.