2020, el año que se iluminaron los sótanos de la democracia

Este año surgieron y avanzaron diversas causas sobre el espionaje ilegal que realizó macrismo. La intervención de la AFI fue clave para desnudar el rol que cumplieron los servicios de inteligencia en el gobierno de Macri. El papel de Arribas, los Super Mario Bros, D’Alessio y las bases AMBA. El círculo que se cierra en torno al expresidente. La tensión con Comodoro Py.

25 de diciembre, 2020 | 00.05

Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. Aquello que se vislumbraba a través del caso D’Alessio en 2019 explotó con potencia tras el cambio de Gobierno y la decisión de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Mjadalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. 

En total, la cantidad de imputados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a exdirectivos de la agencia, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la excúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece incluso un exempleado del juzgado de Claudio Bonadìo devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el gobierno de Mauricio Macri tras el hundimiento del submarino. Las denuncias, claro, alcanzan al expresidente. Por lo que el próximo año habrá mucha expectativa sobre el devenir de estas pesquisas. 

Los principales hechos se investigan actualmente en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata y Comodoro Py. 

Arribas, los Super Mario Bros y los penitenciarios

La causa de los Super Mario Bros se abrió a comienzos del 2020 a partir de la declaración de un narco que mencionó su vínculo con un espía de la AFI. Esto derivó en una serie de allanamientos en mayo de este año a cargo del primer juez que tuvo el caso, Federico Villena, quien luego fue desplazado por la Cámara de La Plata. Esos operativos fueron una caja de pandora. La investigación que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora avanzó hasta delinear a los victimarios y a las víctimas. 

El 18 de diciembre pasado, los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron al juez Juan Pablo Augé el procesamiento de 38 imputados. Se trata de una de las causas más grandes de espionaje ilegal. Entre las víctimas de la AFI figuran: la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su segundo, Diego Santilli; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon; la diputada Graciela Camaño; el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el exvicepresidente Amado Boudou; y la hermana del expresidente, Florencia Macri, por citar solo algunos ejemplos. 

Según los fiscales, Arribas y Majdalani “fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal”. De esa estructura participaban los Super Mario Bros, comandados en la parte operativa por Alan Ruiz. 

El pedido de procesamiento que hicieron los fiscales apunta contra la cúpula de la AFI (incluye a los exdirectores de Jurídicos y Contrainteligencia, por ejemplo) como a la del SPF, como Emiliano Blanco, por el espionaje en las cárceles. 

También incluye a Susana Martinengo, “ex funcionaria de la Oficina de Documentación Presidencial de la Casa Rosada” quien “participó en hechos de obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información realizados por algunos de los integrantes de la asociación ilícita recién mencionada”. Martinengo se reunió con algunos de los espías en la Casa de Gobierno y en la base de operaciones que tenía la organización en Mataderos, conocida como “La Cueva”.

Quien se vio beneficiado con el último dictamen de Incardona y Eyherabide fue el secretario privado de Macri, Darío Nieto. Para los fiscales corresponde que se le dicte la falta de mérito. Entendieron que “no existen elementos de prueba suficientes” como para procesarlo o sobreseerlo. Algo que no compartieron abogados querellantes, quienes pidieron que también se procese al secretario del expreisdente. ¿De dictársele la falta de mérito se aleja a Macri de los hechos? No, ya que Arribas es un íntimo amigo del exmandatario y solo entre 2017 y 2019 tiene casi 70 visitas a la Casa Rosada. En la mayoría de esas ocasiones fue a ver a Macri, según consta en los registros oficiales. 

Ahora resta que el juez Augé resuelva. Es decir, que de curso al pedido de los fiscales o a una parte del mismo. Como la investigación está delegada, el magistrado suele respaldar los planteos de Incardona y Eyherabide.

Escuchas ilegales: de la AFI a Carrió 

Otro de los nombres que aparece en este expediente de los Super Mario Bros es el de Elisa Carrió, aunque los fiscales aún no hicieron foco en ella. 

Carrió impulsó junto al fiscal procesado Carlos Stornelli la Operación Puf, una causa armada por la AFI con las escuchas ilegales que salieron de la cárcel de Ezeiza. Por este motivo, en el marco del capítulo penitenciario, abogados querellantes pidieron que se la cite a indagatoria. El pedido aún no fue resuelto.

El espionaje a CFK y el Instituto Patria

Un expediente que está anexado a la causa grande de los Super Mario Bros es el del espionaje de la AFI macrista a CFK –en su domicilio de Recoleta- y al Instituto Patria. Se inició a comienzos del 2020 por una denuncia de la interventora de la agencia, Cristina Caamaño.

En esa causa, en la que intervienen los mismos fiscales y Augé, ya se dictó el  procesamiento de Arribas, Majdalani, Ruiz y Martín Coste, exjefe de Contrainteligencia de la AFI. De hecho, fue confirmado por la Cámara Federal de La Plata, el 17 de diciembre pasado. Todo un indicio de lo que puede pasar con la solicitud de los fiscales en el expediente más amplio. 

Varios de los acusados, fundamentalmente Arribas y Majdalani, buscaron a lo largo de todo el año que tanto la causa “grande” como la del espionaje a CFK que está anexada pasen a los tribunales de Comodoro Py. Argumentaron una polémica cuestión de competencia. La resolución está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, en donde hay dos salas (la I y la IV) que pujan por quedarse con el caso.

El avance de esta pesquisa abre un interrogante ineludible: ¿para quién espiaban Arribas y Majdalni? La respuesta puede ampliar la cantidad de imputados.

Del D’Alessiogate a las bases AMBA

Otra de las causas que surgió en el 2020 y que tiene a Arribas, Majdalani y a un grupo de espías de la AFI procesados por espionaje ilegal tramita en la Justicia de Dolores. Se trata de un desprendimiento del D’Alessiogate que investiga el desembarco de la exSIDE en la provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2017. Se conoce como la causa de las “Bases AMBA”.

En la primera resolución sobre el caso, firmada el 23 de septiembre pasado, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla reveló que la agencia bajo el mando de Arribas y Majdalani realizó espionaje político desde las 9 bases que desplegó en territorio bonaerense. Infiltró y espió a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sindicales y de DD.HH. Todos opositores al entonces oficialismo. Este 15 de diciembre, Ramos Padilla procesó al director general y a la subdirectora de la AFI macrista y a otros 9 directivos de la agencia por espionaje ilegal y abuso de autoridad.

De acuerdo al juez federal de Dolores, la coartada para el espionaje fue el Proyecto AMBA: “Si bien en las resoluciones de creación de esas Delegaciones Provinciales, en el discurso público y también conforme han manifestado algunos de los imputados, éstas se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, se corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Ramos Padilla señaló, por ejemplo, que “durante todo el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada con las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”. Se trata de las elecciones en las que CFK se presentó como senadora por Buenos Aires.

En lo que hace al caso D’Alessio, donde está confirmada la existencia de una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el 11 de diciembre el procesamiento del fiscal Stornelli por dos hechos delictuales (le dictó la falta de mérito en otros 4 y a un quinto lo envió a investigarse en Comodoro Py); y le dictó la falta de mérito al periodista de Clarín, Daniel Santoro, en los dos hechos que analizó. Aún al tribunal revisor le resta resolver la ampliación de los procesamientos que había dictado Ramos Padilla en octubre de este año, que incluyen al fiscal y al periodista. En aquel documento dejó allanado el camino para la elevación a juicio de una importante parte del caso. 

El espionaje a los familiares del ARA San Juan

Ni los familiares de los tripulantes del ARA San Juan se salvaron del espionaje PRO. Por este motivo, la interventora de la AFI Cristina Caamaño presentó una denuncia el 23 de septiembre pasado en la justicia federal de Mar del Plata. Pidió la citación indagatoria del expresidente Mauricio Macri, Arribas y Majdaldani, entre otros.

Tal como se desprende de la presentación, hay documentos que indican que la exSIDE practicó espionaje ilegal “sobre familiares de los y las tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido”.  Por ejemplo, “en los registros, constan seguimientos efectuados en las manifestaciones que se llevaron adelante en la ciudad bonaerense, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave”.

La interventora de la AFI que designó Alberto Fernández resaltó que “las tareas” ventiladas “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.

La causa por ahora se sustancia en Mar del  Plata, aunque el juez de primera instancia, Santiago Inchausti, pretende que el caso se envíe a Dolores para que se investigue en el marco de la causa de las bases AMBA. Debe resolver la cámara federal con asiento en la ciudad balnearia.

El espionaje se realizó desde la base AFI de Mar del Plata, cuyo jefe fue procesado por la destrucción de documentación producida durante todo el macrismo. Este agente, el último día de su estadía en la agencia destruyó todos los documentos que se elaboraron en esa dependencia entre diciembre de 2015 y enero de 2020, es decir, durante todo el gobierno de Mauricio Macri.

Pinchadura de mails y 400 fichas de periodistas

A menor velocidad que el resto avanzan otras dos causas por espionaje ilegal que involucran a Macri, Arribas y Majdalani. Ambas tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py y fueron iniciadas por una denuncia de la interventora de la AFI. Se trata del caso de la pinchadura de mail y el de la elaboración de 500 fichas sobre periodistas, académicos y empresarios.

El caso de  la pinchadura de mails se inició en mayo y allí Caamaño solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Macri, Arribas y Majdalani. Según la presentación, al menos desde el 2 de junio de 2016 se realizó espionaje ilegal sobre correos electrónicos privados. Las víctimas son dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y policías, entre otros.

Por el caso de las fichas, Caamaño también pidió la citación de Macri, Arribas y Majdalani. Es que con la excusa de la seguridad en eventos internacionales como el G20 o a la Conferencia Ministerial de la OMC, la AFI espió a más de 400 periodistas, fotógrafos y camarógrafos. A ellos se suman casi 100 dirigentes políticos, sociales y empresarios.

Tal como publicó Ari Lijalad en este portal, a las víctimas no solo les revisaron las redes sociales y bucearon en Google sobre sus antecedentes sino que en las fichas se incluyeron referencias a sus ideas políticas y vínculos. También citaron el tipo de publicaciones que hacían. En muchos casos se destaca si eran cercanos al gobierno de Macri o al kirchnerismo. El espionaje fue masivo.

Con este marco, y los procesos judiciales avanzando, se esperan importantes novedades en cada uno de estos expedientes en 2021.

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