“Siempre con posturas contra el Gobierno”. “Se opone fuertemente al kirchnerismo”. “Hay una (foto) con Estela de Carlotto”. “Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso”. “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista”. “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”. Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri desde los sótanos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los datos surgen de una nueva denuncia de Cristina Caamaño, la actual interventora de la AFI, a partir de documentación encontrada en una de las tantas cajas fuertes que hay en la casa de los espías. Caamaño pidió que se cite a indagatoria a Macri y a sus jefes de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A los periodistas se suman casi 100 dirigentes políticos, sociales y empresarios y datos de como se infiltró directamente una reunión de un partido político opositor.
Entre los espiados ilegalmente por la AFI macrista hay 403 periodistas, camarógrafos y fotógrafos que solicitaron acreditación para el G-20 a fines de 2018. No solo les revisaron las redes sociales y bucearon en Google sobre sus antecedentes sino que en las fichas se incluyeron referencias a sus ideas políticas y vínculos así como información irrelevante pero que no debe ser objeto de inteligencia sobre que tipo de publicaciones hacían. En muchos casos se destaca si eran más o menos cercanos al gobierno de Macri o al kirchnerismo. El espionaje fue masivo y para todos, tanto de medios y periodistas alineados con Macri como de críticos.
En la denuncia, la interventora Caamaño subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.
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Además de los 403 periodistas hay 28 fichas de académicos y otras 59 vinculadas a la 11 Conferencia Ministerial de la OMC del 2017. También había informes de inteligencia sobre el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, que planteaban objeciones a esos eventos. Y una carpeta con información de una reunión de un partido político opositor obtenida de “fuentes propias”, lo que significa que a diferencia de los periodistas a los que les revisaron “fuentes abiertas” como Twitter, Instagram y Facebook, en ese caso se infiltraron de forma directa.
Todo esto viola la Ley de Inteligencia Nacional, cuyo artículo 4 inciso 2 establece que está prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. Es evidente que la gestión Macri-Arribas-Majdalani hizo todo esto y más.
La información apareció en enero, cuando la intervención de la AFI abrió una caja fuerte donde la gestión de Arribas y Majdalani dejó materiales de espionaje ilegal. La existencia de cajas fuertes es habitual en los organismos de inteligencia. Lo que no es legal son los 3 sobres rotulados como “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”. Ante el hallazgo se activó el protocolo que incluye la certificación por escribano de lo hallado junto a dos testigos, se fajó la caja fuerte y se garantizó la cadena de custodia de esos documentos de inteligencia ilegal hasta su llegada a sede judicial.
La denuncia por “producción de inteligencia ilegal” recayó en el antiguo juzgado de Claudio Bonadio, lo que indica que aún no se actualizó la máquina que realiza los sorteos en Comodoro Py. El juzgado está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá investigar esta nueva denuncia junto a la fiscala Paloma Ochoa. Es el mismo juez que investiga el robo ilegal de mails también desde la AFI. La responsabilidad directa de esta nueva denuncia es del ex señor 5, Arribas, y la ex señora 8, Majdalani. La final, de Macri, que según marca la ley es el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. La interventora Caamaño pidió que se cite a los 3 a declaración indagatoria junto a los agentes destinados a esta tarea ilegal.
El modus operandi era el siguiente. Las fichas de las víctimas de espionaje ilegal las confeccionaba la Dirección de Eventos Especiales y el visto bueno final lo daba la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia. La AFI chequeó las acreditaciones de periodistas a eventos como el G20 o una reunión de la OMC en base a unos lineamientos del Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich. Estas tareas de inteligencia no fueron ordenadas por ningún juez sino que, según denunció la interventora Caamaño, fueron ordenadas por Arribas y Majdalani con la connivencia de Bullrich y con la autoridad de Macri.
Para los periodistas acreditados para el G-20 el modelo era simple. Les revisaron las redes sociales, buscaron información en fuentes abiertas y los catalogaron con un sistema de semáforo: verde, amarillo y rojo. Con este método se negó el ingreso de periodistas a esos eventos en base a sus posiciones políticas o vínculos.
Algo más grave sucedió con dirigentes sociales, académicos y empresarios que querían asistir al evento de la OMC. En esos casos la inteligencia ilegal fue más profunda, con acceso a bases de datos del Estado que fueron desde la Anses hasta registros de propiedad automotor y cuentas bancarias.
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